Sin tribunal constitucional, imposible prefeccionamiento del modelo jurídico

.Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese importante órgano podría insertarse dentro del Sistema de Tribunales Populares, concretamente el Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182.´´ El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  • a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

  • b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

  • c) Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

  • d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

  • e) Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

  • f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimará afectada por un acto o disposición que considerará inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe hoy en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano, no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad “Hermanos Saiz” de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargando a la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible concebir y creer que, solo en instituciones de esa naturaleza, puede radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, a los ciudadanos, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir la inobservancia de la legalidad socialista, advertido y denunciado por el Presidente de la República, en su intervención en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer incurable, del que son responsables funcionarios estatales y ciudadanos; que no es posible su erradicación con tan solo realizar operativos policiales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, los llamados bandazos y si con el establecimiento de un sistema mixto , múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, los llamados a constituirse en ejemplo y paradigma a seguir en tan crucial tarea, para la supervivencia del modelo social cubano, el respeto a la Ley, a la Constitución.

 

Constitución, la más vulnerada

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La Constitución, conocida también como Ley de Leyes, Ley Suprema, Ley Fundamental, Carta Magna, entre otras denominaciones, constituye el documento político-jurídico más trascendente de cualquier sociedad, pues regula la base económica del Estado, las formas de propiedad y el sistema de economía, las formas de gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Determina las relaciones entre los órganos de poder, así como los del Estado en su conjunto, estableciendo además, los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.

La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Auto Número Seis de 11 de febrero de 2010, dictado en el Proceso Ordinario No. 1 del propio año, la define, como la fuente esencial de todo el sistema jurídico, en la que se establecen los principios más importantes y puntos de partida para todas las ramas del Derecho.

Uno de esos principios y punto de partida, lo es, el previsto en el artículo 54 de la Ley Fundamental; ´´ Los derechos de reunión, manifestación, y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, ´´. Principio cardinal, inobservado por la Ministra de Justicia, para con los fundadores e iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, al pronunciar con fecha 12 de abril de 2012, la Resolución Número 44, Denegando la Solicitud de Constitución de dicha Asociación, sin sustento legal alguno.

El actuar de la Ministra de Justicia, quebranta y vulnera una garantía constitucional, pero infructuosamente, para nosotros, iniciadores de la pretendida Asociación, el Sistema Jurídico Cubano, no cuenta con un Tribunal de Garantías Constitucionales, que seria el órgano jurisdiccional, con competencia para conocer y resolver, el recurso de inconstitucionalidad a interponer contra ese Acto o Resolución de ese organismo de la administración central del Estado, que niega y restringe tal derecho, consagrado en la Constitución a todos los ciudadanos, en total concordancia con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La no existencia del referido Tribunal, limita en extremo, a los ciudadanos, el acceso a una justicia efectiva y garantista, pues no existe en el actual sistema de tribunales populares, procedimiento legal , mediante el cual sea posible obtener la declaración de inconstitucionalidad, respecto a una disposición de una autoridad estatal, o funcionario público, que se estime inconstitucional, como lo es la mencionada Resolución 44 de la Ministra de Justicia, quedando tan sólo una vía legal, la jurisdicción en materia administrativa, ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, no competente para hacer tal declaración, por lo que a mi juicio, la Carta Magna, carece de la debida protección jurídica y con ello los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

Personalmente, estimo, como paso hacia el perfeccionamiento de nuestro modelo social, que debería insertarse en el cumulo de las transformaciones jurídicas a realizar, que demanda nuestra sociedad actual, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, como una Sala del Tribunal Supremo Popular. ¿Por qué no?, ¿qué lo impide?

 

Necesario Tribunal

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El Tribunal de Garantías Constituciones y Sociales, según el artículo 182 de la Constitución de 1940, era el órgano jurisdiccional competente para conocer: los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en la Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado y los recursos de HÁBEAS CORPUS por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales, entre otros.

Hasta donde he podido  hurgar en mis indagaciones bibliográficas, ese Tribunal existió en la estructura  jurídica del país, hasta los primeros años de la década del setenta de la pasada centuria, pero no he logrado conocer las causas que determinaron la desaparición de tan importante y necesario órgano jurisdiccional.

¿Puede tal acontecimiento, considerarse avance o retroceso? Lo catalogo como lo segundo, pues la no existencia del Tribunal de Garantías Constitucionales,  hace carente a la Constitución de la República, de la necesaria y debida protección jurídica y de que no contemos con un mecanismo jurídico  que permita y garantice con la agilidad , viabilidad y efectividad requerida, el restablecimiento de la legalidad, cuando son vulnerados  garantías y derechos tan importantes como los establecidos en los artículos 58 y 59 de la Carta Magna:  La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes…  Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Todo acusado tiene derecho a la defensa.

No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

Conocemos de casos, lamentablemente se suceden con mayor frecuencia, en que las personas son detenidas o presas con total quebranto de la forma y las garantías que prescriben las leyes, especialmente los artículos 252 y 253 de la Ley de Procedimiento Penal, referidos a la forma y supuestos en que es posible imponer la prisión provisional, como medida cautelar a un acusado, respecto a los cuales el Consejo de Estado a través del Acuerdo de 8 de marzo de 1985, estableció un imperativo legal: Cuando se trate de acusados que posean buenos antecedentes y observen buena conducta sólo podrá disponerse o confirmarse la medida cautelar de prisión provisional si se entiende que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia por haberse ocultado de las autoridades o destruido pruebas de su acción o en los casos en que se trate de un hecho delictivo que haya concitado alarma en la esfera social más inmediata, que se entienda imprescindible esta medida.

Lo que fue así plasmado en la Instrucción 118 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, prescripción legal de las más inobservadas, pues un número considerable de acusados se hallan en los establecimientos penitenciarios sujetos a prisión provisional, a pesar de poseer buenos antecedentes y sin tratar de evadir la acción de la justicia, confinamiento que por lo regular se dilata más allá del plazo legal establecido.  En esa situación está mi esposa Marienys Pavó Oñate, pues la Fiscalía, que debiera vigilar el estricto cumplimiento de la Constitución, se mantiene inerte ante  tal ilegalidad.

Resultando posible, otra vía para restablecer la legalidad quebrantada, accionando ante ese, para mí, cada día más necesario Tribunal de Garantías Constitucionales.

 

Trabajo, internamiento y edad

Osvaldo Rodríguez Díaz

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana en la causa 93 del 2012, emitió la sentencia número 14 de 10 de julio del 2012, en la que le impuso a la acusada N.V.B.Q. la sanción de dos años de trabajo correccional con internamiento.

La sancionada en cuestión, al momento del juicio oral, contaba con 60 años de edad y más de 40 de trabajo, por lo que su condición de jubilada quedó clara en dicho acto.

Resulta en extremo cuestionable imponerle a esa acusada una pena de trabajo por dos años, cuando ya su capacidad laboral está disminuida, amén de los padecimientos complementarios de esa etapa de la vida.

Internacionalmente, el límite máximo de edad laboral de la mujer está entre los 55 y los 60 años, hoy en Cuba el límite es 60, por lo que, en este caso, a la sancionada se le ha impuesto una condena en franca contradicción con la legislación laboral controlada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley penal franquea otras posibilidades para el caso en cuestión, pues la pena se le pudo subsidiar por la de limitación de libertad o por la de trabajo correccional sin internamiento,  para que elija una labor que por sus condiciones pueda realizar, aún por cuenta propia.

Se pudiera ampliar más sobre el tema, pues esto ocurre con frecuencia y el Tribunal Supremo ha rectificado la sentencia, modificándole la medida a los sancionados.

Esperemos el desenlace de este caso, pues se encuentra a consideración de dicho Tribunal.

Contra los derechos individuales

Lic. Osvaldo Rodríguez Díaz

En fecha 9 de julio de 2012 se presentó ante la Secretaria de Gobierno del Tribunal Provincial de La Habana un proceso sumarísimo de habeas corpus, el que se admitió y remitió a la Sala Tercera de dicho Tribunal.

La referida Sala de inmediato se comunicó con los funcionarios implicados en la privación ilegal de libertad del recluso, previa radicación del asunto.

Ese mismo día, a las diez y media de la noche, resultó puesto en libertad el perjudicado y quedó citado para el siguiente día. A la Sala, también fueron citados los funcionarios involucrados.

Compareció el acusado y los responsables del Control Penal del Combinado del Este, que eran los denunciados en el proceso.

Al abogado, hasta la fecha, no le ha sido notificada resolución alguna. Al privado de libertad, pese a estar en libertad, no le llenaron Acta de Comparecencia. Desconocemos qué explicación dieron los funcionarios, los que con antelación fueron advertidos por el padre del recluso del error en que estaban incurriendo.

Pese haber sido apercibidos, los responsables de Control Penal mantienen al reo en prisión, estando legalmente en libertad, hace más de cinco días.

Aunque el perjudicado y sus familiares no pretenden denunciar a los culpables por un delito de privación ilegal de libertad, artículo 279.1 del Código Penal, el Tribunal debió notificar la Resolución correspondiente al letrado que interpuso el Recurso.

También pudo el Tribunal -conforme al Artículo 6 de la Ley de los Tribunales-, dar cuenta a la Fiscalía Militar, lo que tampoco es del interés del perjudicado, pero al menos comunicarlo a la Dirección Nacional de Prisiones y dar a conocer al principal responsable para que no ocurran estos hechos.

Cundo un recluso se evade de la prisión, generalmente resulta sancionado por este nuevo delito, ahora ocurre lo contrario, retienen al que cumplió la pena y está en libertad y no se aplica al responsable ni una medida administrativa.

De todos modos, no existe interés en causar daño, sino que se evite lesionar los derechos individuales.

La Sala Tercera obró con toda la rapidez posible, que siempre sea así.

 

 

LA IMPRESCINDIBLE LEGISLACION COMPLEMENTARIA

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Wilfredo Vallín Almeida, 8 de agosto de 2010, La Víbora, Ciudad Habana

En una clase que hace algún tiempo yo impartía sobre la Constitución de 1940, una alumna me preguntó: ¿Cómo es posible, si la Constitución del 40 era tan buena, que Batista diera el golpe de Estado de manera tan impune?

Basé mi respuesta en un grave problema de aquella constitución: la ausencia de una legislación complementaria.

Ese recuerdo volvió a mi memoria contemplando la transmisión de lo que acontecía en la última Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, en el año 2010, a más setenta años de aquellos acontecimientos, volvía a ver el mismo problema: la ausencia de la legislación complementaria. Para los no entendidos en estos asuntos, trataré de explicarme.

Como ya hemos dicho anteriormente, una constitución es una especie de regulación de las “reglas del juego social”. En ella se exponen las normas más generales que regirán el país, a saber: la estructura del gobierno y sus atribuciones, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, el régimen económico, político y social, y otras consideraciones.

No obstante, la Ley Suprema, por su generalidad, necesita de otras leyes denominadas “complementarias” que especifiquen detalladamente cómo se instrumentará el cumplimiento de la disposición constitucional.

Un ejemplo ilustrará mejor esta explicación.

La Constitución socialista vigente establece en su artículo 63: Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley.

Sin embargo, conocemos numerosos casos que van desde sencillas peticiones a las autoridades, pasando por acusaciones a oficiales del MININT, decomisos ilegales de la Aduana General de la República, detenciones arbitrarias, registros sin cumplir los procedimientos establecidos, citaciones no válidas, y hasta una acusación de asesinato masivo de personas, situaciones todas que , habiendo sido reclamadas, han quedado sin respuesta por parte de los organismos involucrados, incluyendo a la propia Fiscalía General de la República.

Al no existir unas leyes complementarias de la Carta Magna, el ciudadano desconoce qué sucedería de no brindársele ninguna respuesta, no cuenta con una institución como un Tribunal de Garantías Constitucionales o un Defensor del Ciudadano que garantice sus derechos ciudadanos. Todo se vuelve un “peloteo” absurdo e irrespetuoso de los que conforman “el pueblo, de donde dimanan todos los poderes“, y los artículos de la Constitución quedan sencillamente en letra muerta.

Después de 51 años de revolución, la Asamblea Nacional del Poder Popular se da cuenta ahora de la necesidad de una legislación sobre esa materia para que no se maltrate al pueblo…Increíble, pero cierto.

Como hemos visto tantas veces prometer lo que no se cumple -empezando por la restitución de esa Constitución de 1940 en La Historia me Absolverá – esperemos que lo dicho en esta última Asamblea no quede solamente en eso: palabras. De no ser así, y ya que el refrán popular reza “más vale tarde que nunca”, daríamos la bienvenida a esa legislación complementaria…y hasta la aplaudiríamos.

vallínwilfredo@yahoo.com

Asociación Jurídica Cubana demanda a representante del gobierno.

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Lic: Laritza Diverzent

La Asociación Jurídica Cubana, una organización de abogados independientes, interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por denegar la autorización para la constitución legal del gremio.

El acontecimiento, calificado de excepcional por los juristas, no tiene precedentes en los 51 años de ‘Revolución’. Es la primera vez, que una organización disidente interpone una acción legal ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

La Asociación Jurídica Cubana, fundada el 1ro de octubre de 2008, brinda asesoría jurídica a ciudadanos que requieran sus servicios. Tiene además entre sus objetivos elevar el nivel de conciencia jurídica de la sociedad civil cubana. Todo ello sin ánimo de lucro.

El Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), presidido por Reus González, guardó silencio en tres momentos distintos, respecto a la solicitud de una certificación, que debía acreditar, si existía en la isla otra ONG, con el mismo nombre o fines de la Asociación Jurídica Cubana.

Las dos primera solicitudes se dirigieron al Jefe del Departamento del Registro de Asociaciones en abril de 2009 y marzo de 2010.La tercera solicitud se planteó , por medio de Recurso de Alzada, ante Reus González, por quebrantamiento de las formalidades legales.

El gremio de abogados se dio por notificado al transcurrir el término, que prevé la Constitución Estatal y la Ley de Procedimiento Civil, para dar respuesta a una petición ciudadana. El documento constituye el primer trámite en el proceso en la legalización de una organización no gubernamental (ONG), según dispone, el Reglamento de la Ley No.54, “De Asociaciones”.

La demanda fue radicada por el órgano de justicia, el 29 de junio, e intenta impugnar la decisión adoptada (silencio administrativo) por el Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS). A partir de ese momento, el tribunal tiene términos legales precisos para actuar. El juez ponente del caso, será Jolene Pereira Basanta

¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (III)

Lic. Laritza Diversent

El Tribunal provincial de Ciudad Habana sancionó a Olga Lidia Ramírez Maura, por un delito de tráfico de personas. Ella se declaró inocente y para su defensa contrató, en el Bufete Colectivo “Salvador Allende” de Centro Habana en la capital, los servicios del abogado Máximo Averoff Bolaños. Confió en él, cuando le dijo que no hablara en el juicio.

Según la sentencia 111/09 los jugadores “Estayle Manuel Hernández Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez”, fueron contactados “en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados”. Allí se les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales, “donde recibirían jugosos contratos en efectivo por su desempeño”.

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad, al que sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con destino a terceros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio, sin embargo, la sentencia, no específica cuál. El destino final sería los Estados Unidos. Supuestamente Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal, formó convicción de los hechos declarados probados, por la confesión del jugador Reinaldo fajardo, quien manifestó que Ramírez Maura, por vía telefónica le propuso “en un lugar”… “salir del país por vía marítima, en una embarcación que llegaría a Cuba por esos días”.

La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior, era Franklin García Castro. Un ciudadano venezolano, vinculado a mercaderes del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos. Según exponen la sentencia, la información contenida en ellos estaba “en otro contexto y de una forma figurada”.

Sin embargo, la correspondencia fue determinante para que el tribunal, “después de saber las intenciones” de la acusada, la sancionara a 7 años de prisión. Su abogado defensor, sin consultarle, la hizo responsable con respecto a la salida ilegal del país.

Contra el abogado, presentó una queja ante la Organización Nacional de Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero de su centro. La respuesta escrita de la institución a Ramírez Maura es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El Bufete Colectivo “Salvador Allende”, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito. Ramírez Maura no descansa para que las autoridades le den el derecho de acceder a la justicia. Recientemente interpuso reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta.

SIN ACCESOS A LA JUSTICIA (II)

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Lic. Laritza Diversent

Alguien deslizó un papel debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda Alonso exige a Olga Lidia Ramírez Maura, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es institución de la seguridad del Estado cubano en Ciudad Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un interrogatorio de 10 horas. “Al final de la tarde, totalmente perturbada y medicamentada, firmé mi declaración sin saber, que firmaba mi sentencia”, argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo hizo el instructor de su caso.

Ramírez Maura nunca antes había sido interrogada. Desconocía que la Ley de Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o testigo se consigna por escrito, este tiene derecho a leerla por sí mismo y si no lo ejercita, debe hacerlo el oficial actuante.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la Capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su director, que estaba acusada por tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda Alonso, omitió decirle, tal como ordena la ley, que se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de su derecho a prestar declaración. Hasta hoy Ramírez Maura ignora quien la acusó.

Así comienza la historia que, en el 2009, llevó a esta mujer enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio. Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos nacionales Industriales y Metropolitanos.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda, fue también determinarte para el tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial “corroboró y confirmó” que la acusada, en la fase investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez Maura, alega que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido en la Ley Procesal.

Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado,… la sola declaración de las personas… no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.

Ramírez Maura interpuso una queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina le leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la misma.