¿Bloqueo o bloqueos?

peligroMsC. Magela Acosta

El pasado 21 de abril del presente año, en ocasión de la visita a la República de Cuba del Presidente de Estados Unidos Americanos los presidentes de los Estados mencionados ofrecieron declaración a la prensa nacional e internacional; el Presidente Castro expresó: El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales.

Luego el Sr. Presidente Barack Obama, afirmó: El destino de Cuba no va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por otra nación, el futuro de Cuba – es soberana y tiene todo el derecho de tener el orgullo que tiene – será decidido por los cubanos y por nadie más.

Pero, ¿qué ocurrirá cuando el bloqueo al que se refirió el Sr. Castro deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano?; ¿quién terminará con el bloqueo interno existente al cual el Sr. Castro no hizo alusión?

Si es cierto que el bloqueo al que está sometido el Estado Cubano es un impedimento para el desarrollo social, económico, científico y técnico del país, donde el mayor afectado es el pueblo, qué decir del bloqueo interno que causa tal o mayor afectación al pueblo de Cuba. Y ejemplos de este bloqueo podemos citar muchos.

Cuando un ciudadano se dirige a un centro de salud a cualquier nivel y no le dan la atención que por derecho constitucional le pertenece de forma gratuita, desde el trato adecuado e inmediato hasta la práctica de cualquier examen, o cuando dicen que no existe tal o mas cual recurso o que el medicamento se agotó. Aludiendo siempre a que es culpa del bloqueo; pero si la persona afectada sabe dónde y cómo reclamar sus derechos, enseguida aparece; y si por necesidad o casualidad tienes que demorarte en el lugar verás como para ciertos ciudadanos amigos o recomendados no tienen ni que esperar la cola y mucho menos la excusa del no hay o se agotó.

En el sector del comercio, cuando a todos no les llega en el mismo tiempo la canasta básica, ni con la calidad requerida e incluso ni siquiera los productos asignados. En las entidades de la Administración Pública, donde un sencillo trámite, que por la norma jurídica debe quedar resuelto en treinta días, en la mayoría de los casos se demora hasta ciento ochenta días (por mencionar un término). O en una estación de la PNR, al ejercer el derecho ciudadano de formular denuncia ante el agente del orden, hay que esperar horas ya que en un número alto de casos, el trato no es diferenciado con el de otro ciudadano infractor de la Ley.

Son tantos los ejemplos de bloqueo que golpean al pueblo de Cuba que es imposible citarlos todos, y al final convergen en la ya famosa frase: la culpa es del bloqueo impuesto por los americanos contra el pueblo de Cuba.

Ahora, cuando se han dado grandes pasos para la normalización de las relaciones entre ambos países, es el momento propicio que nuestro gobierno comience a tomar medidas, ya sea de índole administrativa o legislativa que corten definitivamente con esta enfermedad que no se adquiere, ni se importa y mucho menos se impone por ningún otro estado ajeno, y sí viene dañando al pueblo por varias décadas.

Podría afirmarse que el pueblo cubano quiere y anhela que muera el bloqueo, pero, ¿Cuál enterramos primero?

AJC, Cuba, Bloqueo, embargo, ciudadano

Canales de la información

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Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.

Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.

La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.

Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.

Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.

Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos  en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales  y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.

METEORO 2013

7 Balanza 1Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

A fines de mayo de 2013, tuvo lugar  el Ejercicio “Meteoro”, el cual, se realiza anualmente en toda Cuba, teniendo como objetivo fundamental medir la eficiencia de los planes para proteger la integridad física de todos los residentes en el país y disminuir riesgos ante eventuales fenómenos climatológicos y desastres  naturales, propósito al que Gobierno y Estado por intermedio de la Defensa Civil, dedican especial atención, medios y recursos, actividad en la que se ha acumulado un vasta experiencia.

La realización de tal Ejercicio, me hizo pensar en la necesidad de crear un mecanismo jurídico, que tenga como función cardinal la protección de los ciudadanos ante las arbitrariedades, ilegalidades, injusticias y desmanes de autoridades, funcionarios, empleados y agentes estatales  a todos los niveles , que cuente con poder y fuerza legal  para, de manera efectiva, restablecer la legalidad soclialista cuando sea quebrantada, sin reparar en el nivel o jerarquía del infractor de la legalidad,  protegiendo así, sin distinción alguna, las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

Ese Órgano, sin dudas es el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.  Dicho Tribunal estaría legitimado para hacer pronunciamientos similares al que a continuación cito, emitido  por la  extinta Sala de Garantías Constitucionales  y  Sociales del Tribunal Supremo, Sentencia Número Uno de 14 de enero de 1972, Juez Ponente el Magistrado Luis M. Buch Rodríguez: CONSIDERANDO: que los funcionarios  judiciales que dictaron independiente del testimonio del cónyuge  de la acusada, para el caso de dictar sentencia, lo cual ha originado que ésta se apoye exclusivamente en la confesión de la procesada y el testimonio de su cónyuge, con evidente infracción del artículo veintiséis de la Ley Fundamental, la Sala considera que debe imponer a los citados funcionarios una corrección disciplinaria de represión que se les notificarán a los efectos procedentes. FALLAMOS: que debemos declarar y declaramos inconstitucional y nula la sentencia impugnada y ordenamos a la Sala Tercera de lo Criminal de la Audiencia de La Habana que dicte nueva sentencia teniendo siempre en consideración lo resuelto por esta Sala.

La no existencia, de tan importante órgano jurídico, su incomprensible desaparición del sistema jurídico cubano a partir de la Constitución de 1976, posibilita como acontece en la actualidad, que un número elevadísimo de ciudadanos cubanos, hayan resultado  sancionados, con infracción de la garantía fundamental prevista en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal; Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos; pues la declaración de culpabilidad, respecto a ellos, ha sido hecha, por los juzgadores, con apoyo exclusivo en sus propios testimonios o confesiones, única prueba practicada en el juicio oral. Lo peor, ante tamaño irrespeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y procesales, los sancionados no tienen a que autoridad u órgano acudir en reclamó de respeto a esos derechos, quedando de ese modo en TOTAL DESPROTECCIÓN y DESAMPARO, sin acceso a una JUSTICIA efectivamente garantista, fenómeno o desastre no natural, contra el cual también deben ser protegidos todos los cubanos.

 

Violencia por encima de la ley

1 odalinaODALINALic. Odalina Guerrero Lara

La Ley N0.59. Código Civil cubano plantea:

ARTÍCULO 129.1.- La propiedad confiere a su titular la posesión, uso, disfrute y disposición de los bienes, conforme a su destino socioeconómico

Rolando González Camacho, recibió de su abuelo Eufemio González Martínez, una vivienda situada en Apartamento 4 del inmueble 19213ª con frente a la Avenida 81 entre 192 y 194, Reparto Alturas de la Lisa, La Habana.

Dicha propiedad se adjudicó,  según Escritura número 1120 de Donación de vivienda, emitida en la Ciudad de la Habana, el 25 de agosto de 2009  ante el Licenciado Uber Rae Arias Rodríguez que fuera  notario de calle 37 número 4604 en el Municipio Playa.

Rolando, a pesar de sus 30 años de edad, es representado legalmente por su mamá y su padrastro, ya que padece de una hepatitis C, epilepsia parcial sintomática del lóbulo frontal, trastornos de la migración neuroblástica y asma bronquial; según certificado médico emitido en fecha 23 de junio del 2013, por el Dr. Víctor Raúl Frades García de la consulta de Neurología del Hospital Dr. Salvador Allende de la Habana.

Sus enfermedades no le limitan para sostener una conversación, por lo que al personarme en su casa,  me expresa con alegría y pesar que su abuelo le dejó una casa donde no ha podido ni siquiera cocinar pues la vecina colindante María del Pilar Olivera Delgado, aprovechando un período de ausencia de moradores en la casa, rompió una pared medianera con la de ellos y penetró en  su vivienda.

Dice que ha conversado con María del Pilar para que se retire, pues no quiere problemas con sus padres, y siente temor de la policía.

En agosto del 2009, Rolando emitió un PODER ESPECIAL ante notario a nombre de su padrastro, Jorge Luis García Casañas, su representante legal.  García Casañas ha reclamado a todas las instancias, para que sean extraídas de su domicilio,  no solo la persona que en agosto del 2011, rompió la pared e ilegítimamente penetró en el domicilio de Rolando, sino también  otras dos personas que María del Pilar Olivera Delgado ha añadido a esta inconcebible violación.

Por otra parte, el fallo de los organismos competentes en este caso  han sido contradictorios y sin claridad alguna.

El absurdo jurídico de dar respaldo legal a las ilegalidades cometidas en su domicilio, ha traído a Rolando González Camacho  daños que pudieran resultar  irreparables, dada la repercusión que están teniendo en su salud.

La pregunta obligada entonces es: ¿quién responde por la situación de este compatriota que sufre tortura en su propia morada?

El Techo Sobre la Cabeza

OLYMPUS DIGITAL CAMERAespeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Francisco se presenta en nuestra sede con un problema en su vivienda el cual comenzó aproximadamente en marzo de 2002.  En su haber posee gran cantidad de documentos enviados a diferentes instancias, pero a pesar de todos sus esfuerzos nada ha resuelto aun.

Se trata de daños en su vivienda por filtraciones provenientes del apartamento de los altos, descritos en dictámenes técnicos realizados por el Departamento encargado al efecto, correspondiente a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda  (UMIV) del Municipio Plaza de la Revolución.

En junio de ese mismo año, y a solicitud del interesado,  le comunican que el vecino que le ha causado estas afectaciones a su inmueble ha sido multado con la suma de $100.00 moneda nacional  por el mal estado de la red hidrosanitaria.

Las filtraciones continuaron, y ya no solo afectaban el techo y las paredes del baño sino también las del comedor.

En julio de 2002 la UMIV procede a  la tasación del daño en techos y paredes ascendente  a $503.70 moneda nacional y paraliza el proceso con posterioridad, por haber dejado de caer el agua.

Al no haberse solucionado el problema de manera definitiva por los ocupantes del apartamento en cuestión,  las filtraciones comienzan otra vez en el 2009, esta vez de aguas albañales.

En la actualidad las filtraciones han sido eliminadas pero el deterioro de la vivienda de Francisco, producto del tiempo en que estas estuvieron activas, es evidente.

A pesar de todo (y sin que el afectado haya obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución)  en fecha Noviembre de 2010 se le confeccionó documento de reclamación con la pretensión concreta  de que dicha instancia dictara  Resolución al amparo de lo establecido  en la Resolución 4-91 “Reglamento  de los Edificios Multifamiliares” articulo 48 inciso e),  valorando las acciones que deberán acometer los vecinos responsables del deterioro de su vivienda .

Al parecer, Francisco tendrá que acudir a una vía más expedita (¿tribunales?) para resolver este problema… si no quiere que el techo le caiga encima.

 

Derechos civiles y políticos en la legislación cubana (I)

3Lic. Dayana Cruz Vega

Propuestas Generales

Antes de comenzar el análisis sobre las garantías legales con que cuenta el ciudadano cubano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debemos abordar algunos presupuestos generales sobre la temática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un sustento programático para alcanzar el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y libertades.

En este sentido, la Declaración Universal no es un documento jurídicamente vinculante, sino un sustento programático para alcanzar ese “ideal común” a través del diálogo y la cooperación.

La universalidad de los derechos y libertades consagrados en la Declaración se deriva del respeto a la diversidad en cuanto a las formas y vías para garantizar su observancia y realización en consonancia con la indivisibilidad e interdependencia de las distintas categorías de derechos humanos.

No Existen Categorías Privilegiadas de Derechos Humanos

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, se afirmó que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que todas las categorías de Derechos Humanos deben ser atendidas de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todas el mismo peso, cosa que, en Cuba, no ocurre.

Los Derechos Humanos son universales, pero el contenido específico y la manera en que se  ejercen esos derechos y libertades se corresponden con las particulares y necesidades de cada sociedad.

Tanto la Carta de la ONU, como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagraron como principio la responsabilidad y competencia de los Estados en la protección de los derechos y libertades.

Le corresponde a cada Estado, a partir de la voluntad soberana de su pueblo, establecer las garantías y recursos para el ejercicio y defensa de esos derechos y libertades. Son los Estados los encargados de asegurar las medidas legislativas, las políticas y programas u otras necesarias para promover y proteger la realización de los derechos reconocidos en los citados documentos internacionales.

¿SABIA USTED QUE…?

En carta dirigida por el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, quien más tarde sería reconocido por la Historia nacional como el “Padre de la Patria”, al ciudadano José Morales Lemus, Ministro Plenipotenciario de la República de Cuba en armas y fechada en Guáimaro el 15 de abril de 1869, Céspedes decía:

“Más tarde remitiré a Ud. íntegra esa ley fundamental de nuestra República. En ella se reconocen y garantizan los derechos de todos los hombres sin distinción alguna de raza o condición, se establece la independencia completa entre los tres grandes poderes de la nación. El legislativo reside en una Cámara de Representantes…. El ejecutivo será ejercido por un Presidente responsable de sus actos ante la Cámara… El poder judicial será objeto de una ley especial, quedando consignada su completa independencia de los otros. Esta constitución, fundada en los principios más absolutos de la democracia, ha sido acogida por el pueblo con las más vivas demostraciones de regocijo y entusiasmo”.

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com

LA LEY DICE

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Licenciada Laritza Diversent

DEL REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (II)

El registro de lugares se dispone para tratar de localizar en ellos al acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación, estando facultados para disponerlo -ya sea de dia o de noche- tanto el Instructor como el Fiscal, en cualquier edificio o lugar público del territorio nacional. (Artículo 215 de la Ley de Procedimiento Penal)

Lugares públicos para la Ley de Procedimiento Penal

La propia Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 216, define cuales son los lugares que se consideran específicamente edificios o lugares públicos, a los efectos de esta diligencia. El artículo 217 aclara que para la entrada o registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, basta pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

Domicilio para la Ley de Procedimiento Penal

A los efectos de las disposiciones de este capítulo, se reputan domicilio, de conformidad con el artículo 222:

  1. Los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;
  2. El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

La ley, en su artículo 223, aclara que los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicios no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente, pero lo son de las personas que se hallen a su frente y residan con sus familiares en la parte del edificio destinado a vivienda.

¿Cómo se procede al registro en un domicilio privado?

Luego de cumplir los trámites establecidos por la Ley de Procedimiento Penal, la autoridad puede proceder a la entrada y el registro en el domicilio, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro domiciliario se hace siempre en presencia del morador principal y si no es localizado, o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad.

En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos. Como puede apreciarse, se exige por la Ley que, salvo imposibilidad justificada, presencien el registro dos vecinos, que servirán como testigos de la forma en que se practica la diligencia y de sus resultados.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente y en presencia de las personas antes mencionadas. Del mismo se levanta acta que firman todos los participantes y si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

Excepciones

En el artículo 221 se regula, no obstante lo anterior, que los agentes de la policía pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio:

  • cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevarlo a efecto ésta se refugia en él;
  • cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito o cuando un presunto delincuente, inmediatamente perseguido, se refugie en una casa.

Para estos casos urgentes y excepcionales no son de aplicación las formalidades expuestas y la ley no exige que se confeccione acta sobre sus resultados.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Licenciado Frank Paz

La Constitución de la República, en su articulo 32, reconoce que “Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiarla. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana…”

Don Joaquín, cubano de nacimiento, anciano digno, probo y emprendedor; decidió en 1946 probar fortuna en otras tierras. Cruzando mares, llegó a Venezuela. En aquella época ese país no le gustó, hoy mucho menos. ¿Por qué será? Siguió viaje a la hermana tierra mexicana que lo acogió como un hijo. Allí trabajó y creó fortuna. Conoció el amor y formó una bella familia. En 1975, México, lo premió y reconoció como su ciudadano.

En febrero, todos los años, Don Joaquín emprende el viaje azaroso de Salomón. Regresa a su tierra natal a visitar a sus seres queridos y amigos, que aún allí le quedan: lazos afectivos que siempre mantuvo y cultivó con gran amor. Hoy sus hijos y nietos, todos mexicanos, siguen sus pasos hacia la amada tierra que lo vió nacer.

Sin embargo, antes de viajar, Don Joaquín tiene que realizar los gravosos y costosos trámites que le exigen las autoridades de emigración y extranjería para poder entrar en la isla. Siendo ciudadano mexicano, necesita tener siempre a mano un pasaporte cubano para andar libremente en su tierra natal, Cuba ¿Será que en nuestro país hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

UNA ASOCIACION NECESARIA Y DIFERENTE

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“Así dijo el Señor: Guardad
derecho y haced justicia…”
(Isaías 56:1)

Argelio M. Guerra

Si de algo tendrían que jactarse y lamentarse, respectivamente, el gobierno y pueblo cubanos al cabo de 50 años de revolución, es por el mantenido desinterés en la promoción y divulgación de las leyes nacionales por parte del primero, y de la total indiferencia respecto al conocimiento de sus derechos, deberes y de las leyes y disposiciones que los gobiernan por parte del segundo, todo lo cual ha conducido a un estado de cosas donde, tanto gobierno como pueblo, conviven por provecho propio al margen del cumplimiento de la ley, hundiéndose al país en un profundo abismo de incoherencia y anarquía social.

Media centuria de penurias y penalidades, en la mayoría de los casos añadidas por la ignorancia, intencional o no, en materia jurídica, sobrecargan ya con toneladas de pesares la espalda del pueblo cubano. Según la clásica ortodoxia marxista, a las vicisitudes propias del imprescindible período de tránsito y etapa socialista, período por demás largo y complejo de acuerdo con los fundadores alemanes, como pasos previos para el disfrute del idílico paraíso comunista, habría que agregar en el caso cubano, las calamidades de otro periodo, el especial, no menos funesto y que a todas luces parece igualmente interminable.

Tomando en consideración estas realidades, y como parte de los esfuerzos que desde la sociedad civil se articulan para intentar de algún modo enderezar el torcido tronco social, es que coinciden un grupo de abogados en la brillante y plausible idea de dar vida a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) con la original motivación de mitigar la orfandad jurídica en el seno del tejido social y exigir el respeto a la ley tanto por los gobernantes como por los gobernados. Si tendría que caracterizar a la aún joven asociación, no se me ocurren mejores calificativos que necesaria y diferente. Necesaria, por cuanto inevitablemente para el mantenimiento del orden ciudadano y dada la determinación de su propia naturaleza es indispensable que los actores cumplan con las reglas establecidas del juego social.

Diferente, por apropiarse del espíritu evangélico de no hacer distinción de personas y poner sus servicios en las manos de quien los necesite sin importar la filiación ideológica de cada cual, eso si, con la invariable premisa -como sello distintivo- de apostar por el respeto y protección a los derechos de la persona humana, y especialmente de los más vulnerables.
Con tales credenciales, como cristiano y cubano levanto las dos manos para agradecer a Dios por contar, enhorabuena, con tal asociación con tan nobles propósitos.

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.