Mediocridad

Lic. Dayami Pestano Lazos

En fecha  27  de mayo del año 2011 me fue notificada  una resolución disciplinaria dictada por quien en ese momento se desempeñaba como Directora Provincial de Justicia de Holguín, a través de la cual se me impuso la Democión  Definitiva a un cargo de inferior categoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inciso g) del Decreto Ley 197/99; medida que se sustentó  en los resultados de la visita realizada por parte del Ministerio de Justicia, a la actividad de Registro de la Propiedad de Holguín en el período comprendido entre los días 14 al 18 de marzo del año 2011.

Esto originó un proceso disciplinario secreto hasta que me fue notificado; violando con ello el principio procesal de la “igualdad de las partes”, con las mismas oportunidades para formular cargos y descargos y ejercer derechos tendientes a demostrarlos.

Valorando los aspectos violatorios en el orden técnico y de procedimiento de la resolución se observa:

En el precepto legal autorizante, la administración se sustenta en el artículo 21 del  Decreto Ley 197/99, pero sin embargo, utiliza de forma incorrecta como fundamento de derecho el artículo 11 el Decreto Ley 176/97,  precepto legal donde se preveen las violaciones de la disciplina laboral de los trabajadores, obviando por parte de la administración que en ese momento yo tenía la condición de funcionaria.

En la calificación de las conductas infractoras conforme a derecho, la administración vuelve a cometer  el error de apreciar la aplicación del decreto Ley 176/97, en su artículo 11.

Se justifica la valoración de los hechos con un informe  que fuera presentado por la Jefa del Departamento de Registro de la Propiedad Mercantil y del Patrimonio, prueba que debió ser desestimada en todo momento, ya que no estuvo laborando en el período de diciembre del año 2010 hasta el 3 de mayo 2011, no se alega qué tipo de informe fue el presentado, el mismo no fue discutido ni analizado conmigo, que era la persona sujeta al proceso disciplinario.

El escrito de apelación que presenté ante la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y recibido en esa instancia, fue declarado mediante resolución como no admitido porque no acompañé a ese escrito la Resolución sancionadora y su cédula de notificación; considerando decisión contraria a derecho,  la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular no está autorizada a rechazar un Recurso por la causa que alegó, es increíble y violatorio del derecho que me asiste de conformidad con el artículo 27 del aludido Decreto Ley lo que provocó que se me negara la posibilidad de impugnar.

Luego en la Resolución declarando sin lugar el recurso de reforma, se observa la interrelación entre la administración y los juristas que debieron asesorar el proceso en la instancia gubernamental; estos están subordinados y forman parte de la administración sancionadora.

Quisiera referirme a la incorrecta calificación de los hechos, al agregársele por parte de la jurista que evaluó el Recurso de Reforma un inciso más del artículo 19 del  Decreto Ley 197/99, que no fue tenido  en cuenta en la medida disciplinaria: “la falta de honradez y honestidad”, debiéndose limitar su participación a conocer y resolver las cuestiones del debate puestas a su consideración, pasando a convertirse en otra autoridad sancionadora.

Con posterioridad la misma jurista realiza una reflexión sobre los elementos aportados en el escrito de apelación y agrega “que la autoridad tuvo conocimiento de hechos hasta entonces ignorados”, pero no especifica si lo eran para una de las partes o para ambas partes y como consecuencia de ser nuevos, debió darse traslado para que fueran escuchados los argumentos de dichas partes, a partir del propio concepto y por el simple hecho de ser nuevas.

En esta Resolución tampoco se aprecia  señalamiento alguno sobre el uso del Decreto Ley 176/97 “Sistema de Justicia Laboral de Base” que reiteradamente y de forma incorrecta la administración me aplica.. Esto  a mi modo de ver constituye un quebrantamiento de ley, una violación del procedimiento.  Los juristas de la Asamblea Provincial han legalizado estas violaciones al no pronunciarse contra ellas.

LA LEY DICE

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Licenciada Laritza Diversent

DEL REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (II)

El registro de lugares se dispone para tratar de localizar en ellos al acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación, estando facultados para disponerlo -ya sea de dia o de noche- tanto el Instructor como el Fiscal, en cualquier edificio o lugar público del territorio nacional. (Artículo 215 de la Ley de Procedimiento Penal)

Lugares públicos para la Ley de Procedimiento Penal

La propia Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 216, define cuales son los lugares que se consideran específicamente edificios o lugares públicos, a los efectos de esta diligencia. El artículo 217 aclara que para la entrada o registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, basta pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

Domicilio para la Ley de Procedimiento Penal

A los efectos de las disposiciones de este capítulo, se reputan domicilio, de conformidad con el artículo 222:

  1. Los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;
  2. El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

La ley, en su artículo 223, aclara que los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicios no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente, pero lo son de las personas que se hallen a su frente y residan con sus familiares en la parte del edificio destinado a vivienda.

¿Cómo se procede al registro en un domicilio privado?

Luego de cumplir los trámites establecidos por la Ley de Procedimiento Penal, la autoridad puede proceder a la entrada y el registro en el domicilio, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro domiciliario se hace siempre en presencia del morador principal y si no es localizado, o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad.

En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos. Como puede apreciarse, se exige por la Ley que, salvo imposibilidad justificada, presencien el registro dos vecinos, que servirán como testigos de la forma en que se practica la diligencia y de sus resultados.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente y en presencia de las personas antes mencionadas. Del mismo se levanta acta que firman todos los participantes y si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

Excepciones

En el artículo 221 se regula, no obstante lo anterior, que los agentes de la policía pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio:

  • cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevarlo a efecto ésta se refugia en él;
  • cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito o cuando un presunto delincuente, inmediatamente perseguido, se refugie en una casa.

Para estos casos urgentes y excepcionales no son de aplicación las formalidades expuestas y la ley no exige que se confeccione acta sobre sus resultados.