Las oportunidades de unos y los errores de otros

10 YASLic Yasmani Orges Lugo

Las Empresas, Organismos, Organizaciones, Entidades etc., son mediadores que de cierta forma garantizan las sostenibilidad de una sociedad, son fuente de empleos y en torno a ellas gira el desarrollo económico de un país y provee a todos sus trabajadores en la construcción de su patrimonio, según su trabajo, para enfrentar las exigencias de la vida. Estos entes necesitan para su funcionalidad y sostenimiento, además de la fuerza de trabajo, de un grupo de personas que funcionan como un perfecto engranaje para garantizar lo antes expresado, quienes dirigirán un proceso de producción, el cumplimiento de una tarea y a quienes se les confiará, bajo su custodia y responsabilidad, medios e intereses del Estado por los que se les pedirán responsabilidades y responderán ante la ley por el incumplimiento de sus funciones.

Nuestro sistema jurídico plasma en sus leyes quiénes serán las personas que cumplirán con esta responsabilidad. Se expresan en el Decreto Ley 197 las regulaciones laborales del personal asignado para ocupar cargos de Dirigentes y Funcionarios; regulando temas como la designación, el cese de sus funciones, y requisitos para ocupar el cargo entre otros. Es cierto que ser “jefe” tiene sus ventajas, pero también tienen mayor responsabilidad sobre sus hombros y es deducible que se les debe imponer sanciones más radicales que a los demás trabajadores.

Pero, ¿qué tan real puede ser el dictamen de estas sanciones o medidas disciplinarias; qué tan radicales pueden llegar a ser, son similares a las impuestas a un simple obrero?

Seguramente muchos de los que lean este artículo compartirán el criterio de que la realidad es muy distinta a lo que se supone que se deba hacer en estos casos y lo que ocurre en estas situaciones.

Pues un trabajador x comete una infracción laboral, la cual lo conlleva una medida disciplinaria que puede consistir en afectarle su salario, hacerlo público ante el resto de sus compañeros o “mancharle el expediente” como se conoce en el argot laboral. Mientras que a un directivo se le trata con la mayor discreción posible, se hacen los de la vista gorda o estos resuelven ese mal momento intercambiando medida disciplinaria por regalos. En otro caso, cuando la medida conlleva a la separación definitiva del centro pues la infracción recae en un delito de robo, malversación de los bienes del Estado o desvío entre tantos otros; el obrero carga con su responsabilidad (lo separan del centro de trabajo y es juzgado por un Tribunal el cual le impone una sentencia), claro está, cumpliendo con lo establecido en la Ley. Pero sin embargo, y aunque no en la totalidad de los casos, el funcionario no carga con sus errores, sino más bien carga con las oportunidades que se le presentan ante la separación de su cargo; ¿qué oportunidades son esas?, pues las de volver a dirigir en otro lugar como si nada hubiese pasado.

Es inconcebible que un funcionario, después de haber sido expulsado de una empresa estatal por malversación, sea reubicado en otra entidad con un cargo de igual o de mayor jerarquía. Baso este escrito en la realidad que nos toca muy de cerca y la cual tengo el deber de denunciar.

El sistema de justicia debería de seguir más de cerca el cumplimiento de la ley frente a estas situaciones, pues estos directivos representan a una entidad y a un grupo de trabajadores, son custodios de recursos del Estado, de la producción y el dinero que emane de estas empresas, y en ellos se deposita confianza en su integralidad y respeto por su trabajo.

 

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