Sanción superior a la solicitada.

Lic. Miguel Iturria Medina

Uno de los presupuestos de Derecho a la defensa, debe ser la correlación entre la acusación formulada por el fiscal, y la sentencia. No deben existir sorpresas en la solución de un proceso penal que no fueran objeto de debate durante la deposición de las partes.

En límite fundamental de este principio está dado, fundamentalmente, en la prohibición al órgano juzgador de hacer variaciones sustanciales del hecho originariamente imputado por el Ministerio Público. Además, en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento Penal se prohíbe al Tribunal sancionar por un delito más grave que el calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, agravar el concepto de participación, grado de consumación del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada.

De los presupuestos relacionados en el artículo 357 de la LPP, solo uno de ellos será objeto de debate en este breve texto. Es el referente al significado de sanción más grave que la solicitada. Este concepto se ofrece en el Dictamen No. 296 que devino en Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. En él, se establece solo una prohibición de imponer penas cualitativamente superiores sobre la base de los tres tipos de penas principales: multa, prisión temporal, perpetua o muerte. Fuera  ello no existe límite.

De acuerdo a la interpretación del Dictamen, imponer sanción más grave es variar la solicitada. No puede imponerse prisión cuando la solicitud fue de multa; ni muerte si se pretendía la privación de ; última no puede ser perpetua si se interesó temporal. Esta definición permite que el tribunal imponga penas superiores  en cuantía que las solicitadas e incluso deje de aplicar sanciones subsidiarias de penas principales.

Para ilustra lo expuesto voy a exponer  tres ejemplos:

  • El fiscal solicitó una sanción de tres años de privación de libertad, en un marco penal de tres a ocho años de esta sanción, y el tribunal impuso seis.
  • Fueron solicitados tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento, sanción subsidiaria de la Privación de Libertad que no implica el confinamiento del individuo, y se impuso esa misma cuantía, pero de prisión.
  • Se solicitan los tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento y finalmente se impusieron seis de privación de libertad.

Los defensores de este criterio exponen que mediante esta interpretación se evitan sanciones extremadamente benignas solicitadas por el fiscal y así se coadyuva a administrar justicia adecuadamente. Estimo que aunque puede que no le falte razón a este criterio, no hay que olvidar que aumentar el rol de la acusación produce sorpresa en quien se defiende  e inseguridad jurídica al articular su defensa. En otros ordenamientos jurídicos se admite la mediación entre defensor y fiscal donde se negocia incluso el límite máximo que se solicitará en juicio. Para evitar solicitudes inmerecidas deben colegiarse las decisiones de la fiscalía en lo referente a la pena a interesar. Lo contrario constituye una confusión institucional.  

 

Beneficio Incierto.

Lic. Miguel Iturria Medina

La Malversación como delito está instituida en muchos ordenamientos jurídicos. En nuestro caso se encuentra regulada en el artículo 336 del Código Penal y se corporifica cuando un individuo tome para sí o consienta que otro lo haga, bienes sobre los cuales tiene relación de administración, disponibilidad o custodia en razón de su desempeño laboral.

Esta figura delictiva está comprendida dentro de las denominadas defraudaciones y a pesar de estar incluida dentro del título de los delitos contra el patrimonio, por su repercusión y magnitud, es considerada como un tipo penal que lacera la economía nacional y el que más influencia negativa ejerce sobre ella.

En el artículo 336, se aplican diferentes respuestas penales de acuerdo al monto de lo defraudado. De tres a ocho años de privación de libertad, si la afectación económica está entre $ 1000 y $ 10000, de ocho a veinte cuando es más de $ 10000 y de seis meses a dos años o multa, cuando está por debajo de $ 1000. Las cuantías relacionadas están dispuestas en la Instrucción 165 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. El asunto se trata de responder con mayor severidad mientras más grande sea la defraudación al patrimonio estatal. A título personal comparto esta idea.

En el apartado 6to de este precepto se dispone un beneficio al reo que cito textualmente:

¨Si el culpable reintegra, antes de la celebración del juicio oral, los bienes apropiados, o mediante su gestión se logra dicho reintegro, el tribunal puede rebajar hasta en dos tercios el límite mínimo de la sanción que se señala en cada caso¨.

El propósito de este supuesto es claro, mediante está expectativa se estimula a quien cometa este tipo de delito a reintegrar lo defraudado con la esperanza de mejorar su situación procesal; pero este interesante apartado tiene un inconveniente práctico y es la utilización del término puede que lo convierte en una norma opcional o facultativa, pues luego del reintegro no viene el Tribunal obligado a otorgar el beneficio descrito. En nuestra práctica judicial esta última variante está sucediendo con frecuencia.

A mi modo de ver constituye un acto de deslealtad que se inste a alguien a entregar lo defraudado con la expectativa de mejorar su situación en el proceso para luego no recibir el beneficio esperado. Está norma jurídica debería ser preceptiva o vinculante para los foros de justicia, pues las sentencias no solo tienen repercusión en los implicados, sino en la sociedad y futuros infractores. Por ejemplo, si los involucrados en este tipo de asuntos conocen que el reintegro monetario no les traerá un beneficio seguro, seguramente no se inclinaran por esta variante; pero si se cumpliera con certeza, todo acusado cooperaría y sería, sin dudas, una forma de restituir el fruto de la corrupción a su lugar de origen.