No hay que pensar mal, señores…

Lic. Esperanza Rodríguez Bernal

Ana Laura se presenta en nuestra sede para que la asesoremos en un caso de vivienda.  Se trata de la adjudicación de la vivienda que su tía le dejara en testamento a ella y a su hija.

Ana nos contó todos los problemas confrontados con la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de San Miguel del Padrón para la adjudicación de la vivienda heredada,  ya que allí se encuentran desde antes del deceso de su tía, otra sobrina con su hijo,  tratando de legalizar el inmueble a su favor.

Nos muestra cartas entregadas a diferentes instancias : Fiscalía Municipal, Poder Popular, Consejo de Estado, Periódico “Juventud Rebelde”, Partido Municipal de San Miguel del Padrón, Asamblea Nacional del Poder Popular, etc.

En ellas explica todas las irregularidades y violaciones de la ley que han ocurrido en su caso, donde según su parecer, se encuentran implicados los funcionarios de la DMV de San Miguel del Padrón.

Después de muchas reuniones y entrevistas con los funcionarios de la DMV, y del estudio de la documentación y diligencias practicadas, se emite Resolución dictaminando que Ana Laura, deberá promover la adjudicación de dicho inmueble ante Notario Público.

La contraparte, informada de dicha Resolución,  reclamó ante la Sala de Lo Civil y Administrativo del Tribunal Popular  Provincial de Ciudad de la Habana.

El Tribunal dio traslado a dicha DMV de San Miguel a fin de que se completara el requisito de la convivencia del que carece la contraparte de Ana.

Entonces la DMV dictó otra Resolución no accediendo a la pretensión de la contraparte de adjudicarse la vivienda objeto de litis por carecer de los diez años de convivencia que establece la ley con la titular fallecida.

En esta misma Resolución, se insta a Ana Laura  a concurrir ante Notario público a fin de legalizar la titularidad del inmueble recibido por vía sucesoria.

Este documento fue emitido en fecha 23 de febrero de éste año, pero la propia entidad que emite ésta Resolución no da cumplimiento a la misma, extrayendo como corresponde a las personas que permanecen  de manera ilegal en dicho inmueble.

La Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) por razón ¿inexplicable? no ha querido extraer a dichos ocupantes, haciendo así más difícil la materialización de dicho caso.

Ana Laura no comprende (pero sí sospecha, porque la otra gente se ve muy confiada en su vivienda luego de seis meses de esas resoluciones),  lo que sucede…

A mí me pasa lo mismo que a Ana Laura…y estoy por pensar que Usted, amigo lector o lectora, también coincide con nosotras.

 

Silencio Administrativo

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Lic. Laritza Diversent Cámbara

Cuando los interesados ejercen el derecho de petición, pueden entender desestimada su solicitud por silencio administrativo (silencio negativo).

Los actos derivados del silencio administrativo se pueden hacer valer, tanto ante la administración pública, como ante los tribunales. Los mismos surten efecto desde el vencimiento del plazoen el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa (o intentarse su notificación), sin que la misma se produzca.

El plazo para interponer el recurso procedente, se ha de computar desde el vencimiento de plazo máximo para resolver y notificar, aplicando las reglas generales

CASO RESUELTO

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Licenciado Wilfredo Vallín

A pesar de los muchos casos que van llegando a la Asociación Jurídica Cubana con problemas y absurdos jurídicos de muchos tipos, ya no nos asombrarnos demasiado con lo que nos toca leer a menudo, aunque hay algunos ejemplos que sobresalen. El siguiente es uno de ellos.
El ciudadano Walfrido atendía cierta mañana a una colega, abogada como él en la sala de su casa. Hablaban animadamente María, esposa de Walfrido, éste y Maritza, la visita. En lo más interesante de la conversación tocaron a la puerta. Al parecer, personal de la campaña antiaegypti.
María, se levantó para atender a los recién llegados en tanto que su esposo y la colega visitante permanecieron conversando en la sala.
María creyó que se trata de una visita rutinaria de los inspectores y los llevó al patio trasero donde tiene su tanque de agua, pero… no era una visita rutinaria. Los campañistas habían venido porque se detectó un foco con vectores en el patio aledaño al edificio provocado al parecer por restos de basura vertidos por algunos inquilinos . La esencia de la visita era para comunicar que todos los apartamentos que dan a ése patio aledaño serían multados, sin excepción, con 100.00 pesos.
Hasta aquí esto parecería ser muy natural, pero…
Ni lentos ni perezosos, los abogados le pidieron a los de la campaña la resolución que les autorizaba semejante medida. Los segundos les muestraron un papel muy deteriorado que apenas podía leerse y donde no quedaba claro nada. Al final de la discusión que se generó, los de salud pública terminaron diciendo que ellos “sabían que no podían aplicar esa multa”.
¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en un lugar donde las personas hubiesen sido incapaces de reconocer y exigir sus derechos?
Lo más probable es que les hubiesen impuesto esa medida que aún sigue estando muy nebulosa para los visitados por estos “representantes” del Ministerio de Salud Pública.
Hasta donde sabemos, en derecho la responsabilidad (sobre todo en la esfera de lo penal) es total y absolutamente individual. Imagínense ustedes el caso de un asesinato cometido en una cuadra. Como la policía no logra encontrar pruebas para acusar al responsable, detiene a todos los ciudadanos del entorno con responsabilidad penal, que son sancionados a largas penas de prisión y… caso resuelto. Cualquier similitud con el caso narrado aquí…no es pura coincidencia.

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.