Restricción y violación al derecho de asociación en Cuba

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En Cuba para constituir una asociación se requiere la autorización del Ministerio de Justicia. Este, mediante un juicio discrecional, decide si un grupo de ciudadanos pueden ejercer el derecho reconocido constitucionalmente. Fallo que depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

El derecho a la libertad de asociación es ampliamente reconocido como un derecho civil individual, de carácter sustancial. Principalmente, porque brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado, cuando las personas deciden asociarse con otras. Además de ser imprescindible para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática.

La protección de este derechos comportar, no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino propiciar en ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurar el ejercicio efectivo de la libertad. Estos derechos pueden ser restringidos, pero sólo de acuerdo con ciertas condiciones estrictas, no por discreción de las autoridades gubernamentales.

El estado cubano no solo otorga potestad discrecional al Ministerio de Justicia para autorizar la constitución de una asociación conforme a la ley. También impone relaciones de subordinación y dependencia funcional a las agrupaciones que autoriza. Restringiendo innecesariamente la libertad de acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dentro de la Isla.

Exige como requisito sine qua non para la constitución de la asociación, normas de relación y dependencia funcional con una organización estatal. Igualmente las somete a una doble fiscalización. El Ministerio de Justicia también inspecciona las actividades de la misma e impone sanciones administrativas.

Sin embargo, la violación más grave de este derecho la comete, cuando da la callada por respuesta a los disidentes que le solicitan reconocimiento legal para funcionar como ONG. A esto se suma que la amenaza, comúnmente empleada por los órganos de la Seguridad del Estado contra la oposición, es acusarlos de un delito de asociación ilícita.

La legislación penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 meses a la persona que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscripta en el registro correspondiente. La sanción se triplica para los promotores o directores de la misma.

Frente a estas violaciones poco o nada se ha podido hacerse. Sin embargo, un acontecimiento reciente, calificado de excepcional y sin precedentes en los 51 años de ‘Revolución’, demostró, que puede emprenderse acciones legales, contra el silencio de la administración socialista.

Una organización de abogados independientes, denominada Asociación Jurídica Cubana (AJC) demandó ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, a la Ministra de Justicia María Esther Reus, por impedirles ejercer el derecho de asociarse legalmente, el pasado 24 de junio.

Esta es la primera vez, que una organización discrepante interpone una acción legal, ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

Lic: Laritza Diverzent

Autoridades aduaneras contra la disidencia

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La Aduana General de la República (AGR), amparada en la Resolución No. 5 vigente desde de 1996 y dictada por el General de Brigada Pedro RamónPupo Pérez, decomisó envíos procedentes del extranjero a varios disidentes.

La disposición gubernamental prohíbe la importación, mediante envíos, de “cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres o que vayan contra losintereses generales de la Nación”.

La norma fue aplicada recientemente a la corresponsal Aini Martin Valero. Le decomisaron bolígrafos y lápices, globos, pasta de diente, curitas, almohadillas sanitarias y otros artículos útiles, según reportó Cubanet, sitio de la prensa independiente cubana.

Yusnaimy Jorge Soca, esposa del prisionero de conciencia, doctor Darsi Ferrer Domínguez, también fue afectada por la Resolución 5/96. Le incautaron una cámara digital, un MP3 – 4, vendajes, gasa, tabletas para purificar agua, efectos de escritorio (para su niño, una caja de crayolas y 5 globos) y otros objetos de utilidad, según reportó la prensa independiente.

A la autora del blog “Generación Y”, Yoani Sánchez, también le fueron decomisados dos paquetes postales, enviados desde el exterior. El primero contenía la versión en español de su libro “Cuba libre”, el segundo, el catálogo de una exposición organizada por la artista Tania Bruguera.

La AGR en su sitio web (http://www.aduana.co.cu/prohi.htm#up) publica el listado de productos cuya importación, sin carácter comercial, se prohíbe. Entre otros, menciona como artículos prohibidos, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o alucinógenas, explosivos, hemoderivados, literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos o que atenten contra los intereses generales de la nación.

La resolución 5/96 dispone que los productos de esa naturaleza que se intenten importar o exportar, serán decomisados por la autoridad aduanera y entregados a al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

La incautación de productos importados se impone por resolución, que puede ser recurrida por el afectado dentro de los 30 días siguientes de comunicada la medida. El escrito de apelación se presenta ante la autoridad que dispuso el decomiso, quien lo eleva a su superior. La decisión de este último, no puede ser nuevamente recurrida en la vía administrativa; pero si en la judicial.

Según sus fundamentos de hecho y de derecho, la resolución 5/96 permite la aplicación, dentro del territorio nacional, del Convenio internacional y el Acuerdo para la Represión de la Circulación y del Tráfico de Publicaciones Obscenas de 1923y de 1910 respectivamente. Ambos instrumentos fueron enmendados por los protocolos de 1947 y de 1949, y están vigentes para Cuba desde 1983.

La Resolución 5/96 incluye los intereses generales de la nación; pero no especifica cuáles son esos intereses generales .La “generalidad”, en este caso, permite a las autoridades gubernamentales interpretar y aplicar las disposiciones legales arbitrariamente conforme a sus intereses políticos.

He aquí un ejemplo de cómo se utilizan las normas jurídicas del sistema como medio para reprimir y asfixiar a los disidentes.

Lic. Laritza Diversent