Créalo o no lo crea

espeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Como hemos comentado en otros trabajos los casos que más acuden a la Asociación Jurídica están relacionados con el tema de la vivienda.

Es interesante señalar que la mayoría de las personas que vienen a nosotros por asesoría ya han agotado todas las vías en busca de la solución a su problema y traen entre sus documentos numerosas cartas dirigidas a diferentes instancias.

Así las cosas, Ramón se presento en nuestra sede muy angustiado porque desde hace aproximadamente nueve años está esperando que personas que ocupan su casa de manera ilegal abandonen la misma.

En su haber consta resolución  de la Dirección Municipal de la Vivienda del municipio Playa donde en su Resuelvo Primero accede  a lo interesado por Ramón y en consecuencia conmina a los ocupantes de dicha vivienda a abandonar el inmueble en el término de 72 horas posteriores a la fecha de notificación, de no hacerlo serán extraídos con el auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En la propia resolución, que se notifica a ambas partes, se les hace saber que contra lo que dispone la propia resolución, procede reclamación ante la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana (TPP).

Es aquí donde comienza para Ramón el absurdo de los absurdos. Como era de esperar la contraparte apeló al TPP y como resultado éste declaró Sin Lugar la pretensión de la contraparte.

Ésta, inconforme de nuevo con el fallo del TPP interpuso Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo Popular, el cual también declaró Sin Lugar el mismo.

Aunque Ramón posee la referida sentencia de fecha 31 de octubre de 2002 del TPP, la cual otorga su derecho a ocupar el inmueble objeto de litis, el organismo encargado de ejecutar la misma ha hecho caso omiso al pronunciamiento de dicho órgano de justicia.

Es menester aquí aclarar que todos los casos que vienen a nuestra sede con problemas de vivienda de ésta índole no siempre tienen el mismo tratamiento: unos, como el caso que nos ocupa. pueden demorar indefinidamente en “extraer” a los ocupantes declarados ilegales, otros en cambio, a las 72 horas, son “extraídos” sin contemplaciones.

La pregunta obligada es, entonces, ¿por qué en unos casos se hacen cumplir con premura las resoluciones y en otros esa misma resolución “duerme el sueño eterno”?

Tiendo a pensar que hay un elemento desconocido que implica uno u otro resultado en el cumplimiento de la sentencias de los tribunales…aunque nos cueste trabajo creerlo.

 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

justicia-thumb119.gif

Licenciado Frank Paz Lorenzo

La Constitución de la República de Cuba en su articulo 34 establece que “Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

  • en la protección de sus personas y bienes;
  • -en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta

Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

  • en la obligación de observar la Constitución y la ley;
  • en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
  • en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo”.

Andrés es un joven nicaragüense de origen humilde. Llegó a Cuba por mediación de la iglesia a la cual pertenece. Dios sin tardanza lo bendijo con el milagro del amor. Se enamoró de esta tierra increíble, de sus hijos de gran corazón y solidarios, y también de Elisa, una bella muchacha que comparte su fe religiosa. Ambos se casaron y Andrés obtuvo la categoría migratoria de extranjero residente permanente en Cuba.

Pasó un águila por el mar y Andrés enfermó: su vesícula, no funcionaba. Los problemas gastrointestinales lo torturaban. Después de mucho bregar logró llegar al Instituto de Gastroenterología “Luis de la Puente Uceda”, donde un diligente equipo médico le hizo los estudios correspondientes. Todo bien hasta que llegó la triste noticia : “no te podemos operar, eres extranjero y tienes que pagar en moneda libremente convertible (CUC)”

Luego de mil carreras, diez mil sinsabores, un millón de gestiones de la iglesia y otro tanto de consejos de amigos que lo orientaron para resolver su problema; SERVIMEC, entidad encargada por el Consejo de Estado de estos asuntos, le dió una carta que lo exoneraba del pago.

Parece increíble, pero dicha misiva de poco le sirvió a Andrés. El director del hospital le dijo que las orientaciones del Ministerio eran otras, y que él, tenía la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, incluso al punto de analizar a los médicos que le hicieron los análisis sin antes consultarle.

Para este director era más importante hacer valer las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que la misma vida. El no podía guiarse por la Constitución de la República de Cuba y los derechos humanos que ella reconoce. ¿Será que en nuestro país, hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?