Autoridades aduaneras contra la disidencia

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La Aduana General de la República (AGR), amparada en la Resolución No. 5 vigente desde de 1996 y dictada por el General de Brigada Pedro RamónPupo Pérez, decomisó envíos procedentes del extranjero a varios disidentes.

La disposición gubernamental prohíbe la importación, mediante envíos, de “cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres o que vayan contra losintereses generales de la Nación”.

La norma fue aplicada recientemente a la corresponsal Aini Martin Valero. Le decomisaron bolígrafos y lápices, globos, pasta de diente, curitas, almohadillas sanitarias y otros artículos útiles, según reportó Cubanet, sitio de la prensa independiente cubana.

Yusnaimy Jorge Soca, esposa del prisionero de conciencia, doctor Darsi Ferrer Domínguez, también fue afectada por la Resolución 5/96. Le incautaron una cámara digital, un MP3 – 4, vendajes, gasa, tabletas para purificar agua, efectos de escritorio (para su niño, una caja de crayolas y 5 globos) y otros objetos de utilidad, según reportó la prensa independiente.

A la autora del blog “Generación Y”, Yoani Sánchez, también le fueron decomisados dos paquetes postales, enviados desde el exterior. El primero contenía la versión en español de su libro “Cuba libre”, el segundo, el catálogo de una exposición organizada por la artista Tania Bruguera.

La AGR en su sitio web (http://www.aduana.co.cu/prohi.htm#up) publica el listado de productos cuya importación, sin carácter comercial, se prohíbe. Entre otros, menciona como artículos prohibidos, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o alucinógenas, explosivos, hemoderivados, literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos o que atenten contra los intereses generales de la nación.

La resolución 5/96 dispone que los productos de esa naturaleza que se intenten importar o exportar, serán decomisados por la autoridad aduanera y entregados a al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

La incautación de productos importados se impone por resolución, que puede ser recurrida por el afectado dentro de los 30 días siguientes de comunicada la medida. El escrito de apelación se presenta ante la autoridad que dispuso el decomiso, quien lo eleva a su superior. La decisión de este último, no puede ser nuevamente recurrida en la vía administrativa; pero si en la judicial.

Según sus fundamentos de hecho y de derecho, la resolución 5/96 permite la aplicación, dentro del territorio nacional, del Convenio internacional y el Acuerdo para la Represión de la Circulación y del Tráfico de Publicaciones Obscenas de 1923y de 1910 respectivamente. Ambos instrumentos fueron enmendados por los protocolos de 1947 y de 1949, y están vigentes para Cuba desde 1983.

La Resolución 5/96 incluye los intereses generales de la nación; pero no especifica cuáles son esos intereses generales .La “generalidad”, en este caso, permite a las autoridades gubernamentales interpretar y aplicar las disposiciones legales arbitrariamente conforme a sus intereses políticos.

He aquí un ejemplo de cómo se utilizan las normas jurídicas del sistema como medio para reprimir y asfixiar a los disidentes.

Lic. Laritza Diversent

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.