Escuchando a Moro

Wilfredo Vallín Almeida

La Constitución de la República de Cuba, vigente desde el 24 de febrero de 1976, consagra un grupo importante de garantías de carácter jurisdiccional que vienen a constituir los principios básicos de la justicia penal:

La libertad y la inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Estos principios básicos han sido identificados con el nombre genérico de derecho de seguridad, o sea, la convicción que tiene el individuo de que su persona y sus bienes serán respetados por quienes con él conviven y también por quienes rigen los destinos de la nación y sus agentes.

La libertad y la seguridad de la persona humana están garantizadas tanto de derecho como de hecho en nuestro país.

Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.

Según la doctrina penal, estas premisas constituyen garantías objetivas, referidas concretamente al acusado.

Todo lo escrito hasta aquí, constituye un fragmento de un artículo editado y publicado por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba en 1990 bajo el título Garantías Procesales en el Derecho Penal Cubano.

Para los que vivimos dentro de Cuba y de una forma u otra tenemos relación directa con la realidad jurídica en la que estamos inmersos es más que evidente que ésta formulación y publicación del más alto tribunal de justicia del país no se cumple.

Así las cosas, esta seguridad jurídica ciudadana es, en el mejor de los casos, un documento inoperante, letra muerta, que no es obedecida, especialmente, por esa otra seguridad que se comporta como si para ella no hubiera sido escrita y, por lo tanto, no tiene por qué tenerla en cuenta.

La primera seguridad que debería imperar de verdad en nuestro país, la seguridad jurídica ciudadana de que aquí hablamos, queda para que los profesores de derecho le cuenten a sus alumnos algo semejante a la célebre –y para algunos incautos, hasta bonita- Utopía de Tomás Moro.

 

 

 

Acaparamiento

Lic. Miguel Iturria

El acaparamiento es una figura delictiva regulada en el artículo 230, inciso b) de nuestro Código Penal y prevé sanción de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas al particular que: retenga en su poder o transporte mercancías o productos en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales.

Receptación y Acaparamiento son delitos que guardan cierta similitud, pues en ambos la persona o infractor tiene en su poder bienes; sin embargo la diferencia radica es que en el primero, la procedencia de los objetos es delictiva y en el segundo la naturaleza de la adquisición es lícita, pues de haberlos obtenidos de forma ilícita incurriría en Receptación.

En nuestra sociedad se adquieren las mercancías o productos lícitamente, por lo general en establecimientos estatales y muchos de estos se expenden de forma liberada. La entidad ofrece la cantidad que la persona quiera o pueda adquirir, sin limitaciones. ¿Cómo es posible entonces, que el mismo estado después procese y sancione a alguien por entender que la cantidad vendida es superior a sus necesidades?

Algunos juristas son del criterio de que este delito está reservado solo para productos normados cuya adquisición es limitada, pero este planteamiento no pasa de ser una opinión que la práctica judicial se ha encargado de desechar por no estar sustentada en Ley.

En otro orden de cosas, es discutible que el ordenamiento jurídico penal entre a cuestionar el número de bienes o mercancías que puede tener una persona, así como qué se entiende por necesidades normales de alguien. Este elemento cuestiona la posibilidad de auto determinación de toda persona que adquiera lícitamente bienes y desee darle el destino que mejor entienda o, en otros términos, ejercer la facultad de disposición que es uno de los requisitos del derecho de propiedad.

Para ilustrar lo expuesto, vamos a concluir con un ejemplo hipotético, pero posible. Alguien acude a un establecimiento púbico a comprar cuarenta o cincuenta frazadas de piso, producto que desaparece con frecuencia, en la entidad estatal se las venden y al llegar a su domicilio o en la vía pública es detenido, procesado y, posteriormente, sancionado porque no es necesario detentar este tipo de mercancías en la cantidad descrita.

Esta situación constituye un absurdo. Honestamente, considero que este delito no debería existir.

El Habeas Data, una omisión en nuestra Constitución

 

Lic. Veizant Boloy González.

Para casi todos los cubanos, resultan extraños términos tales como “autodeterminación informativa” y “habeas data”. Estamos ajenos a tantos derechos, que incluso ignoramos que algunos existan. La autodeterminación informativa es un derecho fundamental derivado del derecho a la privacidad, que se traduce en la facultad que tiene cada individuo de controlar la información que será de dominio de aquellos que accedan a ella. Por otra parte, el habeas data es una acción constitucional que puede ser ejercida por toda persona que figure en un registro de datos, y desee acceder al mismo, con el objetivo de conocer la información personal que está siendo utilizada, y solicitar la rectificación de algún dato perjudicial a su imagen. La relación entre ambos conceptos es muy estrecha. Cuando se vulnera el derecho a la autodeterminación informativa, se acciona, como consecuencia, el habeas data. Constituciones como las de España, Uruguay y otros países hispanoamericanos, aplican las leyes de habeas data, también conocidas como leyes de protección de datos personales, como una forma de supervisión del tratamiento de estos datos por parte de empresas e instituciones públicas. La Constitución de la República de Cuba es omisa con respecto a esta forma de proteger el Derecho al Honor, a la Imagen y a la Privacidad. Relacionando estas consideraciones con el post “Compañía telefónica cubana vulnera el derecho a la privacidad” de mi autoría, razono que el habeas data pudiera ser la vía a la cual recurrir, todos esos clientes de ETECSA, inconformes con el hecho de que cualquiera pueda a acceder al número de teléfono celular y dirección particular, sin su consentimiento, a través del instalador nombrado Directorio Telefónico QVA2011. De esta forma las víctimas no quedarían desprotegidas en el ejercicio pleno de su derecho, ni los culpables impunes, sin afrontar las consecuencias de su actuar irresponsable.