Justicia frente a la administración

DAYALic. Dayamí Pestano Lazo

Dictado un acto administrativo, cualquiera que sea el órgano del que proceda, ha de admitirse la posibilidad de acudir a los Tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos que por dicho acto hubieren resultado lesionados. Si bien debe admitirse la posibilidad de que el interesado pueda si lo desea, interponer los recursos administrativos que en cada caso se prevean. Esto dependerá de la confianza que se tenga en obtener por esta vía plena satisfacción de las pretensiones.

El silencio o una respuesta informal diciendo que no es esa Administración la responsable, coloca al administrado en la más absoluta indefensión, obligándole muchas veces a una labor de investigación para averiguar frente a quién tiene que dirigir la acción procesal.

El derecho a la efectividad de la tutela judicial es algo que viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no puede desconocer, supone en primer lugar el acceso a la justicia, que toda pretensión fundada en el ordenamiento jurídico sea atendida por un órgano estatal independiente y preparado.

Si en todos los órdenes jurisdiccionales cada día son más graves las deficiencias, en el jurisdiccional administrativo ha alcanzado una cota intolerable, al no tener acceso cualquier administrado al derecho de acudir a un Tribunal en demanda de justicia frente a la Administración; el caso ejemplar de los funcionarios y dirigentes en Cuba.

REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (I)


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Licenciada Laritza Diversent

Las autoridades pueden ordenar la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hace necesario, en cualquier domicilio de ciudadano cubano o de extranjero residente en Cuba, pero para esto se necesita siempre del consentimiento del interesado.

Presta su consentimiento el que, habiéndosele pedido autorización para que permita el registro en su domicilio, no se opone. No obstante, el ciudadano pudiera oponerse invocando la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

Si no se da el consentimiento, entonces es necesaria una resolución fundada del Instructor policial (una Orden de Registro) con aprobación del fiscal, copia de la cual se entregará a la persona interesada. En este caso, el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y las diez de la noche.

La Orden de Registro debe contener:

  1. El objeto preciso que se busca con el registro.
  2. Las razones que justifican esa medida.
  3. La dirección en la que tendrá lugar el registro.
  4. El nombre del funcionario o agente de la policía designado para su práctica, cuando
    no se realice por la propia autoridad.

El registro se lleva a cabo de forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles así como llevarlo a extremos o particulares ajenos al objeto estricto de la investigación del delito.