Cumplir y hacer cumplir las leyes

Foto: Gabor Karpati4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

El  hombre ha estado en una evolución constante desde su origen.  La experiencia, el instinto, y el aprender de sus errores lo ayudaron a sobrevivir. Así también en este transcurrir utilizó su capacidad creadora para resolver los diversos conflictos producidos por la convivencia social. De esa manera el Derecho hizo su aparición y con él, la ley.

La ley como creación humana, adquiere características propias del hombre, en consecuencia la aplica a su favor.

En la intervención realizada por el Presidente Raúl Castro,  en la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 7 de Julio, retomada por un Vicepresidente en la clausura del congreso de los CDR, dice:

“Es hora ya de que los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maestros y profesores, nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada nivel, en resumen, todas las cubanas y cubanos dignos que constituyen indudablemente la mayoría, hagan suyo el deber de cumplir lo que está establecido, tanto en las normas cívicas como en las leyes, disposiciones y reglamentos”

Con frecuencia se dan situaciones discordantes con este deber.  El propio estado y sus instituciones son  los primeros que incumplen lo legalmente establecido.

En un tema de actualidad, las recién creadas Cooperativas no agropecuarias  que responden al Decreto Ley 205  contravienen la Carta Magna o Ley de Leyes (Constitución de la República de Cuba) que dice en su artículo 20 “…se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece.”

Las no agropecuarias no tienen sustento en este cuerpo legal, para crearlas debería modificarse.

 Las Cooperativas en su conformación tradicional (Ejemplo La Cooperativa de Ómnibus Asociados) son autónomas e independientes y tienen patrimonio propio, lo que no acontece con las creadas conforme al Decreto Ley 205.

El control constitucional en Cuba (II)

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Mucho se ha escrito y dicho sobre el tema de cómo hacer efectivo el carácter erga omnes de las disposiciones constitucionales en Cuba. Unos abogan por un control difuso de constitucionalidad, implicando a órganos como la Fiscalía, el legislativo, (entiéndase la Asamblea Nacional), los propios tribunales, pues de la lectura del artículo 5 de la Ley 82 de los Tribunales Populares se dispone que Los tribunales están en la obligación de cumplir la Constitución, por lo que estarían obligados a fallar de conformidad con ésta. Otros apuestan por un sistema concentrado de defensa de la Constitución, mediante la habilitación de un órgano judicial independiente e imparcial que garantice la eficacia de las disposiciones del magno texto.

Sea cual fuere el modelo de control de constitucionalidad a adoptar, lo que sí debe quedar claramente definido para los constitucionalistas cubanos, es que el modelo de control que se decida, para que sea REALMENTE efectivo, deberá establecerse en el marco de un auténtico Estado de Derecho, donde todos los cubanos seamos REALMENTE iguales ante la ley (artículo 41 CR) y donde ésta prime por encima de todos, donde REALMENTE los jueces sean independientes y no deban obediencia más que a la ley (artículo 122 CR), donde los fallos judiciales REALMENTE sean de ineludible cumplimiento por todos (artículo 123 CR), donde el cumplimiento de la Constitución y las leyes REALMENTEsea un deber inexcusable de todos (artículo 66 CR), donde la ley primera de nuestra República REALMENTEsea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre (preámbulo CR).

La ausencia en Cuba de un Estado de derecho conlleva a que los mecanismos establecidos para el control constitucional no funcionen y que ésta se constituya en letra muerta. Más que el necesario Tribunal de Garantías Constitucionales por el que aboga, no sin razón, el colega Lic. Julio A. Ferrer, sería imprescindible en Cuba una real, efectiva y verdadera independencia del Poder Judicial.

El control constitucional en Cuba (I)

constitucion-cubanaargelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

El artículo 127 de la Constitución de la República dispone que  La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos…
En consonancia con tal imperativo, la Ley 83 de la Fiscalía General de la República recoge en su artículo 7 que entre sus objetivos se encuentra  Procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias a la Constitución y las leyes o por aplicación indebida o incumplimiento de éstas…

Está claro el mandato constitucional conferido al ministerio público de velar por la legalidad y ser el garante de que todos los órganos del estado y la sociedad en general cumplan las disposiciones emanadas del magno texto; para ello en su estructura funcional cuenta con el departamento de protección de derechos ciudadanos, encargado de restablecer los derechos y las garantías fundamentales de las personas cuando aprecie que han sido violados.
De tal lectura llegaríamos a concluir que la Fiscalía es el órgano encargado de hacer efectivo el necesario control constitucional al que debe someterse toda la sociedad, para lograr la estabilidad de las propias regulaciones constitucionales.

El artículo 75 de la propia Constitución cubana recoge en el inciso c) como atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales

De la lectura de estas disposiciones se concluye que los mecanismos de control de la Constitución, si bien son difusos, no son de hecho inexistentes;  y si bien es cierto que pudieran perfeccionarse, creo que lo más importante sería preguntarnos ¿Por qué los que existen no funcionan?, ¿Cuáles son las causas de que la Constitución cubana se constituya en letra muerta?
Sobre el tema volveremos en otra oportunidad.

Sin tribunal constitucional, imposible prefeccionamiento del modelo jurídico

.Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese importante órgano podría insertarse dentro del Sistema de Tribunales Populares, concretamente el Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182.´´ El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  • a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

  • b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

  • c) Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

  • d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

  • e) Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

  • f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimará afectada por un acto o disposición que considerará inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe hoy en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano, no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad “Hermanos Saiz” de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargando a la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible concebir y creer que, solo en instituciones de esa naturaleza, puede radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, a los ciudadanos, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir la inobservancia de la legalidad socialista, advertido y denunciado por el Presidente de la República, en su intervención en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer incurable, del que son responsables funcionarios estatales y ciudadanos; que no es posible su erradicación con tan solo realizar operativos policiales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, los llamados bandazos y si con el establecimiento de un sistema mixto , múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, los llamados a constituirse en ejemplo y paradigma a seguir en tan crucial tarea, para la supervivencia del modelo social cubano, el respeto a la Ley, a la Constitución.

 

La supremacía de la Constitución

tomado de bbc mundo

tomado de bbc mundo

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Pasando por las corrientes clásicas del constitucionalismo hasta las tendencias más contemporáneas, desde siempre se ha entendido por los estudiosos del derecho público que la norma reguladora del funcionamiento de un determinado estado, creadora a su vez de los principales órganos encargados de darle vida al mismo, se constituye en la base y fundamento del orden social, así como en el marco en que ha de desenvolverse el orden jurídico.

En lenguaje jurídico, de variadas maneras se ha distinguido la mencionada norma, ya sea como Ley de fundamental, lo que la desmarca del resto de las leyes, elevándola a rango superior desde el punto de vista material y sustantivo. Al decir del profesor Hans Kelsen “el grado superior del derecho positivo es la Constitución”

Tal superioridad le viene dada porque manda y ordena al orden social, económico, político y jurídico que es capaz de crear, y por encima de ella nada se le impone. Solo la sustenta la voluntad de un poder superior constituyente del resto de los poderes que crea, este es, la voluntad del soberano, del pueblo que manda y decide, quien al suscribir el Pacto social cede parte de su libertad al poder que constituye, este es el Estado, para que gobierne conforme a los intereses del poder constituyente. Este principio de soberanía popular constituye la piedra angular para el establecimiento de toda Constitución.

La Constitución como símbolo político integrador, reflejo de toda sociedad heterogénea no puede adscribirse a una sola ideología, sino que debe permitir la existencia de varias como garantía de libertad social y política. La Constitución como cuerpo normativo contiene una declaración de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, de garantías y deberes que vinculan tanto a los ciudadanos como al estado. Asimismo debe consagrar mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales se reavive continuamente el pacto entre la sociedad política y la sociedad civil.

Ante la preeminencia jerárquica que debe ocupar la Constitución en el orden jurídico, cabría preguntarse: ¿Cómo garantizar la supremacía de la Constitución? Intentaremos responder próximamente.

Procedimiento de Habeas Corpus

 

habeas corpus

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo

La locución latina HABEAS CORPUS, significa: “TRAEDME EL CUERPO”, (de la persona detenida): pongan al detenido en mi presencia para que yo, el juez natural examine la causa de su detención y disponga su arresto o su libertad, según el caso.

Se denomina procedimiento de Hábeas Corpus a la Acción Judicial de amparo de la libertad individual, derecho fundamental consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba: La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El artículo 29 de la Constitución de 1940, establecía: Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de habeas corpus ante los Tribunales ordinarios de Justicia.

El Tribunal Supremo no podrá declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente a cualquier otro asunto.

Es absolutamente obligatoria la presentación ante el Tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.

Lamentablemente, tales garantías no aparecen reguladas de modo expreso en la Carta Magna de 1976, siendo relegadas a partir de dicho texto constitucional a una legislación de menor jerarquía, no de rango constitucional; la Ley de Procedimiento Penal, en su capítulo IX, denominado “Del procedimiento de habeas corpus”, artículos del 467 al 478, tratándose entonces de un procedimiento judicial destinado a “tutelar” el derecho de libertad personal contra detenciones arbitrarias, no constituyendo un medio o instrumento jurídico apropiado para garantizar de manera efectiva y cierta, ese inalienable derecho humano: la libertad personal, individual, tal y como lo consagra la Ley primera en su artículo 58, por lo que vale expresar que el ámbito de protección de esa garantía y derecho fundamental es en extremo especifico y muy limitado.

Limitado, para mí, de manera totalmente inconstitucional, por lo previsto en el párrafo segundo del artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal: No procede el habeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto deprisión provisional dictado en expediente o causa por delito.

Tal prescripción, de una Ley secundaria o subordinada, con relación a la Constitución, restringe y limita el ejercicio pleno de la garantía prevista en el citado artículo 58, dejando de ese modo sin protección y tutela jurídica los casos, desafortunadamente no son pocos, en que, a pesar de obedecer la privación de libertad a una sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito, tales resoluciones o instrumentos jurídicos resultan ilegítimos, inconstitucionales, nulos e inexistentes, toda vez que han sido pronunciados con infracción evidente e inobjetable de las formalidades establecidas como requisitos de rígida observancia a ese efecto y de ese modo no se garantiza a todos los que residen en el territorio nacional la libertad e inviolabilidad de su persona, pues los tribuales ordinarios amparados en esa limitación o restricción, reitero inconstitucional, rechazan de plano cualquier promoción o petición de habeas corpus.

 

El derecho de nacer

 

15 familiaOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara.

La Constitución de la República de Cuba plantea.

Artículo 35. El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio. El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación de las nuevas generaciones.

Kirenia Alganza Torres, ciudadana cubana, de 30 años de edad, casada, vecina de Comunidad Alquitex Alquízar, Provincia de Artemisa, tiene tres hijos, menores de edad, de ellos uno posee un impedimento físico, además está embarazada con siete meses y su embarazo ha sido pésimo, certificado esto último por la consulta de Hemopatía en el Hospital Nacional Enrique Cabrera.

Vive con su familia en un pequeño cuarto de la casa de su mamá. Los bajos recursos no le permiten construir un inmueble para vivir sin el hacinamiento en que se encuentran en estos momentos.

Kirenia declara haber pedido ayuda al Órgano Local del Poder Popular de Alquízar, la Seguridad Social ha prometido ayudarla, siendo la realidad este cuadro que hoy posee, pues cuando su hijo nazca no tendrá condiciones en una habitación que no da para más.

 

Disyuntivas en la tutela judicial de la Constitución cubana

5 manual 4OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Desde los mismos inicios de la lectura de la Carta Magna nos encontramos con algo que llama la atención de cualquier lector desprejuiciado, cuando el artículo 3 expresa que: En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Más adelante el mismo artículo refiere que: El socialismo y el sistema político…es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Si se entiende la soberanía como el poder supremo o autoridad no superada ni sometida a las leyes, y cuyo titular (el pueblo) ostenta el poder de legislar, entonces nada puede plantearse en términos de perpetuidad irrevocable por ir contra la misma naturaleza de la condición de soberano. A contrario sensu, si existe algo sobre lo que le está vedado o prohibido legislar al pueblo, entonces, sin lugar a dudas, el pueblo será titular de cualquier cosa, menos de la soberanía.

Igualmente la Constitución cubana a partir del artículo 53 le reconoce sucesivamente a los cubanos el derecho de libertad de palabra y prensa, los derechos de reunión y manifestación, la libertad de conciencia y religión, la inviolabilidad de la persona, etc. Hasta aquí, los anteriores derechos parecen tener primacía jurídica hasta que el artículo 62 de la Ley Fundamental se encarga de demostrar lo contrario cuando irónicamente expresa textualmente: Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

Las frecuentes contradicciones entre los artículos de la Constitución cubana se resuelven y quedan subsanadas sobre la base de la prioridad y la supremacía de la existencia y fines del Estado socialista por sobre los derechos y libertades individuales.

Mención aparte merece la última frase del artículo 62 que dispone: La infracción de este principio es punible, lo que supone que hasta la propia Constitución impone un tipo penal, por demás excesivamente abierto.

Planteada en estos términos, la redacción de la actual Carta Magna propone serias disyuntivas sobre el tratamiento judicial de la misma.

 

Constitución, la más vulnerada

14 constitucionOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

La Constitución, conocida también como Ley de Leyes, Ley Suprema, Ley Fundamental, Carta Magna, entre otras denominaciones, constituye el documento político-jurídico más trascendente de cualquier sociedad, pues regula la base económica del Estado, las formas de propiedad y el sistema de economía, las formas de gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Determina las relaciones entre los órganos de poder, así como los del Estado en su conjunto, estableciendo además, los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.

La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Auto Número Seis de 11 de febrero de 2010, dictado en el Proceso Ordinario No. 1 del propio año, la define, como la fuente esencial de todo el sistema jurídico, en la que se establecen los principios más importantes y puntos de partida para todas las ramas del Derecho.

Uno de esos principios y punto de partida, lo es, el previsto en el artículo 54 de la Ley Fundamental; ´´ Los derechos de reunión, manifestación, y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, ´´. Principio cardinal, inobservado por la Ministra de Justicia, para con los fundadores e iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, al pronunciar con fecha 12 de abril de 2012, la Resolución Número 44, Denegando la Solicitud de Constitución de dicha Asociación, sin sustento legal alguno.

El actuar de la Ministra de Justicia, quebranta y vulnera una garantía constitucional, pero infructuosamente, para nosotros, iniciadores de la pretendida Asociación, el Sistema Jurídico Cubano, no cuenta con un Tribunal de Garantías Constitucionales, que seria el órgano jurisdiccional, con competencia para conocer y resolver, el recurso de inconstitucionalidad a interponer contra ese Acto o Resolución de ese organismo de la administración central del Estado, que niega y restringe tal derecho, consagrado en la Constitución a todos los ciudadanos, en total concordancia con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La no existencia del referido Tribunal, limita en extremo, a los ciudadanos, el acceso a una justicia efectiva y garantista, pues no existe en el actual sistema de tribunales populares, procedimiento legal , mediante el cual sea posible obtener la declaración de inconstitucionalidad, respecto a una disposición de una autoridad estatal, o funcionario público, que se estime inconstitucional, como lo es la mencionada Resolución 44 de la Ministra de Justicia, quedando tan sólo una vía legal, la jurisdicción en materia administrativa, ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, no competente para hacer tal declaración, por lo que a mi juicio, la Carta Magna, carece de la debida protección jurídica y con ello los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

Personalmente, estimo, como paso hacia el perfeccionamiento de nuestro modelo social, que debería insertarse en el cumulo de las transformaciones jurídicas a realizar, que demanda nuestra sociedad actual, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, como una Sala del Tribunal Supremo Popular. ¿Por qué no?, ¿qué lo impide?

 

¿Y la ratificación de los pactos?

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VEIZANT Veizant Boloy.

A fines del pasado mes de septiembre, el  Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon,  recibió en su sede de Nueva York a Bruno Rodríguez Parilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, según informaron medios de prensa nacionales.

Eso hace recordar aquel 28 de febrero del año 2008, cuando Felipe Pérez Roque, ex canciller, estrechaba la mano a Ban Ki- Moon, luego de firmar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.  Hasta la fecha, la tarea quedó inconclusa. Tampoco hubo mejoras en la política interior cubana.

De acuerdo a la cantidad de habitantes, en la isla existe una cantidad desproporcionada de prisiones. Cada mes aumentan las detenciones arbitrarias pese a que la Constitución de la República establece en su artículo 58  “La libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.”

Y el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos tal como lo establece el artículo 66 del mismo cuerpo legal.

También crece el número de encarcelados por motivos políticos en comparación con otras naciones como los Estados Unidos, Latinoamérica  y algunos países europeos.

Las autoridades cubanas, a conveniencia, hablan bien de la ONU. Principalmente si se trata de condenar el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba. Lo que el periódico Granma  califica como “una flagrante violación al derecho internacional, las normas de convivencia pacífica y los derechos humanos”.

A más de 50 años de Embargo, los gobernantes cubanos poco han hecho para tratar de desbloquear su política  y su mente; al contrario: han estrangulado la libertad de los cubanos. El gobierno culpa a Estados Unidos de todo lo que escasea.

Más que eso, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acusa a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América de fomentar cursos para la subversión en Cuba. ¡Paradójica -parapléjica!, esta declaración no es más que el reflejo de la tambaleante “revolución” y de la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.

Pues  la práctica también ha demostrado que tanto el “bloqueo” como la política agresiva y genocida no es del exterior, sino que es desde dentro. Solo contamos con la voluntad de ese pueblo cubano que se ingenia para hacer cumplir con firmeza la justicia.

Y…, ¡se ratificarán los pactos!

 

 

Estado de Indefensión

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4-CALIXTOLic. Amado Calixto Gammalame

Con mucha frecuencia miembros de la sociedad civil nos preguntan, ¿Por qué en Cuba los abogados no pueden representar desde un inicio a las personas detenidas?

La justificación a tan inmerecido actuar es que la legislación penal actual establece determinadas formalidades para poder designar un abogado, por ejemplo, que exista una medida cautelar o ser acusado formalmente ante un Tribunal. ¿Qué ocurre en ese ínterin?

Los operadores del derecho se refieren a las garantías procesales que debe gozar cualquier ciudadano al ser sometido a un proceso penal, ello está contenido en los principios que rigen el derecho penal, llevado a la práctica en el ordenamiento jurídico de cada país, como los textos constitucionales, códigos y leyes de procedimiento. La Constitución de la República de Cuba lo refrenda en su artículo 59 segundo párrafo: “todo acusado tiene derecho a la defensa”, La Ley de Procedimiento Penal también lo refiere en varios artículos como el 282 y siguiente.

Cuán necesaria resulta la representación letrada desde la detención de un individuo. La experiencia práctica lo ha demostrado, solo si se tienen en cuenta aspectos tan necesarios como la correcta orientación, poner en conocimiento del detenido los deberes y derechos que le asisten, y lo más importante, evitar atropellos o injusticias. En casos que por desconocimiento de las autoridades o descuido involuntario, se violan los términos, se mantiene a una persona detenida o con una medida cautelar indefinidamente para luego ponerlo en libertad o imponer una sanción que no se corresponda con dicho actuar. O lo más triste: utilizarlo para arrancar una confesión o como castigo.

El primer párrafo del artículo 120 de la Constitución, establece con meridiana claridad que “La función de impartir justicia dimana del pueblo, y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye” por tanto, detener una persona y no observar adecuadamente las normas penales al respecto, no solo es violatorio de los derechos individuales, sino también de los principios sagrados de la propia sociedad en su conjunto, y de esta forma se impide alcanzar un debido proceso.

Este aspecto se agrava cuando en un proceso se declara la secretividad, (lo cual es muy común) pues en estos casos, aún cuando el reo esta formalmente acusado, no se permite que el abogado tenga a la vista las actuaciones judiciales.

La iniciativa legislativa se ha otorgado al Fiscal General de la República, quien ha informado públicamente que recibió instrucciones para preparar una renovación penal. Confiemos en que se evalúen estos aspectos que sin dudas constituyen un estado de indefensión.

El desamparo jurídico de la población

Lic. Juan Álvarez del Río

La atención a los planteamientos de la población es algo que debiera ser considerado de primer orden.

El artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba establece que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes conforme a la ley.  Sin embargo, a los problemas objetivos, se le suman los subjetivos por las conducta, en ocasiones inadecuada,  de funcionarios de organismos e instituciones que no cumplen la responsabilidad que tienen asignada, es decir, guardan silencio y no dan respuestas, lo que en ocasiones agrava las soluciones e inconformidades de la población.

La Resolución 18-03 está dedicada al procedimiento de atención y tramitación de quejas y denuncias de la ciudadanía.  Según dicha resolución, la atención a los ciudadanos debe ser ofrecida todos los días hábiles en horario laboral, deben ser atendidos por un especialista que brinde un trato agradable, les permita expresarse sin presiones, brindándole orientación y respuesta adecuada a cada caso.

En ocasiones, y de acuerdo a la gravedad del asunto, se deben crear comisiones para la investigación de lo planteado.  El hecho de que no suceda así, es una realidad reiterada que hace que los ciudadanos acudan incluso a la prensa  buscando un amparo legal para recibir respuesta.

También se crea el disgusto de los quejosos cuando la respuesta es verbal, lo que los deja en estado de indefensión para recurrir a instancias superiores o para demostrar que tienen la razón y no se les ha dado.