El conocimiento

4 Cal4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

En las sociedades contemporáneas, la difusión o retención del conocimiento, tiene un importante papel político social, económico, incluso militar; lo mismo ocurre con la propagación de pseudo-conocimientos (o desinformación). Todo ello contribuye a hacer del conocimiento una fuente de poder.

Existe un proverbio bíblico que dice: El conocimiento lleva a vida eterna.

En varias oportunidades he escuchado la expresión “en nuestro país existe una gran incultura jurídica” (desconocimiento de las leyes) lo señalan personalidades, periodistas, intelectuales y hasta operadores del derecho; se refieren al desconocimiento de aspectos referidos al derecho como cuestión de índole jurídica en general.

El desconocimiento de la ley no exonera de su cumplimiento, a pesar de ello su infracción puede ser punible.

Con el conocimiento de este orden de cosas los iniciadores de la AJC, nos hemos propuesto decididamente:

UNO: Contribuir mediante seminarios, círculos de estudios y divulgación de similar naturaleza, a la elevación del nivel de conciencia y conocimientos jurídicos de la sociedad civil cubana.

DOS: Poner en conocimiento de la sociedad civil cubana, el contenido, importancia y trascendencia de los Pactos de Naciones Unidas firmados por el Gobierno de la República de Cuba, en particular el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económico, Sociales y Culturales.

TRES: Asesorar convenientemente a los ciudadanos en los problemas de índole jurídica en que se vean involucrados y así lo soliciten, todo lo que se realizará de forma totalmente gratuita y sin ánimo de lucro.

Sin embargo las resoluciones emitidas por la Ministra de Justicia María Esther Reus confirmadas recientemente por la Sala de lo Civil, Administrativo, Laboral y Económico del Tribunal Provincial de la Habana, a través de la Sentencia 157 de 2013, tratan de desconocer el fundamental derecho consagrado en el artículo 54 de la Ley Primera de la República de Cuba y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, referidos a la libertad de asociación que nos asiste.

En tal sentido estamos realizando varias acciones para poner en conocimiento de la sociedad en general, esta anticonstitucional denegación, para que conforme a lo establecido se restablezca la legalidad quebrantada en contra de los iniciadores de este proyecto.

 

Derechos civiles y políticos en la legislación cubana (II)

13Lic.Dayana Cruz Vega

Los Derechos Humanos no son eternos ni únicos y no pueden ser analizados de forma abstracta y ajena a las concepciones de clase y sociedad. La legislación nacional y las obligaciones internacionales contraídas por los Estados, establecen el marco legal para el ejercicio de los derechos y libertades de cada individuo en la sociedad.

La protección y promoción de los derechos y libertades requiere como componente decisivo la aplicación de políticas y programas gubernamentales dirigidos a su fomento y apoyo, que en Cuba se han tomado como pantalla para que los jefes y dirigentes a cargo de los “programas” se apropien de los recursos.

El análisis de la situación de derechos humanos, debe tomar en cuenta el contexto nacional, regional, el patrimonio histórico, religioso, jurídico y cultural, y en especial, su sistema político, económico y social.

La Declaración Universal en su artículo 22 establece: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por su parte, establece en su Preámbulo que No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Con relación a la promoción y protección de los Derechos Humanos, en Cuba se sigue un enfoque selectivo e individualista. La potenciación extrema del individuo conduce al soslayo de los deberes de la persona para con el resto de la sociedad e incluso, a desconocer el ámbito colectivo de disfrute de algunos derechos, como el de los pueblos a la paz, al desarrollo, a la libre determinación y a la libertad de asociación y al libre ejercicio de la abogacía.

Una concepción objetiva y justa de los Derechos Humanos, al tiempo que potencie y proteja el disfrute individual de derechos y libertades –la más amplia y plena realización de cada ser humano-, debe tener presente que el individuo no puede desarrollar su personalidad y ejercer sus derechos ajeno a las relaciones sociales y en detrimento de los intereses de la sociedad.

En Cuba se puede observar una contradicción entre lo que establece la Constitución de la República con las normas internacionalmente aceptadas en materia de democracia y derechos humanos, al no permitir la pluralidad y la participación política.

El proclamado sistema democrático cubano no cumple los requisitos de autenticidad, legitimidad, justicia y efectividad.

 

¿Y la ratificación de los pactos?

1147onu

VEIZANT Veizant Boloy.

A fines del pasado mes de septiembre, el  Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon,  recibió en su sede de Nueva York a Bruno Rodríguez Parilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, según informaron medios de prensa nacionales.

Eso hace recordar aquel 28 de febrero del año 2008, cuando Felipe Pérez Roque, ex canciller, estrechaba la mano a Ban Ki- Moon, luego de firmar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.  Hasta la fecha, la tarea quedó inconclusa. Tampoco hubo mejoras en la política interior cubana.

De acuerdo a la cantidad de habitantes, en la isla existe una cantidad desproporcionada de prisiones. Cada mes aumentan las detenciones arbitrarias pese a que la Constitución de la República establece en su artículo 58  “La libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.”

Y el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos tal como lo establece el artículo 66 del mismo cuerpo legal.

También crece el número de encarcelados por motivos políticos en comparación con otras naciones como los Estados Unidos, Latinoamérica  y algunos países europeos.

Las autoridades cubanas, a conveniencia, hablan bien de la ONU. Principalmente si se trata de condenar el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba. Lo que el periódico Granma  califica como “una flagrante violación al derecho internacional, las normas de convivencia pacífica y los derechos humanos”.

A más de 50 años de Embargo, los gobernantes cubanos poco han hecho para tratar de desbloquear su política  y su mente; al contrario: han estrangulado la libertad de los cubanos. El gobierno culpa a Estados Unidos de todo lo que escasea.

Más que eso, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acusa a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América de fomentar cursos para la subversión en Cuba. ¡Paradójica -parapléjica!, esta declaración no es más que el reflejo de la tambaleante “revolución” y de la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.

Pues  la práctica también ha demostrado que tanto el “bloqueo” como la política agresiva y genocida no es del exterior, sino que es desde dentro. Solo contamos con la voluntad de ese pueblo cubano que se ingenia para hacer cumplir con firmeza la justicia.

Y…, ¡se ratificarán los pactos!

 

 

¿“Retención” o detención ilegal?

VEIZANTVeizant Boloy

El pasado 24 de septiembre, Ángel Moya, ex prisionero de conciencia de la Primavera del 2003 y un grupo de activistas, fueron detenidos durante tres horas por agentes policiales y de la Seguridad del Estado, por entregar ejemplares de la demanda ciudadana Por otra Cuba.

Según Moya, los agentes que intervinieron en el arresto le dijeron que no estaba detenido, sino “retenido temporalmente”. –No nos condujeron a los calabozos como acostumbran–, comentó Moya. Pero, ¿puede un ciudadano cubano ser retenido?

Según el derecho español, el derecho a retener solo puede ejercerse sobre un bien. Lo definen como aquel que asiste a un determinado sujeto para que pueda prorrogar la posesión sobre una cosa con finalidad de garantía. La Dirección de Contrainteligencia, policía política en la isla, para romper con todo vínculo legal y cívico, usa el estatus de “retenido” para sostener una detención arbitraria.

El término de retención no existe en la ley procesal penal. Los agentes de Seguridad del Estado y de la Policía no están autorizados para retener a nadie, pues ese término no existe en la legislación penal.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, apartado primero establece y citamos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

Moya no fue “retenido”, fue detenido arbitrariamente, violándose lo preceptuado en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por el estado cubano en 1948: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado”.

 

El Amparo de Idania contra la arbitrariedad

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Alrededor de las 6 de la tarde del 25 de noviembre del año en curso, recibo una llamada telefónica. La joven Idania García Martínez ha sido detenida en la Habana Vieja. ¿Motivo de la detención? Veamos.

Las cosas ocurrieron así. Idania, ¿en compañía de otras personas? repartía la Demanda por otra Cuba en esa zona de la capital. Llevaba un buen rato en esa tarea cuando le entrega una de esas hojas a una mujer que comienza a seguirla buscando al mismo tiempo un vehículo con uniformados o policías a pie.

Aparecen por fin los policías que detienen a Idania ocupándole las pocas hojas que le restaban por repartir, e inmediatamente es conducida…a algún lugar del territorio nacional.

Y decimos esto porque cuando llamamos al número telefónico 106 o a la Estación de policía de Dragones (la más cercana al lugar de la detención), el 106 nos responde que hasta después de las 24 horas posteriores a la detención, ellos no saben dónde está el detenido.

La Estación de Dragones, por su parte, nos informa que, con toda seguridad, ella no está detenida en esa unidad .Al final, supimos que la habían llevado para la Estación de Policía de Cojimar.

Pero el problema esencial no es a donde la lleven, sino por qué la detienen.

Que una persona, a todas luces, incapaz de interpretar correctamente el documento que le acaban de entregar, crea que está ante una “acción enemiga” y llame a la policía, no me extraña.

Que la propia policía, sin siquiera examinar el papel que se repartía, persiga a Idania a la manera aparatosa y propia de una película del sábado, tampoco me extraña.

Pero que un oficial de seguridad, interrogando a Idania en la madrugada le diga que ella está repartiendo propaganda enemiga, eso es ya el colmo de la ignorancia… ¿inconsciente?

Y digo esto porque, al parecer, ese oficial no vio que ese documento tiene el cuño de recibido por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Porque ese oficial demuestra que desconoce lo qué son el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU al catalogar esos documentos internacionales como “propaganda enemiga”.

Porque ese oficial no ha leído u oído que el gobierno cubano firmó esos Pactos hace ya cinco años.

Porque a ese oficial hay que explicarle que para que haya delito es menester tipificar la figura delictiva a través de su verbo rector.

Porque a este oficial nadie parece haberle dicho que para detener a un ciudadano deben cumplirse las formalidades que señalan las leyes de la nación.

Porque, en resumen, ese oficial no sabe (o no quiere saber) que la detención de Idania y el interrogatorio a que la somete, chocan contra el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba: el más seguro amparo de Idania contra su arbitrariedad.

 

 

El Día de Lennon

Foto de Saralys Silleras, Païs de Pixeles

Wilfredo Vallín Almeida

Mi esposa, que estaba en casa de su mamá, me llamó por teléfono para decirme que pusiera la televisión en un canal donde se estaba transmitiendo una clase para alumnos de secundaria. La asignatura era Educación Cívica y el tema que se tocaba era Los Derechos Humanos.

Hay que admitir que el mundo se mueve y que las cosas cambian quiérase o no. Cuando oír a los Beatles era algo así como un crimen ideológico, nunca pensé que un día la estatua de John Lennon, sentado en un parque del Vedado, sería toda una atracción.

Estuve en casa de algunos de los 75 arrestados en el 2003 a raíz de su detención. Por sus familiares supe que uno de los elementos de prueba a presentar en el juicio oral sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos ocupada durante el registro –muchos de ellos realizados sin la orden correspondiente–, dicho sea de paso.

La persecución de la Declaración Universal y la satanización de los Derechos Humanos fue una constante durante mucho tiempo en Cuba. Recién, el gobierno ha empezado a hablar de “los derechos humanos que defendemos”.  Empiezan a tocarse, muy selectiva y superficialmente, sin aplicación real y efectiva en su justa dimensión, algunos de esos derechos universalmente reconocidos.

Y eso me hace recordar una frase de un célebre escritor colombiano, amigo de Martí, para más señas:

“La verdad, a medias, es una forma del engaño, como la libertad, a medias, es una forma del despotismo”.

En Cuba, el gobierno sigue sin publicar el contenido de los Pactos de la ONU que, el 28 de febrero próximo,  cumplen cinco años de firmados y para cuya ratificación sigue pidiendo a ese organismo internacional más y más  tiempo para “reflexionar sobre los cambios que hay que hacer en la legislación interna”.

Por esa razón y por la existencia de una campaña ciudadana en todo el país por la ratificación, es que se hace necesaria una serie de artículos que expliquen a nuestro pueblo qué son esos Pactos, por qué existen, cuál es su contenido y qué implicarán para nuestro atribulado país.

Por mucha resistencia que haya por parte de los que quieren mantener la actual situación, la ratificación de los Pactos de la ONU llegará… como llegó el día de Lennon.

Prisión para los Pactos de la ONU

Wilfredo Vallín Almeida

Hemos hablando en múltiples ocasiones, del sistema jurídico cubano donde la policía responde al Estado, donde la Fiscalía responde al Estado, donde los Tribunales responden al Estado y donde los abogados de los Bufetes Colectivos temen enfrentarse al Estado.

A contrario sensu de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo, aquí los abogados no pueden comparecer, hasta tanto no se haya dictado una medida cautelar por la fiscalía, varios días después de la detención del acusado.

Cuando el letrado logra entrevistarse con su defendido, ya todo está hecho: no participó en las actuaciones desde el comienzo y tendrá que aceptar las cosas como se las presenten.

Esta es, a grosso modo, la situación que deberá enfrentar Antonio González Rodiles en el juicio a que será sometido por “resistencia al arresto” cuando compareció ante la Sección 21 de la Seguridad del Estado para averiguar sobre el paradero de la abogada Yaremis Flores detenida previamente.

La primera realidad que deberá aclararse en este asunto es ¿Realmente ofreció resistencia a su detención?

Los testigos presenciales, (¿serán admitidos como testigos en el juicio oral?) dicen cosas muy distintas tales como que:

  1. En ningún momento la turba vestida de civil que se abalanzó contra los allí presentes, se identificó como agentes de la autoridad.
  2. Ellos fueron los primeros en agredir a los presentes en una proporción de cuatro a uno.
  3. Rodiles recibió varios golpes en la cara y en el cuerpo que el instructor policial de su caso, los padres del detenido y su compañera vieron claramente.

La segunda y aun más importante realidad es esta otra: ¿Antonio va a ser juzgado por ese “delito” o hay más detrás de todo esto?

El asunto es que Antonio Rodiles es el coordinador nacional de la Campaña Ciudadana por Otra Cuba en la que se insta al gobierno cubano a RATIFICAR el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales derivados ambos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hace ya casi cinco años que el gobierno firmó esos Pactos en Nueva York sin que los haya publicado, ni informado a la ciudadanía sobre sus contenidos y alcance. Esa campaña crece cada día más y comienza a preocupar a los que no quieren ratificar semejantes documentos internacionales.

Y es lo que conllevaría esa ratificación lo que conduce a los preocupados a considerar,- en mi opinión, de forma absolutamente equivocada-, que con el encarcelamiento de Rodiles se resuelve el asunto porque con él entrarían también en la prisión los Pactos de la ONU.

 

Dictamen a regulaciones migratorias

Lic. Edilio J. Hernández H.

Las recientes modificaciones a la legislación relacionada con la entrada y salida del país de los ciudadanos cubanos, (tomadas por muchos como una apertura y por otros como una generosidad de la cúpula dirigente), después de tantos años esperando por esa reacción, son fundamentalmente  derivadas del empuje de cubanos internos y externos, cansados de tanto dolor, manipulación y mutilación   de  uno de los derechos más elementales y primarios de la humanidad. El derecho de emigrar, explorar, prosperar, entrar y salir al y del país de origen,  como estipula el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

Esperé una larga pausa para este comentario, porque como abogado es inherente el deber de moderar, consultar y estudiar la norma jurídica previa a una pronunciación, teniendo en cuenta el antecedente de ambigüedades de conocidos legisladores y las posteriores declaraciones de los representantes implicados, en la prensa y televisión nacionales.

Pocos conocen, y entre los abogados la mayoría no la explotamos, la existencia de  una norma jurídica relacionada con los análisis y dictámenes sobre temas jurídicos, a tenor de lo establecido en la Resolución 43/2002 del Ministerio de Justicia,   “Metodología para la elaboración de dictámenes de proyectos de disposiciones jurídicas”. Tomando como referencia esta norma y adaptándola para su comprensión,  realizaré este Dictamen.

OBSERVACIONES:

PRIMERA,   que estamos en presencia de una disposición jurídica con carácter de Ley, pero incoherente con la Constitución cubana en el caso de la ciudadanía.

SEGUNDA,  que no todas las autoridades proponentes de las regulaciones están facultadas ni legitimadas para ese actuar.

TERCERA,  que los objetivos que se proponen cumplir con la entrada en vigor de la disposición no están bien definidos, ni lo regulado garantiza dichos propósitos.

CUARTA,  que en la parte expositiva de dicha disposición no son definidos conceptos ni autoridades decisorias relacionados con el objeto principal de esta regulación (La Migración).

CONSIDERACIONES:

PRIMERA,   teniendo en cuenta la relevancia e importancia de la migración a lo largo de 50 años,    afectando a tres generaciones de cubanos en su relación familiar,  económica, política y social, esta facultad debió someterse a la consideración de la Asamblea Nacional, en alguna de las oportunidades que tiene en el año para ello (ordinariamente, dos veces al año).

SEGUNDA, que existe una gran contradicción por ambigüedad en esta disposición con el artículo 32 de la Constitución (se pierde la ciudadanía cubana al acogerse a una nueva), cuando obliga a todos los cubanos entrar y salir del país con pasaporte cubano, violando el derecho de elegir por su nueva ciudadanía.

TERCERA, los objetivos planteados para la supuesta flexibilización y perfección, no se expresan claramente en la parte expositiva,  por lo que consideramos lo siguiente:

1-     Pudiera ser que la entrada de los cubanos en los años 60 y 70, tuviera relevancia, sobre todo, los relacionados con la esfera militar, por el  lógico desequilibrio “ofensiva-defensiva, inteligencia-contrainteligencia” del  Gobierno creado entonces , pero no se debió aplicar nunca a otros compatriotas por su forma de pensar, ni de escoger su forma de vida.

2-     La prohibición de salir del país siempre la ha establecido el Gobierno cubano.  Los convenios ilegales, inconsultos y secretos con otros gobiernos, sobre cartas de invitación, cero turismo cubano, nulos contratos económicos, deportivos, culturales, entre otros. La prueba está en que dicha violación-prohibición nunca existió legalmente, se norma ahora en los artículos 23, 24 y 25 agregados a la Ley Migratoria, y en los artículos 21 y 23 del Reglamento de la Ley.

3-     Se aprecia también incoherencia al focalizar  la migración cubana solamente hacia Estados Unidos, desconociendo el derecho de miles de cubanos desde muchos países del mundo a entrar y salir a su país de origen como estipulan acuerdos de la ONU de la que Cuba es parte.

4-     No se puede “perfeccionar” una disposición que no existía, como tampoco se puede aplicar a regulaciones con violaciones, ambigüedades y contradicciones, pues se está reconociendo de hecho la reconversión de nuevas figuras restrictivas disfrazadas con términos burocráticos, como:

-Carta de invitación por  Confección  de pasaporte corriente.

-Visa por Expedición del pasaporte corriente.

-Permiso de salida por Sello de Seguridad que actualiza pasaporte.

Estas novedades están solapadas en el Resuelvo Quinto y Sexto de la Resolución 43/2012 del Ministerio del Interior.

CUARTA, que no puede existir en una norma jurídica indefinición conceptual para términos fundamentales y determinantes de su propia razón de ser, es decir, aclarar palabras claves que promuevan libre interpretación y justifiquen otra vez abuso e injusticias según el prisma de quien lo analice. Sobre todo, dejando otra vez en estado de indefensión a los ciudadanos, tales como:

1-     ..Razones de Defensa y Seguridad Nacional, así lo aconsejen (art. 23-d).

¿Cuáles razones?

¿Quién lo aconseja?

2-     ..Otras razones de interés público, determinadas por autoridades facultadas (art. 23-h).

¿Cuáles razones de interés público?

¿Quién es la autoridad facultada en estos casos?

3-     ..No se puede entrar al territorio nacional cuando, (art. 24.1)….

c)  Organizar, estimular, realizar o participar en acciones  hostiles  contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.

¿Qué y cuáles acciones hostiles?

¿Qué son y cuales fundamentos….?

Será que cantar en teatro es un acto hostil, o participar como gastronómico o DJs siendo parte de un contrato laboral a través del Estado, también lo es.

4-     Los casos que obtengan pasaporte sin problemas en enero-2012, pero puedan o quieran viajar en agosto-2012 y les apliquen entonces el art. 25-d ó 25-h, cuando esté en el Aeropuerto.

¿Cuáles razones de interés público serían?

¿Quién es la autoridad facultada en esos casos?

¿A quién se le reclama?

¿Quién indemniza?

¿Se perdería el visado,  pasaje, reservación, contrato de trabajo?

CONCLUSIONES:

UNICA – Esta Disposición presenta tantas incoherencias, desaciertos y ambigüedades, que no se debería    dar curso legal a la misma, hasta un nuevo análisis en la Asamblea Nacional, por estar su contenido  no   conforme a las normas jurídicas, doctrinas y espíritu de la Constitución cubana, la Declaración Universal de los DD.HH., los Pactos Internacionales Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y los anhelos y bienestar individual (art. 1 Constitución) del pueblo cubano,   sugiriendo algunos cambios   en algunos de sus articulados, los cual no afecta el contenido, como son,

RECOMENDACIONES:

PRIMERA,   se debería definir en los por cuanto expositivos de esta norma, cuales son la razones  y cuales ciudadanos no pueden viajar por razones de Defensa y Seguridad Nacional de todos los artículos mencionados.

SEGUNDA, se debería suprimir el inciso h de los artículos 23 y  25 de la Ley Migratoria.

TERCERA, se debería definir por la propia Asamblea Nacional, quiénes son las autoridades facultadas para permitir o no la libre acción migratoria por los ciudadanos cubanos, y no delegar esa decisión tan importante en otra estructura gubernamental.

CUARTA, deberían debatirse también en la Asamblea Nacional, las principales causas que están condicionando tanto flujo migratorio, como son:

1-     Libertad de circulación y residencia.

2-     Libertad de expresión y asociación.

3-     Salario (moneda única) que solvente las necesidades básicas.

4-     Libre empresa. Libre contratación.

5-     Libertad de Inversión, de patentar y financiar.

6-     Libertad de opinión y decisión para que los jóvenes de hoy no dependan de los de ayer ni los de mañana.

QUINTA, valorar la necesidad de reducir al mínimo las prohibiciones, limitaciones, e impo$iciones al derecho de entrar y salir de los cubanos.

SEXTO, realizar estudios que ayuden a cumplir el párrafo anterior teniendo en cuenta que países como Estados Unidos, (en el cual se basaron para limitarnos durante 50 años) por ejemplo, emplean en los Servicios de Inmigración, Aduanales y Fronteras el 0.00021% de su población,

-No llegan a 100 mil trabajadores de sus más de 300 millones de ciudadanos.

-Solamente en sus 10 aeropuertos principales atienden y despachan a más de 500 millones de pasajeros.

-Los casos de espionaje, terrorismo, robo y fuga de talento son mínimos por casos tramitados.

-En New York se atienden 50 millones de pasajeros anuales, de ellos, 15 millones son internacionales con un promedio de 50 mil diarios.

ÚLTIMA, recordamos finalmente, que aun existimos cubanos con deseos de hacer mucho por nuestra Patria.

 

 

Encrucijada

Lic. Wilfredo Vallín  Almeida
Tres jóvenes fueron detenidos violentamente, metidos a la fuerza en un patrullero y conducidos a una estación de la policía nacional donde estuvieron alrededor de 24 horas sometidos a interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado.
¿Motivo? : Repartir hojas impresas con la Demanda Ciudadana por Otra Cuba que, semanas antes, había sido entregada por sus promotores a la Asamblea Nacional del Poder Popular donde fue recibida con el número 1207 de 20 de junio del 2012.
Aunque la violencia policial es un hecho que tiene lugar prácticamente a diario en nuestro país y cuya constancia se muestra en fotos, videos y entrevistas por la prensa independiente, blogueros y otros, este caso en particular, por su connotación, merece un análisis especial.
Cuando hablamos en la unidad policíaca con los agentes de la policía política que atendían el caso, nos llamó la atención varias cosas que analizaremos a continuación.
Primero se nos dijo que estos jóvenes habían sido detenidos “por distribuir propaganda en la vía pública”. Aunque el término “enemiga” no se utilizó, era evidente que se referían a una propaganda que tenía por fuerza que serlo, pues sólo así sería justificable la detención.
Cuando mostramos a los agentes que ese documento había sido entregado en la Asamblea Nacional del Poder Popular sin objeciones por parte de los que lo recibieron, entonces se pasó a decir que “se habían resistido al arresto”.
No vamos argumentar detalladamente aquí por qué conforme al Derecho Internacional una detención que empieza por ser ilegal convierte en no válido para el poder lo que se derive de ella a posteriori. Lo que queremos decir, al menos por ahora, es otra cosa.
Lo que los agentes parecían buscar con denuedo era el lugar donde se habían imprimido esas hojas. O sea que, lo “importante”  para ellos era la impresión en sí, no su contenido. Y eso es lógico de entender pués lo verdaderamente preocupante para ellos no es en verdad la impresión, sino el tema que se toca en esas hojas.
Y el tema es el Pacto  de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos sociales y Culturales ambos de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Y podemos entender la preocupación oficial porque:
Cuba es  miembro de la ONU.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Es vista en las Organizaciones Internacionales de tales Derechos como violadora consuetudinaria de los mismos.
Tiene asignada, por segunda o tercera oportunidad, un relator para la tortura que deberá visitar la isla no se sabe cuándo.
El gobierno cubano firmó la intención de introducir esos Pactos en la isla el 28 de febrero de 2008.
Tratándose de semejantes documentos, no puede tildarlos de “maniobra del imperialismo contra el país” o algo por el estilo.
Tampoco puede llevar a prisión a los que divulguen esos pactos o apoyen esa campaña por cuanto ese actuar sería totalmente incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sabe que de conocerse en todo el país sus contenidos y las perspectivas que abrirían a los cubanos, serían incontables los ciudadanos que apoyarían esa demanda.
Los problemas con la ONU no son los mismos que con los inofensivos, desarmados e indefensos opositores pacíficos cubanos.
Y esto por sólo señalar algunos aspectos del problema.
Ahora el asunto está, claro que muy complicado, en las manos de los que pueden acabar de resolverlo o de hundir a Cuba, si se sigue hablando en el tono de arrogancia y prepotencia con que lo hicieron los que conversaron con nosotros en la 6ta. Unidad.
Creo que para los que dirigen las cosas de gobierno en el país, la palabra definitoria de la actualidad es: ENCRUCIJADA.

Los Pactos de ONU: ¿nuevo delito en Cuba?

Wilfredo Vallín Almeida

Por lo que  puede apreciarse, parece haber un nuevo delito contemplado en el Código Penal  y en la Ley de Procedimiento  Penal  (LPP), “delito” que nos parece interesante analizar por lo que puede implicar para el futuro.

Y ese análisis lo comenzaré  por lo que -desde hace ya muchos años- se ha entendido por DELITO y cuando éste existe o no existe.

Personajes como el italiano Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, con su afamado libro De los Delitos y de las Penas publicado en 1764, y el alemán  Paul Johann Von Feuerbach considerado autor,  en 1813,  del célebre apotegma jurídico Nullun crimen, nulla poena sine praevia lege, dieron un brusco giro a lo que se  denominaba entonces “derecho criminal ”.

Esas palabras de Feuerbach, traducidas a nuestro idioma y traídas a la actualidad, significan que   “para que una persona pueda ser detenida por determinado comportamiento, es imprescindible que su conducta esté recogida como delito en el Código Penal  vigente previamente  a su comisión. De lo contrario, NO HAY DELITO”.

Por supuesto que, en caso de infracción, (prevista y sancionada por la ley, repito) es procedente la detención de la persona y su conducción a una unidad de policía para el esclarecimiento de los hechos…pero me estoy refiriendo a la infracción de una norma penal REAL, no a una invención.

La Ley de Procedimiento Penal  vigente explica, como su nombre indica, las formas en que se actuará, por parte de las autoridades y de los operadores del Derecho,  ante las conductas delictivas.

Así, en su Título IV, Capítulo I, Artículos 241-244 la LPP  establece, con toda claridad, los casos en que procederá la detención de un individuo y que, por estar precisamente recogidos por ella, los torna en principio de  legalidad a la que todos, sin excepciones, estamos sometidos.

Detener, fuera de los casos que la ley establece, inventando  “figuras delictivas” que no existen en el Código Penal o situaciones no recogidas en la Ley de Procedimiento Penal, es sencillamente invadir una esfera de competencia que se atribuye   únicamente al Legislador y que en el caso cubano se llama, hasta donde sabemos, Asamblea Nacional del Poder Popular.

Y eso es precisamente lo que ocurre cuando un ciudadano es conducido a una unidad policía y no se le levanta Acta de Detención, o se le levanta, y lo que se escribe en ella como justificación de su arresto es… Interés de la CI (contrainteligencia), causa de detención que no aparece para nada donde debe estar obligatoriamente: en el lugar  de la LPP ya mencionado.

No podemos conceder legitimidad a órganos que se atribuyen una función que no les corresponde y que resulta tan importante para las relaciones sociales: la creación de  Derecho.

Por otra parte, los abogados de la Asociación Jurídica Cubana nunca hemos visto una prohibición legal estableciendo que la conducta de los ciudadanos, instando al gobierno a ratificar los Pactos  que firmó cuatro años atrás,  constituye delito de especie alguna.

Pero, y como pudiera  ocurrir con la reglamentación para otorgar o no tarjeta blanca a los ciudadanos que quieren salir del país y que tampoco hemos visto jamás, quizás ésta sobre los pactos exista, y no hayamos  podido leerla todavía.

De ser así, entonces, por favor,  publíquenla para que los ciudadanos conozcamos que, en Cuba, se ha instituido una nueva conducta prohibida por la ley: invocar los Pactos de la ONU.