Estado de peligrosidad

Lic. Laritza Diversent Cámbara

La embriaguez habitual, la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial son índices, que la legislación penal utiliza para decidir el estado de peligrosidad de una persona, es decir, su inclinación a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista.

Son frecuentes, en la ley cubana, las referencias a la ideología comunista. En la protección de las normas de convivencia y de la moral socialista existen términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan para castigar cualquier forma de disenso social.

No estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Lo veo como un medio eficaz para proteger la sociedad, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió, molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche. Hubo que aguantarla, estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos casos, se emplea para “reeducar” a la disidencia, a la prostitución, o para obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, deciden que su conducta debe ser reformada, criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

En esto influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho por convicción moral. Frente al abuso de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

La peligrosidad socialista permite a las autoridades controlar el disenso social. Incluso, va más allá: surte un efecto directo en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para el establecimiento de la Cuba democrática.

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Ministra cubana coloca a ciudadano en estado de indefensión (II)

Téofilo Roberto López Licor

Licenciada Laritza Diversent

La legislación penal considera ilícita las actividades económicas autorizadas, en la que se utilice mano de obra que no sea familiar.Sin embargo, la resolución ministerial dictada por la titular de Finanzas y Precio no hizo referencia a ninguna sanción penal impuesta al padre de Antonio López.

López Licor recibe remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país. Desde enero de 2007 a diciembre de 2008, el Banco Nacional de Cuba acreditó que los familiares del procesado, le depositaron en concepto de remesa 12 mil pesos convertibles (CUC), 300 mil pesos cubanos (CUP). El referido informe fue desestimado por Pedraza Rodríguez, pues no acreditaba que Teófilo hubiese recibido efectivamente el dinero.

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”.El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

La Carta Magna, la Ley procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares garantizan: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen“. Por tanto, el Decreto-Ley 149, es inconstitucional e ilegal.

Este último Decreto-Ley dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una autoridad administrativa, como medida ejemplarizante contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo como resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos de entidades estatales, la participación en negocios turbios, las actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas son calificadas en la propia disposición jurídica, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. No obstante, la Fiscalía, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representa­ción del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.

En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubiesen respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual. Por otra parte el Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado de la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero instrucciones políticas, antes de controlar y preservar la ‘legalidad socialista’ y velar por el estricto cum­plimiento de las disposiciones legales

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe brindar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los encausados y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez,Ministra de Finanzas y Precios, fue designada por el gobierno pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y, por tanto, arbitrarias.

AGRAVIO, SI; AMPARO, NO

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Wilfredo Vallín Almeida, La Víbora, Ciudad Habana

Una muchacha, que acude a nosotros exponiendo su caso, se explica en los siguientes términos:

La primera vez, me montaron a la fuerza en un auto con chapa particular. Les había pedido que se identificaran, pero no lo hicieron. En el vehículo fuimos víctima de violencia, pues uno de ellos se arrodilló sobre mi pecho y yo apenas podía respirar. Al joven que fue detenido conmigo, lo mantuvieron todo el tipo con las manos a la espalda y la cabeza pegada al piso del carro. Al momento de bajar no descendimos del auto sino que nos arrojaron también violentamente afuera.

La segunda vez fue peor: nos condujeron a una estación de policía. Allí me tiraron al piso y me dieron patadas por todo el cuerpo. Después me encerraron a mí y a mi hermana en un calabozo.

Amigos abogados me recomendaron que hiciera la denuncia a la Fiscalía Militar Provincial, y así lo hice. Esperé el tiempo que marca la ley para recibir respuesta de las autoridades, pero ya ese tiempo pasó y sigo sin recibirla… Todo parece indicar que no la habrá…y tengo dos preguntas: Primera, eso de la no respuesta, ¿acostumbra a pasar con frecuencia? Y segunda, ¿qué se hace cuando las autoridades no responden a un ciudadano?”.

A la primera pregunta damos la primera respuesta.

Este columnista conoce decenas de casos, algunos extremadamente graves, en los que las autoridades no han dado nunca respuesta de ninguna índole. Eso en Derecho tiene un nombre, pues se le acostumbra a llamar “silencio administrativo”. Pero amén de este nombre, esa actitud trae aparejada otro criterio, pues cuando se trata de personal del gobierno implicado y éste no juzga tales actos ni responde nada, se tiende a pensar en “complicidad u órdenes gubernamentales”.

Nuestra respuesta a la segunda pregunta es como sigue:

En el mundo de los países donde los gobiernos respetan a sus pueblos, existe una institución jurídica, el AMPARO. El amparo es una institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra los actos de autoridad de cualquier tipo que, en detrimento de sus derechos, viole la Constitución.

El amparo se relaciona estrechamente con otro concepto, el AGRAVIO, que es uno de los factores de procedencia del amparo. Sin él, la acción constitucional es improcedente. El AGRAVIO se forma con la concurrencia de dos elementos, a saber, el material, que se manifiesta en cualquier daño, lesión, afectación o perjuicio que el gobernado pueda sufrir o sufra en su esfera jurídica, es decir, en sus bienes o derechos en general, incluyendo obviamente la libertad personal.

El AGRAVIO, además, para que provoque la procedencia del amparo, debe ser personal y directo.

Aunque los términos en cuestión no se utilizan ni en la Constitución, ni en las leyes positivas, evidentemente, en su caso concurre AGRAVIO pues la Constitución de la República establece que el ciudadano es inviolable en su integridad personal (artículo 58). Lo que no existe en la legislación cubana es el AMPARO, pues no hay un Tribunal de Garantías Constitucionales, ni un Defensor del Pueblo a la manera europea, ni nada que se le parezca. Es decir, que el país que “más respeta los derechos humanos en el mundo”, no tiene ninguna institución para garantizar esos derechos…y si Ud. me pregunta por la Fiscalía como garante de esa legalidad, y su propio caso es un ejemplo, mi respuesta, desgraciadamente no podrá ser otra que

– Bien, gracias.

Cuando las vías nacionales para reclamar un derecho se agotan sin resultado positivo, entonces queda al individuo el acudir a la vía de la denuncia internacional y a las instituciones internacionales al efecto. En próximas ediciones trataremos con detalle estos aspectos.

vallinwilfredo@yahoo.com

Nota: Este trabajo está publicado en Primavera Digital

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

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Licenciado Frank Paz Lorenzo

La Constitución de la República de Cuba en su articulo 34 establece que “Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

  • en la protección de sus personas y bienes;
  • -en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta

Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

  • en la obligación de observar la Constitución y la ley;
  • en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
  • en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo”.

Andrés es un joven nicaragüense de origen humilde. Llegó a Cuba por mediación de la iglesia a la cual pertenece. Dios sin tardanza lo bendijo con el milagro del amor. Se enamoró de esta tierra increíble, de sus hijos de gran corazón y solidarios, y también de Elisa, una bella muchacha que comparte su fe religiosa. Ambos se casaron y Andrés obtuvo la categoría migratoria de extranjero residente permanente en Cuba.

Pasó un águila por el mar y Andrés enfermó: su vesícula, no funcionaba. Los problemas gastrointestinales lo torturaban. Después de mucho bregar logró llegar al Instituto de Gastroenterología “Luis de la Puente Uceda”, donde un diligente equipo médico le hizo los estudios correspondientes. Todo bien hasta que llegó la triste noticia : “no te podemos operar, eres extranjero y tienes que pagar en moneda libremente convertible (CUC)”

Luego de mil carreras, diez mil sinsabores, un millón de gestiones de la iglesia y otro tanto de consejos de amigos que lo orientaron para resolver su problema; SERVIMEC, entidad encargada por el Consejo de Estado de estos asuntos, le dió una carta que lo exoneraba del pago.

Parece increíble, pero dicha misiva de poco le sirvió a Andrés. El director del hospital le dijo que las orientaciones del Ministerio eran otras, y que él, tenía la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, incluso al punto de analizar a los médicos que le hicieron los análisis sin antes consultarle.

Para este director era más importante hacer valer las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que la misma vida. El no podía guiarse por la Constitución de la República de Cuba y los derechos humanos que ella reconoce. ¿Será que en nuestro país, hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Licenciado Frank Paz

La Constitución de la República, en su articulo 32, reconoce que “Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiarla. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana…”

Don Joaquín, cubano de nacimiento, anciano digno, probo y emprendedor; decidió en 1946 probar fortuna en otras tierras. Cruzando mares, llegó a Venezuela. En aquella época ese país no le gustó, hoy mucho menos. ¿Por qué será? Siguió viaje a la hermana tierra mexicana que lo acogió como un hijo. Allí trabajó y creó fortuna. Conoció el amor y formó una bella familia. En 1975, México, lo premió y reconoció como su ciudadano.

En febrero, todos los años, Don Joaquín emprende el viaje azaroso de Salomón. Regresa a su tierra natal a visitar a sus seres queridos y amigos, que aún allí le quedan: lazos afectivos que siempre mantuvo y cultivó con gran amor. Hoy sus hijos y nietos, todos mexicanos, siguen sus pasos hacia la amada tierra que lo vió nacer.

Sin embargo, antes de viajar, Don Joaquín tiene que realizar los gravosos y costosos trámites que le exigen las autoridades de emigración y extranjería para poder entrar en la isla. Siendo ciudadano mexicano, necesita tener siempre a mano un pasaporte cubano para andar libremente en su tierra natal, Cuba ¿Será que en nuestro país hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

¿SABIA USTED QUE…?

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Licenciado Frank Paz

La Ley de Procedimiento Penal cubana, ley No 5 de 13 de agosto de 1977, en vigor, plantea una contradicción muy interesante. Por una parte, reconoce muy atinadamente como autoridades en materia judicial a los jueces, fiscales e instructores. Estos últimos son los encargados de instrumentar la fase preparatoria de la investigación criminal la que después constituirá una causa penal en una sala de justicia.

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 111. 1 declara como auxiliares de las funciones judiciales a los oficiales, sargentos y auxiliares del Ministerio del Interior. Esto quiere decir que los jefes y primeros oficiales de la policía nacional están subordinados, por ley, a cumplimentar los intereses de la investigación penal, que en el ejercicio de sus funciones desarrollen los instructores.

Sin embargo, en la práctica los instructores nunca llegan a desembarazarse de la subordinación directa de sus jefes militares. ¡Que contradicción mas conveniente para el mando del Ministerio del Interior!, ¿verdad? Huelgan los comentarios.

REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (I)


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Licenciada Laritza Diversent

Las autoridades pueden ordenar la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hace necesario, en cualquier domicilio de ciudadano cubano o de extranjero residente en Cuba, pero para esto se necesita siempre del consentimiento del interesado.

Presta su consentimiento el que, habiéndosele pedido autorización para que permita el registro en su domicilio, no se opone. No obstante, el ciudadano pudiera oponerse invocando la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

Si no se da el consentimiento, entonces es necesaria una resolución fundada del Instructor policial (una Orden de Registro) con aprobación del fiscal, copia de la cual se entregará a la persona interesada. En este caso, el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y las diez de la noche.

La Orden de Registro debe contener:

  1. El objeto preciso que se busca con el registro.
  2. Las razones que justifican esa medida.
  3. La dirección en la que tendrá lugar el registro.
  4. El nombre del funcionario o agente de la policía designado para su práctica, cuando
    no se realice por la propia autoridad.

El registro se lleva a cabo de forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles así como llevarlo a extremos o particulares ajenos al objeto estricto de la investigación del delito.