La AJC, el Decreto Ley 81, la Constitución y los Principios Básicos sobre la función de los Abogados

4 Derechos-Humanos-ONUOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

El Decreto Ley 81 de 8 de junio de 1984, sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, regula en su artículo 2 que el ejercicio de la abogacía es libre, mientras que paradójicamente el articulo siguiente, restringe tal “libertad” al disponer que para ejercer la abogacía se requiere ser admitido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de lo que cabría suponer que en Cuba la profesión de abogado es ejercida bajo una especie de “libertad supervisada” por la ONBC.

Uno de los Principios Básicos sobre la función del Abogado refrendados en el 8vo. Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente (La Habana, 1990);   que deben ser respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, preceptúa que: Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir por ello restricciones profesionales.

De conformidad con la anterior declaración de las Naciones Unidas, la pretendida libertad de la profesión del abogado queda garantizada también por la Constitución de la República de Cuba, que en su artículo 54 recoge: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.

Puesto que para la AJC el ejercicio de la abogacía es libre, en el más estricto significado del término, como refiere el mentado Decreto Ley 81, sus miembros se acogen al derecho de asociación que garantiza la Constitución de la República y que sugiere la ONU sobre la función de los Abogados, y hemos solicitado su legal constitución para el ejercicio de la profesión de la abogacía de manera independiente a la ONBC.

Peligrosidad social y Pactos de la ONU

7- peligrosidad

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Mientras poco a poco cobra más difusión y fuerza la campaña ciudadana “Por Otra Cuba”, tienden a crecer también las noticias relativas a la detención de ciudadanos por distribuir esa Demanda así como también citación a unidades de la policía de otras por lo que parece ser una “nueva causal” de detención.

Como nos enseñaron cuando nos daban filosofía marxista-leninista a todo hora, la dialéctica establece que todo cambia y se transforma y por ello nada tiene de raro que haya “aparecido” una nueva de esas causales en la Ley de Procedimiento Penal que no se ve, pero está ahí.

Y creo que no se ve, porque va a ser difícil explicarla y compatibilizarla con el concepto de delito que se da en el Código Penal cubano. Trataré de explicarme.

El Código Penal vigente enuncia el concepto de delito de la siguiente forma:

Artículo 8.1: Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción penal.

Detengámonos en los elementos de esta definición:

  1. Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa…

O sea, que el actuar o el omitir manifestado en una conducta, tiene que portar intrínsecamente, porque así lo exige el tipo penal, una connotación de peligro para la sociedad.

En eso la definición es más que clara.

No obstante, si Cuba es miembro de la Organización de Naciones Unidas, si en sus informes en Ginebra el gobierno cubano se cataloga a sí mismo cumplidor estricto de sus compromisos internacionales, si firmó hace ya casi cinco años los Pactos que ahora los ciudadanos le instan a ratificar, ¿dónde está la peligrosidad social del actuar de esos compatriotas como para ser detenidos y amenazados como lo están siendo?

¿Dónde ve realmente el peligro el gobierno actual?

2…socialmente peligrosa prohibida por la ley…

¿En cuál artículo y en qué Ley Penal cubana vigente se establece que solicitar o instar al gobierno cubano a ratificar los pactos que firmó el 28 de febrero de 2008 está prohibido?

¿Alguna persona o institución en Cuba, puede prohibir lo que la ley no prohíbe?

Los que esto hacen, ¿no se han leído nunca la Constitución de la República, especialmente su artículo 63?

3…prohibida por la ley bajo la conminación de una sanción penal.

¿Pudiera decirme alguien, quizás esos que ignoran las leyes del país, cuál es la sanción por el “delito” de ejercer civismo?

La doctrina penal en el mundo tiende a evolucionar cada vez más hacia un Derecho Penal como última ratio, pero desde siempre ha mantenido que se delinque por lo que se hace, no por quien la persona es.

En nuestro país, no obstante, las cosas parecen concebirse siempre en oposición al resto del mundo y por eso no es de extrañar que ahora algunos quieran también aplicar la peligrosidad social… a los Pactos de la ONU.

 

Las Disposiciones Preliminares: un mal comienzo

Wilfredo Vallín Almeida,

En el Código Penal cubano, en el Título I, Disposiciones Preliminares, artículo 1.1., leemos:

   Este Código tiene como objetivos:

-          proteger a la sociedad, a las personas, al orden social, económico y político y al régimen estatal;

-          salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes;

-          promover la cabal observancia de los derechos y deberes de los ciudadanos;

-          contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista.

Tratemos de analizar, aunque sea someramente, los objetivos que el actual código penal se plantea, empezando por el primero de ellos: proteger a la sociedad, a las personas, al orden social, económico y político y al régimen estatal.

Este primer objetivo comienza diciendo proteger a la sociedad, a las personas…en ese orden. O sea, que primero está la sociedad, solamente después, las personas. Demos, no obstante, un breve recorrido por la Historia.

El individuo, la persona, es primero que el surgimiento de la civitas que no es sino una creación del hombre. Todos los que se han ocupado de la aparición del ser humano sobre la tierra coinciden en que el homo sapiens antecede a la creación de la sociedad.

Por otra parte, esta formulación me recuerda a aquel controvertido filósofo francés tantas veces citado, Juan Jacobo Rousseau,  que tras su formulación de lo que él llamo la voluntad general, muchos vieron la intención de desconocer a todo el que piense distinto, o discrepe, o pertenezca a una minoría, o se salga del comportamiento mayoritario…que puede lograrse de muchas formas.

Dicho con otras palabras, dado que es fácil argüir que los derechos de todos están primero que los de unos pocos, la reducción de esos pocos, con argumentos discutibles o no (o con la fuerza) puede justificarse con facilidad, sobre todo si lo que sigue después es(proteger)  al orden social, económico y político y al régimen estatal.

No debe sorprendernos para nada esta formulación pues ya Vladimir Ilich Ulianov nos había legado que “el derecho no es sino la expresión concentrada de la política” y la expresión del código penal que nos ocupa lo que hace es mostrarnos precisamente eso.

Es interesante contrastar este artículo con el mismo título y artículo de otro código, por ejemplo, el de la hermana república latinoamericana de Colombia. Este reza:

   Título I, artículo I: Dignidad Humana.  “El Derecho Penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana”.

Y si de lo que se trata es de la importancia que para nosotros tienen los derechos y las libertades individuales refrendados por los Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, entonces las Disposiciones Preliminares del Código Penal cubano son – en cuanto a esos derechos y libertades y en mi opinión-, un mal comienzo.

 

That is the question

Wilfredo Vallín Almeida

Hay una palabra, que al escucharla, es difícil no evocar la barbarie de la Santa Inquisición que obligó a un Papa en el siglo XX a pedir perdón a la humanidad por semejantes actos tan poco apropiados para la Iglesia de Cristo.

En presencia del tema, lo usual es que acudan a nuestra memoria nombres tales como Dachau, Treblinka, Auschwitz, Gestapo, Gulags, Lubianka, y Siberia, por sólo mencionar algunos.

La palabra en cuestión es TORTURA, método de obtener la confesión (o el castigo) de la persona a cualquier precio; práctica que, desgraciadamente, se ha mantenido en el tiempo desde que la confesión era considerada “la reina de las pruebas”.

Desgraciadamente se usó la tortura en Cuba en diferentes épocas de su historia. Vimos fotos escalofriantes de tales procederes en la dictadura batistiana mientras se pedía paredón para sus comisores.

Pero, como toda creación humana que pretende permanecer en el tiempo, la tortura evolucionó. Sus formas y métodos han devenido más sutiles, más refinados, más dolorosos.

Ahora ya es demasiado burdo golpear brutalmente a un prisionero, sacarle las uñas o colocarlo en el potro. Ahora existen torturas psicológicas u otras de base “científica”.

Ante la continuidad de prácticas semejantes, las Organizaciones de Derechos Humanos de nuestra época han tratado reiteradamente de poner coto a tales desmanes que ponen de manifiesto lo peor de la naturaleza humana.

Así, leemos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 26 de junio de 1987:

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta (de la ONU), en particular del artículo 55 de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la protección de Todas las personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975….

Sin embargo nos llega hace poco la noticia de que para el caso particular de Cuba, ha sido nombrado (y el gobierno ha aceptado), la visita de un Relator para la Tortura. Insólito, ¿verdad?

El asunto es que ya eso ocurrió una vez y el funcionario internacional designado para ese menester…nunca fue autorizado a entrar en la isla.

Ahora la historia se repite pues el gobierno dice que aceptará la visita, pero como suele suceder en nuestro atribulado país, el problema resulta ser CUÁNDO, pues de nuevo no se señala fecha para ese viaje.

Con relación a este nuevo relator de la ONU para esta islita -que no debería temer su visita si no tiene nada que ocultar-; bien pudiéramos parafrasear al gran Shakespeare:

Entrar o no entrar: that is the question.


 

 

“Almendrones” y carteles

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Wilfredo Vallín Almeida, La Víbora, Ciudad Habana, 5 de septiembre de 2010

la semana pasadaviajaba en un “almendrón” (auto particular de más de veinte años de antigüedad utilizado como taxi). el chofer, que venía conversando con algunos usuarios, leyó en voz alta una valla publicitaria en la rotonda de la Ciudad Deportiva: “Ante la injerencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea, UNIDAD!”

No pude evitar una sonrisa que captó el chofer del vehículo para decirme:

- Yo estuve en Angola, y no hay quien me haga un cuento de lo que pasó allí, pero siempre nos dijeron que nosotros no violábamos la soberanía de los africanos pues éramos internacionalistas… ¿qué le parece a usted eso, mi amigo…?

traté de ser amable y de tener en cuenta a los demás pasajeros. De la mejor manera posible, dije lo siguiente:

los conceptos de injerencia y soberanía son relativos. Se han utilizado en distintas épocas y han ido cambiando su sentido con la evolución de la sociedad y el mundo mismo.

Después del Tratado de Westfalia en el siglo xvii, se enarboló el concepto de soberanía de la forma más absoluta posible dada su conveniencia para los nuevos estados surgidos en el mapa de Europa. Según ese concepto, nadie ajeno al país podía entrometerse en lo que se hacía dentro de sus fronteras.

La soberanía se entendió desde entonces como el más alto nivel de decisión en los asuntos internos y externos de la nación por parte del Rey o el Gobierno.

Lo anterior permitía a los gobernantes hasta masacrar a sus ciudadanos, como en realidad ocurrió muchas veces, sin que ningún otro país pudiese hacer nada para detener esas carnicerías.

Los propios países comunistas intentaron evadir el concepto de injerencismo cuando pusieron en práctica el concepto de internacionalismo, buscando una justificación a la presencia de sus ejércitos más allá de sus límites territoriales.

La Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda, vertió una nueva luz sobre estas situaciones. No era posible mantener el criterio de la soberanía absoluta como una coartada protectora de los tiranos y de los regímenes autoritarios que mantuviese lejos de sus fronteras la “injerencia” de otras naciones.

Los campos de concentración nazis y los gulags soviéticos, entre otras barbaridades, fueron el detonante que llevó a la comunidad de naciones a la elaboración de un nuevo concepto: la soberanía absoluta cede, cuando parapetándose tras ella quieren desconocerse los derechos humanos de los ciudadanos del país de que se trate, o cuando existen genocidios, o crímenes de lesa humanidad.

La intervención por motivos humanitarios ha sido aplicada reiteradamente por el Consejo de Seguridad de la ONU…

Ya no podía continuar pues me aproximaba al fin de mi viaje.

El chofer y los demás pasajeros que me habían escuchado sin interrumpirme, me agradecieron y se despidieron deseándome buen día, y yo me quedé con la sensación de haber hecho una explicación útil que ellos recordarían… cada vez que vieran el término injerencia aplicado a nuestra realidad interna.

vallinwilfredo@yahoo.com

De lo que no se habla: Pactos de la ONU firmados por el gobierno cubano

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Wilfredo Vallín Almeida, 31 de julio de 2010, La Víbora, Ciudad Habana

Un ciudadano, ingeniero de profesión y lector asiduo de La Consulta, nos pregunta qué ha ocurrido con “unos acuerdos sobre derechos humanos firmados por el gobierno cubano en los Estados Unidos”…

Preliminarmente, aclaremos algunos detalles:

Los Pactos firmados por el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, fueron dos: el Pacto de los Derecho Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos fueron rubricados por en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2008.

Estos Documentos Internacionales -de innegable trascendencia- son una derivación lógica de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, cuya observancia no es obligatoria ni siquiera para sus firmantes, en tanto los Pactos, que recogen los principios universales de la Declaración, sí pudieran serlo.

Cuando escuché esta noticia en el Noticiero Nacional de Televisión hace ya más de dos años, quedé estupefacto y todavía hoy no alcanzo a comprender qué se perseguía con semejante acto. La esencia de mi estupefacción está en el contenido y alcance de tales documentos de la ONU. Para quien conozca la tendencia del gobierno cubano a no reconocer los Derechos Humanos a sus ciudadanos, semejante firma sólo puede parecer insólita e incoherente.

Existen dicotomías entre esos Pactos y la legislación cubana. Muchos de los preceptos de nuestra Constitución chocan con los artículos de los Pactos, creándose una situación contradictoria.

No obstante, es una verdad aceptada internacionalmente que el Derecho Internacional Público (DIP), sus pragmáticas, principios y convenios, priman sobre el derecho interno de los países, por lo que el derecho interno debería atemperarse y/o modificarse según lo establecido por el DIP.

Esos tratados tienen una serie de pasos que deberán cumplirse para entrar en vigor en toda su magnitud. No basta con esa firma inicial, algo así como la declaración de una intención que no es sino eso.

Es menester la ratificación de esos pactos y, posteriormente, la adhesión a los protocolos vinculantes, para que la ONU pueda exigir al país la observancia estricta y rigurosa de su contenido. Desgraciadamente, este proceso puede dilatarse cuanto se quiera por el país involucrado si su primera firma obedece a una maniobra de distracción “cosa que acostumbran a hacer las dictaduras”, como me dijera una parlamentaria de la Unión Europea.

Una pista que apunta a esta última dirección es el desconocimiento por la gran mayoría de los cubanos de la firma y el contenido de los Pactos. El gobierno mantiene silencio en cuanto a su propósito con esa firma inicial, y su no ratificación a más de dos años de firmado. Tampoco se ha divulgado su contenido ni los pasos de que hablamos, lo que ilustraría a los ciudadanos respecto a tales documentos.

La aplicación y observancia de los Pactos terminaría con el caos generalizado que hoy sufre nuestra patria.

vallinwilfredo@yahoo.com