El Derecho de Seguridad

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Aún antes de la creación de la Asociación Jurídica Cubana , quedaba en evidencia el mal funcionamiento de la legalidad en nuestro país. Una vez creada, múltiples casos de violaciones e irregularidades comenzaron a llegarnos desde todos los rincones del país.

“Estuve preso alrededor de un año. Un buen día me dijeron que recogiera mis cosas y que estaba en libertad. Nunca me hicieron juicio”- nos dice un ciudadano.

“Me han citado varias veces para decirme que tengo que trabajar o seré juzgado por peligrosidad. Le he dicho muchas veces al jefe de sector que estudio en la Facultad, pero él me responde que tengo que trabajar de todas maneras” – nos refiere un adolescente.

“Mi esposo había intentado fugarse de la prisión y lo capturaron en el intento. No sólo lo metieron en celda de castigo sino que lo golpearon brutalmente. Luego no me dejaban verlo, esperando que se le pasaran los hematomas” – con lágrimas en los ojos cuenta una esposa habanera con su esposo preso en Camagüey…

“Entré en Marina Hemingway porque los plegables propagandísticos de ese lugar refieren que los extranjeros pueden recalar ahí sin problemas, solamente con presentar su pasaporte, y yo, aunque nací en Cuba, soy ciudadano norteamericano y tenía ese documento.

Y así…

Tengo ante mí el folleto Garantías Procesales en el Derecho Penal Cubano, editado por el Tribunal Supremo Popular en 1990 y cito textualmente:

“La Constitución de la República de Cuba…consagra un grupo importante de garantías de carácter jurisdiccional que vienen a constituir los principios básicos de la justicia penal. La libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Estos principios básicos han sido identificados con el nombre genérico de derecho de seguridad , o sea, la convicción que tiene el individuo de que su persona y sus bienes serán respetados por quienes con él conviven y también por quienes rigen los destinos de la nación y sus agentes…”

Hay una clara dicotomía entre estos postulados y lo que nos refirieron los ciudadanos al inicio de este trabajo. Alguien no está siendo veraz.

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Prospera demanda contra Ministra de Justicia

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Licenciada Laritza Diversent

El Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana (TPP) respondió, el pasado 7 de julio, a la Asociación Jurídica Cubana (AJC), un gremio de abogados independientes, que interpuso una demanda contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González. En la respuesta, emitida con retraso por exceso de trabajo en la Sala, el juez, Lic. Alfaro Guillén, y los jueces legos, Núñez Valdés y Figueredo Ramos, exigen al demandante, modificar los términos de redacción de la petición judicial.

El tribunal consideró “improcedente”, que el Lic. Wilfredo Vallín Almeida, Presidente de la organización, actuara a nombre y en representación de una persona jurídica, que no se encuentra en la actualidad reconocida. El escrito exige al letrado, que promueva nuevamente la acción, a título personal.

El abogado interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial de la capital, la que fue radicada, bajo el número de expediente 338 del 2010, el 29 de junio. La misma intenta impugnar la decisión adoptada por el Departamento de Asociaciones -silencio administrativo- del Ministerio de Justicia (MINJUS) que impide la constitución legal del gremio.

El máximo órgano jurisdiccional en la capital, igualmente requirió al Licenciado Wilfredo Vallín Almeida para que reformulara los hechos expuestos en la demanda no aceptando el término “denegación de autorización para Constitución de Asociación”, por considerarlo incoherente. El TPP alegó que el MINJUS no contestó a una solicitud de certificaciones.

En abril de 2009 y marzo de 2010, la AJC solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS que certificara la no existencia en el país de ninguna Organización No Gubernamental (ONG) con el mismo nombre y propósitos de la asociación de letrados. El documento es imprescindible para continuar los trámites de constitución legal del gremio. La institución estatal no emitió la certificación. Los abogados, en Recurso de Alzada ante la Ministra, Reus González, elevaron queja por quebrantamiento de la formalidad legal exigida, que igualmente fue ignorada.

La AJC, se fundó el 1ro de octubre de 2008. Brinda gratuitamente, asesoría jurídica a los ciudadanos. La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización del Ministerio de Justicia. El acto administrativo (autorización), es discrecional y depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

Asociación Jurídica Cubana demanda a representante del gobierno.

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Lic: Laritza Diverzent

La Asociación Jurídica Cubana, una organización de abogados independientes, interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por denegar la autorización para la constitución legal del gremio.

El acontecimiento, calificado de excepcional por los juristas, no tiene precedentes en los 51 años de ‘Revolución’. Es la primera vez, que una organización disidente interpone una acción legal ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

La Asociación Jurídica Cubana, fundada el 1ro de octubre de 2008, brinda asesoría jurídica a ciudadanos que requieran sus servicios. Tiene además entre sus objetivos elevar el nivel de conciencia jurídica de la sociedad civil cubana. Todo ello sin ánimo de lucro.

El Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), presidido por Reus González, guardó silencio en tres momentos distintos, respecto a la solicitud de una certificación, que debía acreditar, si existía en la isla otra ONG, con el mismo nombre o fines de la Asociación Jurídica Cubana.

Las dos primera solicitudes se dirigieron al Jefe del Departamento del Registro de Asociaciones en abril de 2009 y marzo de 2010.La tercera solicitud se planteó , por medio de Recurso de Alzada, ante Reus González, por quebrantamiento de las formalidades legales.

El gremio de abogados se dio por notificado al transcurrir el término, que prevé la Constitución Estatal y la Ley de Procedimiento Civil, para dar respuesta a una petición ciudadana. El documento constituye el primer trámite en el proceso en la legalización de una organización no gubernamental (ONG), según dispone, el Reglamento de la Ley No.54, “De Asociaciones”.

La demanda fue radicada por el órgano de justicia, el 29 de junio, e intenta impugnar la decisión adoptada (silencio administrativo) por el Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS). A partir de ese momento, el tribunal tiene términos legales precisos para actuar. El juez ponente del caso, será Jolene Pereira Basanta

¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.

¿SABIA USTED QUE…?

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Entre las teorías que tratan sobre el establecimiento de la sociedad y el Estado, ha sobresalido la Teoría del Contrato o Pacto Social. Esta supone que el hombre primitivo, hasta entonces individualista, intentó escapar de la lucha e inseguridad de la vida independiente conviniendo entre sí en vivir juntos y en paz.

En la asociación establecida se reconocieron los derechos individuales y se excluyó el uso de la fuerza dentro de esa sociedad. Esta teoría se encuentra en forma rudimentaria en los escritos de varios de los primeros filósofos griegos y romanos, incluyendo los maestros atenienses Platón y Epicuro, así como al estadista romano Cicerón.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (III)

Lic. Laritza Diversent

El Tribunal provincial de Ciudad Habana sancionó a Olga Lidia Ramírez Maura, por un delito de tráfico de personas. Ella se declaró inocente y para su defensa contrató, en el Bufete Colectivo “Salvador Allende” de Centro Habana en la capital, los servicios del abogado Máximo Averoff Bolaños. Confió en él, cuando le dijo que no hablara en el juicio.

Según la sentencia 111/09 los jugadores “Estayle Manuel Hernández Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez”, fueron contactados “en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados”. Allí se les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales, “donde recibirían jugosos contratos en efectivo por su desempeño”.

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad, al que sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con destino a terceros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio, sin embargo, la sentencia, no específica cuál. El destino final sería los Estados Unidos. Supuestamente Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal, formó convicción de los hechos declarados probados, por la confesión del jugador Reinaldo fajardo, quien manifestó que Ramírez Maura, por vía telefónica le propuso “en un lugar”… “salir del país por vía marítima, en una embarcación que llegaría a Cuba por esos días”.

La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior, era Franklin García Castro. Un ciudadano venezolano, vinculado a mercaderes del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos. Según exponen la sentencia, la información contenida en ellos estaba “en otro contexto y de una forma figurada”.

Sin embargo, la correspondencia fue determinante para que el tribunal, “después de saber las intenciones” de la acusada, la sancionara a 7 años de prisión. Su abogado defensor, sin consultarle, la hizo responsable con respecto a la salida ilegal del país.

Contra el abogado, presentó una queja ante la Organización Nacional de Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero de su centro. La respuesta escrita de la institución a Ramírez Maura es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El Bufete Colectivo “Salvador Allende”, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito. Ramírez Maura no descansa para que las autoridades le den el derecho de acceder a la justicia. Recientemente interpuso reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta.

SIN ACCESOS A LA JUSTICIA (II)

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Lic. Laritza Diversent

Alguien deslizó un papel debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda Alonso exige a Olga Lidia Ramírez Maura, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es institución de la seguridad del Estado cubano en Ciudad Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un interrogatorio de 10 horas. “Al final de la tarde, totalmente perturbada y medicamentada, firmé mi declaración sin saber, que firmaba mi sentencia”, argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo hizo el instructor de su caso.

Ramírez Maura nunca antes había sido interrogada. Desconocía que la Ley de Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o testigo se consigna por escrito, este tiene derecho a leerla por sí mismo y si no lo ejercita, debe hacerlo el oficial actuante.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la Capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su director, que estaba acusada por tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda Alonso, omitió decirle, tal como ordena la ley, que se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de su derecho a prestar declaración. Hasta hoy Ramírez Maura ignora quien la acusó.

Así comienza la historia que, en el 2009, llevó a esta mujer enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio. Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos nacionales Industriales y Metropolitanos.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda, fue también determinarte para el tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial “corroboró y confirmó” que la acusada, en la fase investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez Maura, alega que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido en la Ley Procesal.

Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado,… la sola declaración de las personas… no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.

Ramírez Maura interpuso una queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina le leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la misma.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (I)

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Lic. Laritza Diversent

En la sentencia No 111 del año 2009, el Tribunal Provincial de Ciudad Habana encontró culpable de un delito de tráfico de personas, a Olga Lidia Ramírez Maura. Siete años de privación de libertad, determinaron los jueces. El fallo fue ratificado por la sala de casación del Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

La secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la capital, Ramírez Maura, fue acusada de organizar, por medio de correos electrónicos, la salida del territorio nacional, de un grupo de peloteros. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.

La sentencia expone que, a través de mensajería electrónica, la acusada informaba a Franklin García Castro, un ciudadano venezolano, “que ya tenía algunos de los peloteros que le había solicitado contactar”. Sin embargo, la misma resolución aclara que la proposición hecha por Ramírez Maura, no fue aceptada por los atletas.

García castro viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jóvenes jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre él y Ramírez Maura, no era clara y precisa. Asumieron que, por el tipo de información, era ‘lógico’ que tenía que ponerse en otro contexto y ‘de una forma figurada’, para evitar ser entendida por un tercero.

A la vista del tribunal y “después de saber las intenciones” de la acusada, los correos mostraron el trasfondo de la información que enviaban. Maura se declaraba inocente, pero su abogado defensor, sin consultarle, la hacía responsable de un delito de salida ilegal del país.

Ramírez Maura no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás paso por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó atentar contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, principalmente porque es madre de una adolecente de 13 años de edad.

Está convencida de que con ella cometieron una injusticia. Busca agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia, pero el silencio de las autoridades le impiden invocar nuevamente al Tribunal Supremo. Olga Lidia interpuso quejas contra su abogado defensor y los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron.

Las contestaciones en su caso, serian la prueba de su estado de indefensión en el juicio y un posible fundamento para la revisión de su causa. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta por escrito, que le dé la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar su inocencia.

¿SABIA USTED QUE…?

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En el antiguo Oriente Medio (Mesopotamia y el Egipto de los faraones) la forma de gobierno que prevalecía era el régimen “patrimonial”, bajo el cual el gobernante era el dueño de la tierra y tenía el control sobre ella y sus habitantes, y dirigía su reino como si fuera una gigantesca propiedad real.

La propiedad significaba la ausencia de interferencia exterior. El gobernante patrimonial no se sometía ni a regla ni a restricciones. Esta fusión de soberanía y propiedad era muy común fuera de Europa hasta los tiempos modernos, especialmente en el Oriente Medio.

Los súbditos del rey eran funcionarios, sacerdotes y siervos. La ausencia de derechos políticos y civiles así como la presencia escaza y marginal de la propiedad privada sobre la tierra es el rasgo más distintivo de los despotismos orientales.

LA VERDADERA RESPUESTA

Foto: adeptos de la ‘Revolución en un mitin de repudio

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Esta es una sección sobre asuntos jurídicos cuyo formato es responder a la(s) pregunta(s) que nos hacen los ciudadanos. En teoría, debemos tener siempre una respuesta en la más depurada técnica jurídica que sirva para esclarecer la interrogante formulada. Esa respuesta debe ser, además, clara, concisa y verdadera, sin titubeos ni equívocos.

Hoy, sin embargo, ese formato deberá cambiar un poco: la pregunta la hará este columnista y la respuesta la dará…(o al menos eso quisiéramos), nada más y nada menos que los señores de la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado.

Lo que sigue a continuación no es ficción sino que ocurrió realmente hace apenas unas horas, en la acera frente al edificio donde resido. Alguien me dijo que hay todo un gran operativo de ese departamento en torno a mi casa y que tiene que ver conmigo. Bajo a averiguar que sucede.

El problema es este: varias personas (7-8) se han dado cita en mi casa para que les explique algunos aspectos de la ley 62, Código penal y de la Ley de Procedimiento penal vigentes en el país, sobre todo lo que tiene que ver con la peligrosidad, el registro en vivienda habitada, las citaciones policiales, el Habeas Corpus y cosas así.

No es otro el objetivo de este encuentro y los señores que me interceptan cuando bajo lo saben perfectamente.

No hay mucho diálogo sino varias motos, algunos agentes frente a mi edificio, en las esquinas, varios patrulleros, policías uniformados, una primer teniente de la PNR. Un ómnibus a media cuadra baja decenas de personas… hay también mujeres y hombres entre ellos de civil que evidentemente no son de la Sección 21 …todo un gran show listo para entrar en acción.

¿Cuántos hay en total?, ¿50, 70, 100? Me es difícil precisar. En mi hogar en ese momento sólo hay dos mujeres…

De forma cortante, se me informa que la reunión no tendrá lugar de ninguna forma. Es entonces cuando pregunto:

– ¿Pudiera decirme cuál es el artículo del código penal que violamos con sentarnos a hablar sobre las leyes cubanas?

Mi interlocutor se inmuta. Airadamente hace alusión a “órdenes” que tiene. Una vez más el tema del derecho parece estar muy lejos del conocimiento y la observancia de los agentes. Son incapaces de explicarse conforme a derecho. Es evidente que esgrimir ante la fuerza bruta la razón y la legalidad, es perder el tiempo.

Por tanto, lo que sigue no es para ellos, sino para todos los que aun tenemos fe de que un día, quiera Dios que mucho más temprano que tarde, la razón, la cordura, el amor y el derecho volverán a enseñorearse sobre nuestra sufrida tierra, y esta vez será quizás para siempre.

Código Penal, Ley 62, Título IX Delitos contra los Derecho Individuales,

Capítulo I: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

Artículo 286.1: El que sin razón legitima (y la única razón legitima puede serlo solamente la ignorancia de la ley) ejerza violencia sobre otro o lo amenace para…impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos anos, o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Y sobre la base de este precepto fundamentaremos nuestra acusación en la Fiscalía Militar Provincial contra los que no quieren de ninguna manera que los cubanos conozcamos nuestros derechos…para poder defendernos mejor de sus arbitrariedades cada vez mayores.

EL REINO DE LA ARBITRARIEDAD

Lic. Laritza Diversent

La confusión de expresiones jurídicas, por parte de la dirigencia histórica comunista que gobierna la isla desde hace más de 50 años, va más allá del plano político: trasciende a la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución de la República establece que la confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley. La interpretación y aplicación del precepto es sumamente amplia y, en consecuencia, reina la arbitrariedad.

Explico: la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o derogar las leyes. Sin embargo, el Decreto ley 149 de 1994 dispone la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, siendo una disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado.

Por su parte el Código Penal -ley penal de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional-, regula la confiscación como una sanción específica y accesoria de un delito. En consecuencia sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones (artículo 2-b de la Ley No. 82/97, Ley de los Tribunales Populares).

El requerimiento es reafirmado por La Ley de Procedimiento Penal. En su artículo 1 establece que no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente .

Estos artículos, supuestamente, deben garantizar que nadie pueda ser sancionado ni tampoco ser objeto de una resolución, si no es por parte de los órganos jurisdiccionales, garantía reconocida por el artículo 59 de la Constitución de la República: Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Sin embargo, el Decreto-Ley 149 va contra todo eso. Dispone que se aplique por una autoridad administrativa. Su artículo 2, faculta al Ministro de Finanzas y Precios para dictar resolución imponiendo la sanción de confiscación.

La norma emitida por el Consejo de Estado se aplica, como medida ejemplarizante, contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, de la especulación el desvío de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas anteriores son calificadas, en los fundamentos de hecho y de derecho del decreto ley, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. Si la confiscación de bienes es una sanción derivada de la comisión de un delito, entonces ¿por qué se sustancia por un procedimiento administrativo?

“MERCENARIOS”

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Le di un vaso de agua, le puse un ventilador para que se refrescara, y le pedí que se calmara. Arturo tenía el rostro completamente rojo y, cuando llegó a mi casa, pensé que era por el intenso calor, que ya pronostica un verano demasiado caliente. Pero no, no estaba rojo por el calor, sino por la ira.

– Ellos evidentemente no pueden hablar sin ofender, y cuando no pueden someterte empiezan a llamarte cuanta cosa ofensiva encuentran para vilipendiarte y rebajarte en tu dignidad. Cuando le argumenté en respuesta, lo único que atinó fue a gritarme “mercenario”, “asalariado de los norteamericanos” y cosas así…

Al rato logré que se tranquilizara. Luego me preguntó:

– ¿Tenemos que aguantar en calma que nos vejen de esa manera?…Porque cuando me tratan así lo que tenga es ganas de…

Y agregó algo que aquí no se escribe. Ya esta situación la he visto unas cuantas veces y me creo en el deber de decirles a Arturo y a muchos compatriotas más mi opinión al respecto.

El recurso de utilizar una frase un epíteto o un término ofensivo y descalificador para con el adversario, no es nuevo en la historia. Ese hecho se ha repetido hasta la sociedad desde la época del desaparecido imperio romano hasta nuestros días.

En nuestro propio país lo hemos visto. Así, los españoles llamaron “mambises” a los cubanos en armas y esa denominación tenía entonces un carácter vejaminoso y descalificador. Los soldados batistianos denominaban “mau-maus” y “muerde y huye “a los rebeldes de la Sierra Maestra y otros lares también con el mismo propósito ofensivo.

Después del primero de enero de 1959, comenzó a utilizarse el mismo recurso, o sea, a denominar “gusanos”, “apátridas”, etc., a todo el que no estuviese de acuerdo con el proceso socialista y lo rechazase de alguna manera. A partir de aquí ya nadie que estuviese en desacuerdo pudo ser nunca más una persona decente, pues los millones de afuera y de adentro en discrepancia con el sistema serían ya por siempre eso: escoria, traidores, vende patrias, mercenarios, etc., etc.,

En los 51 años de revolución no he oído jamás esta formulación en los medios oficiales: “X no está de acuerdo con nosotros, pero es una persona decente a la que se debe respeto…”

Así las cosas, libremos una pequeña escaramucilla con el manido término “mercenarios”.

Este adjetivo tiene varias aristas que debemos analizar. Empecemos por la primera acepción que de él dan algunos diccionarios de la lengua española.

– Según el Diccionario Enciclopédico Océano:

Aplicase a la tropa que sirve en la guerra a un gobierno extranjero por una retribución.

– Conforme al Diccionario María Moliner del Uso del Español:

Soldado que en las milicias antiguas servía por un salario en un ejército extranjero.

Fíjese que se habla en términos de tropa, soldados, milicias, ejército, o sea que se refiere a las claras a aquellas personas que tienen que ver directamente con formaciones militares y de ninguna manera con civiles. O sea, que este término no puede ser aplicado a quienes no militan en ninguna organización armada y, si de todas formas se hace es sencillamente por la ignorancia (o mal intención) de quienes no saben ni lo que dicen.

Por supuesto que, como lo hemos visto tantas veces, “el revés puede convertirse en victoria”, según el pensamiento nacionalsocialista, pero lo que dicen los diccionarios es a lo que habremos de creer.

Luego, si la definición que dan los diccionarios es esta, cabría preguntarse, como vieron los angolanos y los etíopes que no apoyaban a Neto o a Haile Mariam la presencia de tropas cubanas en sus territorios (aunque aquí queramos llamar eso “internacionalismo proletario”). ¿Podría criticárseles que denominaran, con mucha más razón, mercenarios a esos cubanos?

Por supuesto que todo depende con el cristal con que se mira y los que llevan siempre puestos los lentes rojos del marxismo estalinista, seguirán diciendo lo mismo que las alturas les orientan.

De todas maneras, Arturo, cuando sus detractores, a los que cada día se les reduce más el espacio lenta pero inexorablemente, le vuelvan a llamar de esa manera, recuerde lo que al respecto dijo el más grande de todos los cubanos:

Miente como un zascandil/el que diga que me oyó/ por no pensar como yo/ llamar a un cubano vil.

Este tema no queda agotado aquí. Todavía tiene otros aspectos y uno de ellos es lo que dice al respecto el Derecho Internacional Público, así es que, sobre este asunto volveremos nuevamente.