Escuchando a Moro

Wilfredo Vallín Almeida

La Constitución de la República de Cuba, vigente desde el 24 de febrero de 1976, consagra un grupo importante de garantías de carácter jurisdiccional que vienen a constituir los principios básicos de la justicia penal:

La libertad y la inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Estos principios básicos han sido identificados con el nombre genérico de derecho de seguridad, o sea, la convicción que tiene el individuo de que su persona y sus bienes serán respetados por quienes con él conviven y también por quienes rigen los destinos de la nación y sus agentes.

La libertad y la seguridad de la persona humana están garantizadas tanto de derecho como de hecho en nuestro país.

Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.

Según la doctrina penal, estas premisas constituyen garantías objetivas, referidas concretamente al acusado.

Todo lo escrito hasta aquí, constituye un fragmento de un artículo editado y publicado por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba en 1990 bajo el título Garantías Procesales en el Derecho Penal Cubano.

Para los que vivimos dentro de Cuba y de una forma u otra tenemos relación directa con la realidad jurídica en la que estamos inmersos es más que evidente que ésta formulación y publicación del más alto tribunal de justicia del país no se cumple.

Así las cosas, esta seguridad jurídica ciudadana es, en el mejor de los casos, un documento inoperante, letra muerta, que no es obedecida, especialmente, por esa otra seguridad que se comporta como si para ella no hubiera sido escrita y, por lo tanto, no tiene por qué tenerla en cuenta.

La primera seguridad que debería imperar de verdad en nuestro país, la seguridad jurídica ciudadana de que aquí hablamos, queda para que los profesores de derecho le cuenten a sus alumnos algo semejante a la célebre –y para algunos incautos, hasta bonita- Utopía de Tomás Moro.

 

 

 

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Confiscación y nacionalización en la ley cubana

Laritza Diversent

Ley Núm. 989, impone el permiso de entrada y salida al país, y también dispone la nacionalización, por medio de confiscación a favor del Estado Cubano, de los bienes de los emigrantes cubanos.

Sin embargo, la confiscación no constituye un medio para nacionalizar. El artículo 60 de la Constitución cubana, establece que La confiscación de bienes se aplica como sanción por la autoridad, en los casos y por los procedimientos que determina la ley.

La sanción se impone a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido condenado en sentencia firme por un órgano jurisdiccional competente. Se confisca porque hay violación del orden legalmente establecido por las autoridades.

La Nacionalización es la expropiación de empresas del sector privado por parte del sector público. Generalmente empresas extranjeras.

La ley 989 no expropia negocios o empresas. El Estado confisca a los emigrantes sus casas, autos, ropas, utensilios de cocina, muebles, joyas.

El fin de la nacionalización esta en el destino posterior del bien que se expropia. Un particular podría ser privado de su finca para construir una carretera. Por el bien expropiado, se ofrece una indemnización

El Gobiernos cubano confisca bajo el supuesto de la nacionalización, para no indemnizar. Por medio de la ley 989, se apropia de activos pertenecientes a los que emigran.

De esta forma convierte en ilícito el ejercicio de un derecho humano reconocido internacionalmente: la libertad de movimiento. Violenta la constitución, y las garantías que ésta debe brindar a sus ciudadanos.

LA LEY DICE

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Argelio Guerra Aliaga

Sobre los derechos de Reunión y de Asociación

El Artículo 54 de la Constitución cubana establece que “los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines…”

En la disposición constitucional anterior es posible distinguir varias consideraciones:

  • Los derechos de reunión y de asociación se establecen bajo la condición de garantía a trabajadores clasificados en organizaciones previamente establecidas, limitación que excluye de tales derechos a los individuos que no se encuentran insertados en los grupos declarados oficialmente.
  • Se garantiza el ejercicio de tales derechos con la condición del uso de los “medios necesarios”, sin el empleo de los cuales no se reconoce la posibilidad de materializar la práctica de estos derechos.
  • Se infiere, por tanto, la consagración constitucional no de derechos con carácter universal disponibles para ser ejercidos por todos, sino que de plano se deslindan quienes son los actores facultados para ejercerlos, coartándose de esta manera la libertad y los derechos individuales.
  • Se pone de manifiesto en tal caso, el carácter restrictivo de la preceptiva constitucional, sobrevalorándose como programa de acción dirigido a un pragmatismo político absoluto, en detrimento de la función del magno texto que requiere ser objetivado a través de leyes ordinarias para su desarrollo.