Mediocridad

Lic. Dayami Pestano Lazos

En fecha  27  de mayo del año 2011 me fue notificada  una resolución disciplinaria dictada por quien en ese momento se desempeñaba como Directora Provincial de Justicia de Holguín, a través de la cual se me impuso la Democión  Definitiva a un cargo de inferior categoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inciso g) del Decreto Ley 197/99; medida que se sustentó  en los resultados de la visita realizada por parte del Ministerio de Justicia, a la actividad de Registro de la Propiedad de Holguín en el período comprendido entre los días 14 al 18 de marzo del año 2011.

Esto originó un proceso disciplinario secreto hasta que me fue notificado; violando con ello el principio procesal de la “igualdad de las partes”, con las mismas oportunidades para formular cargos y descargos y ejercer derechos tendientes a demostrarlos.

Valorando los aspectos violatorios en el orden técnico y de procedimiento de la resolución se observa:

En el precepto legal autorizante, la administración se sustenta en el artículo 21 del  Decreto Ley 197/99, pero sin embargo, utiliza de forma incorrecta como fundamento de derecho el artículo 11 el Decreto Ley 176/97,  precepto legal donde se preveen las violaciones de la disciplina laboral de los trabajadores, obviando por parte de la administración que en ese momento yo tenía la condición de funcionaria.

En la calificación de las conductas infractoras conforme a derecho, la administración vuelve a cometer  el error de apreciar la aplicación del decreto Ley 176/97, en su artículo 11.

Se justifica la valoración de los hechos con un informe  que fuera presentado por la Jefa del Departamento de Registro de la Propiedad Mercantil y del Patrimonio, prueba que debió ser desestimada en todo momento, ya que no estuvo laborando en el período de diciembre del año 2010 hasta el 3 de mayo 2011, no se alega qué tipo de informe fue el presentado, el mismo no fue discutido ni analizado conmigo, que era la persona sujeta al proceso disciplinario.

El escrito de apelación que presenté ante la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y recibido en esa instancia, fue declarado mediante resolución como no admitido porque no acompañé a ese escrito la Resolución sancionadora y su cédula de notificación; considerando decisión contraria a derecho,  la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular no está autorizada a rechazar un Recurso por la causa que alegó, es increíble y violatorio del derecho que me asiste de conformidad con el artículo 27 del aludido Decreto Ley lo que provocó que se me negara la posibilidad de impugnar.

Luego en la Resolución declarando sin lugar el recurso de reforma, se observa la interrelación entre la administración y los juristas que debieron asesorar el proceso en la instancia gubernamental; estos están subordinados y forman parte de la administración sancionadora.

Quisiera referirme a la incorrecta calificación de los hechos, al agregársele por parte de la jurista que evaluó el Recurso de Reforma un inciso más del artículo 19 del  Decreto Ley 197/99, que no fue tenido  en cuenta en la medida disciplinaria: “la falta de honradez y honestidad”, debiéndose limitar su participación a conocer y resolver las cuestiones del debate puestas a su consideración, pasando a convertirse en otra autoridad sancionadora.

Con posterioridad la misma jurista realiza una reflexión sobre los elementos aportados en el escrito de apelación y agrega “que la autoridad tuvo conocimiento de hechos hasta entonces ignorados”, pero no especifica si lo eran para una de las partes o para ambas partes y como consecuencia de ser nuevos, debió darse traslado para que fueran escuchados los argumentos de dichas partes, a partir del propio concepto y por el simple hecho de ser nuevas.

En esta Resolución tampoco se aprecia  señalamiento alguno sobre el uso del Decreto Ley 176/97 “Sistema de Justicia Laboral de Base” que reiteradamente y de forma incorrecta la administración me aplica.. Esto  a mi modo de ver constituye un quebrantamiento de ley, una violación del procedimiento.  Los juristas de la Asamblea Provincial han legalizado estas violaciones al no pronunciarse contra ellas.