Derecho de seguridad

Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

Por Derecho de Seguridad, se entienden un grupo importante de garantías de carácter jurisdiccional, consagradas en la Constitución de la República, Ley Primera, que vienen a constituir los principios básicos de la justicia penal en Cuba, estos son: La Libertad e Inviolabilidad de la persona están garantizados a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Estos principios básicos, identificados con el nombre genérico de derecho de seguridad, se traducen en la convicción del individuo, el ciudadano, de que su persona, su libertad, el derecho a circular libremente por el territorio nacional y establecer su residencia o domicilio en cualquier región de éste, y sus bienes, muebles e inmuebles, serán respetados por el resto de los ciudadanos y, muy importante, por quienes gobiernan y rigen los destinos de la nación y sus agentes, dígase miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y otros cuerpos armados; vale citar, en cuanto a este deber de los que gobiernan, un apotegma martiano,… Viene bien, que quien ejerza el poder, sepa, que lo tiene por merced y encargo de su pueblo como honra que se le tributa y no como un derecho del cual se goza…´

Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen. Según la doctrina penal, éstas premisas constituyen garantías objetivas, referidas concretamente al acusado.

De igual modo constituye una garantía constitucional la inviolabilidad del domicilio, ya que nadie puede penetrar en domicilio ajeno contra la voluntad del morador, salvo los casos previstos por Ley.

La entrada y registro de un domicilio puede ordenarse si la urgencia lo hace necesario, precedido siempre del consentimiento del interesado o morador, y requiere de resolución fundada de la autoridad competente, dígase Fiscal, y sólo puede realizarse en las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y diez de la noche y cuando existan indicios de encontrarse allí el acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos útiles a los fines de la investigación. El registro se hace en presencia del morador principal. En todos los casos, se hará a presencia de dos vecinos próximos.

Igualmente la correspondencia es inviolable, sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley, guardándose secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive el examen. Sólo puede ordenase la retención, apertura y examen de la correspondencia privada que el acusado dirija o deba recibir, si existen indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho delictivo o circunstancia importante relacionadas con el mismo.

Para la práctica de esta diligencia, se requiere igualmente, resolución fundada con determinación precisa de la correspondencia que será retenida.

No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar, siendo nula toda declaración obtenida de esta forma, incurriendo los responsables en las sanciones que fija la ley.

Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando son favorables al acusado o sancionado.

La Ley Procesal Penal recoge estas garantías esenciales ya que rige el principio de presunción de inocencia a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él, y todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En consecuencia la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos. Resulta imprescindible, asegurar, por las autoridades competentes y sus agentes, la observancia estricta de estas garantías esenciales para todos los ciudadanos.

Toda persona que cometa un hecho delictivo, según lo previsto en la Ley Procesal Penal, queda sometido a la jurisdicción de los tribunales competentes según la entidad o gravedad del delito.

Así cuando se cometan hechos delictivos sancionables con multa de hasta mil cuotas y privación de libertad hasta tres años o ambas, el tribunal competente, será el Tribunal Municipal Popular del lugar donde se cometió el delito; y cuando se cometan delitos sancionables con multa superior a mil cuotas, privación de libertad superior a tres años, muerte o que atenten, cualquiera que sea la sanción, contra la Seguridad del Estado, el tribunal competente será el Tribunal Provincial Popular del territorio donde se cometió la violación penal.

La Policía Nacional Revolucionaria no puede mantener detenido al acusado más de setenta y dos horas sin dar cuenta a la autoridad competente, instructor penal o Fiscal.

La Ley Procesal Penal como complemento de las garantías otorgadas al detenido o preso, concede un procedimiento especial de Hábeas Corpus para toda persona que se encuentre privada de libertad sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, y deberá ser puesta en libertad a petición suya o de cualquier otra persona, mediante solicitud ante los tribunales competentes, Este procedimiento es una defensa extraordinaria contra las posibles detenciones arbitrarias.

Todo acusado tiene derecho a la defensa, será parte en el proceso y podrá por sí o por medio del defensor proponer pruebas a su favor; para la materialización efectiva de esta garantía o derecho, se impone una modificación en nuestra Ley de Procedimiento Penal, que el acusado sea considerado parte en el proceso desde el mismo momento de su detención y no cuando sea objeto de una de medida cautelar prevista en la ley.

El derecho a recurrir las resoluciones judiciales es una garantía más que se puede ejercer en cualquier momento del proceso penal mediante los siguientes recursos: Queja, Súplica, Apelación y Casación.

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Estado de peligrosidad

Lic. Laritza Diversent Cámbara

La embriaguez habitual, la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial son índices, que la legislación penal utiliza para decidir el estado de peligrosidad de una persona, es decir, su inclinación a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista.

Son frecuentes, en la ley cubana, las referencias a la ideología comunista. En la protección de las normas de convivencia y de la moral socialista existen términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan para castigar cualquier forma de disenso social.

No estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Lo veo como un medio eficaz para proteger la sociedad, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió, molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche. Hubo que aguantarla, estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos casos, se emplea para “reeducar” a la disidencia, a la prostitución, o para obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, deciden que su conducta debe ser reformada, criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

En esto influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho por convicción moral. Frente al abuso de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

La peligrosidad socialista permite a las autoridades controlar el disenso social. Incluso, va más allá: surte un efecto directo en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para el establecimiento de la Cuba democrática.

DERECHO DE REUNION

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

El inmortal Hugo Grocio, a quien se considera padre el Derecho Internacional Público moderno, fue el primero en usar el concepto inalienable que él atribuyó a algunos derechos individuales entre los que hoy reconoce el derecho de reunión según se recoge en el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles de la ONU en su artículo 21. Este derecho, como los restantes de la Declaración Universal, requiere de un análisis particularizado.

Según algunos autores “Hoy en día, y como reacción contra amargas experiencias de abusos sufridos no sólo en el área de los totalitarismos fascistas, nazis y soviéticos, se subraya enérgicamente que la libertad de reunión no sólo implica el derecho de reunirse pacíficamente para fines lícitos, sino también el principio de que nadie debe ser obligado a concurrir a una reunión en contra de su voluntad o deseo: tanto agravio implica privarle a uno de reunirse lícita y pacíficamente, como obligarlo a participar en una reunión (desfile, parada, etc.), a la que no quiera concurrir.

El individuo tiene, en tanto que persona, -y siempre según los derechos reconocidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU- una serie de derechos de libertad frente al Estado, así como ante los demás individuos y grupos sociales.

Las limitaciones obligadas e ineludibles para la libertad de reunión son principalmente dos: la reunión debe ser pacífica y los fines que se proponga, así como también los medios que emplee, sean lícitos. El condicionamiento a que los fines de la reunión sean lícitos, es algo obvio. No es admisible reunirse para la comisión de delito alguno, para promover alteraciones del orden público, etc.

En cuanto al derecho de no concurrir a una manifestación, desfile o reunión hay que decir que éste aspecto negativo es tan importante como el positivo. La libertad se lesiona de igual manera si a una persona se le impide participar en una reunión, que si se le fuerza a asistir a una reunión, parada, desfile, manifestación, etc.: ambas formas, tanto la positiva como la negativa, constituyen violaciones inaceptables de éste derecho humano fundamental.

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.