DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

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LA LEY DICE

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Argelio Guerra Aliaga

Sobre los derechos de Reunión y de Asociación

El Artículo 54 de la Constitución cubana establece que “los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines…”

En la disposición constitucional anterior es posible distinguir varias consideraciones:

  • Los derechos de reunión y de asociación se establecen bajo la condición de garantía a trabajadores clasificados en organizaciones previamente establecidas, limitación que excluye de tales derechos a los individuos que no se encuentran insertados en los grupos declarados oficialmente.
  • Se garantiza el ejercicio de tales derechos con la condición del uso de los “medios necesarios”, sin el empleo de los cuales no se reconoce la posibilidad de materializar la práctica de estos derechos.
  • Se infiere, por tanto, la consagración constitucional no de derechos con carácter universal disponibles para ser ejercidos por todos, sino que de plano se deslindan quienes son los actores facultados para ejercerlos, coartándose de esta manera la libertad y los derechos individuales.
  • Se pone de manifiesto en tal caso, el carácter restrictivo de la preceptiva constitucional, sobrevalorándose como programa de acción dirigido a un pragmatismo político absoluto, en detrimento de la función del magno texto que requiere ser objetivado a través de leyes ordinarias para su desarrollo.

¿SABIA USTED QUE…?

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Licenciado Frank Paz

La Ley de Procedimiento Penal cubana, ley No 5 de 13 de agosto de 1977, en vigor, plantea una contradicción muy interesante. Por una parte, reconoce muy atinadamente como autoridades en materia judicial a los jueces, fiscales e instructores. Estos últimos son los encargados de instrumentar la fase preparatoria de la investigación criminal la que después constituirá una causa penal en una sala de justicia.

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 111. 1 declara como auxiliares de las funciones judiciales a los oficiales, sargentos y auxiliares del Ministerio del Interior. Esto quiere decir que los jefes y primeros oficiales de la policía nacional están subordinados, por ley, a cumplimentar los intereses de la investigación penal, que en el ejercicio de sus funciones desarrollen los instructores.

Sin embargo, en la práctica los instructores nunca llegan a desembarazarse de la subordinación directa de sus jefes militares. ¡Que contradicción mas conveniente para el mando del Ministerio del Interior!, ¿verdad? Huelgan los comentarios.