Sentencia ejemplar

16 Isla con mano

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

Un principio medular del proceso penal es de Inmediación, constituido por la relación personal y directa del Tribunal en la práctica de pruebas durante el debate que solucionará el caso concreto. El órgano juzgador, observa y obtiene sus conclusiones de cada elemento de prueba que se practica.

Esta garantía constituye la máxima expresión del principio de contradicción, pues el debate se da en presencia de los jueces de forma oral y pública e impide valorar elementos probatorios no practicados durante el juicio oral. Se encuentra regulada en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento como en el Acuerdo No. 172 de 26 de noviembre de 1985 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

De a cuerdo al principio de inmediación, se estima que la base de la sentencia versa de forma exclusiva sobre la prueba practicada en juicio no de las diligencias de instrucción que solo han de constituir el sustento de la acusación; sin embargo, en ocasiones he observado su quebranto en alguna que otra sentencia donde se han expuesto planteamientos tales como: ¨… se examinaron y desestimaron las declaraciones que durante el juicio oral prestaron los testigos R. A. y F. G., con las que pretendieron destruir las declaraciones que habían prestado durante las investigaciones, negando no solo haber referido los particulares que constan en ellas, e incluso la firma que obra en el acta de la referida declaración… lo que conlleva a acoger sin dudas de ningún tipo las declaraciones que de forma voluntaria, consiente y desprovista de cualquier interés prestaron estos últimos durante las investigaciones…¨

Respuesta ejemplar a este tipo de anomalía de la Sentencia No. 356 de 19 de enero del 2004 del Tribunal Supremo Popular. A continuación cito uno de sus fragmentos:

¨Considerando: Que de la lectura y análisis de la sentencia citada por la sala de Primera Instancia, se aprecia que se han vulnerado los principios que sustentan el sistema acusatorio, pues al producirse en el acto del juicio oral retractaciones inesperadas por parte de varios testigos, los jueces, en lugar de proceder como ordena el artículo 351 de la ley de procedimiento Penal, y disponer la práctica de nuevas diligencias de prueba, o en su defecto haber dispuesto una sumaria instrucción suplementaria, con el fin de se practiquen las diligencias de investigación necesarias para esclarecer y demostrar lo realmente ocurrido, optaron por fundamentar su convicción de culpabilidad en las declaraciones prestadas por los testigos durante la fase preparatoria, desconociendo, además de los principios antes referidos, la obligación que les impone el artículo 357 de la ley Procesal de dictar sentencia de acuerdo al resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral, y como quiera que tal proceder es ilegal e infringe las formas y garantías esenciales, procede al amparo del artículo 79 de la Ley adjetiva, disponer la casación de oficio de la sentencia, anularla y retrotraer el proceso para que el tribunal de instancia subsane el quebrantamiento señalado y, en definitiva, dicte una sentencia ajustada a derecho¨

El fragmento citado constituye, una defensa cabal del principio de inmediación. Su aplicación ha de ser regla que no admita excepciones.

¿Uno o dos Delitos?

2-osvaldoOsvaldo Rodríguez Díaz

El ciudadano J.Y.E.Z. resultó sancionado en la causa 262/2010 del Tribunal Provincial de La Habana, Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, por un delito de tráfico de drogas, en juicio celebrado el 2 de febrero de 2011.

En la sentencia se le imputa que en fecha anterior y próxima al 30 de enero de 2010, le propició drogas a otro para su traslado desde San Antonio a La Habana para comerciarlas.

El propio J.Y.E.Z. resultó sancionado en la causa 15 del 2011 del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, en juicio celebrado el 18 de marzo del 2011 por tráfico de drogas.

En la sentencia se le imputa realizar venta de drogas en La Habana en febrero del 2010. Se le imputa, además, efectuar ventas en julio del mismo año en San Antonio de los Baños.

¿Estaremos en presencia de DOS CAUSAS radicadas por distintos tribunales para conocer de los mismos hechos?

Tráfico supone tratar con diversas personas, en distintos lugares que, según las sentencias expresadas, realizó el sancionado en La Habana y Artemisa en un mismo período de tiempo. A un traficante se le puede perseguir durante años y es solamente un traficante, no varias veces traficante.

La Ley Procesal Penal, en su artículo 13.5 deja definido qué se considera un delito conexo, los diversos delitos que se atribuyan a un acusado al incoarse expediente contra él por cualquiera de ellos, si tuvieran analogía o relación entre sí y no hubieren sido hasta entonces objeto de proceso.

Los juicios fueron celebrados en febrero y marzo del 2011 ¿Cómo no conoció la Instrucción que ambos casos son, en realidad, uno sólo?

¿Se habrá dado el caso, por error, de un juicio ilegal? ¿Cuál de ellos?

Serían de utilidad las opiniones de penalistas al respecto.

 

 

Juicio contra rastafari Héctor Riscart

imagen de internet

Yaremis Flores

El pasado viernes 13 de abril, en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, se celebró el juicio contra Héctor Riscart Mustelier, apresado desde el 16 de noviembre de 2011 por un presunto delito de tráfico de drogas y resistencia a la autoridad.

Al menos desde las siete de la mañana, las patrullas 054, 296 y 478 recorrían las calles Juan Delgado y Carmen. Más de 10 oficiales vestidos de civil vigilaban la zona. Una persona desde el interior del tribunal explicó a un vecino “Hoy hay un juicio grande de droga y vienen elementos provocadores”. Más tarde llegaron familiares, amigos y hermanos de fe de Héctor.

A las 9 de la mañana, un vehículo verde, condujo a Riscart Mustelier por la entrada trasera. Caridad, su madre, corrió tras el vehículo y vio bajar a su hijo. Los guardias impidieron el saludo: –“Lo rodearon 5 militares como si fuera un asesino”, dijo con lágrimas en los ojos.

Comenzó la audiencia 1 hora después. Sólo entraron a la sala de juicio 5 familiares y esta reportera. Las conclusiones del Fiscal, fueron dirigidas a la Sala 4ta de la instancia provincial. Sin embargo, los juzgadores eran de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado. Cinco jueces subieron al estrado. La ponente no explicó el motivo del carácter secreto del juicio.

Héctor, también conocido por Ñaño, miró a su familia, ya en el banquillo de los acusados, sin las esposas y escoltado con 2 guardias a cada lado. Realizó un gesto con el puño cerrado como símbolo de fuerza. Luego, accedió a declarar. A preguntas de la Fiscal Alina, narró su versión y aseguró no llevar droga.

La parte acusadora cuestionó al acusado si existía alguna norma que prohibiera a los artistas ser cacheados por la policía. Pareciera que la fiscal desconoce lo ilegal del registro corporal en la vía pública si la persona no lo autoriza.

Ñaño reconoció que consume marihuana, “en actos sacramentales por su creencia”. El consumo en Cuba solo es objeto de medidas terapéuticas. La jueza, quien debió alertar al acusado de su derecho a no comprometerse con sus declaraciones, aprovechó para indagar dónde había adquirido la droga en esas ocasiones anteriores y si luego la trasladaba hacia algún lugar.

¡Objeción, Su Señoría! Hubiera sido la reacción de un defensor de esos que se ven en las películas. Pero el silencio reinó en la Sala. Llegó el momento de las pruebas documentales. Ni la Fiscalía ni la Defensa mostraron interés en debatirlas. La jueza avanzó sin mencionarlas. La madre de Ñaño, a mi lado, preguntó en voz baja: –¿Y las pruebas, también son secretas?

El primer testigo en declarar fue el uniformado Wilber Durruthy. Le siguió su colega David Rousseax. El primero afirmó que el acusado se quitó el turbante y cayó la droga. “Se le zafó…” dijo el segundo. ¿Se le zafó o se lo quitó? sugirió la Fiscal. David rectificó que Ñaño se había quitado el turbante. Así se consignó en acta.

El tercer testigo, oficial de la Dirección Nacional Antidroga del Cerro no dijo claro su nombre. Reconoció no conocer a Héctor. Sin embargo, aseveró: –Desde julio del 2011 tenemos controlado al acusado. Él vende marihuana en su casa, en discotecas y en la vía pública–. La jueza preguntó por qué no habían operado antes. “No se dieron las circunstancias” contestó.

Zenén Abreu y otro, integrante del grupo musical antes del grupo musical liderado por Ñaño, conocido por “El Pecas”, presenciaron lo sucedido el día de la detención y contaron al plenario que el turbante cayó por el forcejeo y no vieron droga alguna.

Para la fiscal era imprescindible la declaración de uno de los testigos ausentes, Ernesto Martínez, agente encubierto que presuntamente vio al acusado comercializando la marihuana dentro del cabaret. La abogada de la defensa instó a declarar a la presidenta del CDR, con el objeto de ilustrar el nivel de vida y conducta de Héctor.

No obstante, la Juez Ponente alegó: –Ya tenemos varios elementos para arribar a un fallo justo.– Acto seguido la parte acusadora mantuvo su petición de 10 años de prisión. La defensa insistió en la absolución. Hora y media bastó a los jueces para determinar el destino del Ñaño. El juicio quedó concluso para sentencia.