Expropiar: “Por qué y Para qué”

 

 

transporte privado

Noel 2Lic. Noel Rodríguez Avila.

El presente trabajo se circunscribe al proceso de Expropiación Forzosa seguido contra los propietarios de vehículos de motor dedicados al transporte de carga y de pasaje pertenecientes a personas naturales de las Provincias de Holguín y Las Tunas.

Previo a la iniciación de este proceso, se crearon Comisiones de Compraventa en ambas provincias dirigidas por los extintos sectoriales de Transporte, los que a su vez cumplían expresas instrucciones del Ministerio del Transporte en el sentido de inspeccionar los referidos vehículos teniendo en cuenta presuntas ilegalidades cometidas por sus propietarios referentes a partes, piezas, accesorios o agregados de los motores; una vez inspeccionados los vehículos se relacionaban las deficiencias detectadas, las que se hacían constar mediante acta, posteriormente se le extendía un documento pre elaborado donde se le imponía la violación cometida; y al final se le conminaba a vender su vehículo por la irrisoria suma, según su tonelaje de $ 1800.00 o $ 2500.00 MN.

Dicho acto jurídico se amparaba en un ambiguo, viciado y leonino Contrato de Compraventa, al amparo legal de la Resolución No. 118-88, de fecha 8 de junio de 1988, emitida por el Ministro del Transporte, la Ley 1090 de fecha 1ro de febrero de 1963, cumplimentada por la Ley 1148 de 17 de febrero de 1964 y la ley 1206 de fecha 7 de junio de 1967, las que autorizaban a los organismos de la administración central del Estado la adquisición de los activos requeridos para el desenvolvimiento de sus actividades. Es de señalar que en el acto de compraventa se obvió el consentimiento de las esposas de los propietarios de dichos vehículos, trayendo consigo que al presentarse demandas antes la sala de lo civil y administrativo de los tribunales provinciales, se declarara mediante sentencia la nulidad de dicho acto jurídico.

Ahora bien en los casos que el propietario del vehículo se negaba a realizar la venta, se le iniciaba Procesos de Expropiación Forzosa, Proceso que está instituido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pues así lo prevé tanto la constitución de la república en su artículo 25, como los artículos 425 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; siendo requisito esencial la declaración de utilidad pública e interés social del bien a expropiar.

El presente caso resulta totalmente contradictorio, pues aunque el Ministro del Transporte emitió las resoluciones No. 40 y 85 de 1989, mediante las que se declaraba la utilidad pública e interés social la adquisición de dichos vehículos para la Empresa de Camiones de Holguín, con posterioridad quedó evidentemente demostrado que el fin de tales procesos de Expropiación Forzosa no era otro que el de desaparecer el sector privado.

Para argumentar tal afirmación nos hemos remitido a un Dictamen Legal emitido por la dirección jurídica del Ministerio del Transporte, en virtud a quejas presentadas por transportistas de la Provincia de Holguín, ante el Consejo de Estado de la República, el que entre otras cosas fundamenta lo siguiente:

Las Expropiaciones Forzosa de los vehículos de Transporte de Carga, iniciado contra los propietarios de los mismos, tiene sus antecedentes en el año 1989, cuando por ordenes de la alta dirección del país se propuso lo que denominaron “La Política de endurecimiento al sector Privado con vista a su paulatina desaparición”, disposición recogida en el acuerdo No. 1507 del Secretariado del Comité Central del PCC.

A modo de conclusión hacemos las siguientes observaciones:

 El Sector de Porteadores Privados antes de realizarse los Procesos de Expropiación Forzosa se encontraba agrupado en la extinta Operadora de fletes, desde donde prestaban sus servicios de transportación, tanto a personas naturales y jurídicas, como a organismos de la administración central del estado.

 El estado, amparado en supuestas violaciones de orden técnico, realizó compraventa forzosa de camiones mediante un viciado y amañado Contrato de Compraventa y en total ausencia de voluntad, dando lugar a que se declarara la nulidad de dichos actos, por ser contrarios a la ley.

 El Estado enmascaró el verdadero fin de sus intenciones al amparo de una falsa declaración de utilidad pública e interés social, cuando su interés real era desaparecer el sector privado.

 Ha quedado demostrado que ese sector sí representa una verdadera utilidad pública e interés social para el pueblo y el Estado, pues este último ha tenido que recurrir a los porteadores privados para resolver la aquejante situación de transportación, tanto de pasajeros como de carga, en todo el territorio nacional.

Vale responder a la interrogante que da título a este trabajo: Expropiar Por qué y Para qué.

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