LA LEY DICE

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Argelio Guerra Aliaga

Sobre los derechos de Reunión y de Asociación

El Artículo 54 de la Constitución cubana establece que “los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines…”

En la disposición constitucional anterior es posible distinguir varias consideraciones:

  • Los derechos de reunión y de asociación se establecen bajo la condición de garantía a trabajadores clasificados en organizaciones previamente establecidas, limitación que excluye de tales derechos a los individuos que no se encuentran insertados en los grupos declarados oficialmente.
  • Se garantiza el ejercicio de tales derechos con la condición del uso de los “medios necesarios”, sin el empleo de los cuales no se reconoce la posibilidad de materializar la práctica de estos derechos.
  • Se infiere, por tanto, la consagración constitucional no de derechos con carácter universal disponibles para ser ejercidos por todos, sino que de plano se deslindan quienes son los actores facultados para ejercerlos, coartándose de esta manera la libertad y los derechos individuales.
  • Se pone de manifiesto en tal caso, el carácter restrictivo de la preceptiva constitucional, sobrevalorándose como programa de acción dirigido a un pragmatismo político absoluto, en detrimento de la función del magno texto que requiere ser objetivado a través de leyes ordinarias para su desarrollo.
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CASO RESUELTO

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Licenciado Wilfredo Vallín

A pesar de los muchos casos que van llegando a la Asociación Jurídica Cubana con problemas y absurdos jurídicos de muchos tipos, ya no nos asombrarnos demasiado con lo que nos toca leer a menudo, aunque hay algunos ejemplos que sobresalen. El siguiente es uno de ellos.
El ciudadano Walfrido atendía cierta mañana a una colega, abogada como él en la sala de su casa. Hablaban animadamente María, esposa de Walfrido, éste y Maritza, la visita. En lo más interesante de la conversación tocaron a la puerta. Al parecer, personal de la campaña antiaegypti.
María, se levantó para atender a los recién llegados en tanto que su esposo y la colega visitante permanecieron conversando en la sala.
María creyó que se trata de una visita rutinaria de los inspectores y los llevó al patio trasero donde tiene su tanque de agua, pero… no era una visita rutinaria. Los campañistas habían venido porque se detectó un foco con vectores en el patio aledaño al edificio provocado al parecer por restos de basura vertidos por algunos inquilinos . La esencia de la visita era para comunicar que todos los apartamentos que dan a ése patio aledaño serían multados, sin excepción, con 100.00 pesos.
Hasta aquí esto parecería ser muy natural, pero…
Ni lentos ni perezosos, los abogados le pidieron a los de la campaña la resolución que les autorizaba semejante medida. Los segundos les muestraron un papel muy deteriorado que apenas podía leerse y donde no quedaba claro nada. Al final de la discusión que se generó, los de salud pública terminaron diciendo que ellos “sabían que no podían aplicar esa multa”.
¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en un lugar donde las personas hubiesen sido incapaces de reconocer y exigir sus derechos?
Lo más probable es que les hubiesen impuesto esa medida que aún sigue estando muy nebulosa para los visitados por estos “representantes” del Ministerio de Salud Pública.
Hasta donde sabemos, en derecho la responsabilidad (sobre todo en la esfera de lo penal) es total y absolutamente individual. Imagínense ustedes el caso de un asesinato cometido en una cuadra. Como la policía no logra encontrar pruebas para acusar al responsable, detiene a todos los ciudadanos del entorno con responsabilidad penal, que son sancionados a largas penas de prisión y… caso resuelto. Cualquier similitud con el caso narrado aquí…no es pura coincidencia.

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com