Ministra cubana coloca a ciudadano en estado de indefensión (II)

Téofilo Roberto López Licor

Licenciada Laritza Diversent

La legislación penal considera ilícita las actividades económicas autorizadas, en la que se utilice mano de obra que no sea familiar.Sin embargo, la resolución ministerial dictada por la titular de Finanzas y Precio no hizo referencia a ninguna sanción penal impuesta al padre de Antonio López.

López Licor recibe remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país. Desde enero de 2007 a diciembre de 2008, el Banco Nacional de Cuba acreditó que los familiares del procesado, le depositaron en concepto de remesa 12 mil pesos convertibles (CUC), 300 mil pesos cubanos (CUP). El referido informe fue desestimado por Pedraza Rodríguez, pues no acreditaba que Teófilo hubiese recibido efectivamente el dinero.

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”.El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

La Carta Magna, la Ley procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares garantizan: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen“. Por tanto, el Decreto-Ley 149, es inconstitucional e ilegal.

Este último Decreto-Ley dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una autoridad administrativa, como medida ejemplarizante contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo como resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos de entidades estatales, la participación en negocios turbios, las actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas son calificadas en la propia disposición jurídica, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. No obstante, la Fiscalía, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representa­ción del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.

En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubiesen respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual. Por otra parte el Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado de la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero instrucciones políticas, antes de controlar y preservar la ‘legalidad socialista’ y velar por el estricto cum­plimiento de las disposiciones legales

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe brindar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los encausados y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez,Ministra de Finanzas y Precios, fue designada por el gobierno pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y, por tanto, arbitrarias.

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¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.

¿SABIA USTED QUE…?

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Entre las teorías que tratan sobre el establecimiento de la sociedad y el Estado, ha sobresalido la Teoría del Contrato o Pacto Social. Esta supone que el hombre primitivo, hasta entonces individualista, intentó escapar de la lucha e inseguridad de la vida independiente conviniendo entre sí en vivir juntos y en paz.

En la asociación establecida se reconocieron los derechos individuales y se excluyó el uso de la fuerza dentro de esa sociedad. Esta teoría se encuentra en forma rudimentaria en los escritos de varios de los primeros filósofos griegos y romanos, incluyendo los maestros atenienses Platón y Epicuro, así como al estadista romano Cicerón.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (III)

Lic. Laritza Diversent

El Tribunal provincial de Ciudad Habana sancionó a Olga Lidia Ramírez Maura, por un delito de tráfico de personas. Ella se declaró inocente y para su defensa contrató, en el Bufete Colectivo “Salvador Allende” de Centro Habana en la capital, los servicios del abogado Máximo Averoff Bolaños. Confió en él, cuando le dijo que no hablara en el juicio.

Según la sentencia 111/09 los jugadores “Estayle Manuel Hernández Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez”, fueron contactados “en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados”. Allí se les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales, “donde recibirían jugosos contratos en efectivo por su desempeño”.

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad, al que sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con destino a terceros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio, sin embargo, la sentencia, no específica cuál. El destino final sería los Estados Unidos. Supuestamente Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal, formó convicción de los hechos declarados probados, por la confesión del jugador Reinaldo fajardo, quien manifestó que Ramírez Maura, por vía telefónica le propuso “en un lugar”… “salir del país por vía marítima, en una embarcación que llegaría a Cuba por esos días”.

La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior, era Franklin García Castro. Un ciudadano venezolano, vinculado a mercaderes del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos. Según exponen la sentencia, la información contenida en ellos estaba “en otro contexto y de una forma figurada”.

Sin embargo, la correspondencia fue determinante para que el tribunal, “después de saber las intenciones” de la acusada, la sancionara a 7 años de prisión. Su abogado defensor, sin consultarle, la hizo responsable con respecto a la salida ilegal del país.

Contra el abogado, presentó una queja ante la Organización Nacional de Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero de su centro. La respuesta escrita de la institución a Ramírez Maura es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El Bufete Colectivo “Salvador Allende”, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito. Ramírez Maura no descansa para que las autoridades le den el derecho de acceder a la justicia. Recientemente interpuso reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta.

SIN ACCESOS A LA JUSTICIA (II)

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Lic. Laritza Diversent

Alguien deslizó un papel debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda Alonso exige a Olga Lidia Ramírez Maura, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es institución de la seguridad del Estado cubano en Ciudad Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un interrogatorio de 10 horas. “Al final de la tarde, totalmente perturbada y medicamentada, firmé mi declaración sin saber, que firmaba mi sentencia”, argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo hizo el instructor de su caso.

Ramírez Maura nunca antes había sido interrogada. Desconocía que la Ley de Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o testigo se consigna por escrito, este tiene derecho a leerla por sí mismo y si no lo ejercita, debe hacerlo el oficial actuante.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la Capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su director, que estaba acusada por tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda Alonso, omitió decirle, tal como ordena la ley, que se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de su derecho a prestar declaración. Hasta hoy Ramírez Maura ignora quien la acusó.

Así comienza la historia que, en el 2009, llevó a esta mujer enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio. Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos nacionales Industriales y Metropolitanos.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda, fue también determinarte para el tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial “corroboró y confirmó” que la acusada, en la fase investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez Maura, alega que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido en la Ley Procesal.

Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado,… la sola declaración de las personas… no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.

Ramírez Maura interpuso una queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina le leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la misma.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (I)

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Lic. Laritza Diversent

En la sentencia No 111 del año 2009, el Tribunal Provincial de Ciudad Habana encontró culpable de un delito de tráfico de personas, a Olga Lidia Ramírez Maura. Siete años de privación de libertad, determinaron los jueces. El fallo fue ratificado por la sala de casación del Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

La secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la capital, Ramírez Maura, fue acusada de organizar, por medio de correos electrónicos, la salida del territorio nacional, de un grupo de peloteros. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.

La sentencia expone que, a través de mensajería electrónica, la acusada informaba a Franklin García Castro, un ciudadano venezolano, “que ya tenía algunos de los peloteros que le había solicitado contactar”. Sin embargo, la misma resolución aclara que la proposición hecha por Ramírez Maura, no fue aceptada por los atletas.

García castro viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jóvenes jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre él y Ramírez Maura, no era clara y precisa. Asumieron que, por el tipo de información, era ‘lógico’ que tenía que ponerse en otro contexto y ‘de una forma figurada’, para evitar ser entendida por un tercero.

A la vista del tribunal y “después de saber las intenciones” de la acusada, los correos mostraron el trasfondo de la información que enviaban. Maura se declaraba inocente, pero su abogado defensor, sin consultarle, la hacía responsable de un delito de salida ilegal del país.

Ramírez Maura no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás paso por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó atentar contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, principalmente porque es madre de una adolecente de 13 años de edad.

Está convencida de que con ella cometieron una injusticia. Busca agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia, pero el silencio de las autoridades le impiden invocar nuevamente al Tribunal Supremo. Olga Lidia interpuso quejas contra su abogado defensor y los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron.

Las contestaciones en su caso, serian la prueba de su estado de indefensión en el juicio y un posible fundamento para la revisión de su causa. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta por escrito, que le dé la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar su inocencia.

¿SABIA USTED QUE…?

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En el antiguo Oriente Medio (Mesopotamia y el Egipto de los faraones) la forma de gobierno que prevalecía era el régimen “patrimonial”, bajo el cual el gobernante era el dueño de la tierra y tenía el control sobre ella y sus habitantes, y dirigía su reino como si fuera una gigantesca propiedad real.

La propiedad significaba la ausencia de interferencia exterior. El gobernante patrimonial no se sometía ni a regla ni a restricciones. Esta fusión de soberanía y propiedad era muy común fuera de Europa hasta los tiempos modernos, especialmente en el Oriente Medio.

Los súbditos del rey eran funcionarios, sacerdotes y siervos. La ausencia de derechos políticos y civiles así como la presencia escaza y marginal de la propiedad privada sobre la tierra es el rasgo más distintivo de los despotismos orientales.

LA VERDADERA RESPUESTA

Foto: adeptos de la ‘Revolución en un mitin de repudio

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Esta es una sección sobre asuntos jurídicos cuyo formato es responder a la(s) pregunta(s) que nos hacen los ciudadanos. En teoría, debemos tener siempre una respuesta en la más depurada técnica jurídica que sirva para esclarecer la interrogante formulada. Esa respuesta debe ser, además, clara, concisa y verdadera, sin titubeos ni equívocos.

Hoy, sin embargo, ese formato deberá cambiar un poco: la pregunta la hará este columnista y la respuesta la dará…(o al menos eso quisiéramos), nada más y nada menos que los señores de la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado.

Lo que sigue a continuación no es ficción sino que ocurrió realmente hace apenas unas horas, en la acera frente al edificio donde resido. Alguien me dijo que hay todo un gran operativo de ese departamento en torno a mi casa y que tiene que ver conmigo. Bajo a averiguar que sucede.

El problema es este: varias personas (7-8) se han dado cita en mi casa para que les explique algunos aspectos de la ley 62, Código penal y de la Ley de Procedimiento penal vigentes en el país, sobre todo lo que tiene que ver con la peligrosidad, el registro en vivienda habitada, las citaciones policiales, el Habeas Corpus y cosas así.

No es otro el objetivo de este encuentro y los señores que me interceptan cuando bajo lo saben perfectamente.

No hay mucho diálogo sino varias motos, algunos agentes frente a mi edificio, en las esquinas, varios patrulleros, policías uniformados, una primer teniente de la PNR. Un ómnibus a media cuadra baja decenas de personas… hay también mujeres y hombres entre ellos de civil que evidentemente no son de la Sección 21 …todo un gran show listo para entrar en acción.

¿Cuántos hay en total?, ¿50, 70, 100? Me es difícil precisar. En mi hogar en ese momento sólo hay dos mujeres…

De forma cortante, se me informa que la reunión no tendrá lugar de ninguna forma. Es entonces cuando pregunto:

– ¿Pudiera decirme cuál es el artículo del código penal que violamos con sentarnos a hablar sobre las leyes cubanas?

Mi interlocutor se inmuta. Airadamente hace alusión a “órdenes” que tiene. Una vez más el tema del derecho parece estar muy lejos del conocimiento y la observancia de los agentes. Son incapaces de explicarse conforme a derecho. Es evidente que esgrimir ante la fuerza bruta la razón y la legalidad, es perder el tiempo.

Por tanto, lo que sigue no es para ellos, sino para todos los que aun tenemos fe de que un día, quiera Dios que mucho más temprano que tarde, la razón, la cordura, el amor y el derecho volverán a enseñorearse sobre nuestra sufrida tierra, y esta vez será quizás para siempre.

Código Penal, Ley 62, Título IX Delitos contra los Derecho Individuales,

Capítulo I: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

Artículo 286.1: El que sin razón legitima (y la única razón legitima puede serlo solamente la ignorancia de la ley) ejerza violencia sobre otro o lo amenace para…impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos anos, o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Y sobre la base de este precepto fundamentaremos nuestra acusación en la Fiscalía Militar Provincial contra los que no quieren de ninguna manera que los cubanos conozcamos nuestros derechos…para poder defendernos mejor de sus arbitrariedades cada vez mayores.

EL REINO DE LA ARBITRARIEDAD

Lic. Laritza Diversent

La confusión de expresiones jurídicas, por parte de la dirigencia histórica comunista que gobierna la isla desde hace más de 50 años, va más allá del plano político: trasciende a la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución de la República establece que la confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley. La interpretación y aplicación del precepto es sumamente amplia y, en consecuencia, reina la arbitrariedad.

Explico: la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o derogar las leyes. Sin embargo, el Decreto ley 149 de 1994 dispone la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, siendo una disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado.

Por su parte el Código Penal -ley penal de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional-, regula la confiscación como una sanción específica y accesoria de un delito. En consecuencia sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones (artículo 2-b de la Ley No. 82/97, Ley de los Tribunales Populares).

El requerimiento es reafirmado por La Ley de Procedimiento Penal. En su artículo 1 establece que no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente .

Estos artículos, supuestamente, deben garantizar que nadie pueda ser sancionado ni tampoco ser objeto de una resolución, si no es por parte de los órganos jurisdiccionales, garantía reconocida por el artículo 59 de la Constitución de la República: Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Sin embargo, el Decreto-Ley 149 va contra todo eso. Dispone que se aplique por una autoridad administrativa. Su artículo 2, faculta al Ministro de Finanzas y Precios para dictar resolución imponiendo la sanción de confiscación.

La norma emitida por el Consejo de Estado se aplica, como medida ejemplarizante, contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, de la especulación el desvío de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas anteriores son calificadas, en los fundamentos de hecho y de derecho del decreto ley, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. Si la confiscación de bienes es una sanción derivada de la comisión de un delito, entonces ¿por qué se sustancia por un procedimiento administrativo?

“MERCENARIOS”

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Le di un vaso de agua, le puse un ventilador para que se refrescara, y le pedí que se calmara. Arturo tenía el rostro completamente rojo y, cuando llegó a mi casa, pensé que era por el intenso calor, que ya pronostica un verano demasiado caliente. Pero no, no estaba rojo por el calor, sino por la ira.

– Ellos evidentemente no pueden hablar sin ofender, y cuando no pueden someterte empiezan a llamarte cuanta cosa ofensiva encuentran para vilipendiarte y rebajarte en tu dignidad. Cuando le argumenté en respuesta, lo único que atinó fue a gritarme “mercenario”, “asalariado de los norteamericanos” y cosas así…

Al rato logré que se tranquilizara. Luego me preguntó:

– ¿Tenemos que aguantar en calma que nos vejen de esa manera?…Porque cuando me tratan así lo que tenga es ganas de…

Y agregó algo que aquí no se escribe. Ya esta situación la he visto unas cuantas veces y me creo en el deber de decirles a Arturo y a muchos compatriotas más mi opinión al respecto.

El recurso de utilizar una frase un epíteto o un término ofensivo y descalificador para con el adversario, no es nuevo en la historia. Ese hecho se ha repetido hasta la sociedad desde la época del desaparecido imperio romano hasta nuestros días.

En nuestro propio país lo hemos visto. Así, los españoles llamaron “mambises” a los cubanos en armas y esa denominación tenía entonces un carácter vejaminoso y descalificador. Los soldados batistianos denominaban “mau-maus” y “muerde y huye “a los rebeldes de la Sierra Maestra y otros lares también con el mismo propósito ofensivo.

Después del primero de enero de 1959, comenzó a utilizarse el mismo recurso, o sea, a denominar “gusanos”, “apátridas”, etc., a todo el que no estuviese de acuerdo con el proceso socialista y lo rechazase de alguna manera. A partir de aquí ya nadie que estuviese en desacuerdo pudo ser nunca más una persona decente, pues los millones de afuera y de adentro en discrepancia con el sistema serían ya por siempre eso: escoria, traidores, vende patrias, mercenarios, etc., etc.,

En los 51 años de revolución no he oído jamás esta formulación en los medios oficiales: “X no está de acuerdo con nosotros, pero es una persona decente a la que se debe respeto…”

Así las cosas, libremos una pequeña escaramucilla con el manido término “mercenarios”.

Este adjetivo tiene varias aristas que debemos analizar. Empecemos por la primera acepción que de él dan algunos diccionarios de la lengua española.

– Según el Diccionario Enciclopédico Océano:

Aplicase a la tropa que sirve en la guerra a un gobierno extranjero por una retribución.

– Conforme al Diccionario María Moliner del Uso del Español:

Soldado que en las milicias antiguas servía por un salario en un ejército extranjero.

Fíjese que se habla en términos de tropa, soldados, milicias, ejército, o sea que se refiere a las claras a aquellas personas que tienen que ver directamente con formaciones militares y de ninguna manera con civiles. O sea, que este término no puede ser aplicado a quienes no militan en ninguna organización armada y, si de todas formas se hace es sencillamente por la ignorancia (o mal intención) de quienes no saben ni lo que dicen.

Por supuesto que, como lo hemos visto tantas veces, “el revés puede convertirse en victoria”, según el pensamiento nacionalsocialista, pero lo que dicen los diccionarios es a lo que habremos de creer.

Luego, si la definición que dan los diccionarios es esta, cabría preguntarse, como vieron los angolanos y los etíopes que no apoyaban a Neto o a Haile Mariam la presencia de tropas cubanas en sus territorios (aunque aquí queramos llamar eso “internacionalismo proletario”). ¿Podría criticárseles que denominaran, con mucha más razón, mercenarios a esos cubanos?

Por supuesto que todo depende con el cristal con que se mira y los que llevan siempre puestos los lentes rojos del marxismo estalinista, seguirán diciendo lo mismo que las alturas les orientan.

De todas maneras, Arturo, cuando sus detractores, a los que cada día se les reduce más el espacio lenta pero inexorablemente, le vuelvan a llamar de esa manera, recuerde lo que al respecto dijo el más grande de todos los cubanos:

Miente como un zascandil/el que diga que me oyó/ por no pensar como yo/ llamar a un cubano vil.

Este tema no queda agotado aquí. Todavía tiene otros aspectos y uno de ellos es lo que dice al respecto el Derecho Internacional Público, así es que, sobre este asunto volveremos nuevamente.

¿SABIA USTED QUE…?

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En la antigüedad, la colectividad gentilicia velaba en su conjunto por la observancia de los usos y hábitos establecidos en su seno y en los que se conjugaban los intereses sociales y personales. Así, los miembros de la gens se hallaban obligados a defenderse los unos a los otros contra cualquier clase de peligro o ataque. La muerte violenta de un miembro de la gens por un extraño imponía el deber de la venganza de la sangre a todos los miembros de la comunidad.

En las relaciones, tanto dentro de la gens como entre diferentes gentes, regían los usos establecidos a lo largo de los siglos e imperaba un severo orden. La solidaridad social era más estrecha y vital, regida por estas normas sociales tan distintas a las jurídicas.

En la comunidad primitiva no se percibían todavía los síntomas de la existencia del Estado. Lo que vemos en ella es el dominio de las costumbres, el prestigio, el respeto y el poder de que gozaban los viejos de la tribu, pero no hay en ninguna parte un destacamento especial de hombres mantenidos al margen para gobernar a los otros y que en interés y con fines de gobierno posean sistemática y permanentemente cierto aparato de coerción, de violencia, como son en la actualidad los destacamentos armados de tropas, las cárceles y demás medios para someter la voluntad ajena a la violencia, es decir, lo que constituye la esencia del Estado.

LOS DELITOS DE ATENTADO Y RESISTENCIA. DIFERENCIAS

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Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El delito de Atentado está previsto en el artículo 142 del Código Penal Cubano:

1. “El que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes o auxiliares, para impedirle realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de estas, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años.

2. La misma sanción se impone, si la violencia o intimidación se ejerce con iguales propósitos, contra la persona que como testigo, o de cualquier otra manera hubiera contribuido a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales.

3. En igual sanción se incurre cuando la violencia o intimidación se ejerce en venganza o represalia contra familiares de los sujetos mencionados en los apartados 1 y 2, y en virtud de las circunstancias descritas en los mismos.

4. La sanción es de privación de libertad de tres a ocho años, salvo que por la entidad del resultado corresponda una mayor, si en los hechos previstos en los apartados anteriores concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) se realiza por dos o más personas, b) se ejecuta con empleo de armas, c) se causan al ofendido lesiones corporales o daños a la salud, ch) se haya logrado el propósito perseguido por el agente.”

El delito de Atentado es de dolo específico. El agente comisor debe proponerse como objetivo impedir que el funcionario, autoridad, agente o auxiliar, realice un acto propio de sus funciones, u obligarlo a que lo ejecute, requiere la tipicidad del delito que se emplee violencia o intimidación, con alguno de los propósitos relacionados en el citado artículo 142, el bien jurídico que tutela este precepto, es el normal desarrollo de la administración y la jurisdicción.

El sujeto activo puede ser cualquiera, incluso puede ser cometido por un funcionario contra otro de superior, de igual e inferior jerarquía, además por una autoridad contra otra.

El delito de Resistencia previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal, reza:

“1. El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. 2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se comete respecto a un funcionario público o sus agentes o auxiliares, o a un militar, en la oportunidad de cumplir estos sus deberes de capturar a los delincuentes o custodiar a individuos privados de libertad, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años.”

Para que el delito de Resistencia se configure es necesario que el culpable realice un acto físico, dirigido a impedir la acción del funcionario, agente o auxiliar. La Resistencia, entonces, no podrá cometerse con la simple voluntad manifiesta de palabra, aunque se exprese en forma enérgica. Resistir vale tanto como oponer una fuerza a la acción o violencia de otra, existiendo dos tipos de Resistencia la activa y la pasiva. El delito de Resistencia tiene como elemento intencional el propósito del culpable de desconocer la autoridad. El resultado es de daño, representado por la lesión que sufre el prestigio de la administración.

La diferencia entre Atentado y Resistencia consiste en que, en el Atentado existe una agresión física o una intimidación realizada con el propósito de obligar a la autoridad, funcionario, agente o auxiliares a hacer o no hacer algo que es propio de sus funciones, en tanto que en la Resistencia, la conducta consiste en el empleo de fuerza no dirigida a lesionar, sino a contrarrestar la fuerza empleada por el actuante.