La Tolerancia

dereckosCHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez.

Una gran mayoría de nuestro pueblo, no fue merecedor de conocer por los medios de información y de difusión masiva nacionales  los llamados Derechos Civiles, reconocidos constitucionalmente por el estado cubano y sus dirigentes, al  no informar, divulgar y publicar oportunamente,  los dos Pactos firmados por la República de Cuba en las Naciones Unidas en febrero 28 del 2008. Pactos referidos específicamente Derechos Civiles y Políticos y a Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También fue de extrema falta de respeto hacia el pueblo por los que manipulan y creen poder hacerlo de por vida, no dar visibilidada la Demanda Ciudadana por Otra Cuba, fechada de Junio 20 del 2012, y entregada en la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el No. de entrada 1207, que en el orden personal, le llamaría DEMANDA por una Cuba Nueva y Mejor, si tenemos en cuenta que la máxima establecida, es que mientras más desconozcas, menos sabes y menos reclamas, sobre todo si la temática es de Legalidad y Derechos Jurídicos para nuestra población; todo lo contrario a los objetivos de nuestra Asociación Jurídica Cubana (AJC).

¿Cuándo hablarán a nuestro pueblo con entera claridad y meridiana franqueza?  “HONRAR HONRA”. ¿Por qué prometer y no cumplir? Decir siempre que no se puede, que no hay, que no es el camino correcto, que nuestros ideales no son esos, por favor basta ya, es hora de que acabe la indolencia y la Tolerancia.

 

Peligrosidad social y Pactos de la ONU

7- peligrosidad

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Mientras poco a poco cobra más difusión y fuerza la campaña ciudadana “Por Otra Cuba”, tienden a crecer también las noticias relativas a la detención de ciudadanos por distribuir esa Demanda así como también citación a unidades de la policía de otras por lo que parece ser una “nueva causal” de detención.

Como nos enseñaron cuando nos daban filosofía marxista-leninista a todo hora, la dialéctica establece que todo cambia y se transforma y por ello nada tiene de raro que haya “aparecido” una nueva de esas causales en la Ley de Procedimiento Penal que no se ve, pero está ahí.

Y creo que no se ve, porque va a ser difícil explicarla y compatibilizarla con el concepto de delito que se da en el Código Penal cubano. Trataré de explicarme.

El Código Penal vigente enuncia el concepto de delito de la siguiente forma:

Artículo 8.1: Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción penal.

Detengámonos en los elementos de esta definición:

  1. Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa…

O sea, que el actuar o el omitir manifestado en una conducta, tiene que portar intrínsecamente, porque así lo exige el tipo penal, una connotación de peligro para la sociedad.

En eso la definición es más que clara.

No obstante, si Cuba es miembro de la Organización de Naciones Unidas, si en sus informes en Ginebra el gobierno cubano se cataloga a sí mismo cumplidor estricto de sus compromisos internacionales, si firmó hace ya casi cinco años los Pactos que ahora los ciudadanos le instan a ratificar, ¿dónde está la peligrosidad social del actuar de esos compatriotas como para ser detenidos y amenazados como lo están siendo?

¿Dónde ve realmente el peligro el gobierno actual?

2…socialmente peligrosa prohibida por la ley…

¿En cuál artículo y en qué Ley Penal cubana vigente se establece que solicitar o instar al gobierno cubano a ratificar los pactos que firmó el 28 de febrero de 2008 está prohibido?

¿Alguna persona o institución en Cuba, puede prohibir lo que la ley no prohíbe?

Los que esto hacen, ¿no se han leído nunca la Constitución de la República, especialmente su artículo 63?

3…prohibida por la ley bajo la conminación de una sanción penal.

¿Pudiera decirme alguien, quizás esos que ignoran las leyes del país, cuál es la sanción por el “delito” de ejercer civismo?

La doctrina penal en el mundo tiende a evolucionar cada vez más hacia un Derecho Penal como última ratio, pero desde siempre ha mantenido que se delinque por lo que se hace, no por quien la persona es.

En nuestro país, no obstante, las cosas parecen concebirse siempre en oposición al resto del mundo y por eso no es de extrañar que ahora algunos quieran también aplicar la peligrosidad social… a los Pactos de la ONU.

 

Las Disposiciones Preliminares: un mal comienzo

Wilfredo Vallín Almeida,

En el Código Penal cubano, en el Título I, Disposiciones Preliminares, artículo 1.1., leemos:

   Este Código tiene como objetivos:

-          proteger a la sociedad, a las personas, al orden social, económico y político y al régimen estatal;

-          salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes;

-          promover la cabal observancia de los derechos y deberes de los ciudadanos;

-          contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista.

Tratemos de analizar, aunque sea someramente, los objetivos que el actual código penal se plantea, empezando por el primero de ellos: proteger a la sociedad, a las personas, al orden social, económico y político y al régimen estatal.

Este primer objetivo comienza diciendo proteger a la sociedad, a las personas…en ese orden. O sea, que primero está la sociedad, solamente después, las personas. Demos, no obstante, un breve recorrido por la Historia.

El individuo, la persona, es primero que el surgimiento de la civitas que no es sino una creación del hombre. Todos los que se han ocupado de la aparición del ser humano sobre la tierra coinciden en que el homo sapiens antecede a la creación de la sociedad.

Por otra parte, esta formulación me recuerda a aquel controvertido filósofo francés tantas veces citado, Juan Jacobo Rousseau,  que tras su formulación de lo que él llamo la voluntad general, muchos vieron la intención de desconocer a todo el que piense distinto, o discrepe, o pertenezca a una minoría, o se salga del comportamiento mayoritario…que puede lograrse de muchas formas.

Dicho con otras palabras, dado que es fácil argüir que los derechos de todos están primero que los de unos pocos, la reducción de esos pocos, con argumentos discutibles o no (o con la fuerza) puede justificarse con facilidad, sobre todo si lo que sigue después es(proteger)  al orden social, económico y político y al régimen estatal.

No debe sorprendernos para nada esta formulación pues ya Vladimir Ilich Ulianov nos había legado que “el derecho no es sino la expresión concentrada de la política” y la expresión del código penal que nos ocupa lo que hace es mostrarnos precisamente eso.

Es interesante contrastar este artículo con el mismo título y artículo de otro código, por ejemplo, el de la hermana república latinoamericana de Colombia. Este reza:

   Título I, artículo I: Dignidad Humana.  “El Derecho Penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana”.

Y si de lo que se trata es de la importancia que para nosotros tienen los derechos y las libertades individuales refrendados por los Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, entonces las Disposiciones Preliminares del Código Penal cubano son – en cuanto a esos derechos y libertades y en mi opinión-, un mal comienzo.

 

DERECHO DE REUNION

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

El inmortal Hugo Grocio, a quien se considera padre el Derecho Internacional Público moderno, fue el primero en usar el concepto inalienable que él atribuyó a algunos derechos individuales entre los que hoy reconoce el derecho de reunión según se recoge en el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles de la ONU en su artículo 21. Este derecho, como los restantes de la Declaración Universal, requiere de un análisis particularizado.

Según algunos autores “Hoy en día, y como reacción contra amargas experiencias de abusos sufridos no sólo en el área de los totalitarismos fascistas, nazis y soviéticos, se subraya enérgicamente que la libertad de reunión no sólo implica el derecho de reunirse pacíficamente para fines lícitos, sino también el principio de que nadie debe ser obligado a concurrir a una reunión en contra de su voluntad o deseo: tanto agravio implica privarle a uno de reunirse lícita y pacíficamente, como obligarlo a participar en una reunión (desfile, parada, etc.), a la que no quiera concurrir.

El individuo tiene, en tanto que persona, -y siempre según los derechos reconocidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU- una serie de derechos de libertad frente al Estado, así como ante los demás individuos y grupos sociales.

Las limitaciones obligadas e ineludibles para la libertad de reunión son principalmente dos: la reunión debe ser pacífica y los fines que se proponga, así como también los medios que emplee, sean lícitos. El condicionamiento a que los fines de la reunión sean lícitos, es algo obvio. No es admisible reunirse para la comisión de delito alguno, para promover alteraciones del orden público, etc.

En cuanto al derecho de no concurrir a una manifestación, desfile o reunión hay que decir que éste aspecto negativo es tan importante como el positivo. La libertad se lesiona de igual manera si a una persona se le impide participar en una reunión, que si se le fuerza a asistir a una reunión, parada, desfile, manifestación, etc.: ambas formas, tanto la positiva como la negativa, constituyen violaciones inaceptables de éste derecho humano fundamental.