METEORO 2013

7 Balanza 1Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

A fines de mayo de 2013, tuvo lugar  el Ejercicio “Meteoro”, el cual, se realiza anualmente en toda Cuba, teniendo como objetivo fundamental medir la eficiencia de los planes para proteger la integridad física de todos los residentes en el país y disminuir riesgos ante eventuales fenómenos climatológicos y desastres  naturales, propósito al que Gobierno y Estado por intermedio de la Defensa Civil, dedican especial atención, medios y recursos, actividad en la que se ha acumulado un vasta experiencia.

La realización de tal Ejercicio, me hizo pensar en la necesidad de crear un mecanismo jurídico, que tenga como función cardinal la protección de los ciudadanos ante las arbitrariedades, ilegalidades, injusticias y desmanes de autoridades, funcionarios, empleados y agentes estatales  a todos los niveles , que cuente con poder y fuerza legal  para, de manera efectiva, restablecer la legalidad soclialista cuando sea quebrantada, sin reparar en el nivel o jerarquía del infractor de la legalidad,  protegiendo así, sin distinción alguna, las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

Ese Órgano, sin dudas es el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.  Dicho Tribunal estaría legitimado para hacer pronunciamientos similares al que a continuación cito, emitido  por la  extinta Sala de Garantías Constitucionales  y  Sociales del Tribunal Supremo, Sentencia Número Uno de 14 de enero de 1972, Juez Ponente el Magistrado Luis M. Buch Rodríguez: CONSIDERANDO: que los funcionarios  judiciales que dictaron independiente del testimonio del cónyuge  de la acusada, para el caso de dictar sentencia, lo cual ha originado que ésta se apoye exclusivamente en la confesión de la procesada y el testimonio de su cónyuge, con evidente infracción del artículo veintiséis de la Ley Fundamental, la Sala considera que debe imponer a los citados funcionarios una corrección disciplinaria de represión que se les notificarán a los efectos procedentes. FALLAMOS: que debemos declarar y declaramos inconstitucional y nula la sentencia impugnada y ordenamos a la Sala Tercera de lo Criminal de la Audiencia de La Habana que dicte nueva sentencia teniendo siempre en consideración lo resuelto por esta Sala.

La no existencia, de tan importante órgano jurídico, su incomprensible desaparición del sistema jurídico cubano a partir de la Constitución de 1976, posibilita como acontece en la actualidad, que un número elevadísimo de ciudadanos cubanos, hayan resultado  sancionados, con infracción de la garantía fundamental prevista en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal; Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos; pues la declaración de culpabilidad, respecto a ellos, ha sido hecha, por los juzgadores, con apoyo exclusivo en sus propios testimonios o confesiones, única prueba practicada en el juicio oral. Lo peor, ante tamaño irrespeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y procesales, los sancionados no tienen a que autoridad u órgano acudir en reclamó de respeto a esos derechos, quedando de ese modo en TOTAL DESPROTECCIÓN y DESAMPARO, sin acceso a una JUSTICIA efectivamente garantista, fenómeno o desastre no natural, contra el cual también deben ser protegidos todos los cubanos.

 

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