UN PRECEDENTE PELIGROSO

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Wilfredo Vallín Almeida, La Víbora, Ciudad Habana

¿Por qué en muchísimas ocasiones la Fiscalía, los tribunales y las autoridades cubanas en general, no responden a las solicitudes y demandas que hacen los ciudadanos?

¿No es ello violatorio de la Constitución de la República en su artículo 58?

¿Qué deben hacer los ciudadanos cuando, acudiendo a las instituciones establecidas al efecto, éstas dan la callada por respuesta?

Las anteriores -y muchas otras preguntas de este corte- nos llegan frecuentemente a La Consulta.

Empecemos por decir que ante estas interrogantes tuvimos dos opciones: evadir… o encarar el problema. Pudimos evadirlo simplemente no trayendo este asunto aquí; escogiendo otro tema para nuestro artículo de hoy, y se acabó. Y esa evasión se justificaba por cuanto, para ser sinceros, no teníamos (ni tenemos) respuestas legales para lo que son preguntas legales.

De todas formas, optamos por la segunda variante, o sea, explicar de alguna manera este asunto según lo vemos nosotros.

Cuando la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular o el propio gobierno de la nación en sus instancias más altas no responden nada, no hay algo que el ciudadano pueda hacer para resarcirse del daño que le ha sido ocasionado. En trabajos anteriores hemos llamado la atención en cuanto a la ausencia en nuestro país de un Tribunal de Garantías Constitucionales o de un Defensor del Pueblo.

Tratemos de responder, desde una posición subjetiva, a una pregunta que engloba a todas las anteriores y cuya respuesta quizás ayude a entender lo que sucede en realidad. Para ello tomaremos un caso real recientemente ocurrido, como muestra.

Una persona es conducida de forma violenta a una estación de policía. Allí es maltratada por varios agentes (que lo hacen, todos lo vimos con lo sucedido a los Industriales en Las Villas). Cuando la ponen en libertad después de la golpiza, ella acude a la Fiscalía Militar de Ciudad Habana y denuncia a sus agresores con pruebas incontestables. Llena las formalidades pertinentes y espera el tiempo establecido por la ley. La respuesta, al final del período, es el silencio.

¿Por qué así?

En buena lid, dado que los abusadores eran perfectamente reconocibles y habían varios testigos presenciales, la Fiscalía Militar, obedeciendo a la propia ley de las Fiscalías Militares (Ley 101 de 2006 en su artículos 1, 3 y 6 inciso b) que reclama el respeto irrestricto por parte de los uniformados de los derechos constitucionales, debió llevar a juicio a los transgresores y sancionarlos conforme a Derecho.

Pero…el problema está precisamente aquí.

En una sociedad que considera como delito una serie de conductas que no lo son en ningún lugar del mundo, y que necesita reprimir a los ciudadanos para que no protesten en absoluto de todo lo que les sucede, sancionar a los policías que golpearon anticonstitucionalmente a un ciudadano, meterlos en la cárcel y después expulsarlos de ese cuerpo armado,…es quitar la impunidad a los que la necesitan.

La noticia se sabría por el resto del cuerpo policial más o menos rápido… y ya los restantes no estarían tan decididos a pegar, por cuanto pudiera pasarles lo mismo que a los otros…y el nivel represivo que se necesita contra cualquiera (recuérdese lo que sucedió prácticamente ayer a las Damas de Blanco y donde de súbito desapareció el pueblo “indignado”), caería ostensiblemente con todas las implicaciones que eso tiene…

Esa es, según nuestra opinión, la explicación a las preguntas del inicio. De lo que se trata es de no crear un precedente…PELIGROSO.

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UN PODER SIN LIMITES

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Lic. Laritza Diversent Cámbara

El termino “unidad” es utilizado con frecuencia, en las propaganda política cubana, para referirse a la conformidad del pueblo con el sistema socialista. Sin embargo, su uso más polémico es cuando se une a la palabra poder.

La “unidad de poder”, en su esencia, se opone a la doctrina de la tripartición de poderes. No en cuanto a la división de funciones del Estado (la legislativa, ejecutiva y judicial), sino en el establecimiento de frenos y contrapesos entre los diferentes poderes.

La Constitución de la República regula las facultades normativas de los órganos del Estado. En su artículo 75, inciso b), faculta a la Asamblea Nacional para dictar leyes, las disposiciones normativas de mayor rango jerárquico en el ordenamiento jurídico cubano.

En su artículo 95, establece que el número, denominación y funciones de los ministerios y organismos cen­trales que forman parte del Consejo de Ministros es determinado porla ley . No obstante, el Decreto-Ley No. 67, “De Organización de la Administración Central del Estado” disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado, es el que regula la estructura de la administración pública.

Incluso una disposición del Consejo de Estado puede modificar o derogar una ley emitida por la Asamblea Nacional. El decreto ley no 151 de 1994 modifica la Ley no 5 de procedimiento penal.

En otro contexto político, estos ejemplos fueran casos de violación de la Constitución y del principio de jerarquía normativa. En el nuestro es una simple manifestación del principio de unidad de poder.

Esto explica porque la Carta Magna cubana no tiene una reserva de ley que imponga límites a las actuaciones del ejecutivo. En otras palabras, unidad de poder es, en forma y contenido, un poder absoluto en manos de un número limitado de personas (los miembros del Consejo de Estado).

LA CARGA DE LA PRUEBA III

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Lic. Wilfredo Vallín Almeida

¿Ud. pudiera decirme si ve en este escrito las pruebas de que se valió el tribunal para sancionarme a siete años de prisión?

Lo anterior me ha sido preguntado por una ciudadana con una gran dosis de rabia e impotencia en su voz mientras me pone ante los ojos una sentencia del Tribunal Provincial Popular, su sentencia, y prosigue:

Algunas personas me han dicho que aquí no hacen falta muchas pruebas, sólo basta con la “convicción moral”, pero yo no entiendo…

No se da cuenta de que ya no la estoy oyendo. Mi mente se ha ido hacia mi librero, “busca” en los estantes, “saca” un folleto en cuya portada está escrito Ley de Procedimiento Penal (actualizada), y “lee”:

“Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

En el caso en cuestión, hay desestimación de testigos de la defensa, no comprobación de los testimonios de los acusantes que solo presentan como “pruebas” eso, su testimonio, no se realizan aconsejables careos, etc. Es evidente que este juicio no hubiera terminado jamás como terminó, de haber abogados en el país que no temiesen enfrentar al poder ejecutivo, dicho con otras palabras, de haber existido independencia real del poder judicial, o sea, un auténtico Estado de Derecho.

En juicios reales que- como el que nos ocupa hoy – hemos tenido oportunidad de ver o conocer, ese “debe ser probado” del párrafo anterior, brilla por su ausencia. Sobre una base realmente endeble, o sin ninguna base, hemos visto sancionar a personas a largas penas de prisión con todo lo que ello implica para los propios sancionados, sus familiares y la seguridad jurídica de la sociedad. En muchos casos las sanciones han sido impuestas por abogados recién graduados sin experiencias en esos menesteres y sin “estaciones de vida”, como gusta decir uno de nuestros amigos, entendiendo por esto una inmadurez que se torna peligrosa para algo tan serio cual es decidir sobre la libertad individual de los ciudadanos.

El “Resultando probado que…” de las sentencias judiciales de algunos tribunales nacionales contrasta, con un saldo ampliamente desfavorable para los nuestros, con los procedimientos probatorios que siguen muchos tribunales extranjeros y que la propia televisión cubana se encarga de mostrarnos en series tales como Detectives Médicos, Forenses al Extremo, Casos no Resueltos, CSI, y otros donde el nivel de exigencia probatoria llega a ser asombroso al compararlo con la práctica nacional.

LA CARGA DE LA PRUEBA II

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Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Resulta muy interesante realizar un análisis algo profundo de lo que establece la Ley de Procedimiento Penal (actualizada), Ley No.5 de 13 de agosto de 1977, y contrastarla con algunas de las situaciones que pueden haberle acontecido a nuestros lectores o de las cuales han conocido por haberle ocurrido a otras personas.

Así, el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley comienza de este modo:

“Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”.

Es decir, que hasta tanto un tribunal facultado para ello, o sea, con la jurisdicción necesaria, no declare la culpabilidad del sujeto en cuestión, se considerará que el mismo es inocente. Si bien incluso el delincuente convicto y confeso tiene derecho a ser tratado con la dignidad inherente a toda persona por el solo hecho de serlo, con mucha más razón esto procede en el caso de un individuo cuya culpabilidad no ha sido aun ni comprobada ni declarada.

En más de una ocasión hemos presenciado un tratamiento lesivo por parte de la policía a esa dignidad, como cuando conducen a un ciudadano, que no ha hecho la menor resistencia al arresto, esposado por las calles más céntricas de la ciudad en un espectáculo francamente deplorable y que nos trae a la mente de inmediato aquello de “yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

El postulado que analizamos dice “fallo condenatorio contra él”. O sea que, después de un proceso donde se supone estén presentes todas las garantías procesales para el reo (y aquí se incluye un abogado que desde el principio haya tenido la posibilidad de entrevistarse con el acusado, de conocer en detalle el expediente que se la ha levantado, de entrevistarse con los testigos y muchas otras cosas), las pruebas PRESENTADAS por la fiscalía han resultado probatorias SIN LUGAR A DUDAS DE NINGUNA ESPECIE de la culpabilidad del procesado y, en consecuencia, se dicta FALLO CONDENATORIO CONTRA ÉL.

En caso de dudas a la hora de sancionar, o sea, si el tribunal no está seguro de la culpabilidad del acusado, debe absolverlo. In dubio pro reo (“en caso de duda se actuará a favor del acusado”) reza un viejo apotegma jurídico romano. “Estar seguro” significa precisamente eso: estar convencido, y ese convencimiento deberá provenir de las pruebas indubitables aportadas por quien acusa.

Mientras lo anterior no ocurra, el acusado seguirá presumiéndose inocente a todos los efectos legales y no podrá recibir (aunque esto también es válido para después de resultar sancionado) ningún trato por parte de la policía o de las autoridades penitenciarias que pueda ser considerado como “inhumano, cruel o degradante”.

En próximas ediciones continuaremos con este tópico.

LA CARGA DE LA PRUEBA (I)

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Lic. Wilfredo Vallín Almeida

En diferentes momentos y lugares, varias personas se han dirigido a nosotros para plantearnos un mismo problema: cuando por diferentes razones se han visto ante la policía u otras autoridades, pero sobre todo ante la primera, ésta se comporta como si siempre tuvieran la convicción de que las personas que tienen delante son culpables aun cuando esa culpabilidad no haya aun sido declarada en juicio por tribunal competente.

Por otra parte, los uniformados exigen de los detenidos que declaren sobre aquello de lo que se les acusa, aconsejándoles que “cooperando” -lo que puede implicar declarar contra sí mismo-, saldrán mejor a la hora de ser sancionados, es decir, que si los acusados desean, como es lógico pensar, escapar bien librados de ese trance, deben convencer a los del MININT de su inocencia para que estos los pongan en libertad, de lo contrario, permanecerán encerrados mientras no lo hagan.

Antes de continuar creo bueno decir aquí que los abogados de la Asociación Jurídica Cubana más de una vez se han sorprendido sobremanera al ver actuaciones policiales (y a veces más arriba) que ponen de manifiesto una total ausencia de observancia de las leyes establecidas en el país y entre las que se encuentran (porque hay muchas) esta que titulamos como “la carga de la prueba”.

La CARGA DE LA PRUEBA es una definición jurídica que significa en lenguaje llano que “el que acusa tiene que mostrar las pruebas en las que pretende apoyar su acusación”. Es decir que si alguien me acusa de robo, ese alguien (aunque sea la policía u otra autoridad) tiene que tener las pruebas necesarias y mostrarlas para fundamentar su pretensión. De no existir tales pruebas la acusación y todo el proceso subsecuente no podrá sostenerse. No es menester que yo convenza a nadie de mi inocencia. El acusador es quien debe demostrar mi culpa.

Lo anterior queda perfectamente claro de la letra de la Ley de Procedimiento Penal (actualizada) artículo 1, párrafo 2: “Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él. Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos”.

Por la gran importancia de este párrafo de la Ley de Procedimiento Penal, haremos un análisis detallado del mismo en una próxima edición de esta columna.

LA CONCEPCIÓN DEL DELITO POLÍTICO EN CUBA

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Lic. Laritza Diversent Cámbara

Los socialistas cubanos diferencian al delito político del delito contrarrevolucionario. Para ellos el delito político consiste en una actividad mediante la cual una persona se propone obtener como resultado el avance de la sociedad hacia formas mejores de vida, es decir, el progreso económico, político y social de la humanidad o de una parte de ella.

El delito contrarrevolucionario es contrario al político. Se caracteriza, según ellos, por el propósito que tiene el agente comisor de hacer retroceder a la sociedad. Un ejemplo de delito contrarrevolucionario sería si alguien se propusiera, en nuestro siglo, convertir una República en Monarquía feudal. Esa persona no sería autor de un delito político, puesto que lo que se propone es hacer retroceder a la sociedad, no hacerla avanzar.

Por supuesto el señor Fidel Castro fue quien planteó por primera esta concepción en el escrito denuncia contra Batista y sus cómplices, por el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. En ese escrito de fecha 24 de marzo de 1952 dirigido al Tribunal de Urgencia de La Habana, Castro rechazó la posibilidad de que el asalto al poder realizado por Batista pudiera ser calificado como delito político, precisamente sobre la base de que dicho golpe de estado no estaba encaminado a hacer avanzar al pueblo de Cuba, sino, por el contrario, a hacerlo retroceder.

Esta tesis es en la que se fundamentan los socialistas cubanos para afirmar que en Cuba no hay presos políticos, sino presos contrarrevolucionarios. Para ellos, todo el que se proponga destruir el Estado socialista cubano, desea que nuestro país pierda su soberanía en favor del imperialismo norteamericano, haciéndonos regresar al sistema semicolonial que padecíamos antes del triunfo de la Revolución.

Para los comunistas, socialismo significa el avance de la sociedad hacia formas mejores de vida, es decir, el progreso económico, político y social de la humanidad. Esta es la tesis que justifica la limitación indefinida, con rango constitucional, de los derechos individuales en Cuba.

El artículo 62 de la Constitución de la República establece que Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

El principio de que no pueden ejercerse las libertades reconocidas a los ciudadanos contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo es lo que fundamenta que el Código Penal, y otras disposiciones, regulen varias figuras que impiden el ejercicio de los derechos humanos en Cuba.

DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

UNA ASOCIACION NECESARIA Y DIFERENTE

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“Así dijo el Señor: Guardad
derecho y haced justicia…”
(Isaías 56:1)

Argelio M. Guerra

Si de algo tendrían que jactarse y lamentarse, respectivamente, el gobierno y pueblo cubanos al cabo de 50 años de revolución, es por el mantenido desinterés en la promoción y divulgación de las leyes nacionales por parte del primero, y de la total indiferencia respecto al conocimiento de sus derechos, deberes y de las leyes y disposiciones que los gobiernan por parte del segundo, todo lo cual ha conducido a un estado de cosas donde, tanto gobierno como pueblo, conviven por provecho propio al margen del cumplimiento de la ley, hundiéndose al país en un profundo abismo de incoherencia y anarquía social.

Media centuria de penurias y penalidades, en la mayoría de los casos añadidas por la ignorancia, intencional o no, en materia jurídica, sobrecargan ya con toneladas de pesares la espalda del pueblo cubano. Según la clásica ortodoxia marxista, a las vicisitudes propias del imprescindible período de tránsito y etapa socialista, período por demás largo y complejo de acuerdo con los fundadores alemanes, como pasos previos para el disfrute del idílico paraíso comunista, habría que agregar en el caso cubano, las calamidades de otro periodo, el especial, no menos funesto y que a todas luces parece igualmente interminable.

Tomando en consideración estas realidades, y como parte de los esfuerzos que desde la sociedad civil se articulan para intentar de algún modo enderezar el torcido tronco social, es que coinciden un grupo de abogados en la brillante y plausible idea de dar vida a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) con la original motivación de mitigar la orfandad jurídica en el seno del tejido social y exigir el respeto a la ley tanto por los gobernantes como por los gobernados. Si tendría que caracterizar a la aún joven asociación, no se me ocurren mejores calificativos que necesaria y diferente. Necesaria, por cuanto inevitablemente para el mantenimiento del orden ciudadano y dada la determinación de su propia naturaleza es indispensable que los actores cumplan con las reglas establecidas del juego social.

Diferente, por apropiarse del espíritu evangélico de no hacer distinción de personas y poner sus servicios en las manos de quien los necesite sin importar la filiación ideológica de cada cual, eso si, con la invariable premisa -como sello distintivo- de apostar por el respeto y protección a los derechos de la persona humana, y especialmente de los más vulnerables.
Con tales credenciales, como cristiano y cubano levanto las dos manos para agradecer a Dios por contar, enhorabuena, con tal asociación con tan nobles propósitos.