Derechos civiles y políticos en la legislación cubana (I)

3Lic. Dayana Cruz Vega

Propuestas Generales

Antes de comenzar el análisis sobre las garantías legales con que cuenta el ciudadano cubano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debemos abordar algunos presupuestos generales sobre la temática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un sustento programático para alcanzar el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y libertades.

En este sentido, la Declaración Universal no es un documento jurídicamente vinculante, sino un sustento programático para alcanzar ese “ideal común” a través del diálogo y la cooperación.

La universalidad de los derechos y libertades consagrados en la Declaración se deriva del respeto a la diversidad en cuanto a las formas y vías para garantizar su observancia y realización en consonancia con la indivisibilidad e interdependencia de las distintas categorías de derechos humanos.

No Existen Categorías Privilegiadas de Derechos Humanos

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, se afirmó que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que todas las categorías de Derechos Humanos deben ser atendidas de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todas el mismo peso, cosa que, en Cuba, no ocurre.

Los Derechos Humanos son universales, pero el contenido específico y la manera en que se  ejercen esos derechos y libertades se corresponden con las particulares y necesidades de cada sociedad.

Tanto la Carta de la ONU, como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagraron como principio la responsabilidad y competencia de los Estados en la protección de los derechos y libertades.

Le corresponde a cada Estado, a partir de la voluntad soberana de su pueblo, establecer las garantías y recursos para el ejercicio y defensa de esos derechos y libertades. Son los Estados los encargados de asegurar las medidas legislativas, las políticas y programas u otras necesarias para promover y proteger la realización de los derechos reconocidos en los citados documentos internacionales.

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DERECHO DE REUNION

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

El inmortal Hugo Grocio, a quien se considera padre el Derecho Internacional Público moderno, fue el primero en usar el concepto inalienable que él atribuyó a algunos derechos individuales entre los que hoy reconoce el derecho de reunión según se recoge en el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles de la ONU en su artículo 21. Este derecho, como los restantes de la Declaración Universal, requiere de un análisis particularizado.

Según algunos autores “Hoy en día, y como reacción contra amargas experiencias de abusos sufridos no sólo en el área de los totalitarismos fascistas, nazis y soviéticos, se subraya enérgicamente que la libertad de reunión no sólo implica el derecho de reunirse pacíficamente para fines lícitos, sino también el principio de que nadie debe ser obligado a concurrir a una reunión en contra de su voluntad o deseo: tanto agravio implica privarle a uno de reunirse lícita y pacíficamente, como obligarlo a participar en una reunión (desfile, parada, etc.), a la que no quiera concurrir.

El individuo tiene, en tanto que persona, -y siempre según los derechos reconocidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU- una serie de derechos de libertad frente al Estado, así como ante los demás individuos y grupos sociales.

Las limitaciones obligadas e ineludibles para la libertad de reunión son principalmente dos: la reunión debe ser pacífica y los fines que se proponga, así como también los medios que emplee, sean lícitos. El condicionamiento a que los fines de la reunión sean lícitos, es algo obvio. No es admisible reunirse para la comisión de delito alguno, para promover alteraciones del orden público, etc.

En cuanto al derecho de no concurrir a una manifestación, desfile o reunión hay que decir que éste aspecto negativo es tan importante como el positivo. La libertad se lesiona de igual manera si a una persona se le impide participar en una reunión, que si se le fuerza a asistir a una reunión, parada, desfile, manifestación, etc.: ambas formas, tanto la positiva como la negativa, constituyen violaciones inaceptables de éste derecho humano fundamental.

DERECHO DE ASOCIACION

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Argelio Guerra
Tal y como en las primeras y más rudimentarias formas de organización social, donde el hombre llegado el momento, decide abandonar la inseguridad de la vida aislada e individual y asociarse a sus semejantes para defender sus legítimos intereses de subsistencia y atraer hacia si los beneficios que le reporta la vida en común, en las modernas sociedades contemporáneas el derecho de asociación del individuo se constituye, por lo que le significa como escudo de protección a sus intereses y aspiraciones, en un derecho de naturaleza inclaudicable.
Los más relevantes documentos en materia de DD HH así reconocen el carácter prístino de este derecho fundamental:
  • Declaración Universal de Derechos Humanos (10-dic-1948):
    Articulo 20.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacificas.
    Articulo 20.2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-dic-1966)
    Articulo 22.1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
De conformidad con estos postulados se constituye la asociación como un conjunto de personas que se unen bajo la sola condición de alcanzar un fin común, licito y determinado, como una organización con carácter estable y con personalidad jurídica propia e independiente del resto de la sociedad.
El derecho de asociación, al igual que el resto de los derechos individuales, tiene su génesis en la misma naturaleza humana, la que conforme a un conjunto de principios o características que le son consustanciales y que pueden servir de modelo para valorar las conductas y las leyes civiles, muestra un deseo o inclinación a la asociación con los demás para conseguir sus legítimos intereses de realización.
Así mismo, este derecho a la libre asociación de los individuos será conculcado y vulnerada la libertad de los ciudadanos, tanto si se limita o condiciona el mismo a elementos ajenos a lo dispuesto con anterioridad, como si se ejerce presión sobre los individuos forzándolos a pertenecer a una asociación determinada.

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.