Modificaciones necesarias (I)

1 EdilioLic. Edilio Hernández H.3 Imagen 19

La vista de Casación de la AJC ante el Tribunal Supremo Popular para revertir la negación del Ministerio de Justicia, de legalizar nuestra petición para trabajar como abogados independientes, confirmó una interrogante que poseo desde que comencé a valorar   casos que han acudido a nuestra sede, donde en la mayoría de las  sentencias revisadas, independientemente de las desafortunadas interpretaciones y manipulaciones de artículos de nuestra legislación, se repite la conformación de las salas de este TSP con solamente tres jueces, para analizar y juzgar todo tipo de asunto; dos jueces profesionales y un juez lego. Además de obviarse la formalidad de presentar quien es uno o el otro.

La administración de Justicia de cualquier estado de derecho, es una tarea sumamente delicada, formal y responsable, que debe estar a la altura de la tradición jurídica y de respeto a las leyes del conjunto de sujetos que accionan para que todo este sistema funcione bien. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1909, hasta la Constitución de 1940, se le otorgó la importancia debida, incluso ésta última legisló un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de nueve magistrados para los Sociales y quince para los constitucionales como mínimo.

Pero a partir de 1972, comenzó a esfumarse el Tribunal mencionado y en la Ley 1250, del 23 de Junio de 1973; “Ley de Organización del Sistema Judicial”, desaparece. Esta Ley casi olvidada, quedará para la historia como la “guillotinadora” de la protección y garantía de los derechos humanos y ciudadanos en Cuba, solapada, sutil para la mayoría del pueblo desconocedor, en cuanto incompatible, contradictoria y jurídicamente impuesta a los pocos letrados honorables  existentes en esa época;

1.      Se eliminó la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales (art. 172 Constitución del ´40), por  Pleno del Tribunal Supremo Popular (art. 33), que podía juzgar al Presidente del Consejo de Ministros, del Buró Político del PCC, Presidente del Tribunal Supremo Popular, Jueces, Fiscal General, Vice fiscales y fiscales del TSP, solamente acusados de delitos, previa autorización del Órgano correspondiente.

2.  Se eliminó el libre ejercicio de la abogacía,  en su Disposición Transitoria Undécima…los abogados tienen 10 días improrrogables para entregar los casos a bufetes colectivos… Y en su art. 171…para ejercer la abogacía es necesario pertenecer a un bufete colectivo…

       3.      Se crean los bufetes colectivos como única opción para defender a un ciudadano, en su art. 172…Los bufetes colectivos son una organización autónoma nacional de interés social…

4.  Se crea por el art. 177, la Unión Nacional de Juristas como única representantes de los abogados nacional e internacionalmente.

5.   Se introduce la figura del juez lego, una improvisación antijurídica que a la larga ha servido más como figura decorativa e inclinadora de la balanza de la justicia “conveniente”. Hubo municipios en los años ´70 y ´80, que los presidentes de sala eran jueces legos.

La Ley 4 del 10 de agosto de 1977: Organización del Sistema Judicial, esfumó también el Pleno del TSP, que juzgaba a los principales dirigentes del país. Y en su  artículo 19, mantiene la reducción de  la conformación de las  salas a cinco miembros,  el Presidente,  dos jueces profesionales, más dos jueces legos.

A partir de la Ley 70 del 12 de Julio de 1990; Ley de los Tribunales Populares,  en su artículo 35.1, se reduce aún más el acto ceremonial y responsable de hacer justicia, a un juez más dos jueces legos.

Al parecer los jueces legos eran muy “populares”, o la correlación no resultaba, y según la Ley 82 de los Tribunales Populares de fecha 11 de Julio de 1997, en su artículo 23, apartado 3 expresa…..“ Para los actos de impartir justicia, las Salas y Secciones del Tribunal Supremo Popular se constituyen con dos jueces profesionales, uno de los cuales la preside y un juez lego”.  Realmente quisiera conocer   casos donde el juez lego no esté de acuerdo en  más de una ocasión con dos jueces profesionales y se mantenga en el Tribunal.

En nuestra opinión este capítulo del sistema judicial cubano es más que neurálgico por la importancia del amparo de justicia de los ciudadanos, sus garantías constitucionales y sociales,  la relatividad del valor de los bienes, tangibles o intangibles, dependiendo fundamentalmente de las circunstancias, la inflación, y las finanzas de un país.

Por ejemplo, los litigios de vivienda entran en la categoría de casos civiles, y se analizan con 5 o 3 jueces, por este rasero de mayor o menor de $10,000,   cuando se sabe que la mayoría de las casas y apartamentos en Cuba, tasados por la Administración de vivienda y   el Banco Nacional, no sobrepasa esta cifra. Así como quién sería el osado de ponerle precio al   bien intangible de nuestra Asociación con su importancia social e histórica. Sin ánimo de pensar  que “equivocar”, “manipular”, “malinterpretar”, es más fácil a tres que a siete personas.

Concluyendo, desearía que en las modificaciones necesarias de nuestro ordenamiento jurídico, además de las priorizadas, la Constitución y la Penal, continuara con la nueva Ley de Organización Judicial, recuperándole todo lo que le han mutilado, (fecha de cumplimiento: 2014).

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