Sin ética y sin responsabilidad

Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

El viernes 20 de junio del 2008, el periódico Granma en su página seis, publicó un artículo del periodista Roberto Pérez Betancourt, titulado “Justicia con ética y responsabilidad en Cuba”, una síntesis de la intervención el día anterior, en el programa televisivo Mesa Redonda del Dr. Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad encargada de impartir la justicia, dimanada del pueblo y ejercida a nombre de éste, por dicho Tribunal y los demás Tribunales que la ley instituye, según lo previsto en la Constitución de la República de Cuba. Según Pérez Betancourt, Remigio Ferro expresó lo siguiente:

Impartir justicia en Cuba, implica una alta responsabilidad para cumplir las expectativas y confianza otorgadas por el Estado y la población, de ahí la necesidad de desempeñarse con profesionalidad y ética adecuadas.

En el transcurso de la Mesa Redonda Informativa de la radio y la televisión cubanas, Ferro subrayó este jueves la importancia de cumplir las garantías del debido proceso con alto compromiso de severidad y trasparencia.

Lamentablemente para los cubanos, no ocurre así. Lo más doloroso es el irrespeto por el cumplimiento de las garantías del debido proceso, tan importantes; criterio en el que coincido con Remigio Ferro, un mal que corroe todo nuestro sistema de enjuiciar, principalmente en materia penal.

El debido proceso, según la definición que ofrece, el Dr. Jorge Bodes Torres, en su libro “Sistema de Justicia y Procedimiento Penal en Cuba”, específicamente, en el Tema 8 “El juez, la norma y el debido proceso”, cito: es algo así como un principio del derecho procesal, un principio global de aquellos principios específicos que corporifican el ritual concreto de un sistema.

Pero, además de trazar las grandes líneas a que debe someterse el trámite especifico en cualquier sistema, el ´´ debido proceso´´ procura la equidad entre las partes, evita que una de ellas atropelle a la otra, lo que hasta ahora, en su devenir histórico, se ha manifestado como muro de contención del Poder del Estado, para impedir que este, en desigual contienda, afecte los legítimos intereses individuales de los ciudadanos; de ahí que éste concepto aparezca íntimamente relacionado con los derechos humanos..

Con preocupante regularidad, se ven afectados los legítimos intereses del ciudadano, ante la inexistencia de ese muro de contención del Poder del Estado, pues en modo alguno es procurada esa equidad que entraña el debido proceso. Esto es posible constatarlo en incontables procesos penales, pero me referiré a uno sólo, muestra elocuente del irrespeto a las garantías del debido proceso. Causa número 131 del año 2011, de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, por los delitos de falsificación de edocumento privado y malversación, en la que figura como presunta entidad afectada, la Corporación CIMEX S.A, razón por la que las autoridades de Instrucción Penal, Fiscalía y Tribunales, no podían bajo ningún concepto proceder de oficio ante tales hechos, lo que solo es posible en los casos que haya formulado Denuncia el representante legal de dicha entidad, o sea de CIMEX S.A, como lo exige el apartado 5to. del artículo 336 del Código Penal, precepto legal ratificado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Dictamen número 419 de 29 de octubre del 2002, esclareciendo a la vez, que el legislador en el apartado 5to. del artículo 336, referido a malversación, fijó un requisito de procedibilidad, para aquellos hechos cometidos por funcionarios o empleados de una entidad privada que teniendo el cuidado, la administración o la disponibilidad de los bienes de esta se apropien o consientan que otros se apropien de ellos en perjuicio de la entidad, en cuyo supuesto se procedería siempre que mediara denuncia del representante legal de la entidad, requerimiento, exigencia legal, requisito de procedibilidad o perseguibilidad, no cumplimentado en el referido proceso, puesto que no medió denuncia por el representante legal de la Corporación CIMEX S.A, entidad privada, presuntamente afectada en su patrimonio, en la que laboraba la encartada principal, la que resultó sancionada como autora de tales delitos a la doce años de privación de libertad, con quebranto evidente en la fase preparatoria de la formalidad que acabo de explicar, motivo más que suficiente, por el que, el letrado que asumió la impugnación de la sentencia, solicitara del Tribunal Supremo Popular, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, casación de oficio para dicha sentencia, al apreciar la infracción de las formas y garantías esenciales del proceso, defecto legal, muy trascendente al momento de dictar el fallo.

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, declaró Sin Lugar el recurso en cuestión, legitimando la ilegalidad del proceso; nunca antes había visto, un pronunciamiento, de la más alta instancia de la administración de justicia del país, tan incongruente con la profesionalidad y la ética, a que se refiriera el Dr. Ferro en el mencionado programa informativo de la televisión cubana, pues la sentencia en cuestión, fundó su fallo, en el Segundo y último de sus CONSIDERANDOS, el más exiguo y discordante con el derecho, las garantías procesales y la realidad de nuestro sistema jurídico, de los que he leído:…Que el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal autoriza al Tribunal que conoce la Casación, casar de oficio una sentencia, cuando el Tribunal de la instancia inferior no ha hecho uso oportuno de las facultades que al mismo le otorgan los artículos 263 y 351 de la propia Ley o cuando se han infringido las normas o garantías esenciales del proceso, de manera que puedan resultar trascendente al fallo, lo que no ha ocurrido en el proceso bajo control, por lo que es procedente rechazar la excitación que se hace por la recurrente HERRERA ZULUETA para el empleo de dicha facultad, ya que lejos de lo alegado, la entidad constituye un ente estatal

Esto, que puede considerarse la antítesis del desempeño del Máximo Órgano de la Judicatura Cubana, sienta un nefasto precedente, pues el pueblo, su legitimo soberano y titular, le ha encargado la impartición de justicia; sin embargo, se puso a un lado ese deber que le impone, el citado precepto, artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, de declarar de oficio el quebrantamiento de forma, pues no cabe dudas del no uso oportuno de las facultades que le atribuyen los artículos 263 y 351 del propio texto legal, previsto en el artículo 59 de la Constitución de la República: … Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen…

Herrera Zulueta fue encausada y condenada, sin la observancia de las formalidades y garantías establecidas legalmente, ya que es del dominio público, que la Corporación CIMEX S.A, es una entidad no estatal, su propia denominación la identifica como una Sociedad Anónima, por ende mercantil y según el artículo 2 inciso f de la Ley número 77 De la Inversión Extranjera, una Empresa Mixta y por tanto no estatal. clasificación prevista en el mencionado Dictamen 419, el cual estableció que en el concepto genérico de entidades privadas, previsto en el Código Penal, a los fines del Decreto-Ley 175 de 17 de junio de 1997, se entenderán todas aquellas entidades que no son estatales o que no aparecen expresamente recogidas en los respectivos preceptos penales, entre ellas las sociedades anónimas o empresas mixtas, como es el caso de la Corporación CIMEX S.A; Empresa no estatal o privada, siendo su actividad fundamental comercializadora, con sede en el Edificio Sierra Maestra, calle 1ra. esquina a 0, municipio Playa, La Habana, inscripta como tal, en el Registro Mercantil Central, del Ministerio de Justicia, Tomo 1192, Folio 30, hoja 16768.

Me resisto a pensar, que la Sala de Casación, desconozca las prescripciones legales y los datos y las disposiciones legales emanadas del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a los que me he referido , pero en verdad, desconocimiento, es lo que pone de manifiesto la Sentencia en cuestión, resolución del Tribunal Ad Quem, Tribunal de derecho, no ajustada a las regulaciones legales previstas en el artículo 80 inciso 4 de la Ley de Procedimiento Penal. Tal Sentencia no expresa, como es su deber, los fundamentos de derecho sobre los que sustenta la conclusión de que no fueron quebrantadas las garantías esenciales del proceso y mucho menos, en qué prescripciones legales se apoya para afirmar categóricamente, que la Corporación CIMEX S.A, constituye un ente estatal.

Justicia con Ética y Responsabilidad, continua siendo un objetivo por alcanzar; no estuvo incluido en el orden del día del recién concluido VII Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, a pesar que de acuerdo con las palabras de la Ministra de Justicia es vital para el reordenamiento económico que vive el país…, Debe ser, igualmente vital para el reordenamiento jurídico, de la nación cubana.


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