¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.

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SIN ACCESO A LA JUSTICIA (III)

Lic. Laritza Diversent

El Tribunal provincial de Ciudad Habana sancionó a Olga Lidia Ramírez Maura, por un delito de tráfico de personas. Ella se declaró inocente y para su defensa contrató, en el Bufete Colectivo “Salvador Allende” de Centro Habana en la capital, los servicios del abogado Máximo Averoff Bolaños. Confió en él, cuando le dijo que no hablara en el juicio.

Según la sentencia 111/09 los jugadores “Estayle Manuel Hernández Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez”, fueron contactados “en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados”. Allí se les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales, “donde recibirían jugosos contratos en efectivo por su desempeño”.

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad, al que sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con destino a terceros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio, sin embargo, la sentencia, no específica cuál. El destino final sería los Estados Unidos. Supuestamente Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal, formó convicción de los hechos declarados probados, por la confesión del jugador Reinaldo fajardo, quien manifestó que Ramírez Maura, por vía telefónica le propuso “en un lugar”… “salir del país por vía marítima, en una embarcación que llegaría a Cuba por esos días”.

La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior, era Franklin García Castro. Un ciudadano venezolano, vinculado a mercaderes del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos. Según exponen la sentencia, la información contenida en ellos estaba “en otro contexto y de una forma figurada”.

Sin embargo, la correspondencia fue determinante para que el tribunal, “después de saber las intenciones” de la acusada, la sancionara a 7 años de prisión. Su abogado defensor, sin consultarle, la hizo responsable con respecto a la salida ilegal del país.

Contra el abogado, presentó una queja ante la Organización Nacional de Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero de su centro. La respuesta escrita de la institución a Ramírez Maura es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El Bufete Colectivo “Salvador Allende”, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito. Ramírez Maura no descansa para que las autoridades le den el derecho de acceder a la justicia. Recientemente interpuso reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta.

SIN ACCESOS A LA JUSTICIA (II)

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Lic. Laritza Diversent

Alguien deslizó un papel debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda Alonso exige a Olga Lidia Ramírez Maura, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es institución de la seguridad del Estado cubano en Ciudad Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un interrogatorio de 10 horas. “Al final de la tarde, totalmente perturbada y medicamentada, firmé mi declaración sin saber, que firmaba mi sentencia”, argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo hizo el instructor de su caso.

Ramírez Maura nunca antes había sido interrogada. Desconocía que la Ley de Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o testigo se consigna por escrito, este tiene derecho a leerla por sí mismo y si no lo ejercita, debe hacerlo el oficial actuante.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la Capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su director, que estaba acusada por tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda Alonso, omitió decirle, tal como ordena la ley, que se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de su derecho a prestar declaración. Hasta hoy Ramírez Maura ignora quien la acusó.

Así comienza la historia que, en el 2009, llevó a esta mujer enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio. Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos nacionales Industriales y Metropolitanos.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda, fue también determinarte para el tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial “corroboró y confirmó” que la acusada, en la fase investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez Maura, alega que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido en la Ley Procesal.

Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado,… la sola declaración de las personas… no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.

Ramírez Maura interpuso una queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina le leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la misma.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (I)

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Lic. Laritza Diversent

En la sentencia No 111 del año 2009, el Tribunal Provincial de Ciudad Habana encontró culpable de un delito de tráfico de personas, a Olga Lidia Ramírez Maura. Siete años de privación de libertad, determinaron los jueces. El fallo fue ratificado por la sala de casación del Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

La secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la capital, Ramírez Maura, fue acusada de organizar, por medio de correos electrónicos, la salida del territorio nacional, de un grupo de peloteros. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.

La sentencia expone que, a través de mensajería electrónica, la acusada informaba a Franklin García Castro, un ciudadano venezolano, “que ya tenía algunos de los peloteros que le había solicitado contactar”. Sin embargo, la misma resolución aclara que la proposición hecha por Ramírez Maura, no fue aceptada por los atletas.

García castro viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jóvenes jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre él y Ramírez Maura, no era clara y precisa. Asumieron que, por el tipo de información, era ‘lógico’ que tenía que ponerse en otro contexto y ‘de una forma figurada’, para evitar ser entendida por un tercero.

A la vista del tribunal y “después de saber las intenciones” de la acusada, los correos mostraron el trasfondo de la información que enviaban. Maura se declaraba inocente, pero su abogado defensor, sin consultarle, la hacía responsable de un delito de salida ilegal del país.

Ramírez Maura no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás paso por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó atentar contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, principalmente porque es madre de una adolecente de 13 años de edad.

Está convencida de que con ella cometieron una injusticia. Busca agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia, pero el silencio de las autoridades le impiden invocar nuevamente al Tribunal Supremo. Olga Lidia interpuso quejas contra su abogado defensor y los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron.

Las contestaciones en su caso, serian la prueba de su estado de indefensión en el juicio y un posible fundamento para la revisión de su causa. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta por escrito, que le dé la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar su inocencia.

LA VERDADERA RESPUESTA

Foto: adeptos de la ‘Revolución en un mitin de repudio

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Esta es una sección sobre asuntos jurídicos cuyo formato es responder a la(s) pregunta(s) que nos hacen los ciudadanos. En teoría, debemos tener siempre una respuesta en la más depurada técnica jurídica que sirva para esclarecer la interrogante formulada. Esa respuesta debe ser, además, clara, concisa y verdadera, sin titubeos ni equívocos.

Hoy, sin embargo, ese formato deberá cambiar un poco: la pregunta la hará este columnista y la respuesta la dará…(o al menos eso quisiéramos), nada más y nada menos que los señores de la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado.

Lo que sigue a continuación no es ficción sino que ocurrió realmente hace apenas unas horas, en la acera frente al edificio donde resido. Alguien me dijo que hay todo un gran operativo de ese departamento en torno a mi casa y que tiene que ver conmigo. Bajo a averiguar que sucede.

El problema es este: varias personas (7-8) se han dado cita en mi casa para que les explique algunos aspectos de la ley 62, Código penal y de la Ley de Procedimiento penal vigentes en el país, sobre todo lo que tiene que ver con la peligrosidad, el registro en vivienda habitada, las citaciones policiales, el Habeas Corpus y cosas así.

No es otro el objetivo de este encuentro y los señores que me interceptan cuando bajo lo saben perfectamente.

No hay mucho diálogo sino varias motos, algunos agentes frente a mi edificio, en las esquinas, varios patrulleros, policías uniformados, una primer teniente de la PNR. Un ómnibus a media cuadra baja decenas de personas… hay también mujeres y hombres entre ellos de civil que evidentemente no son de la Sección 21 …todo un gran show listo para entrar en acción.

¿Cuántos hay en total?, ¿50, 70, 100? Me es difícil precisar. En mi hogar en ese momento sólo hay dos mujeres…

De forma cortante, se me informa que la reunión no tendrá lugar de ninguna forma. Es entonces cuando pregunto:

– ¿Pudiera decirme cuál es el artículo del código penal que violamos con sentarnos a hablar sobre las leyes cubanas?

Mi interlocutor se inmuta. Airadamente hace alusión a “órdenes” que tiene. Una vez más el tema del derecho parece estar muy lejos del conocimiento y la observancia de los agentes. Son incapaces de explicarse conforme a derecho. Es evidente que esgrimir ante la fuerza bruta la razón y la legalidad, es perder el tiempo.

Por tanto, lo que sigue no es para ellos, sino para todos los que aun tenemos fe de que un día, quiera Dios que mucho más temprano que tarde, la razón, la cordura, el amor y el derecho volverán a enseñorearse sobre nuestra sufrida tierra, y esta vez será quizás para siempre.

Código Penal, Ley 62, Título IX Delitos contra los Derecho Individuales,

Capítulo I: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

Artículo 286.1: El que sin razón legitima (y la única razón legitima puede serlo solamente la ignorancia de la ley) ejerza violencia sobre otro o lo amenace para…impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos anos, o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Y sobre la base de este precepto fundamentaremos nuestra acusación en la Fiscalía Militar Provincial contra los que no quieren de ninguna manera que los cubanos conozcamos nuestros derechos…para poder defendernos mejor de sus arbitrariedades cada vez mayores.

EL REINO DE LA ARBITRARIEDAD

Lic. Laritza Diversent

La confusión de expresiones jurídicas, por parte de la dirigencia histórica comunista que gobierna la isla desde hace más de 50 años, va más allá del plano político: trasciende a la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución de la República establece que la confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley. La interpretación y aplicación del precepto es sumamente amplia y, en consecuencia, reina la arbitrariedad.

Explico: la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o derogar las leyes. Sin embargo, el Decreto ley 149 de 1994 dispone la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, siendo una disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado.

Por su parte el Código Penal -ley penal de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional-, regula la confiscación como una sanción específica y accesoria de un delito. En consecuencia sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones (artículo 2-b de la Ley No. 82/97, Ley de los Tribunales Populares).

El requerimiento es reafirmado por La Ley de Procedimiento Penal. En su artículo 1 establece que no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente .

Estos artículos, supuestamente, deben garantizar que nadie pueda ser sancionado ni tampoco ser objeto de una resolución, si no es por parte de los órganos jurisdiccionales, garantía reconocida por el artículo 59 de la Constitución de la República: Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Sin embargo, el Decreto-Ley 149 va contra todo eso. Dispone que se aplique por una autoridad administrativa. Su artículo 2, faculta al Ministro de Finanzas y Precios para dictar resolución imponiendo la sanción de confiscación.

La norma emitida por el Consejo de Estado se aplica, como medida ejemplarizante, contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, de la especulación el desvío de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas anteriores son calificadas, en los fundamentos de hecho y de derecho del decreto ley, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. Si la confiscación de bienes es una sanción derivada de la comisión de un delito, entonces ¿por qué se sustancia por un procedimiento administrativo?

“MERCENARIOS”

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Le di un vaso de agua, le puse un ventilador para que se refrescara, y le pedí que se calmara. Arturo tenía el rostro completamente rojo y, cuando llegó a mi casa, pensé que era por el intenso calor, que ya pronostica un verano demasiado caliente. Pero no, no estaba rojo por el calor, sino por la ira.

– Ellos evidentemente no pueden hablar sin ofender, y cuando no pueden someterte empiezan a llamarte cuanta cosa ofensiva encuentran para vilipendiarte y rebajarte en tu dignidad. Cuando le argumenté en respuesta, lo único que atinó fue a gritarme “mercenario”, “asalariado de los norteamericanos” y cosas así…

Al rato logré que se tranquilizara. Luego me preguntó:

– ¿Tenemos que aguantar en calma que nos vejen de esa manera?…Porque cuando me tratan así lo que tenga es ganas de…

Y agregó algo que aquí no se escribe. Ya esta situación la he visto unas cuantas veces y me creo en el deber de decirles a Arturo y a muchos compatriotas más mi opinión al respecto.

El recurso de utilizar una frase un epíteto o un término ofensivo y descalificador para con el adversario, no es nuevo en la historia. Ese hecho se ha repetido hasta la sociedad desde la época del desaparecido imperio romano hasta nuestros días.

En nuestro propio país lo hemos visto. Así, los españoles llamaron “mambises” a los cubanos en armas y esa denominación tenía entonces un carácter vejaminoso y descalificador. Los soldados batistianos denominaban “mau-maus” y “muerde y huye “a los rebeldes de la Sierra Maestra y otros lares también con el mismo propósito ofensivo.

Después del primero de enero de 1959, comenzó a utilizarse el mismo recurso, o sea, a denominar “gusanos”, “apátridas”, etc., a todo el que no estuviese de acuerdo con el proceso socialista y lo rechazase de alguna manera. A partir de aquí ya nadie que estuviese en desacuerdo pudo ser nunca más una persona decente, pues los millones de afuera y de adentro en discrepancia con el sistema serían ya por siempre eso: escoria, traidores, vende patrias, mercenarios, etc., etc.,

En los 51 años de revolución no he oído jamás esta formulación en los medios oficiales: “X no está de acuerdo con nosotros, pero es una persona decente a la que se debe respeto…”

Así las cosas, libremos una pequeña escaramucilla con el manido término “mercenarios”.

Este adjetivo tiene varias aristas que debemos analizar. Empecemos por la primera acepción que de él dan algunos diccionarios de la lengua española.

– Según el Diccionario Enciclopédico Océano:

Aplicase a la tropa que sirve en la guerra a un gobierno extranjero por una retribución.

– Conforme al Diccionario María Moliner del Uso del Español:

Soldado que en las milicias antiguas servía por un salario en un ejército extranjero.

Fíjese que se habla en términos de tropa, soldados, milicias, ejército, o sea que se refiere a las claras a aquellas personas que tienen que ver directamente con formaciones militares y de ninguna manera con civiles. O sea, que este término no puede ser aplicado a quienes no militan en ninguna organización armada y, si de todas formas se hace es sencillamente por la ignorancia (o mal intención) de quienes no saben ni lo que dicen.

Por supuesto que, como lo hemos visto tantas veces, “el revés puede convertirse en victoria”, según el pensamiento nacionalsocialista, pero lo que dicen los diccionarios es a lo que habremos de creer.

Luego, si la definición que dan los diccionarios es esta, cabría preguntarse, como vieron los angolanos y los etíopes que no apoyaban a Neto o a Haile Mariam la presencia de tropas cubanas en sus territorios (aunque aquí queramos llamar eso “internacionalismo proletario”). ¿Podría criticárseles que denominaran, con mucha más razón, mercenarios a esos cubanos?

Por supuesto que todo depende con el cristal con que se mira y los que llevan siempre puestos los lentes rojos del marxismo estalinista, seguirán diciendo lo mismo que las alturas les orientan.

De todas maneras, Arturo, cuando sus detractores, a los que cada día se les reduce más el espacio lenta pero inexorablemente, le vuelvan a llamar de esa manera, recuerde lo que al respecto dijo el más grande de todos los cubanos:

Miente como un zascandil/el que diga que me oyó/ por no pensar como yo/ llamar a un cubano vil.

Este tema no queda agotado aquí. Todavía tiene otros aspectos y uno de ellos es lo que dice al respecto el Derecho Internacional Público, así es que, sobre este asunto volveremos nuevamente.

LOS DELITOS DE ATENTADO Y RESISTENCIA. DIFERENCIAS

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Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El delito de Atentado está previsto en el artículo 142 del Código Penal Cubano:

1. “El que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes o auxiliares, para impedirle realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de estas, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años.

2. La misma sanción se impone, si la violencia o intimidación se ejerce con iguales propósitos, contra la persona que como testigo, o de cualquier otra manera hubiera contribuido a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales.

3. En igual sanción se incurre cuando la violencia o intimidación se ejerce en venganza o represalia contra familiares de los sujetos mencionados en los apartados 1 y 2, y en virtud de las circunstancias descritas en los mismos.

4. La sanción es de privación de libertad de tres a ocho años, salvo que por la entidad del resultado corresponda una mayor, si en los hechos previstos en los apartados anteriores concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) se realiza por dos o más personas, b) se ejecuta con empleo de armas, c) se causan al ofendido lesiones corporales o daños a la salud, ch) se haya logrado el propósito perseguido por el agente.”

El delito de Atentado es de dolo específico. El agente comisor debe proponerse como objetivo impedir que el funcionario, autoridad, agente o auxiliar, realice un acto propio de sus funciones, u obligarlo a que lo ejecute, requiere la tipicidad del delito que se emplee violencia o intimidación, con alguno de los propósitos relacionados en el citado artículo 142, el bien jurídico que tutela este precepto, es el normal desarrollo de la administración y la jurisdicción.

El sujeto activo puede ser cualquiera, incluso puede ser cometido por un funcionario contra otro de superior, de igual e inferior jerarquía, además por una autoridad contra otra.

El delito de Resistencia previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal, reza:

“1. El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. 2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se comete respecto a un funcionario público o sus agentes o auxiliares, o a un militar, en la oportunidad de cumplir estos sus deberes de capturar a los delincuentes o custodiar a individuos privados de libertad, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años.”

Para que el delito de Resistencia se configure es necesario que el culpable realice un acto físico, dirigido a impedir la acción del funcionario, agente o auxiliar. La Resistencia, entonces, no podrá cometerse con la simple voluntad manifiesta de palabra, aunque se exprese en forma enérgica. Resistir vale tanto como oponer una fuerza a la acción o violencia de otra, existiendo dos tipos de Resistencia la activa y la pasiva. El delito de Resistencia tiene como elemento intencional el propósito del culpable de desconocer la autoridad. El resultado es de daño, representado por la lesión que sufre el prestigio de la administración.

La diferencia entre Atentado y Resistencia consiste en que, en el Atentado existe una agresión física o una intimidación realizada con el propósito de obligar a la autoridad, funcionario, agente o auxiliares a hacer o no hacer algo que es propio de sus funciones, en tanto que en la Resistencia, la conducta consiste en el empleo de fuerza no dirigida a lesionar, sino a contrarrestar la fuerza empleada por el actuante.

ASOCIACION JURIDICA CUBANA

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Tocan a la puerta. Es una señora de unos 40 años, gorda, de raza negra. No la conozco pero ella me mira como si me conociera de hace mucho tiempo. Suda, tiene el rostro demudado, está nerviosa. Trae en sus manos un fólder con documentos.

Al rato se ya de que se trata. Es un serio problema con su vivienda de la cual quieren sacarla. Mi esposa, licenciada en derecho como yo, tiene que darle un vaso de agua. Alguien le dijo que yo podía ayudarla, y por eso está aquí.

Esa misma tarde, tocan de nuevo a mi puerta. Esta vez son dos muchachas jóvenes. También desconocidas para mi, pero no yo para ellas. Otro problema legal: el hermano de una de ellas, que es a la vez el esposo de la otra, arrastrada su embarcación por el mal tiempo – según ellas – hasta las aguas jurisdiccionales cubanas, ha sido detenido por los guarda fronteras y acusado injustamente – siempre según ellas – de tráfico ilegal de personas y encarcelado. Piden mi ayuda.

Otra persona. Un joven de no más de 20 años. El jefe del sector de policía de su barrio quiere acusarle de peligrosidad porque no trabaja. En efecto, no lo hace pues, en su lugar, está estudiando en la Facultad Obrera. Esto se lo ha explicado al policía, pero este insiste en que tiene que trabajar de todas maneras, o irá preso. ¿Es eso legal por parte del agente?, me pregunta.

Pudiera llenar muchas cuartillas con anécdotas de esta naturaleza. Trato de responder a todos de la forma más coherente que me es posible dentro del marco legal establecido en el país. Mi esposa me ayuda, pero la demanda sobrepasa con creces nuestras posibilidades de respuesta.

Por otra parte, los casos que acuden son de la más variada naturaleza: acusaciones por salida ilegal del país, desacatos a la autoridad, personas detenidas por un tiempo que supera largamente los plazos establecidos en la ley, registros en viviendas sin cumplirse las normas procesales, obtención de pruebas fuera de los procedimientos ,casos de personas que piden dinero por hacer cosas que les vienen impuestas por sus oficios y por lo que perciben salario, ciudadanos a los que se les ha retirado el carnet de identidad y no se los han devuelto más, etc..

Es una situación que remeda el caos. Los escritos de las sanciones aplicadas a un sinnúmero de personas presentan errores en ocasiones garrafales tanto de ortografía como de interpretación de la Ley penal vigente en el país.

Es evidente, además, que muchísimos de los agentes de la ley en funciones en las calles y relacionados con la ciudadanía no tienen la menor idea de qué requisitos deben cumplir las citaciones oficiales, de que el ciudadano es inviolable en su integridad física, de que….y así hasta no acabar nunca.

Hay problemas de todo tipo con la ley en el país y que, a mi juicio, están dados por dos cuestiones esenciales, a saber, un desconocimiento grande de la legalidad por parte de los ciudadanos y, muchas veces, de los agentes de la ley, muchachitos muy jóvenes con escasa o ninguna preparación incluso escolar, cuando ya no jurídica, y la falta de fe de esos mismos ciudadanos en que la policía y demás autoridades están para protegerlos y no para perseguirlos por cualquier cosa que hagan.

Por otro lado, se nota una espiral de violencia que no existía antes. Toda una serie de valores de que se preciaba la sociedad cubana están prácticamente desaparecidos. De eso se habla de vez en cuando en los medios pero no es suficiente. Por este camino vamos al desastre.

Hay que hacer algo, y pronto. Es necesario reunir a otros letrados que estén dispuestos a cambiar aquello que una vez dijo Montesquieu y que nos es muy aplicable ahora a nosotros “El país es un despojo y su fuerza no es ya más que el poder de algunos ciudadanos, y la licencia de todos”.

Hay que intentar que los ciudadanos y los agentes de la ley la conozcan y la respeten.

Evidentemente la fiscalía no es en lo absoluto garantizadora de la legalidad pues en muchas ocasiones ni responde a las solicitudes de los ciudadanos… tampoco tenemos un “Defensor del Pueblo” a la manera de Europa, ni un Tribunal de Garantías Constitucionales, pero, de todas maneras, la gente tiene que protegerse de la arbitrariedad de alguna manera.

¿Qué hacer?, ¿cómo ayudar a resolver un asunto de esta naturaleza en un país con tantos problemas de toda índole?

Pienso una y otra vez sobre esto mientras leo caso tras caso que me llega a diario y trato de dar respuestas apropiadas. Y así un día, y otro, y otro….

El 1ro. De Octubre del 2008, me he levantado, sin embargo, ligero, sin esa sensación de pesadez de otras mañanas. Sabía las dificultades con que íbamos a tropezar, la incomprensión, la maledicencia y la ojeriza de las autoridades, pero no puedo evitar estar contento.

Que Dios nos ayude, pero creo haberme encontrado a mi mismo una respuesta: la Asociación Jurídica Cubana.

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com

¿SABIA USTED QUE…?

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Licenciado Frank Paz

La Ley de Procedimiento Penal cubana, ley No 5 de 13 de agosto de 1977, en vigor, plantea una contradicción muy interesante. Por una parte, reconoce muy atinadamente como autoridades en materia judicial a los jueces, fiscales e instructores. Estos últimos son los encargados de instrumentar la fase preparatoria de la investigación criminal la que después constituirá una causa penal en una sala de justicia.

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 111. 1 declara como auxiliares de las funciones judiciales a los oficiales, sargentos y auxiliares del Ministerio del Interior. Esto quiere decir que los jefes y primeros oficiales de la policía nacional están subordinados, por ley, a cumplimentar los intereses de la investigación penal, que en el ejercicio de sus funciones desarrollen los instructores.

Sin embargo, en la práctica los instructores nunca llegan a desembarazarse de la subordinación directa de sus jefes militares. ¡Que contradicción mas conveniente para el mando del Ministerio del Interior!, ¿verdad? Huelgan los comentarios.