Consideraciones sobre la sanción penal en la ley sustantiva cubana.

2 wintersixfourLic. Andrea López

Muchas han sido las discusiones en torno  a la pena y muchas las definiciones  ofrecidas por diferentes tratadistas. Pena es sinónimo de castigo, implica, en abstracto dolor, un sufrimiento. Puede decirse  que es el castigo impuesto por la autoridad competente al que ha cometido un delito o falta. Lo cierto es, que la retribución fue en sus inicios el único fin de la pena, pues la resocialización del delincuente no importaba a la justicia para quien lo único trascendente era el castigo, centrándose su finalidad en el resarcimiento a la víctima por la lesión causada al bien jurídico afectado.

Las penas privativas de libertad, especialmente la prisión, fueron adoptadas como solución al problema que representaba el mantenimiento de la pena capital y desde su instauración, su aplicación ha estado plagada de cuestionamientos siendo el más discutido el que concierne a su fin preventivo especial, al girar sobre el eje de si es la cárcel una institución de resocialización del recluso o no.

En la legislación penal cubana, se preceptúan diferentes alternativas a la privación de libertad. Estas son:

Ø      Trabajo Correccional con Internamiento (art.32)

Ø      Trabajo Correccional sin Internamiento (art. 33)

Ø      Limitación de Libertad (art. 34)

Ø      Multa (art. 35)

La opinión generalizada acerca de los efectos negativos de la prisión está muy influenciada por la aseveración histórica de que es imposible educar para la libertad sin ella. Sin embargo, aún a estas alturas del desarrollo de la humanidad se considera esta pena un “mal necesario” y de imposible desaparición por lo que los esfuerzos que se despliegan  están dirigidos a convertirla en una institución más digna y más justa, que permita al sancionado no transitar por ella como por el lugar de mero castigo o retribución sino como por un sitio de ayuda al mejoramiento humano y una oportunidad para el individuo que la sufre. La sociedad cubana no se ha mantenido al margen y ha aunado voluntades y esfuerzos para la mejor consecución de los fines de la sanción, instaurando mecanismos oficiales para contribuir de manera dinámica y objetiva a la inserción de quienes han extinguido una pena, en la vida social del país. Esto no significa que nos hayamos siquiera aproximado a tan humano fin pues la peliaguda situación de las prisiones en el mundo actual no es ajena a nuestra realidad y a nuestro sistema.  Prioricemos entonces en la medida de lo posible un cambio social y con él la prevención del delito dentro de nuestra sociedad. Invoquemos aquí el verdadero sentido de existencia del Derecho penal: punir después de prevenir, pues la realidad económica, política y social en la que nos desarrollamos a veces nos ata y no deja cavidad para darle a la ley penal sustantiva un sentido educativo, humanista pero sobre todo preventivo.

Trabajo, internamiento y edad

Osvaldo Rodríguez Díaz

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana en la causa 93 del 2012, emitió la sentencia número 14 de 10 de julio del 2012, en la que le impuso a la acusada N.V.B.Q. la sanción de dos años de trabajo correccional con internamiento.

La sancionada en cuestión, al momento del juicio oral, contaba con 60 años de edad y más de 40 de trabajo, por lo que su condición de jubilada quedó clara en dicho acto.

Resulta en extremo cuestionable imponerle a esa acusada una pena de trabajo por dos años, cuando ya su capacidad laboral está disminuida, amén de los padecimientos complementarios de esa etapa de la vida.

Internacionalmente, el límite máximo de edad laboral de la mujer está entre los 55 y los 60 años, hoy en Cuba el límite es 60, por lo que, en este caso, a la sancionada se le ha impuesto una condena en franca contradicción con la legislación laboral controlada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley penal franquea otras posibilidades para el caso en cuestión, pues la pena se le pudo subsidiar por la de limitación de libertad o por la de trabajo correccional sin internamiento,  para que elija una labor que por sus condiciones pueda realizar, aún por cuenta propia.

Se pudiera ampliar más sobre el tema, pues esto ocurre con frecuencia y el Tribunal Supremo ha rectificado la sentencia, modificándole la medida a los sancionados.

Esperemos el desenlace de este caso, pues se encuentra a consideración de dicho Tribunal.

Ministra cubana coloca a ciudadano en estado de indefensión (II)

Téofilo Roberto López Licor

Licenciada Laritza Diversent

La legislación penal considera ilícita las actividades económicas autorizadas, en la que se utilice mano de obra que no sea familiar.Sin embargo, la resolución ministerial dictada por la titular de Finanzas y Precio no hizo referencia a ninguna sanción penal impuesta al padre de Antonio López.

López Licor recibe remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país. Desde enero de 2007 a diciembre de 2008, el Banco Nacional de Cuba acreditó que los familiares del procesado, le depositaron en concepto de remesa 12 mil pesos convertibles (CUC), 300 mil pesos cubanos (CUP). El referido informe fue desestimado por Pedraza Rodríguez, pues no acreditaba que Teófilo hubiese recibido efectivamente el dinero.

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”.El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

La Carta Magna, la Ley procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares garantizan: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen“. Por tanto, el Decreto-Ley 149, es inconstitucional e ilegal.

Este último Decreto-Ley dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una autoridad administrativa, como medida ejemplarizante contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo como resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos de entidades estatales, la participación en negocios turbios, las actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas son calificadas en la propia disposición jurídica, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. No obstante, la Fiscalía, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representa­ción del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.

En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubiesen respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual. Por otra parte el Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado de la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero instrucciones políticas, antes de controlar y preservar la ‘legalidad socialista’ y velar por el estricto cum­plimiento de las disposiciones legales

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe brindar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los encausados y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez,Ministra de Finanzas y Precios, fue designada por el gobierno pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y, por tanto, arbitrarias.

DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com