La ignorancia duele

2-osvaldoLic. Osvaldo Rodríguez Díaz
Guiados por las tiñosas que volaban a baja altura, tres jóvenes que momentos antes cortaban madera en el monte para construir una cerca, encontraron los despojos de una res, que más de 24 horas antes, fuera robada y sacrificada por cuatreros de identidad desconocida.
Aún percibiendo el olor de la carne expuesta por mucho tiempo a nuestro caluroso clima, los recién llegados consideraron que podía ser útil para sus perros, o tal vez con algún tratamiento, para su propio consumo.  Procedieron entonces con sus instrumentos de trabajo a cortar los huesos con restos de carne y cuero.
La  faena fue interrumpida por los agentes de la policía, que llegaron en unión del dueño del animal, quien ya conocía del lugar del sacrificio por haberlo encontrado antes que los jóvenes, guiado también por las aves de rapiña.
Ya en pleno mediodía, se determinó incinerar los restos del animal y lo que habían podido cortar los tres muchachos, pues su estado de descomposición así lo requería.
Desconociéndose los autores del delito e impotentes para investigar su identidad, los agentes de la policía cargaron con los tres jóvenes como acusados para la Unidad. El hecho de ser soldado uno de ellos, determinó que el caso pasara a la jurisdicción militar, para infortunio de los tres.
Tres meses y días transcurrieron para ser presentados ante el Tribunal Militar de la región con sede en La Cabaña. No se asombren:
Adquisición de carne de ganado mayor sacrificado ilegalmente, del articulo 240.1.3 del Código Penal, y

Tenencia Ilegal de Armas del artículo 214, del Código penal, ambos consumados.

Esta última figura, quizás para justificar el tiempo en prisión, que superó el límite mínimo del primer delito, imputado desde un inicio.
La sanción impuesta resultó de seis meses de privación de libertad por ambos delitos, es decir, tres meses por cada uno.
Lo desacertado de estas calificaciones rebasa el límite de lo absurdo. Pretender que despojos putrefactos, que debieron ser incinerados, tengan rango de carne apta para el consumo humano, según lo prevé la ley, es en extremo antijurídico.
Por si fuera poco, considerar las herramientas para cortar la madera empleadas en el corte de los huesos, como armas ilegales, deja sin aliento a cualquier jurista.  Se desconoce el medio afín y se conectan ilegalmente dos figuras, una de los delitos contra el orden público, con otra de los delitos contra la economía.
¿Cómo es que ocurren estas cosas inexplicables?
Alguien debe fiscalizar esos casos de evidente desacierto jurídico.
Lo más triste de esta historia, es que los presentes en la Sala del juicio, se desbordaron de alegría, considerando la sentencia adecuada porque, como, les explicó el fiscal, ya tenían cumplidos tres meses de los seis, y casi les tocaba la libertad condicional.
¿Se las darán?

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.