¿Corrupción en Cuba?

1 Eliocer CutiñoLic. Eliocer Cutiño

Aplauden esfuerzos cubanos en lucha contra la corrupción: “…el director de la subdivisión de Lucha contra la Corrupción y de Delitos Económicos de Naciones Unidas, Dimitri Vlassis, elogió en La Habana los esfuerzos de Cuba en el enfrentamiento de ese flagelo” y la VIII Comprobación Nacional al Control Interno, estructurada con carácter preventivo y educativo, supervisara 309 entidades en todo el país, donde más del 70 por ciento pertenecen al sector agroalimentario.

Estas noticias formaron parte de la primera plana de la prensa digital cubana al cierre del 2013.

El ciudadano común se pregunta: ¿A qué casos de corrupción se refieren? ¿Si se llego a supervisar más del 70 % del sector agroalimentario, por qué la producción y distribución de alimentos sigue tan mal?

La verdad es que la prensa y la literatura accesible sobre corrupción en nuestro país se refiere, casi exclusivamente, a la que existe en el capitalismo y a la que surgió en los países ex-socialistas al desmoronarse el sistema. Desconocemos si se han realizado estudios sobre la corrupción en Cuba, pero en cualquier caso no se han divulgado sus resultados, lo que dificulta la investigación.

Como excepción, cabe citar las Causas 1 y 2 de 1989, (Caso Ochoa-de la Guardia), cuyo juicio fue trasmitido íntegramente por la televisión y anteriormente, los casos de Diocles Torralba y Luis Orlando Domínguez, también divulgados públicamente por la prensa.

Pero la divulgación de los casos de corrupción se aboca a una disyuntiva difícil. Por un lado, da criterios y argumentos diversos, fuera y dentro del país. Por el otro, no divulgarlos crea sensación de impunidad; y debilita tanto o más el prestigio y la credibilidad de las autoridades que informarlos, junto con las sanciones adoptadas.

En muchos casos, los cuadros corruptos han nacido o se han formado después de 1959, de modo que no se trata de una “herencia” o lacra del pasado. Hay que buscar sus orígenes y desarrollo en fenómenos presentes en nuestra sociedad. Muchos tienen una trayectoria destacada como “revolucionarios”, lo que significa que los organismos políticos y de control y prevención no han podido detectar a tiempo las deformaciones durante su vida laboral. Para ello, hay que esclarecer primero su esencia, el concepto mismo de “corrupción” que no está del todo definido.

Por otro lado, en nuestro país ni el Código Penal ni la doctrina penal definen ni mencionan la corrupción, es decir, no existe como concepto penal. No obstante, figuran una serie de delitos económicos (concepto tampoco definido penalmente) “asociados a la corrupción”, lo que indica una insuficiencia definitoria de los instrumentos legales.

Pero las actividades corruptas, por muy sigilosas que sean, trascienden, y a la larga son conocidas por una parte considerable de la población. Esto provoca irritación, como si los corruptos actuaran libremente, elemento que merece una atención especial, porque afecta el prestigio y la credibilidad de cualquier gobierno. Al adoptarse medidas que, por lo general, se consideran benevolentes, se suscitan estados de opinión negativos, especialmente cuando no se está lo suficientemente informado.

La corrupción no puede ser considerada como un asunto meramente punitivo, sino como un serio problema socio-político, y como tal, debe ser enfrentado.

 

Delincuencia y drogadicción en la legislación penal cubana.

Lic. Andrea López

Quizá con un título excesivamente ambicioso, tendré por objeto exponer de forma sucinta, los problemas que a nivel práctico, plantea la ejecución de las sentencias en los toxicómanos y sus peculiares (o quizá no tan peculiares dada su frecuencia) condiciones.

Es ocioso resaltar la importancia, por su abundancia, de los delitos cometidos por adictos a sustancias ilícitas, que alcanzan su culmen en los perpetrados contra la propiedad, en los que el caso excepcional es que el hecho sea cometido por motivos diferentes que obtener medios para conseguir la droga.

Así las cosas, el problema principal es la conceptualización del adicto a estas sustancias. No creo que haya discrepancias en estimar que estas personas son enfermos, como tampoco debe haberla en el sentido que además de enfermos, son delincuentes. Y es precisamente en esta dicotomía de criminal y enfermo en la que se plantean los problemas sobre su tratamiento y que en nuestra legislación no se da margen para una aplicación hasta cierto punto adecuativa que permita a los operadores del derecho jugar con las circunstancias específicas de cada caso, ya que si como enfermo, la principal función de la pena debiera ser su recuperación, no es menos cierto que como delincuente habrá de ser castigado, siguiendo el principio de prevención general, y evitando una impunidad práctica que cause indefensión a la sociedad.

En este marco fluctuante es en el que se mueve el legislador, que, conocedor de estos aspectos, no parece decidirse sino por una política de gestos, que en la práctica resultan irrelevantes, tratando de primar el orden público sobre las necesidades del toxicómano. Y ello no debe de extrañar en una sociedad en la que, salvo excepciones, se camina cada vez más hacia un egocentrismo alejado de todo principio de solidaridad, y lo que interesa es la comodidad y seguridad personal, con olvido de los problemas que, en gran medida, la misma sociedad y el sistema han contribuido a crear y mantener, sin darse cuenta que esta misma postura, cada vez incrementará más la presente situación.

Ante la falta de vía legal expresa, ha sido la misma Jurisprudencia la que, interpretando las normas, ha creado una doctrina, hoy en día asentada, acerca del tratamiento y aplicación de medidas a los drogadictos delincuentes; doctrina que no resuelve los problemas existentes.

Por todo lo expuesto, la atención que se pretende llamar debe ir dirigida al examen de la legislación al respecto, continuando con la interpretación jurisprudencial de estas circunstancias, y finalmente una exposición de los problemas accesorios que se pueden plantear y cuya solución se hace cada vez más urgente.

 

¿Reminiscencia Capitalista?

 

26-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Muchos acontecimientos a lo largo de nuestra existencia pueden quedar en el olvido, pero otros dejan un profundo recuerdo que no desaparece. Y esos acontecimientos pueden haber tenido muchas manifestaciones ya que pueden estar dados por un hecho, un sueño, una omisión, una frase y hasta un cartel.

De los dos últimos mencionados, muy relegados ya en la memoria, de súbito me asaltan cuando menos lo esperaba: mientras veía un video que un amigo me había hecho llegar.

El video en cuestión se refiere a una investigación y varias detenciones realizadas por el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la Policía Nacional Revolucionaria. Los detenidos resultan involucrados en operaciones fraudulentas cuyo monto es la friolera de 33 millones de pesos.

El cartel que me viene a la memoria en ese momento es uno que vi no sé cuántas veces durante muchos años. Se trataba de una gran valla en una amplia avenida y que, sobre un fondo blanco destacaba en letras rojas:

El futuro pertenece por entero al socialismo.

Es un cartel que ya no he visto más, pero que estuvo presente en la juventud de los cubanos de la generación de los ´60, ´70 y ´80, cuando se daba por sentado que el “capitalismo agonizante” estaba en fase terminal y que, ¿quién podía dudarlo?, el socialismo resultaría victorioso.

La otra frase, que también me vino a la memoria junto al cartel es la siguiente:

El delito es una reminiscencia de la sociedad capitalista y desaparecerá en la medida del avance del socialismo.

Esa frase la leí muchísimas veces en los libros de texto de derecho y en los textos marxistas que los estudiantes universitarios teníamos que estudiar, y examinar obligatoriamente.

Viendo esta filmación, que termina con palabras del General-Presidente Raúl Castro donde admite que el robo en el país es gigantesco, a todas las instancias y a todos los niveles, y como por otra parte, creo verlo ahora más floreciente y vigoroso que nunca antes en la historia de Cuba, me resta entonces una sola pregunta:

¿Qué ha pasado con la “reminiscencia capitalista”?

 

Por fin, ¿delito, o no?

prostitucion en cuba2-osvaldoOsvaldo Rodríguez Díaz

En Cuba la prostitución no es delito, esta afirmación se repite una y otra vez por los medios y por personas que se consideran con la debida autoridad para hacerlo.

En la parte especial del Código Penal cubano dedicada a los delitos, no aparece esta figura.

Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo existen tantas muchachas recluídas por este tipo de actividad?

Nuestra sociedad, como otras, la padece, también considera a la prostitución como un vicio reprobable, que afecta a la moral y las buenas costumbres.

A esta “conducta antisocial”, que así se le nombra en la legislación penal, puede ser reprimida con medidas reeducativas de hasta cuatro años de internamiento en determinados establecimientos.

Estas medidas de seguridad denominadas “predelictivas” que tienen como finalidad expresa en la ley y demás disposiciones complementarias evitar que el sujeto delinca, se les imponen a las prostitutas. Entonces, ¿es la prostitución delito o no?

Si la finalidad de estas medidas de seguridad es evitar el delito, ¿en qué delito puede incurrir una joven dedicada a la antigua profesión?

Hay que buscar en las causas y condiciones que han generado el aumento desmedido de esa actividad, y tratar de erradicarlas en su origen.

Pese al rigor de las medidas de seguridad predelictivas, casi con los mismos reglamentos disciplinaios que otras sancionadas, aunque clasifican como aseguradas, muchas reinciden en su actuar.

En este ámbito se presenta una triste realidad, todo lo que gira en torno a la prostitución, personas acusadas y sancionadas por alquilar una habitación a una prostituta, no para el ejercicio, sino como morada provisional, o el chofer alquilado que la traslada al lugar donde va a ejercer la antigua labor.

El tema se presenta complejo, otros que cuentan con autorización en la materia, deberían ofrecer su opinión al respeto.

Ajc, Cuba, proatitución, medidas de seguridad, conducta antisocial, conducta predelictiva.

Mala praxis jurídica

156-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

En Derecho suele denominarse “calificación del delito” a dar una denominación, a un actuar o a un no hacer de determinadas personas; cuyo actuar o no hacer, ambos, están prohibidos por la ley bajo conminación de una sanción penal.

Así, una conducta es “robo”, “apropiación indebida”, “ejercicio arbitrario de derechos”, “detención ilegal”, etc. Esto es CALIFICAR.

Por supuesto que esa calificación es muy importante porque determinará el marco sancionador (la cuantía de la pena) a que será sometido el acusado en el acto del juicio oral.

La determinación de esa calificación puede resultar muy fácil en muchos casos y harto difícil en otros. He participado y he sido testigo de arduas discusiones entre letrados con años de experiencia en tribunales y bufetes colectivos donde el tema debatido era ¿estamos en presencia de un delito o no, y, de serlo, a qué delito corresponde?

Suelo hacer una comparación en cuanto a que un Tribunal tiene similitud con un equipo de médicos que se dispone a realizar una intervención quirúrgica. Si es necesario, los galenos harán una incisión, que procurarán sea la menor posible, y extirparán en parte o todo el tumor encontrado o quizás ni lo extirpen.

Todo dependerá de su conocimiento, habilidad y objetivo perseguido.

Los tribunales son a la sociedad lo que los médicos al paciente. Por lo tanto mucho de lo que sucederá en ella dependerá del conocimiento, la habilidad y el objetivo que se propongan estos tribunales de justicia.

Pero, en cualquier lugar serio del mundo, no se llega a un equipo de especialistas en cirugía, sin el conocimiento, la habilidad en la praxis y una plena conciencia de la responsabilidad que se tiene: cuando alguna de estas cosas se desconoce, los resultados suelen ser desastrosos para el paciente.

Los tribunales de justicia tienen en sus manos también, aunque de otra forma (no creo que para nada menos importante que en el caso de los médicos) la vida de las personas. CALIFICAR apropiadamente lo que éstas hacen y aplicar el tratamiento correcto a esos males es imprescindible para que el cuerpo social se mantenga sano y vigoroso.

Permitir que personas sin el debido conocimiento, calificación y experiencia operen en el cuerpo social, es como meter al elefante dentro de una cristalería.

En el Poder Judicial cubano deben ser cambiadas muchas cosas. No obstante, por una deberá comenzarse.

Así, y en mi modesta opinión, es menester preparar y escoger muy bien a las personas que participarán en este especialísimo team quirúrgico. Y sólo deberán pertenecer a él aquellas personas muy capaces de erradicar por siempre de este vital poder del Estado, la terrible calificación de MALA PRAXIS.

 

Metamorfosis

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De cómo un ciudadano común es transformado en vulgar delincuente en cuestión de minutos.

En la mañana del 23 de octubre de 2012, William Estévez Acosta, de 51 años de edad, casado y sin antecedentes penales ni policiales, se presentó a una citación ante la Sección Sumaria de lo Penal del Tribunal Municipal del Cotorro, para una comparecencia en la que sería declarado insolvente y, acto seguido, celebrarle el juicio oral por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones Derivadas de las contravenciones; esto es, no pagar una multa por falta de dinero.

El origen: le fue ocupada en su vivienda una antena parabólica sin instalar y en mal estado, por lo que lo multaron a 30, 000 pesos, los que, pasado el mes, tiempo para hacerla efectiva, se duplicaron, debiendo abonar por ese concepto 60,000 pesos.

Al no poder verificar dicha obligación, ocurrió lo antes narrado.

En el acto del juicio, William ratificó que no tenía la capacidad económica, como ciudadano medio, para enfrentar la multa y que desde hacía cuatro años no tenía vínculo laboral, pues padece varias enfermedades que le impiden laborar en la generalidad de ocupaciones que su capacidad intelectual le permite.

El acusado aportó un resumen de su historia clínica donde consta que padece diabetes mellitus tipo II, migraña crónica, problemas circulatorios y otros con los respectivos tratamientos.

El resultado luego de la deliberación del tribunal, fue que él sí tenía dinero, pues le habían ocupado una antena, que no le podían creer lo de sus enfermedades, desestimando el resumen de su historia clínica, que de algo estaba viviendo en este tiempo.

La sanción fue: seis meses de privación de libertad, dejándolo detenido en el acto. Al no estar acompañado, un ciudadano del público se brindó para avisar a sus familiares y, al no poder salir, William debió interponer la apelación por su propio derecho.

Supuestamente, todo sancionado es responsable de un delito. William resultó sancionado y el delito probado. Habiéndose levantado ciudadano común, devino vulgar delincuente tras la historia aquí contada.

El artículo 170.1 que le fue aplicado, en su apartado 2, conmina a los tribunales a sustituir las sanciones privativas de libertad por las de trabajo correccional con internamiento, pero el Dictamen 305 Acuerdo 43 de 11 de julio de 1989 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, explica que no impide la opción de otras medidas como la limitación de libertad.

William fue desafortunado, dijo que si la multa era adecuada, la hubiera pagado, pero incurrió en el delito de no tener dinero.

Las conclusiones, son individuales.

Exceso de Criminalización

Lic. Amado Calixto Gammalame.

En Cuba no se manejan públicamente los datos estadísticos sobre las personas que guardan prisión, unas decenas de miles según cálculos de estadística negra. El dato por sí solo no es impresionante, lo que sí es sorprendente la cantidad de personas que re-circulan por los establecimientos penitenciarios, procesados con medidas cautelares que luego son puestos en libertad, detenidos, procesados multados y otros que cumplen prisión fuera de los establecimientos penitenciarios o en libertad, esta sumatoria constituye el gran número de cubanos con antecedentes policiacos y penales.

Estas personas quedan etiquetadas de por vida, y , por tanto afrentadas, según los registros que se llevan a tal efecto.

La población carcelaria es en su inmensa mayoría joven y lo peor, personas con un nivel medio de instrucción, que es la palabra más adecuada, pues la educación es una asignatura que se ha quedado rezagada en estos tiempos.

Otro elemento identificativo de singular significación, son los jóvenes instruidos y primarios en los establecimientos penitenciarios.

El estado tiene la facultad de castigar a las personas que cometen delito, primero, en la posibilidad de legislar que le encarga al órgano legislativo, en Cuba, La Asamblea Nacional del Poder Popular mediante la cual se traduce la voluntad del Estado de recoger en tipos penales aquellas conductas intolerables que recaen sobre bienes jurídicos relevantes, que resultan imprescindibles proteger con mayor severidad, y lo segundo es encargar al órgano jurisdiccional su aplicación.

El Código Penal de 1978 Ley 21, que le quitó vigor al Código de Defensa Social de 1936, así como su sucesor El actual Código Penal, la Ley 62 de 29 de diciembre de 1987 están caracterizados por su contenido y la aplicación de un alto número de figuras de escasa peligrosidad social, que en el Código de Defensa Social estaban recogidas como faltas.

A nuestro juicio se trata de un exceso de criminalización que perjudica a la sociedad, (El Pueblo de Cuba) en cuyo nombre, según la constitución de la República de Cuba, se imparte justicia.

Los límites del poder del estado es un principio de rango constitucional que informa el Derecho. La única protección posible para el logro de una equidad en ese sentido lo constituiría el restablecimiento de los Tribunales de Garantías Constitucionales, que tantos beneficios trajeron para nuestra sociedad

Beneficio Incierto.

Lic. Miguel Iturria Medina

La Malversación como delito está instituida en muchos ordenamientos jurídicos. En nuestro caso se encuentra regulada en el artículo 336 del Código Penal y se corporifica cuando un individuo tome para sí o consienta que otro lo haga, bienes sobre los cuales tiene relación de administración, disponibilidad o custodia en razón de su desempeño laboral.

Esta figura delictiva está comprendida dentro de las denominadas defraudaciones y a pesar de estar incluida dentro del título de los delitos contra el patrimonio, por su repercusión y magnitud, es considerada como un tipo penal que lacera la economía nacional y el que más influencia negativa ejerce sobre ella.

En el artículo 336, se aplican diferentes respuestas penales de acuerdo al monto de lo defraudado. De tres a ocho años de privación de libertad, si la afectación económica está entre $ 1000 y $ 10000, de ocho a veinte cuando es más de $ 10000 y de seis meses a dos años o multa, cuando está por debajo de $ 1000. Las cuantías relacionadas están dispuestas en la Instrucción 165 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. El asunto se trata de responder con mayor severidad mientras más grande sea la defraudación al patrimonio estatal. A título personal comparto esta idea.

En el apartado 6to de este precepto se dispone un beneficio al reo que cito textualmente:

¨Si el culpable reintegra, antes de la celebración del juicio oral, los bienes apropiados, o mediante su gestión se logra dicho reintegro, el tribunal puede rebajar hasta en dos tercios el límite mínimo de la sanción que se señala en cada caso¨.

El propósito de este supuesto es claro, mediante está expectativa se estimula a quien cometa este tipo de delito a reintegrar lo defraudado con la esperanza de mejorar su situación procesal; pero este interesante apartado tiene un inconveniente práctico y es la utilización del término puede que lo convierte en una norma opcional o facultativa, pues luego del reintegro no viene el Tribunal obligado a otorgar el beneficio descrito. En nuestra práctica judicial esta última variante está sucediendo con frecuencia.

A mi modo de ver constituye un acto de deslealtad que se inste a alguien a entregar lo defraudado con la expectativa de mejorar su situación en el proceso para luego no recibir el beneficio esperado. Está norma jurídica debería ser preceptiva o vinculante para los foros de justicia, pues las sentencias no solo tienen repercusión en los implicados, sino en la sociedad y futuros infractores. Por ejemplo, si los involucrados en este tipo de asuntos conocen que el reintegro monetario no les traerá un beneficio seguro, seguramente no se inclinaran por esta variante; pero si se cumpliera con certeza, todo acusado cooperaría y sería, sin dudas, una forma de restituir el fruto de la corrupción a su lugar de origen.

 

 

 

De Las Garantias Procesales

Amado Calixto Gammalame

Por su implicación en el fallo, una elemental exigencia que hoy tiene planteado el proceso penal, es la necesidad de proceder a una individualización de la pena que debe imponerse al inculpado, de acuerdo no solo con la significación jurídica y social de los hechos enjuiciados, sino también con la personalidad del autor de los mismos.

Nuestra ley sustantiva, me refiero al Código Penal cubano al menos relata de manera bien definida, varios preceptos que coadyuvan a tan trascendental finalidad, es decir la forma en que debe procederse en  el caso especifico para adecuar las penas.

Sin embargo, funciona en la práctica una tendencia generalizada de agravación de la pena, aún cuando el sancionado antes de la comisión del delito hubiera mantenido una excelente conducta, pero  a juicio de las autoridades, por la comisión del delito le ha sido desmerecida tal conducta, o el reconocimiento social ganado con su dedicación y esfuerzo personal, ya sea por los cargos ejecutivos,  honores, autoridad, o responsabilidad en el ámbito social, por poner algunos ejemplos.

Son disimiles las sentencias que se resuelven bajo este tipo de razonamiento, referidas a dirigentes con responsabilidades en diferentes niveles de dirección.

Tal actuar no tiene respaldo en ningún cuerpo legal y por el contrario, lacera una adecuada administración de justicia;  cuando se sanciona  un individuo a largas penas, ello lleva un lastre que implica además del inculpado,  una parte de la sociedad.  Ello es bien conocido, pero independiente de que es ilegal, mancilla las garantías procesales que en Cuba recogen el ordenamiento referido al proceso penal.

Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.  Esta obediencia a la Ley se establece como premisa insoslayable en el artículo 122 de Constitución de la República; no debe quedar como letra muerta, los preceptos de adecuación están establecidos en la parte general del código y cualquier otra interpretación, vulnera tal principio constitucional.

Nuestro modesto criterio es, que el legislador sabiamente elevó  a rango constitucional tal postulado por la importancia y trascendencia que tiene en la sociedad. Por otra parte recogió en instituciones penales los supuestos de agravación, en ningún momento lesivos a la buena conducta, la aplicación de semejante decisión penal debe estar legislada; El fundamento de este criterio se deriva también del principio establecido en el artículo 2.1 del Código Penal cubano que describe: el carácter punible de un supuesto debe constar como prohibición de realizarlo.

 

 

Conceptos: Código Penal

Wilfredo Vallín Almeida

Como es sabido por nuestros lectores, la instrucción jurídica de la población nacional constituye uno de los propósitos de la Asociación Jurídica Cubana.

Dada la importancia del tema y su necesidad, intentaremos continuar trabajando también en esa dirección desde este espacio, para coadyuvar con esa preparación tan necesaria a todos.

Así, comenzaremos con una pregunta y una respuesta: ¿Qué es un Código Penal?

Por lo regular un Código Penal es una compilación de aquellas conductas humanas consideradas como perjudiciales para la convivencia social y que, por tanto, resultan punibles (castigables) por su daño al orden establecido y a las relaciones pacíficas y organizadas que deben existir en cualquier comunidad humana.

Cuando el daño de un actuar (o también de un no actuar) humano (conducta) con relación al resto de las personas en la sociedad se entiende por parte del Estado como nocivo, el mismo se considera y define como “delito” y viene a ocupar un lugar en esa reunión de conductas a que nos referíamos en el párrafo anterior.

Todos y cada uno de esos procederes humanos concebidos ya como delitos, son enunciados, reprobados y reflejados entonces por escrito en los artículos del Código Penal en cuestión, de tal manera que el comportamiento individual pueda ser cotejado con lo descrito en el artículo prohibitivo y de coincidir con él, se entenderá entonces que la conducta del sujeto dado es delictiva.

Si el comportamiento del sujeto X no coincide ajustadamente con lo establecido por la letra del artículo cotejado, no existirá, al menos, ese delito..

Así, y en resumen, un código penal no es otra cosa que la compilación de los comportamientos prohibidos estatalmente (aunque también contempla otros aspectos relativos a la adecuación e impartición de la justicia penal).

La no observancia de sus preceptos irá aparejada al castigo en forma de pena, impuesta por el aparato estatal establecido (sistema judicial).

El Código penal cubano, comienza su exposición con unas Disposiciones Preliminares donde aparecen los objetivos del código vigente en nuestro país que, analizaré detalladamente en próximos trabajos.

 

 

 

Cuba: Minority Report

foto tomada de internetEnrique García Mieres

La célebre película de Spielberg basada en el relato homónimo del escritor de ciencia ficción Philip Kindred Dick tiene como hilo argumental la existencia de una unidad policial capaz de combatir a los potenciales criminales antes de que puedan delinquir, el futuro se puede predecir con la ayuda de unos seres con poderes psíquicos.  Si ponemos en un buscador de Internet la palabra predelictivo, da igual el género o número gramatical que se use, los primeros resultados no están relacionados con esa ficción tan inquietante sino con Cuba, una referencia a la isla, más inmediata incluso que poner  Revolución, Socialismo o Comunismo, que da una medida de la singularidad de esta conexión. Y es que el código penal cubano en el artículo 72 contempla la figura jurídica  de Estado Peligroso: Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.  Esa proclividad al delito puede sancionarse hasta con cuatro años de privación de libertad.

En Cuba existe la presunción de inocencia, a pesar de no estar incluida en la Constitución- lo más habitual por tratarse de un derecho  de primer orden-, contemplada en la ley de procedimiento penal, artículo 3, del siguiente modo: Se presume inocente a todo el acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él. Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos. Lo de “todo delito debe ser probado” parece no incluir al “predelito” que ya está demostrado “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Es tan grave predelinquir, que la condena  (hasta 4 años) es mayor que el delito real de desorden público, por poner un ejemplo: puede incurrir en ello quien con un arma o cualquier material explosivo profiera amenazas en público con el fin de crear pánico; entonces se le podrá condenar a un máximo de tres años.

Para rematar tanta arbitrariedad  podemos detenernos en lo de “moral socialista”. No existe un Catecismo socialista donde se recopilen las actitudes y pensamientos pecaminosos o virtuosos, estos son de libre interpretación, pero no por los ciudadanos que podrían equivocarse sin saberlo, predelinquir y en consecuencia  acabar con sus huesos en la cárcel, sino por la autoridad: policías, jueces o fiscales. Su indefinición no es un lapsus del sistema, es su razón de ser, algo que se pueda cambiar sobre la marcha según las circunstancias,  un comodín que lo mismo sirve para reprimir a prostitutas, homosexuales, vagos, maleantes,  opositores políticos o artistas díscolos  entre otros; aunque la conducta social que los define  no esté tipificada como delito, pero sí su proclividad a delinquir.

En Derecho uno de los extremos de obligado cumplimiento para no quebrantar la presunción de inocencia es el imperativo para la parte acusadora de presentar una prueba de cargo que determine la culpabilidad del acusado, pero eso cómo se hace cuando el acusado aún no ha cometido ningún delito: se construye pieza por pieza. Cuando una joven pasea con un ciudadano extranjero la policía le toma los datos y si se tropieza con ella en otra ocasión en la misma tesitura ya puede hacerle una “advertencia policial” sobre su estado potencialmente predelictivo, tal y como reza el artículo 75 del código penal. Estas advertencias ya sirven de prueba de cargo para cuando se le acuse formalmente de peligrosidad y se le enjuicie por ello. El procedimiento es el mismo para acosar a homosexuales reunidos en lugares de “ambiente” u opositores  políticos que se junten en un domicilio particular, bastará la delación de algún vecino ante la policía de que allí se trama algo. La peligrosidad social también se adquiere por contagio  si te relacionas con predelincuentes. Una realidad como el estado policial cubano supera con creces la ficción de Minority Report donde los seres con capacidades precognitivas, los Precogs, están en todas partes, visten de color azul y se mueven en patrullas.

Más de Enrique García Mieres: http://uncuentoviejo.blogspot.com

La Amenazas en la legislación cubana.

Argelio M. Guerra

El delito de Amenazas (artículos 284 y 285 del vigente Código Penal) se configura como delito autónomo cuando es un fin en sí misma y no como elemento subsidiario o medio para cometer otro delito. No tiene que existir exaltación del ánimo en la acción por parte del sujeto, sino que para su integración basta con que dicha acción dada las condiciones y circunstancias en que se profiere sea capaz de infundir serio y fundado temor a la víctima”.

Puede incurrir en taldelitocualquier persona, sea particular, funcionario o agente de la autoridad.

Es un agravante (art.284-2), realizar la amenaza con el empleo de arma de fuego, ya sea particular, funcionario o agente de la autoridad, y en el caso de los agentes policiales, su uso público les está prohibido (Ley 22 de los Delitos Militares)

Los agentes del orden público también estos pueden cometer el delito, cuando valiéndose de la imagen como expresión del poder, conminan a cualquier ciudadano(a) a abandonar un determinado lugar o espacio público sin las razones debidamente justificadas so pena de ser conducidas a la unidad de policía, inspirando en este caso serio y fundado temor en las victimas.

Tal hipótesis se funda en la preservación de la libertad psíquica y estabilidad emocional de la víctima como bien jurídico especialmente protegido por la ley, el derecho de las personas a conducirse en el entorno social de forma tranquila y a un normal desenvolvimiento de sus actividades cotidianas sin sufrir algún tipo de exigencia. En tal caso el delito de amenazas pudiera entrar en concomitancia con el delito de Abuso de Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 133 del Código Penal.

Estado de peligrosidad

Lic. Laritza Diversent Cámbara

La embriaguez habitual, la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial son índices, que la legislación penal utiliza para decidir el estado de peligrosidad de una persona, es decir, su inclinación a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista.

Son frecuentes, en la ley cubana, las referencias a la ideología comunista. En la protección de las normas de convivencia y de la moral socialista existen términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan para castigar cualquier forma de disenso social.

No estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Lo veo como un medio eficaz para proteger la sociedad, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió, molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche. Hubo que aguantarla, estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos casos, se emplea para “reeducar” a la disidencia, a la prostitución, o para obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, deciden que su conducta debe ser reformada, criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

En esto influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho por convicción moral. Frente al abuso de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

La peligrosidad socialista permite a las autoridades controlar el disenso social. Incluso, va más allá: surte un efecto directo en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para el establecimiento de la Cuba democrática.

Ministra cubana coloca a ciudadano en estado de indefensión (II)

Téofilo Roberto López Licor

Licenciada Laritza Diversent

La legislación penal considera ilícita las actividades económicas autorizadas, en la que se utilice mano de obra que no sea familiar.Sin embargo, la resolución ministerial dictada por la titular de Finanzas y Precio no hizo referencia a ninguna sanción penal impuesta al padre de Antonio López.

López Licor recibe remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país. Desde enero de 2007 a diciembre de 2008, el Banco Nacional de Cuba acreditó que los familiares del procesado, le depositaron en concepto de remesa 12 mil pesos convertibles (CUC), 300 mil pesos cubanos (CUP). El referido informe fue desestimado por Pedraza Rodríguez, pues no acreditaba que Teófilo hubiese recibido efectivamente el dinero.

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”.El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

La Carta Magna, la Ley procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares garantizan: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen“. Por tanto, el Decreto-Ley 149, es inconstitucional e ilegal.

Este último Decreto-Ley dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una autoridad administrativa, como medida ejemplarizante contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo como resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos de entidades estatales, la participación en negocios turbios, las actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas son calificadas en la propia disposición jurídica, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. No obstante, la Fiscalía, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representa­ción del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.

En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubiesen respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual. Por otra parte el Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado de la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero instrucciones políticas, antes de controlar y preservar la ‘legalidad socialista’ y velar por el estricto cum­plimiento de las disposiciones legales

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe brindar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los encausados y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez,Ministra de Finanzas y Precios, fue designada por el gobierno pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y, por tanto, arbitrarias.

¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.