El estado peligroso

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Lic. Jorge Luis González

Los principios en Derecho son enunciados que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en una situación determinada. En el ámbito del Derecho Penal estos principios imponen barreras de tal manera que la pauta a seguir no afecte el Estado de Derecho.
El Principio de Legalidad es el eje sobre el que ha de girar el derecho penal en el Estado de Derecho. Fue creado por Paul Johann Anselm Von Feuerbach  bajo la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege previa  lo que significa literalmente no hay delito ni pena sin ley previa. Este principio está reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada en 1789, que en su artículo 8 disponía: “La ley no puede establecer mas que penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”. Por esta vía, el principio de la legalidad de los delitos y las penas pasó a formar parte de las Constituciones y Códigos que fueron después aprobados.
Este principio ha sido refrendado en la Constitución cubana en el artículo 59 : “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen”. El Código Penal Cubano al establecer el Principio de Legalidad lo hace de manera más precisa recogiendo las distintas variantes del mismo quedando redactado en el artículo 2, que postula que solo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión y proscribe la imposición de penas que no se encuentren establecidas en ley anterior al acto punible.
El artículo 72 del Código Penal establece el Estado Peligroso y lo define como “… especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” Los artículos 73.1 y 2 regulan los índices de peligrosidad, que son la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial. Este mismo cuerpo legal prevé las medidas que se adoptarán con los declarados en estado peligroso en el artículo 78.El artículo 80.1 inciso a indica que se internará en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio por un periodo de entre 1 y 4 años.
La peligrosidad social como categoría y las medidas que se adoptan con los declarados peligrosos constituyen una violación al Principio de Legalidad pues se le imponen sanciones a personas que no han cometido delito, a personas que en algunas ocasiones viven de remesas enviadas del extranjero y son considerados antisociales por no tener un centro de trabajo. El ya mencionado artículo 80.1 inciso a constituye materialmente privación de derechos, al internar a personas por un periodo de entre 1 y 4 años en los popularmente conocidos como “campamentos” .Los legisladores deberían analizar esta categoría que en mi modesta opinión, debe ser derogada.

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