El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

Cuando se va…

CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez
Mis padres recuerdan cuando existían los Tribunales de Garantías Constitucionales. Dicen ahora mismo mis padres, que entonces sí era respetada la Constitución de la República y cuánto reclaman la del año 1940. Por ende, todas las Leyes y todos los derechos, específicamente los Derechos Humanos, porque se cumplía aquello de “Patria es Humanidad”, como expresó el Maestro, muy atinado para estos sufridos momentos de nuestro pueblo, tan necesitados de asesoría, así como del conocimiento acerca de las más elementales Leyes y que éstas sean respetadas.
Hay una hermosa canción del cantante y compositor Alberto Cortés, que dice, “Cuando un amigo se va”, Cuando por decisión y capricho de algunos, eres privado de los pocos derechos que crees tener, y es imposible apelar a una importante instancia de la verdadera Justicia y contar con la anhelada independencia de nuestros Tribunales Populares.
En el orden personal, yo quiero que estas instituciones regresen para siempre, y para ser optimista, que mis nietos y los descendientes de ellos puedan disfrutarlas. La mayoría de nuestro pueblo está expectante y deseoso de conocer sus verdaderos derechos y que se les respeten. Queremos contribuir con esa hermosa misión, consagrados a la única y absoluta verdad: el respeto al Derecho.

De usurpación a Prevaricación

1 Usurpación y prevaricación1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Profundizando en el caso de la familia González Camacho, además de las denuncias formuladas, existió una sentencia del Tribunal Municipal de la Lisa en el 2012 por Ejercicio Arbitrario del Derecho, donde resultara sancionada a multa la ciudadana María del Pilar, Queda claro penal y administrativamente, (Resolución 1636/2011 del Expediente 1263/2011 de la dirección Municipal de la Vivienda de la Lisa) donde declararon ocupantes ilegales a los usurpadores, en su séptimo POR CUANTO, estas personas nunca tuvieron convivencia en el inmueble que se litiga, con medios de prueba como cartas del CDR Municipal y Registro del MININT, entre otros.

Existe un Dictamen Sanitario de fecha 15 de julio de 2013 donde se reconoce, que la imposibilidad de usar el servicio sanitario y el hacimiento provocan un alto índice de insalubridad con afectación de la salud de los moradores legítimos.

Existen respuestas de la Fiscalía Municipal de la Lisa, de 25 de agosto de 2011, 8 de septiembre de 2011 y 22 de agosto de 2013, donde se evidencian las contradicciones de lo concluido con los documentos existentes y las acciones violadoras de la legalidad, sobre todo la última carta (que exponemos), donde dicho en buen cubano, colmó la copa de la paciencia: estado de indefensión, irrespeto e impunidad para con las Leyes de nuestro país y una Garantía Constitucional prevista para todos los ciudadanos cubanos, en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba,…El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley…

Como la PNR y la Fiscalía no han procedido como expresan sus funciones por Ley, han propiciado el actuar cómplice de la Dirección Municipal de la Vivienda al emitir Resoluciones posteriores a la del 2011 (ilegales, pues los usurpadores nunca han poseido dirección de dicho domicilio), agravándose el conflicto hasta el punto de tornarse violento, siendo el colofón el día 10 de agosto cuando al fallecer por accidente el esposo de la ciudadana violadora, tuvieron la osadía y morbosidad de velar al difunto en la sala de la casa ajena. Al día siguiente, Rolando, el joven enfermo, amaneció más alterado que de costumbre.

Continuamos alertando y previniendo con quejas y denuncias, la posible ocurrencia de un desenlace fatal, motivado por las ofensas y amenazas impunes y públicas, a oídas de vecinos y testigos, contra la vida de Jorge Luis, su esposa y Rolando.

No hubieramos querido llegar hasta este extremo, de denuncia contra jóvenes funcionarios y operadores del derecho, que tendrían mucho que aportar en un país donde el estado de derecho y los valores morales están en franca decadencia, lo que ha sido reconocido por el Presidente Raúl Castro.

Es menester reestablecer a las nuevas generaciones una Cuba de prosperidad y respeto ciudadano por la legalidad e institucionalidad, pero no avanzaríamos nunca con funcionarios tan pasivos, poco profesionales, insensibles e indisciplinados, rayanos en la prevaricación, que no cumplen con sus funciones ni respetan los reglamentos, creando precedentes de compromiso e intereses personales por encima de los designios que les confiere la Ley.

De la familia

 

6 A2CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

La gran mayoría de las familias cubanas no son analfabetas pero desconocen que existe un Código de Familia. También pudieran estar ajenas a que en la Constitución de la República de Cuba, (por cierto, que debería ser modificada) aparece en el Capítulo IV, Artículo 35: El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio… Hasta que alguien me explique, logre entender y sea convencido, seguiré quizás equivocado o cada vez más diáfano.

¿Es que al separarse, inclusive desde tempranas edades padres de hijos para emigrar a otros países, casi siempre por razones económicas, se protege la maternidad y la familia? De lo anterior se desprende que no puede existir matrimonio sostenible cuando por esta y otras razones se disuelve el vínculo matrimonial o la unión voluntaria de la forma que sea, de esta manera tampoco se puede proteger el matrimonio y la familia, de ahí también el ínfimo índice de gestantes en la mujer cubana por carencia de muchísimas cosas indispensables.

En otras familias, conocedoras de lo dispuesto y preceptuado en los artículos del referido Código de Familia del 1975, las que al parecer pueden hacer valer dicho conocimiento; esa maternidad, ese matrimonio y la familia es también segregada, con la diferencia de que en los casos de migrantes aquí sí asiste la razón política, el rechazo al gobierno, pues carecen de uno de los bienes más preciados del hombre: LA LIBERTAD, y aunque traiga consigo separación y distancia de la familia, hay que buscarla y se encuentra.

El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones, referido en el Artículo 38 de la Ley de Leyes: Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente en su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista, ¿Por qué en la Sociedad Socialista? ¿Por qué si hay que asistirlos en sus legítimos intereses y sus justas aspiraciones, y ese puede no ser el interés ni la aspiración de la familia?

 

Impartir justicia

 

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Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El artículo 120 de la Constitución de la República de Cuba, establece que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye; precepto legal consecuencia directa del artículo 3 de la Carta Magna; la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes, razón por la que el propio texto constitucional, en el artículo 122 prevé: Los jueces, en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

Tal principio constitucional ha sido inobservado, para con los miembros de la Asociación Jurídica Cubana, por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, al pronunciar la Sentencia 157 de 22 de mayo 2013, con la negativa de la Ministra de Justicia a la legalización de nuestra pretendida Asociación, pues impartir justicia no es más que aplicar el derecho vigente al caso concreto interpretando correctamente la ley, lo que no hizo dicha Sala, infracción legal, apreciable en el Segundo CONSIDERANDO de la Sentencia: ello en todo caso impide la constitución de cualquier otra asociación con similares proyectos y objetivos, a tenor de lo previsto en el inciso d) del artículo ocho anteriormente citado, pues contrario a lo interpretado por el accionante, el precepto precedentemente invocado en modo alguno restringe de forma expresa dicha limitación al solo efecto de asociaciones preexistentes con iguales fines y denominación, sino a la existencia anterior de otras, cualesquiera sea su apelativo y naturaleza jurídica, en aras de impedir una dualidad en el trafico jurídico de instituciones de similarcontenido.

Incorrecta interpretación de la Ley, hecha por la Sala, puesto que la causal de denegación establecida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Asociaciones, preceptivamente, está referida a la preexistencia de una asociación con idénticos o similares objetivos o denominación, no a cualquier entidad, como desacertadamente ha considerado la Sala, no impartiendo así justicia, al realizar una interpretación extensivísima del precepto legal en cuestión, llegando indebidamente a distorsionar su más que claro texto, incluso el espíritu del legislador, que solo estableció como restricción al respecto la preexistencia de otra asociación, denominación jurídica en la que no se hallan comprendidas la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ni la Unión Nacional de Juristas de Cuba, no inscriptas por tal razón, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, extremo que fue fehacientemente probado en el proceso mediante la prueba documental de la certificación expedida por dicho Registro.

La garantía de la independencia de los jueces en la impartición de justicia, se traduce en que se sientan con total respaldo constitucional para tomar sus decisiones conforme a la ley y no por complacencia o presiones de autoridad política o administrativa alguna.

 

No eres confiable

7 POSTER1- CopyKireniaLic. Kirenia Domínguez Álvarez

Fue la respuesta que en múltiples ocasiones recibí al solicitar empleo, una vez terminados los estudios en Licenciatura en Derecho.

El sólo hecho de ser la compañera de alguien que en determinado momento decidió abandonar el país ilegalmente, por la situación económica en que estaba, me convirtió en una amenaza para el Estado, aún cuando tuve la oportunidad de elegir.

No pude desempeñarme como siempre lo soñé en la rama penal del Derecho.

Hoy me encuentro ejerciendo en el Centro Universitario Municipal de mi municipio, como profesora formadora de profesionales de esta  carrera.

Me siento muy frustrada y hay algo que no comprendo.

Si por mis principios morales y éticos, no puedo ejercer, según ellos, como abogado penalista, ni fiscal (garante de la legalidad), ni juez, ni mucho menos como instructor penal; entonces yo pregunto: ¿cómo puedo ser parte de un Proceso Docente Educativo y guía de estudiantes  que en su devenir serán reflejo histórico de aquel que los enseñó a pensar?, ¿en qué norma jurídica se encuentra regulado semejante arbitrariedad?

Hace unos meses solicité empleo en la Dirección Municipal de Justicia, donde en años anteriores me desempeñé como Registradora de la Propiedad, empleo que perdí por la causa enunciada al principio, aún con habilitación para ejercer dichas funciones por el MINJUS, se me da otra negativa por respuesta.

La AJC, el Decreto Ley 81, la Constitución y los Principios Básicos sobre la función de los Abogados

4 Derechos-Humanos-ONUOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

El Decreto Ley 81 de 8 de junio de 1984, sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, regula en su artículo 2 que el ejercicio de la abogacía es libre, mientras que paradójicamente el articulo siguiente, restringe tal “libertad” al disponer que para ejercer la abogacía se requiere ser admitido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de lo que cabría suponer que en Cuba la profesión de abogado es ejercida bajo una especie de “libertad supervisada” por la ONBC.

Uno de los Principios Básicos sobre la función del Abogado refrendados en el 8vo. Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente (La Habana, 1990);   que deben ser respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, preceptúa que: Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir por ello restricciones profesionales.

De conformidad con la anterior declaración de las Naciones Unidas, la pretendida libertad de la profesión del abogado queda garantizada también por la Constitución de la República de Cuba, que en su artículo 54 recoge: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.

Puesto que para la AJC el ejercicio de la abogacía es libre, en el más estricto significado del término, como refiere el mentado Decreto Ley 81, sus miembros se acogen al derecho de asociación que garantiza la Constitución de la República y que sugiere la ONU sobre la función de los Abogados, y hemos solicitado su legal constitución para el ejercicio de la profesión de la abogacía de manera independiente a la ONBC.

De la normalización

normalizacion

CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

Hace pocos días escuché en el noticiero de la televisión, una novedosa información que será otro día muy específico en este PLANETA CUBA, cuando los medios de incomunicación y desinformación, dan a conocer que en nuestra isla ya transitamos por el Camino de ser NORMALES.

Si hablamos de Economía, de Planificación, de Arquitectos de la Comunidad, de Especialistas y Técnicos de la Dirección o el Departamento de Recursos Humanos o Asuntos Laborales de un Ministerio o Entidad, donde casi siempre el Órgano de justicia laboral de Base es el canal donde se recurren las primeras inconformidades y desacuerdos por malas decisiones de la Administración, para continuar en los Tribunales.

Inclusive en los Cuadros y Dirigentes ( Que para mí es lo mismo) en su posibilidad de no estar en Acuerdo, pueden acudir hasta Tribunal Supremo Popular, para pretender una sentencia favorable al litigio en cuestión. Nada se comporta normal, ajustado a nuestras normas legales y derechos y por supuesto, no está Normalizado.

Las evidentes y mal manipuladas verificaciones con los “factores”, para que algo funcione conforme a Derecho y a lo que está legislado y normalmente nadie respeta, al parecer por “Desconociendo” (lo cual no es eximente de ninguna responsabilidad).

Cuando te instruyas, conozcas y apliques cada vez más tus DERECHOS; comenzarás a ser NORMAL, entonces tendrás el gran orgullo y motivación de creerte una persona alejada de lo que algunos pocos han querido hacer de ti.

El Día de la Normalización, para mí será cualquiera, por lo menos en este PLANETA CUBA, cuando quizá nos dejen pensar y ver las cosas Normales como en el otro Mundo, ¿No se cual? , estoy hablando de otro que la gran mayoría estima y defiende como Normal.

En el domicilio de colegas, conversando con ellos, algunos estuvimos en acuerdo y otros discrepamos de este asunto; como otros temas polémicos y casi sin respuesta o solución, algunos en lo inmediato determinamos dejarlo para otra ocasión. Es precisamente así, como más nunca vuelves a retomar un tema para tratar de resolverlo, y si lo intentas, ya no es probable y definitoria su única y absoluta respuesta conforme a los derechos, y me pregunto ¿Esto también entra en las Regulaciones y Disposiciones de la Normalización?

¿Será normal que tengamos que acudir al Registro Civil, subordinado a la Dirección Provincial de Justicia, dependientes a su vez del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, para cualquier solicitud, como una Certificación de Nacimiento, y se deba presentar hasta la Certificación de Defunción sin haber fallecido, así como para muchas y más engorrosas e infructíferas diligencias?

¿Para qué tantas reuniones kilométricas?, donde casi siempre se habla de problemas y se toman Acuerdos que en la gran mayoría no se cumplirán, y como también se sabe y nos tienen acostumbrados, a los Incumplidores y Responsables no les pasa nada, y si pasara algo, es lo inesperado y lo inconcebible para los que pensamos normalmente. Mal trabajo, e inclusive comisores de delitos, y rápidamente son trasladados a otras responsabilidades o nuevas funciones, ¿Esto es Normal?, ¿Es Normal que esto suceda y no llegue a las vías recurrentes de la Justicia y el Derecho?

 

Dilema contractual

 

contratos económicosCHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

Si en realidad se quiere cambiar todo lo que debe ser cambiado, si ciertamente se quieren destrabar nudos que entorpecen la fluidez de ideas, proyectos y todo lo que implique desarrollo; entonces y solo entonces, lo primero que hay que hacer es despojarse de todo el ropaje que nos cubre.

¿Estará la capacidad en las dimensiones o las dimensiones en la capacidad? Esto no es un trabalenguas, en una aseveración, pongamos simplemente un ejemplo. Vayamos a las recientes disposiciones jurídicas, que rigen la Contratación Económica, nos referimos al Decreto-Ley No 304, de fecha 1ro de Diciembre de 2012 y el Decreto No 310, de fecha 17 de Diciembre de 2012, que establece los tipos de Contratos Económicos.

Por mucho que le demos vuelta, lo igual en el Acto Contractual entre las partes, resulta casi imposible de materializarse, por la sencilla razón de que en nuestro Estado, sin que se le llame monopolio, existen entidades que tienen monopolizadas determinadas esferas o actividades, dígase ETECSA S.A, Aguas de La Habana, Empresa Eléctrica, etc.

A quién se le ocurriría imponer su criterio sustentado en su necesidad o prioridad real, a fin de mantener parsimonia y estabilidad en su quehacer, si no puede contratar con otros proveedores su sistema de comunicación, la instalación de redes hidráulicas o el suministro de energía eléctrica.

Y es aquí donde comienza el dilema, lo tomas o lo dejas y este no es el espíritu del Art 4.2 del Decreto No 310/2012.

 

Mala praxis jurídica

156-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

En Derecho suele denominarse “calificación del delito” a dar una denominación, a un actuar o a un no hacer de determinadas personas; cuyo actuar o no hacer, ambos, están prohibidos por la ley bajo conminación de una sanción penal.

Así, una conducta es “robo”, “apropiación indebida”, “ejercicio arbitrario de derechos”, “detención ilegal”, etc. Esto es CALIFICAR.

Por supuesto que esa calificación es muy importante porque determinará el marco sancionador (la cuantía de la pena) a que será sometido el acusado en el acto del juicio oral.

La determinación de esa calificación puede resultar muy fácil en muchos casos y harto difícil en otros. He participado y he sido testigo de arduas discusiones entre letrados con años de experiencia en tribunales y bufetes colectivos donde el tema debatido era ¿estamos en presencia de un delito o no, y, de serlo, a qué delito corresponde?

Suelo hacer una comparación en cuanto a que un Tribunal tiene similitud con un equipo de médicos que se dispone a realizar una intervención quirúrgica. Si es necesario, los galenos harán una incisión, que procurarán sea la menor posible, y extirparán en parte o todo el tumor encontrado o quizás ni lo extirpen.

Todo dependerá de su conocimiento, habilidad y objetivo perseguido.

Los tribunales son a la sociedad lo que los médicos al paciente. Por lo tanto mucho de lo que sucederá en ella dependerá del conocimiento, la habilidad y el objetivo que se propongan estos tribunales de justicia.

Pero, en cualquier lugar serio del mundo, no se llega a un equipo de especialistas en cirugía, sin el conocimiento, la habilidad en la praxis y una plena conciencia de la responsabilidad que se tiene: cuando alguna de estas cosas se desconoce, los resultados suelen ser desastrosos para el paciente.

Los tribunales de justicia tienen en sus manos también, aunque de otra forma (no creo que para nada menos importante que en el caso de los médicos) la vida de las personas. CALIFICAR apropiadamente lo que éstas hacen y aplicar el tratamiento correcto a esos males es imprescindible para que el cuerpo social se mantenga sano y vigoroso.

Permitir que personas sin el debido conocimiento, calificación y experiencia operen en el cuerpo social, es como meter al elefante dentro de una cristalería.

En el Poder Judicial cubano deben ser cambiadas muchas cosas. No obstante, por una deberá comenzarse.

Así, y en mi modesta opinión, es menester preparar y escoger muy bien a las personas que participarán en este especialísimo team quirúrgico. Y sólo deberán pertenecer a él aquellas personas muy capaces de erradicar por siempre de este vital poder del Estado, la terrible calificación de MALA PRAXIS.

 

La Película del Sábado

11 peli6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

“ … cuando le dije que yo tenía derechos y que él tenía que decírmelos, se me rió en mi cara y me preguntó que si yo veía muchas películas americanas…”

Lo anterior fue el final de la detallada explicación de un ciudadano sobre los sucesos que rodearon su detención, entre ellos la forma de actuar de los agentes policiales para con su persona.

Conversamos un poco más sobre la actuación policial  que se refleja en programas norteamericanos sobre investigación criminal que se ponen en canales nacionales y en películas de ese mismo corte en el programa La Película del Sábado.

No es que pensemos que la policía estadounidense sea perfecta ni mucho menos, pero es evidente un nivel de profesionalismo en el desempeño de sus funciones y en el trato con los detenidos, pues la consabida información:

Ud. está detenido por………y todo cuanto diga a partir de ahora puede ser usado en su contra, es un párrafo que no falta en ese proceder.

Hasta donde recuerdo, nunca un ciudadano cubano me ha dicho que la policía nacional se ha dirigido a él en la forma procesal antes señalada.

Pudiera pensarse que esos clichés son propios del procedimiento policial norteamericano con el cual el nuestro no tiene nada que ver. Al menos, eso es lo que parece pensar nuestra policía pues jamás hacen nada parecido.

Sin embargo, aunque esto pueda asombrar a muchos, la Ley de Procedimiento Penal Cubana dice textualmente:

Artículo 161:

Ningún acusado tiene la obligación de declarar en su contra. El instructor…estará en el deber de hacerle saber de qué se le acusa, por quién y los cargos que se le dirigen, e instruirlo del derecho que le asiste para prestar declaración, si quisiera hacerlo, lo cual podrá realizar en cualquier momento y cuantas veces lo solicite.

Lo que, con otras palabras, viene a resultar lo mismo (o muy parecido) a lo que dicen los agentes norteamericanos cuando arrestan a una persona sospechosa de delito.

Por qué los agentes del Ministerio del Interior  no cumplen con esa formalidad procesal a la que debieran estar obligados por la Ley, es algo que no sé, aunque tengo mis sospechas que están entre:

  1. Ellos mismos no conocen lo que la Ley de Procedimiento Penal establece.
  2. Es mejor no darle muchos recursos al detenido y mantenerlo en el mayor estado de indefensión posible.

Se me ocurre pues una recomendación para los que, por su trabajo, se ven envueltos en estas detenciones: debieran ver más la Película del Sábado.

 

Justicia frente a la administración

DAYALic. Dayamí Pestano Lazo

Dictado un acto administrativo, cualquiera que sea el órgano del que proceda, ha de admitirse la posibilidad de acudir a los Tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos que por dicho acto hubieren resultado lesionados. Si bien debe admitirse la posibilidad de que el interesado pueda si lo desea, interponer los recursos administrativos que en cada caso se prevean. Esto dependerá de la confianza que se tenga en obtener por esta vía plena satisfacción de las pretensiones.

El silencio o una respuesta informal diciendo que no es esa Administración la responsable, coloca al administrado en la más absoluta indefensión, obligándole muchas veces a una labor de investigación para averiguar frente a quién tiene que dirigir la acción procesal.

El derecho a la efectividad de la tutela judicial es algo que viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no puede desconocer, supone en primer lugar el acceso a la justicia, que toda pretensión fundada en el ordenamiento jurídico sea atendida por un órgano estatal independiente y preparado.

Si en todos los órdenes jurisdiccionales cada día son más graves las deficiencias, en el jurisdiccional administrativo ha alcanzado una cota intolerable, al no tener acceso cualquier administrado al derecho de acudir a un Tribunal en demanda de justicia frente a la Administración; el caso ejemplar de los funcionarios y dirigentes en Cuba.

Reverenciar la ley o apedrearla (III)

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Jorge Hojas Puñales  37-reverenciar II

Cuando se nos requiere llamar la atención por algo que no debíamos haber hecho o por no haber hecho lo que debíamos, se nos crea un conflicto, que se torna más difícil si se nos impone una pena o si se nos conmina a deshacer, lo que tanto trabajo nos costó, pero aquí, en esos precisos momentos, se nos informa de cuantas leyes, normas o disposiciones hemos violado o infringido, como en buen cubano decimos, se nos dan “pelos y señales”.

Es mejor precaver, que tener que lamentar, pero cómo poder precaver, si no conocemos, porque no se nos ha enseñado, si no se nos ha educado para ello, es por eso que nos resulta tan difícil comprender cuando existe una omisión y cuando una acción no ajustada a la Ley. En nuestra vigente Constitución están refrendados los derechos, deberes y garantías fundamentales de la ciudadanía, pero ¿es solo esa ciudadanía la que irrespeta e incumple con ello?, ¿qué cuota le corresponde a quienes tienen la obligación de velar, verificar y comprobar el cumplimiento o no, de esos deberes, derechos y garantías constitucionalmente establecidos?

Una muestra muy elocuente, de las dificultades azarosas por las que se transita en la vida social y pública de nuestra ciudadanía, se puede observar a simple vista, en las ediciones del periódico Granma, correspondiente a cada viernes, en la sección Cartas a la redacción. Este parece ser el medio más apropiado para poder desahogarse, de la impotencia acumulada ante tantas violaciones cometidas, por quienes tienen el deber y la obligación, de atender y respetar, los más mínimos y elementales derechos constitucionalmente reconocidos. Existe y ya es muy común, la dilación de una respuesta, y peor aún es la callada por respuesta. Es cierto que no hay peor sordo que el que no quiera oír, ni peor ciego que el que no quiera ver, esto es lo que verdaderamente está ocurriendo.

Es tan culpable quien cometa un crimen, como aquel que lo presencia y no actúe, en buena técnica se reconoce un sujeto activo o pasivo, como actor o cómplice, una nueva figura se abre paso, la cooperación necesaria para logar un fin, ¿será discutible o no que ante la vista de todos se edifique un rascacielos y nadie lo vea, o existirá complicidad o la cooperación necesaria para ello?

 

Las relaciones jurídicas en Cuba

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OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

¿Puede reclamársele legalmente a quien se le ha encargado la chapistería de un auto, entregándole además un anticipo por ello, sin que cumpla con la reparación acordada y sin que medie documento alguno en dicho acuerdo? ¿De qué manera puede hacerse efectiva la obligación contraída?

¿Una hoja de papel en la que consten las generales y las obligaciones reciprocas a que se comprometen quienes deciden acordar un servicio y pagar un precio por ello, constituye, llegado el momento, elemento de prueba ante el tribunal para solicitar del incumplidor el cumplimiento de la prestación debida?

Son miles las interrogantes, que como las anteriores, se suscitan entre la población cubana donde en más de una ocasión las relaciones jurídicas que debieron nacer bajo el viso de la legalidad y la buena fe, llegan a un lamentable desenlace marcado, cuando menos, por la amarga experiencia de la prisión para uno o ambos sujetos de la que debió ser y desarrollarse como una satisfactoria relación jurídica.

Y es que tan fatídico resultado es, no pocas veces, consecuencia de varios elementos que matizan las relaciones jurídicas, conspirando contra su normal desarrollo, a saber: desconocimiento de los derechos y de cómo hacerlos valer en el entramado social; poca o casi nula divulgación de los mecanismos e instituciones que garantizan el ejercicio de los derechos ciudadanos, poca publicidad sobre los requisitos y las mejores opciones para quienes deseen entablar un negocio jurídico con las garantías adecuadas, vacío legal respecto al régimen jurídico de determinadas opciones en el trabajo por cuenta propia. Estas y otras limitaciones son parte de la realidad jurídica de la Cuba actual, a la vez que se constituyen como potencial asidero de quienes viven y pretenden seguir viviendo a costa del engaño y la extorsión de sus semejantes.

Si bien ha sido acogida y válida la descentralización del monopolio del Estado sobre el empleo, aparejado a ello debe lograrse una efectiva estrategia que conduzca a la protección jurídica de los ciudadanos.

El creciente aumento de sectores de la economía no estatal, junto a la cada vez más necesaria desregulación de prohibiciones y restricciones que amordazan la vida de los cubanos, conduce indefectiblemente a un aumento de las relaciones jurídicas, y a la imperiosa necesidad de liberar a las mismas de la aureola mística que para muchos cubanos por años las han caracterizado.

 

El consumidor y sus derechos

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VEIZANTLic. Veizant Boloy

 En tiendas de venta en divisas de la capital se ofertaron varios productos alimenticios y de uso domésticos rebajados de precio,  motivo que alegró a los capitalinos. Confituras, paquetes de galletas, cajas de flan en polvo, cajas de tomate frito, natilla, relojes despertadores y otros por un valor no superior a 1 cuc.

Tanto clientes como revendedores aprovecharon la rebaja para comprar hasta donde soportara el bolsillo. “Esto es una ganga” dijo uno de los revendedores.

Los desbordantes clientes no notaron el por qué. Algunos por precaución al voltear y ver la fecha de vencimiento, leyeron el letrero que decía: consumir preferentemente antes del mes de agosto del 2012. Otros no se percataron de este detalle hasta llegar a su casa.

Los dependientes exigían que probaran los productos, pues no admitían devolución. Lo paradójico fue, que en caso de los relojes no tenían pilas para probarlos. En varias zonas de La Habana existen tiendas habilitadas para la venta de productos defectuosos pero este no es el caso.  Estos productos habían expirado su  fecha de vencimiento y otros no tenían utilidad alguna.

Expender alimentos a la población ya vencidos constituye una infracción comercial y sanitaria.  Violación agudizada cuando en su mayoría los destinatarios de las confituras son los niños.

El derecho al consumo es la denominación que se da al conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinadas a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.

Pese a que el derecho del consumo no es una rama autónoma del Derecho, aspectos fundamentales de las relaciones entre los productores y los consumidores se encuadran dentro del Derecho Mercantil, del Derecho Civil; otros dentro del Derecho Administrativo e incluso del Derecho Procesal.

En Cuba  existen disposiciones legales que protegen el derecho del comprador, pero no se cumplen. Los inspectores se hacen los “de la vista gorda”. La población, por lo general es ignorante de sus derechos, y en medio de la escasez, acepta estas conductas violatorias del goce pleno del derecho al consumo.

El mejor consejo para el consumidor cubano es comprobar antes de comprar. Y exigir.