Sentencia viola preceptos legales

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Lic. Amado Calixto Gammalame.

La sentencia 157 de 2013 del Tribunal de la Habana distorsiona preceptos legales para denegar la constitución de la ASOCIACION JURDÍCA CUBANA.

En nuestros días con mucha frecuencia los discursos oficiales hablan de inclusión, diversidad, oportunidad, en fin, se trata de representar una sociedad digna del siglo XXI, sin embargo lo decidido en esta sentencia demuestra lo contrario.

Las sentencias tienen además de su fin decisorio sobre el caso, una labor educativa, al contribuir a formar valores y establecer la política del estado a favor del respeto de los derechos de los ciudadanos, aspectos que están ausentes en la sentencia 157; trataremos de explicar su contenido.

Un aspecto de medular importancia resulta lo apreciado en su TERCER RESULTANDO, el cual cito textualmente: Que vencido el término de contestación se abrió el proceso a prueba por el término de ley, practicándose las admitidas a las partes, consistentes en documentales y confesión judicial, las que constan en sus respectivos cuadernos….

Dicha aseveración constituye un grave error jurídico, pues es de estricto conocimiento para la judicatura, por estar dispuesto en La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; que se prohíbe la prueba de confesión judicial a los jefes de los órganos de la administración central del Estado, condición que posee la Ministra de Justicia, (artículo 279, cito: En los procesos en que sea parte el Estado, sus órganos y organismos o las empresas estatales, no se les pedirá confesión. En su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas por vía de informe por los funcionarios a quienes conciernan los hechos. Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona que represente en el proceso a la entidad de que se trate. Podemos afirmar, con toda certeza jurídica, que si la confesión judicial de la Ministra de Justicia fue practicada, como dice el TERCER RESULTANDO, se realizo en franca inobservancia de lo legalmente establecido.

Lo cierto es que la Ministra jamás compareció a la Sala ni al Tribunal, ni siquiera a la vista efectuada el 19 de marzo de 2013, a las 3:30 p.m., acto al que tampoco asistió su representante legal, la Licenciada Marta Estela Surí Pereda.

Por otra parte constituye un absurdo el que se pretenda argumentar que las instituciones Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos cumplen las funciones estatales que los iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana pretenden realizar, cuando, en primer lugar ninguna de ellas son Asociaciones, y esta aparente dicotomía, en modo alguno pugna con los resultados positivos que ya ha logrado la AJC; pero lo más significativo es que se pretenda argumentar este aspecto en contradicción con lo que establece la Ley 54 de Asociaciones en su artículo 8. Queremos hacer notar también que muchas otras asociaciones constituidas realizan sus actividades paralelamente o en simbiosis con las entidades estatales. Por citar ejemplos: la Asociación de Economistas, de Agricultores, Hermanos Saiz. etc.

La Sentencia 157 de 2013, respalda a ultranza una inconstitucional Resolución de la Ministra de Justicia, que irrespeta para con los fundadores de la pretendida Asociación, su petición viable jurídicamente, violando el derecho consagrado en el artículo 54 de la Ley Primera de la República de Cuba y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Reverenciar la ley o apedrearla (IV)

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OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Jorge Hojas Puñales

Es tanta la inobservancia de cada precepto de la Ley, que de tanto uso, se ha convertido en praxis, arraigada tan profundamente, que pudiésemos aseverar sin duda alguna que afrontamos una pandemia de nuestra territorialidad. Nos urge convivir con ella, constantemente la alimentamos y la hacemos nuestra, es caldo de cultivo para la falta de respeto, el maltrato, la indolencia e indiferencia ante los problemas.

Si nos diésemos a la tarea de llevar una estadística de los preceptos legales que con más cotidianidad son violados o vulnerados, tendríamos que referirnos al artículo 63, de la Constitución de la República, éste preceptúa que “todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas, y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”, realmente ejercemos el derecho de dirigir quejas y peticiones, pero lo contrastante resulta que no se recibe la atención esperada, ni la respuesta pertinente, mucho menos en plazo adecuado.

En lugar de atención, recibimos desatención, si desea comprobarlo vaya a una entidad estatal, debe contar hasta el infinito, para que no pierda la paciencia que debe tener para equipararla con quien tiene que atenderlo, le sugerimos no salir de esa misma entidad, para que comprenda que después de atravesar un largo y tortuoso camino para llegar a quien o quienes deben atenderlo, le dirán con buena o mala gana: espere respuesta dentro de equis días, respuesta que de seguro viajará por un laberinto de justificaciones, compromisos o promesas, estén o no atemperadas a la ley.

Si la respuesta se prolonga más del tiempo legalmente establecido, tenga la absoluta seguridad, que le acompañará una nota o coletilla diciendo según el documento, “se dicta o emite fuera de término, por el cúmulo de trabajo existente”, pero esté más convencido y seguro aún, que si es usted, quien entrega un documentos fuera del término establecido, la ya mencionada nota o coletilla, se redactará de otra forma y dirá, “no haber lugar, por presentarse fuera del término establecido”.

Otro controversial precepto lo constituye el artículo 65, de la Ley No 65, Ley General de la Vivienda, realmente el propietario de una vivienda no sabe cómo esgrimirlo, igual sucede con el cumplimiento del artículo 115, de la propia norma legal, al momento procesal del pronunciamiento, no se sabe, quien va a ejecutar lo dispuesto por la Dirección Municipal de la Vivienda o del Tribunal Provincial Popular que corresponda.

Otra muestra la podemos palpar en el Decreto-Ley No 272, “DE LAS CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO”, pero bueno, ese sería otro tema a tratar y si le interesa, hágalo saber.

 

¿Quién asedia a quién?

Ernesto Vera Rodriguez_2Lic. Ernesto Vera Rodríguez

En cualquier otro país de nuestro continente, la Policía cuida de los bienes públicos y privados, y su misión, salvo raras excepciones, está alejada de la política. El policía allí tiene una misión importante que cumplir. En cambio aquí las cosas resultan diferentes.

En los lugares más céntricos de Ciudad Habana es donde más violaciones de la ley se cometen, es allí donde el ciudadano común está más indefenso ante la arbitrariedad e ignorancia de uniformados que tienen como arma justamente la que toman de sus víctimas: el desconocimiento y el miedo.

Por ello, los abogados y demás representantes de la sociedad civil no deben circunscribir su trabajo al área donde residen sino que deben extenderlo a zonas como la Habana Vieja donde cada día son esposados y humillados decenas de personas por mera sospecha, sustentada muchas  veces en el color de la piel o la forma de hablar.

Hace varios domingos, presencié en el Parque Central como se violaron los derechos de Antonio Loriste de la Cruz, cuyo carné de Identidad es el No. 73110129509. Su piel es negra y su único delito fue transitar por el Parque Central siendo aproximadamente las 11: 53 a.m. Pude obtener de él mismo estos datos y antes de ser introducido esposado a la perseguidora #744, pude entregarle un documento que contiene los derechos que le asisten desde el momento de su detención, según la Ley de Procedimiento Penal.

Aunque los oficiales que le detuvieron me aseguraron que se trataba de un jinetero, de alguien que “asedia al turismo”, yo que trabajo justo en esa área y velo  por los derechos de gente como Antonio, no le vi asediando a nadie, sino que fue víctima del color sospechoso de una piel que en Cuba es símbolo de robo, un estigma, una cruz que se carga hasta la muerte.

Antonio Loriste se encontraba sentado a la sombra en un banco del Parque Central huyendo del agobiante calor, y allí fue asediado por dos uniformados, quienes le pidieron sus documentos, una violación de la privacidad muy común en Cuba.

Antonio Loriste fue conducido hasta la Unidad ubicada en la calle de Dragones, a una oficina que ellos llaman “de reconocimiento”. Su destino es incierto.

 

 

Sin ética y sin responsabilidad

Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

El viernes 20 de junio del 2008, el periódico Granma en su página seis, publicó un artículo del periodista Roberto Pérez Betancourt, titulado “Justicia con ética y responsabilidad en Cuba”, una síntesis de la intervención el día anterior, en el programa televisivo Mesa Redonda del Dr. Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad encargada de impartir la justicia, dimanada del pueblo y ejercida a nombre de éste, por dicho Tribunal y los demás Tribunales que la ley instituye, según lo previsto en la Constitución de la República de Cuba. Según Pérez Betancourt, Remigio Ferro expresó lo siguiente:

Impartir justicia en Cuba, implica una alta responsabilidad para cumplir las expectativas y confianza otorgadas por el Estado y la población, de ahí la necesidad de desempeñarse con profesionalidad y ética adecuadas.

En el transcurso de la Mesa Redonda Informativa de la radio y la televisión cubanas, Ferro subrayó este jueves la importancia de cumplir las garantías del debido proceso con alto compromiso de severidad y trasparencia.

Lamentablemente para los cubanos, no ocurre así. Lo más doloroso es el irrespeto por el cumplimiento de las garantías del debido proceso, tan importantes; criterio en el que coincido con Remigio Ferro, un mal que corroe todo nuestro sistema de enjuiciar, principalmente en materia penal.

El debido proceso, según la definición que ofrece, el Dr. Jorge Bodes Torres, en su libro “Sistema de Justicia y Procedimiento Penal en Cuba”, específicamente, en el Tema 8 “El juez, la norma y el debido proceso”, cito: es algo así como un principio del derecho procesal, un principio global de aquellos principios específicos que corporifican el ritual concreto de un sistema.

Pero, además de trazar las grandes líneas a que debe someterse el trámite especifico en cualquier sistema, el ´´ debido proceso´´ procura la equidad entre las partes, evita que una de ellas atropelle a la otra, lo que hasta ahora, en su devenir histórico, se ha manifestado como muro de contención del Poder del Estado, para impedir que este, en desigual contienda, afecte los legítimos intereses individuales de los ciudadanos; de ahí que éste concepto aparezca íntimamente relacionado con los derechos humanos..

Con preocupante regularidad, se ven afectados los legítimos intereses del ciudadano, ante la inexistencia de ese muro de contención del Poder del Estado, pues en modo alguno es procurada esa equidad que entraña el debido proceso. Esto es posible constatarlo en incontables procesos penales, pero me referiré a uno sólo, muestra elocuente del irrespeto a las garantías del debido proceso. Causa número 131 del año 2011, de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, por los delitos de falsificación de edocumento privado y malversación, en la que figura como presunta entidad afectada, la Corporación CIMEX S.A, razón por la que las autoridades de Instrucción Penal, Fiscalía y Tribunales, no podían bajo ningún concepto proceder de oficio ante tales hechos, lo que solo es posible en los casos que haya formulado Denuncia el representante legal de dicha entidad, o sea de CIMEX S.A, como lo exige el apartado 5to. del artículo 336 del Código Penal, precepto legal ratificado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Dictamen número 419 de 29 de octubre del 2002, esclareciendo a la vez, que el legislador en el apartado 5to. del artículo 336, referido a malversación, fijó un requisito de procedibilidad, para aquellos hechos cometidos por funcionarios o empleados de una entidad privada que teniendo el cuidado, la administración o la disponibilidad de los bienes de esta se apropien o consientan que otros se apropien de ellos en perjuicio de la entidad, en cuyo supuesto se procedería siempre que mediara denuncia del representante legal de la entidad, requerimiento, exigencia legal, requisito de procedibilidad o perseguibilidad, no cumplimentado en el referido proceso, puesto que no medió denuncia por el representante legal de la Corporación CIMEX S.A, entidad privada, presuntamente afectada en su patrimonio, en la que laboraba la encartada principal, la que resultó sancionada como autora de tales delitos a la doce años de privación de libertad, con quebranto evidente en la fase preparatoria de la formalidad que acabo de explicar, motivo más que suficiente, por el que, el letrado que asumió la impugnación de la sentencia, solicitara del Tribunal Supremo Popular, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, casación de oficio para dicha sentencia, al apreciar la infracción de las formas y garantías esenciales del proceso, defecto legal, muy trascendente al momento de dictar el fallo.

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, declaró Sin Lugar el recurso en cuestión, legitimando la ilegalidad del proceso; nunca antes había visto, un pronunciamiento, de la más alta instancia de la administración de justicia del país, tan incongruente con la profesionalidad y la ética, a que se refiriera el Dr. Ferro en el mencionado programa informativo de la televisión cubana, pues la sentencia en cuestión, fundó su fallo, en el Segundo y último de sus CONSIDERANDOS, el más exiguo y discordante con el derecho, las garantías procesales y la realidad de nuestro sistema jurídico, de los que he leído:…Que el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal autoriza al Tribunal que conoce la Casación, casar de oficio una sentencia, cuando el Tribunal de la instancia inferior no ha hecho uso oportuno de las facultades que al mismo le otorgan los artículos 263 y 351 de la propia Ley o cuando se han infringido las normas o garantías esenciales del proceso, de manera que puedan resultar trascendente al fallo, lo que no ha ocurrido en el proceso bajo control, por lo que es procedente rechazar la excitación que se hace por la recurrente HERRERA ZULUETA para el empleo de dicha facultad, ya que lejos de lo alegado, la entidad constituye un ente estatal

Esto, que puede considerarse la antítesis del desempeño del Máximo Órgano de la Judicatura Cubana, sienta un nefasto precedente, pues el pueblo, su legitimo soberano y titular, le ha encargado la impartición de justicia; sin embargo, se puso a un lado ese deber que le impone, el citado precepto, artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, de declarar de oficio el quebrantamiento de forma, pues no cabe dudas del no uso oportuno de las facultades que le atribuyen los artículos 263 y 351 del propio texto legal, previsto en el artículo 59 de la Constitución de la República: … Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen…

Herrera Zulueta fue encausada y condenada, sin la observancia de las formalidades y garantías establecidas legalmente, ya que es del dominio público, que la Corporación CIMEX S.A, es una entidad no estatal, su propia denominación la identifica como una Sociedad Anónima, por ende mercantil y según el artículo 2 inciso f de la Ley número 77 De la Inversión Extranjera, una Empresa Mixta y por tanto no estatal. clasificación prevista en el mencionado Dictamen 419, el cual estableció que en el concepto genérico de entidades privadas, previsto en el Código Penal, a los fines del Decreto-Ley 175 de 17 de junio de 1997, se entenderán todas aquellas entidades que no son estatales o que no aparecen expresamente recogidas en los respectivos preceptos penales, entre ellas las sociedades anónimas o empresas mixtas, como es el caso de la Corporación CIMEX S.A; Empresa no estatal o privada, siendo su actividad fundamental comercializadora, con sede en el Edificio Sierra Maestra, calle 1ra. esquina a 0, municipio Playa, La Habana, inscripta como tal, en el Registro Mercantil Central, del Ministerio de Justicia, Tomo 1192, Folio 30, hoja 16768.

Me resisto a pensar, que la Sala de Casación, desconozca las prescripciones legales y los datos y las disposiciones legales emanadas del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a los que me he referido , pero en verdad, desconocimiento, es lo que pone de manifiesto la Sentencia en cuestión, resolución del Tribunal Ad Quem, Tribunal de derecho, no ajustada a las regulaciones legales previstas en el artículo 80 inciso 4 de la Ley de Procedimiento Penal. Tal Sentencia no expresa, como es su deber, los fundamentos de derecho sobre los que sustenta la conclusión de que no fueron quebrantadas las garantías esenciales del proceso y mucho menos, en qué prescripciones legales se apoya para afirmar categóricamente, que la Corporación CIMEX S.A, constituye un ente estatal.

Justicia con Ética y Responsabilidad, continua siendo un objetivo por alcanzar; no estuvo incluido en el orden del día del recién concluido VII Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, a pesar que de acuerdo con las palabras de la Ministra de Justicia es vital para el reordenamiento económico que vive el país…, Debe ser, igualmente vital para el reordenamiento jurídico, de la nación cubana.


AGRAVIO, SI; AMPARO, NO

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Wilfredo Vallín Almeida, La Víbora, Ciudad Habana

Una muchacha, que acude a nosotros exponiendo su caso, se explica en los siguientes términos:

La primera vez, me montaron a la fuerza en un auto con chapa particular. Les había pedido que se identificaran, pero no lo hicieron. En el vehículo fuimos víctima de violencia, pues uno de ellos se arrodilló sobre mi pecho y yo apenas podía respirar. Al joven que fue detenido conmigo, lo mantuvieron todo el tipo con las manos a la espalda y la cabeza pegada al piso del carro. Al momento de bajar no descendimos del auto sino que nos arrojaron también violentamente afuera.

La segunda vez fue peor: nos condujeron a una estación de policía. Allí me tiraron al piso y me dieron patadas por todo el cuerpo. Después me encerraron a mí y a mi hermana en un calabozo.

Amigos abogados me recomendaron que hiciera la denuncia a la Fiscalía Militar Provincial, y así lo hice. Esperé el tiempo que marca la ley para recibir respuesta de las autoridades, pero ya ese tiempo pasó y sigo sin recibirla… Todo parece indicar que no la habrá…y tengo dos preguntas: Primera, eso de la no respuesta, ¿acostumbra a pasar con frecuencia? Y segunda, ¿qué se hace cuando las autoridades no responden a un ciudadano?”.

A la primera pregunta damos la primera respuesta.

Este columnista conoce decenas de casos, algunos extremadamente graves, en los que las autoridades no han dado nunca respuesta de ninguna índole. Eso en Derecho tiene un nombre, pues se le acostumbra a llamar “silencio administrativo”. Pero amén de este nombre, esa actitud trae aparejada otro criterio, pues cuando se trata de personal del gobierno implicado y éste no juzga tales actos ni responde nada, se tiende a pensar en “complicidad u órdenes gubernamentales”.

Nuestra respuesta a la segunda pregunta es como sigue:

En el mundo de los países donde los gobiernos respetan a sus pueblos, existe una institución jurídica, el AMPARO. El amparo es una institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra los actos de autoridad de cualquier tipo que, en detrimento de sus derechos, viole la Constitución.

El amparo se relaciona estrechamente con otro concepto, el AGRAVIO, que es uno de los factores de procedencia del amparo. Sin él, la acción constitucional es improcedente. El AGRAVIO se forma con la concurrencia de dos elementos, a saber, el material, que se manifiesta en cualquier daño, lesión, afectación o perjuicio que el gobernado pueda sufrir o sufra en su esfera jurídica, es decir, en sus bienes o derechos en general, incluyendo obviamente la libertad personal.

El AGRAVIO, además, para que provoque la procedencia del amparo, debe ser personal y directo.

Aunque los términos en cuestión no se utilizan ni en la Constitución, ni en las leyes positivas, evidentemente, en su caso concurre AGRAVIO pues la Constitución de la República establece que el ciudadano es inviolable en su integridad personal (artículo 58). Lo que no existe en la legislación cubana es el AMPARO, pues no hay un Tribunal de Garantías Constitucionales, ni un Defensor del Pueblo a la manera europea, ni nada que se le parezca. Es decir, que el país que “más respeta los derechos humanos en el mundo”, no tiene ninguna institución para garantizar esos derechos…y si Ud. me pregunta por la Fiscalía como garante de esa legalidad, y su propio caso es un ejemplo, mi respuesta, desgraciadamente no podrá ser otra que

- Bien, gracias.

Cuando las vías nacionales para reclamar un derecho se agotan sin resultado positivo, entonces queda al individuo el acudir a la vía de la denuncia internacional y a las instituciones internacionales al efecto. En próximas ediciones trataremos con detalle estos aspectos.

vallinwilfredo@yahoo.com

Nota: Este trabajo está publicado en Primavera Digital

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.