Sobre el Derecho de Propiedad (I)

prop intelectualMerida de la C. Pastor - CopyLic. Mérida de la C. Pastor Masson
Mencionemos ante el todo el Título I, Disposición preliminar en su artículo 127 del Código Civil de la República de Cuba, en el que se expresa que: El derecho derivado de la relación jurídica sobre bienes recae directamente sobre un bien determinado y confiere a su titular la facultad de ejercitarlo de acuerdo con lo establecido en la ley.
Se suceden otros artículos en nuestro Código que, a partir del Título I y hasta el III, nos informan sobre el Derecho de Propiedad, tan importante como vapuleado por los desconocedores de la Ley.  Abordaremos algunos que pueden ser de debate ya que comúnmente vemos, oímos y tergiversamos lo que la ley expresa.
En el artículo 129 se expresa que la propiedad confiere a su titular la posesión, uso, disfrute y disposición de los bienes conforme a su destino socioeconómico.
Podemos citar como ejemplo una vivienda en la que su propietario tiene la acción contra el tenedor y el poseedor de la misma, o lo que es lo mismo, su legítimo dueño la reclamará si fuere necesario, pero el desconocimiento trae como consecuencia que cuando esto ocurre se inicien largos y tediosos procesos legales que pueden evitarse si a la población se le dan a conocer o se discuten y difunden sus derechos y sus obligaciones.
En las Concordancias que aparecen en el Código Civil de la República de Cuba, anotado y concordado por el Profesor Leonardo B. Pérez Gallardo, podemos ampliar el conocimiento acerca de propiedad y posesión, las que de ordinario van unidas.  Cuando no es así, mediante la reivindicación se permite que el propietario del bien recobre la posesión que indebidamente perdió.
En dichas concordancias que generalmente son sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular se expresan muy claramente casos cuyas sentencias son de extrema utilidad, basándonos en lo expresado en párrafos anteriores, que por el desconocimiento de la ley se llega hasta estos hechos.

Renacer del Registro de la propiedad, (¿para personas naturales?).

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Rodrígo Chávez Rodríguez.

Hoy se pretende hacer resurgir la actividad registral en Cuba. Es como si de un plumazo o por imperio de la ley, dicha actividad hubiera sido proscrita. El cubano de hoy, apenas conoce de esta actividad, mucho menos de su trascendental importancia en la vida socio-administrativa. Es por así decirlo, una asignatura pendiente, de la cual no sabemos quién será el profesor que nos preparará para los tan anunciados cambios que según se dice, se están operando y se sucederán otros, no sabemos si radicales o reparadores. Una cosa hay cierta, se aprobó y se sancionó en un tiempo relativamente corto un instrumento identificado como decreto ley no 288, que vio la luz exactamente a los 12 días de 2012, ¿prematuro al nacer o prematuro al andar?

Lo cierto es, que se han despertado expectativas e incertidumbre en los más amplios sectores de la población y poco se ha hablado sobre el tema de los registros. Cubanamente, uno de los pocos registros a que estamos habitualmente a concurrir, es el registro del estado civil, ya sea por una certificación de nacimiento, de defunción u otra, no así con el registro de la propiedad, que por largos años vivió un letargo o un largo sueño reparador, y que llegado el momento, se le ha dado el conocido ¡de pie!, aunque más que un sueño reparador, pudiésemos decir el sueño del olvido. Ahora se nos presenta con nuevos matices, estamos en presencia de la típica carrera contra reloj, contra reloj, no para el sector estatal, sino para el sector poblacional, pues es obligatoria la inscripción de la propiedad inmobiliaria personal, cuando el titular pretenda consumar un acto traslativo de dominio , por su voluntad expresa, amén de los trámites que debe cumplimentar previos a este acto. En el sector estatal ocurre todo lo contrario, ya es praxis, como con la misma brevedad con la que nació y comenzó a andar el mentado decreto ley 288, un almacén destinado a materia prima se convierte en un almacén para alimentos o se adapta a vivienda, -que por cierto, atendiendo a lo estipulado en el cuerpo de este decreto ley, si hasta ahora nos lamentábamos por no existir fondo habitacional, para solucionar este problema; en las condiciones actuales, sería como buscar una aguja en un pajar la solución

No entiendo la relación entre “prisa” y “pausa” a que se convoca. Si se hiciera mención a la cantidad de inmuebles estatales inscriptos en los registros, la cifra sería ínfima y los responsables de cumplimentar esta tarea, permanecen impávidos, obviando y menospreciando la actividad registral.

Se pretende que la inscripción de los inmuebles en los registros por sus titulares, inscribir un inmueble en el registro de la propiedad por su titular, es sinónimo de adquirir justo título de dominio. Pero, ¿hasta dónde se respeta o podrá respetarse este concepto?

Ahora se maneja casi como un mandato de lo tomas y no lo dejas, pero ¿cómo marcha el proceso de inscripción de los inmuebles estatales en los registros de la propiedad?, proceso que no es el padre, sino el abuelo, del que se quiere acelerar hoy, ¿dónde está el registro de inmuebles urbanos, que coexistió con el período de la ley de Reforma Urbana y su consejo superior?, ¿dónde fue a parar la información que él atesoraba?

No se trata de ayuda, cooperación ni supervisión por parte de estado sobre los actos traslativos de dominio y los derechos reales; se trata de que como titular, pueda disponer de mis bienes libremente, sin mediaciones, ni condiciones y que como bienes patrimoniales, podamos enajenar a nuestro arbitrio.


GARANTIAS CONSTITUCIONALES

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Licenciado Frank Paz Lorenzo

La Constitución de la República de Cuba en su articulo 34 establece que “Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

  • en la protección de sus personas y bienes;
  • -en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta

Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

  • en la obligación de observar la Constitución y la ley;
  • en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
  • en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo”.

Andrés es un joven nicaragüense de origen humilde. Llegó a Cuba por mediación de la iglesia a la cual pertenece. Dios sin tardanza lo bendijo con el milagro del amor. Se enamoró de esta tierra increíble, de sus hijos de gran corazón y solidarios, y también de Elisa, una bella muchacha que comparte su fe religiosa. Ambos se casaron y Andrés obtuvo la categoría migratoria de extranjero residente permanente en Cuba.

Pasó un águila por el mar y Andrés enfermó: su vesícula, no funcionaba. Los problemas gastrointestinales lo torturaban. Después de mucho bregar logró llegar al Instituto de Gastroenterología “Luis de la Puente Uceda”, donde un diligente equipo médico le hizo los estudios correspondientes. Todo bien hasta que llegó la triste noticia : “no te podemos operar, eres extranjero y tienes que pagar en moneda libremente convertible (CUC)”

Luego de mil carreras, diez mil sinsabores, un millón de gestiones de la iglesia y otro tanto de consejos de amigos que lo orientaron para resolver su problema; SERVIMEC, entidad encargada por el Consejo de Estado de estos asuntos, le dió una carta que lo exoneraba del pago.

Parece increíble, pero dicha misiva de poco le sirvió a Andrés. El director del hospital le dijo que las orientaciones del Ministerio eran otras, y que él, tenía la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, incluso al punto de analizar a los médicos que le hicieron los análisis sin antes consultarle.

Para este director era más importante hacer valer las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que la misma vida. El no podía guiarse por la Constitución de la República de Cuba y los derechos humanos que ella reconoce. ¿Será que en nuestro país, hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Carta de las Naciones Unidas no ofrece ninguna definición clara de lo que son derechos humanos, ni menciona las medidas concretas que deben tomarse cuando ellos sean violados. En la Conferencia de San Francisco, por otra parte, se hicieron algunas sugerencias a efecto de que debería redactarse un proyecto de declaración de los derechos humanos.

La Comisión de los Derechos Humanos, como organismo subsidiario del Consejo Económico y Social decidió, en 1947, que el proyecto debería contener una declaración de las estipulaciones y las medidas para ponerlo en vigor. La Declaración Universal de Derechos Humanos, basada en el texto preparado por la Comisión sobre Derechos Humanos, fue adoptada sin objeción alguna por la Asamblea General, en 1948, el 10 de diciembre de ese año.

En sus treinta artículos, la Declaración señala los derechos básicos y las libertades fundamentales a los que tienen derecho, en cualquier parte, todas las personas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, bienes, nacimiento u otra condición.