Todos los derechos deben ser para tod@s

 lgbt OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Presencié la entrevista concedida a la cadena Telesur por la Dra. Mariela Castro Espín en relación con el tema de la comunidad LGBT en Cuba, sus  acciones, promoción, proyectos, propuestas, la orientación sexual como un derecho humano más, así como los avances en su reconocimiento, a tal punto de encontrarse listo, para su discusión parlamentaria, un proyecto de modificación del vigente Código de Familia, el que según espera la especialista, debe adquirir carácter vinculante durante el 2013. dicha modificación otorgaría reconocimiento legal a las uniones consensuales del mismo sexo a los fines de brindar protección jurídica al patrimonio de dicha unión.

Lo que se está debatiendo está en sintonía con la actualidad del tema en numerosos países donde no pocos ya han sancionado la formalización del matrimonio entre personas del mismo sexo con rango de ley.

En nuestro contexto regional y cubano en particular, existen prejuicios y matrices patriarcales que ahogan el reclamo de las personas a ejercer su orientación sexual, y que al tiempo que discriminan a unos, abogan por el reconocimiento de sus derechos, sean estos de reunión, expresión, asociación, etc.

Bien vale en lo que al gobierno atañe, que se disponga a escuchar y discutir sobre el reconocimiento del derecho de orientación sexual, pues en tanto derecho, les permite ejercer su libertad lícitamente. Pero en esta misma línea, bueno también sería, y saludable para el país, que el gobierno se dispusiera a escuchar y abrir espacios de debate y diálogo a otras voces que, de manera pacífica, igualmente reclaman por sus derechos; sean estos de reunión, expresión, asociación, filiación política. Lo importante debería ser el resultado positivo para la nación y sus ciudadanos.

De encaminar los esfuerzos en tal dirección y con la misma celeridad, no se discriminaría a nadie, se estaría reconociendo la realidad de una sociedad plural y diversa y se pondrían en igual jerarquía unos y otros derechos, pues a fin de cuentas, TODOS LOS DERECHOS DEBEN SER PARA TOD@S.

 

Justicia y Medio Ambiente

ambiente derecho

Lic. Dayana Cruz Vega

Al adoptarse la primera ley sobre el medio ambiente en Cuba, el conocimiento y solución de los conflictos ambientales quedó expresamente atribuido a los órganos de arbitraje estatal de la siguiente manera:

A los efectos de garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos contenidos en la presente ley y en las disposiciones complementarias que se dicten, se dispone que los conflictos de carácter económico que se susciten sobre esta materia los conozca y decidan el órgano de Arbitraje Estatal competente.

Aún cuando este sistema de órganos en realidad había sido concebido para litigios de carácter contractual, su jurisdicción quedó extendida a todos aquellos llamados “ilícitos civiles”, que estuvieran asociados a un quebrantamiento del ordenamiento medio ambiental.

A raíz de los profundos cambios que comportó la desarticulación del campo socialista, con todo lo que ello supuso para la economía cubana, y como parte de las primeras medidas adoptadas en el ámbito de las relaciones económicas inter empresariales, se dispuso la extinción de este sistema de órganos de arbitraje y la creación de las Salas de lo Económico como parte del sistema judicial.

A las Salas anteriores quedaron atribuidos expresamente, junto a los litigios contractuales, los conflictos económicos que se susciten sobre la protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales.

Desde ese momento, innumerables han sido los cambios para enfrentar este tipo de conflictos.

El acelerado desarrollo tecnológico e industrial hacen de esto un punto poco actualizado, pues los expresados cambios no alcanzan a configurar, con la deseable y necesaria coherencia e integralidad un procedimiento propio para los conflictos ambientales que satisfaga los complejos requerimientos asociados a éstos.

Vistos los intereses que de cualquier modo subyacen en estos procesos, el nuevo marco regulatorio del procedimiento de lo económico, debe contribuir en la medida de lo posible a que se hagan efectivas las actuaciones previstas en la nueva normativa procesal y dar una tutela más efectiva de todo conflicto en materia ambiental.

Es en virtud de ello que creo que, si bien las organizaciones medioambientalistas pudieran entenderse como no comprendidas dentro de los sujetos a los que la ley reconoce la posibilidad de ejercitar una acción resarcitoria, en cualquier caso, sin embargo, habría que entenderlas como legitimadas para iniciar acciones de cumplimiento ante los tribunales, en armonía con lo preceptuado por la propia Ley del Medio Ambiente en su artículo 4 inciso l, con sujeción al cual,

Toda persona natural o jurídico, conforme a las atribuciones que la ley le franquee, debe contar con los medios adecuados y suficientes que le permitan accionar en la vía administrativa o judicial, según proceda para demandar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y en sus disposiciones complementarias”, 

Lo que no deja de constituir para éstas su razón de ser y daría mayor seguridad a la resolución de los conflictos de esta índole.

Ese es el Camino

6 Isla justa6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Hace unas semanas salió en la Gaceta Oficial de la República el Decreto Ley No.305 de 11 de diciembre de 2012, Ley de las Cooperativas no Agropecuarias.  La ley en cuestión se refiere a la permisibilidad de estas entidades que no tienen que ver con el sector agropecuario y que posibilitaría cooperativas de distintos servicios en el sector privado. Ellas, a no dudarlo, constituirían una novedad en un país que durante 50 años rechazó esta forma de gestión laboral.

El Decreto-Ley en cuestión, aclara el carácter que el mismo tiene al formular:

El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer con carácter experimental las normas que regulan la constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores no agropecuarios de la economía nacional…

Para la Asociación Jurídica Cubana esto resulta de especial interés por cuanto llevamos más de tres años en un debate con el  Ministerio de Justicia intentando algo parecido: ser reconocidos  como ONG independiente.

La vida resulta más pragmática y realista que los artilugios de la ingeniera social cuando pretende diseñar un modelo de funcionamiento de la sociedad,  creado en la cabeza de los que gustan de trazar a priori un devenir social insoslayable,  ignorando a la naturaleza humana.

Un ejemplo de lo anterior es lo que llamaremos, la “institución de los repasadores” que no es otra cosa que el “alquiler” que muchos padres han tenido que hacer de profesores particulares para elevar el nivel de sus hijos fuera del sistema estatal de enseñanza y eliminar así evidentes lagunas en su aprendizaje.

Ahora parece que la actual dirección del país comienza, a concientizar la necesidad de grupos profesionales fuera de la tutela estatal  para resolver los problemas que confrontan la esfera laboral y los servicios a la población.

Si hoy ya es posible una cooperativa no agropecuaria con personalidad jurídica, lo que necesitamos es que, mañana puedan constituirla los constructores, los maestros, los arquitectos, los abogados, los médicos y cuantos, por sus oficios o profesiones y sus posibilidades personales,  se sientan en capacidad de crearlas y fomentarlas.

Y algo muy importante que no debe soslayarse: con regulaciones legales que tiendan a su desarrollo, no a su ahogamiento.

Si de verdad queremos que Cuba pueda algún día volver a valerse por sí misma, sin dependencia foránea, ese es el camino.

 

Contrasentido

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

He escuchado durante años una voz popular que al principio me provocaba escepticismo y hoy, luego de conocer algo de derecho, me incomoda. De seguro casi todos la hemos escuchado e incluso muchos pronunciado. Se dice que, de acuerdo a la Ley, se reprime con mayor severidad a quien le da muerte a una res que al que pone fin a la vida de un ser humano. ¨ Es peor matar una vaca que…¨

La frase merece un breve análisis desde la óptica del Código Penal para tratar de dar respuesta a su macabro sentido. Voy a tomar como referencia el delito de Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor y Venta de sus Carnes, previsto en el artículo 240.1 de este cuerpo legal:

El que, sin autorización previa del órgano estatal específicamente facultado para ello, sacrifique ganado mayor, es sancionado con privación de libertad de cuatro a diez años.

El otro punto de referencia es el delito de Homicidio que se encuentra regulado en el artículo 261 del Código Penal:

El que mate a otro, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años.

Analizadas ambas figuras delictivas, salta a la vista que no le asiste razón a la voz popular en su generalidad; pues mientras el Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor (también incluye ganado equino) tiene un marco penal de cuatro a diez años de prisión, el Homicidio tiene un margen más amplio, de siete a quince.

Otro criterio en contra de la citada frase es que el Sacrificio Ilegal admite el subsidio de penas alternativas a la prisión cuando la cuantía es de cinco o menos años de privación de libertad (Trabajo correccional con o sin internamiento y Limitación de libertad)

Hasta aquí puede desmentirse el aludido criterio popular, pero sí existe la posibilidad, aunque excepcional, de que tal voz se cumpla. Ambos delitos cuentan un con margen de coincidencia en su marco penal: entre siete y diez años de Privación de Libertad. Entonces podría suceder que alguien, por ejemplo, sea sancionado por sacrificar una res a diez años de prisión mientras que otro lo sea a siete por homicidio.

Con respeto por el reino animal y por algún tipo de filosofía hindú que desconozco, el valor de la vida humana es incomparable. Este tipo de coincidencia debe suprimirse en futuras modificaciones a la Ley Penal.

 

…Y me hice maestro, que es hacerse creador

10-me hice maestro

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Jorge Hojas Puñales

La Biblia, es un magnífico libro, tal vez muchos la tengan en sus hogares, y de vez en cuando le dan lectura, de forma autodidacta, sin pasar de la mera lectura, es indudable que se requiere de alguien con conocimiento de ella, que explique la enseñanza que nos quiere dar.

Una Ley, un Decreto-Ley, un Decreto, una Resolución o cualquier instrumento jurídico, de nada servirían en nuestras manos, si no tenemos a alguien que nos guíe, nos explique su contenido razonadamente, que nos eduque en cada precepto y nos dé a conocer el ámbito de su acción. Lo mismo que la Biblia, la legislación debe ser predicada, y más bien predicada con el ejemplo. Transgredirla equivaldría a un sacrilegio.

No es meritorio que el conocimiento de la legislación que rige en nuestro Estado, sea privativo solo para los profesionales del Derecho, para los entes e instituciones, encargadas de su elaboración y aprobación o de quienes tienen el deber y la obligación de trabajar con ella. Cada vez se hace más necesario e indispensable, tener los mínimos conocimientos indispensables, para vivir, convivir y coexistir, en un Estado de Derecho, con una sociedad civil.

Las más elementales normas de convivencia, están ajustadas a Derecho, en correspondencia con la sociedad donde se desenvuelven, sería sumamente gratificante, que alguien se trazara como pauta de forma espontánea, honesta y desinteresada, predicar la ley, poniéndola al alcance de todos, sin distinción alguna, ¡qué satisfacción tan grande se sentiría, al saber que se ha aportado un granito de arena, en la divulgación y enriquecimiento de la cultura jurídica del pueblo y para el bien del pueblo!

Quizás no estén dadas las condiciones para que esto suceda, pero el deseo de hacerlo está latente en el sentir de muchas personas.

 

 

Espacio infinito, tiempo eterno

foto: Marcelo López

12-chavezLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

¿Nos hemos puesto a meditar y calcular cuánto ingresan al presupuesto los trabajadores por cuenta propia?  Si hacemos una comparación con los ingresos del sector estatal, nos percataremos de que ingresan sumas millonarias, tributan al fisco como contribuyentes, no conocemos de alguno, que a pesar de enfrentar limitaciones de todo tipo, se haya visto envuelto en un proceso de reclamación, por incumplimiento de los suministros requeridos.

Constituye una odisea, ejercer el Trabajo por Cuenta Propia.  Se exponen a presiones por parte de las entidades estatales o sus representantes; casi a diario son objeto de inspección, chequeo, control, verificación y de cuantos instrumentos más sean aplicables. No se detectan sobrantes o faltantes, ni cuentas por pagar o por cobrar envejecidas.  Si incurren en impago, se retira o suspende la licencia o autorización para el ejercicio.

Sobre esta última situación dentro del sector empresarial (Estatal), mucho se ha hablado, se habla y seguirá hablando, porque es una asignatura pendiente, que se ha examinado una y otra vez y no se acaba de aprobar, amén de que en las relaciones monetario-mercantiles entre las distintas ramas o entre una misma, no se ha logrado llegar al punto deseado, aunque no se pague, o se pague fuera de término.

En el sector estatal, al igual que en el sector privado, la contratación juega su papel, nuestra legislación reconoce el negocio entre particulares, y las relaciones jurídicas que establecen están amparadas por la legislación, la gran diferencia radica en lo esencial, que la inobservancia e irrespeto patente entre las empresas, no tiene cabida entre los particulares, ya que está en juego su patrimonio, su clientela y si los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones establecidas se resquebraja, el negocio desaparece, hay seriedad en el cumplimiento de lo pactado, no hay necesidad de reclamaciones, evitando así el burocratismo que esto trae aparejado en entramado legal, la vía utilizada por regla general para resolver conflictos, es la vía amigable, es decir entendimiento entre las partes.

Para qué hablar de Instrumentos de Pago, cuando la praxis nos dice que no son efectivos dentro de nuestra economía; qué sucedería si la Empresa Cárnica, dejara de suministrar su producción a la Empresa de Comercio por impagos, la respuesta segura es hacerse el de la vista gorda, pues seguramente la Empresa de Comercio no tiene liquidez, a pesar de haberle sido asignado un presupuesto, además de no poder ser afectada la Canasta Básica Familiar por consideraciones políticas. Muy contrario a esto, existen sectores en los que los impagos pululan, al saberse impunes ante el reiterado incumplimiento, porque son ellos y solo ellos, quienes tienen el suministro a los diferentes sectores.

Ya no existe Órgano de Arbitraje Estatal, ya no existe Tribunal de Garantías, ya no existen Salas de Primera Instancia, de lo que sí estamos convencidos, es que existe un  MONOPOLIO DE LA LEY, Ley que por cierto ha perdido su supremacía, imperio o rango.  Es frecuente ver como una Ley es modificada por un Decreto-Ley y hasta por una Resolución Ministerial.

¿Hasta dónde llegaremos?

Reflexiones sobre varios Decretos y una Resolución

Lic. Dayana Cruz Vega

Al cabo de treinta y seis años, se promulgó el decreto ley que modifica la Ley 1312 de 1976, la llamada Ley Migratoria. Es así que el gobierno accede, por primera vez,  a darle la libertad a los cubanos de poder viajar a cualquier país, pero con determinadas restricciones, sobre todo a los profesionales.

Nos preguntamos si es justo el hecho que por ser personal calificado y habernos dedicado a superarnos, paguemos por ello,   –nosotros también tenemos familia que no podemos ver-  y tengamos que permanecer  lejos de ella, tan sólo por cometer el crimen de estudiar en este país.

Si analizamos el cuerpo de la supra norma, nos percatamos que ahora el gobierno se lava las manos pues hace la modificación legal migratoria en los momentos más difíciles en el entorno internacional, consciente de que serán los consulados extranjeros los que denegarán el visado al pueblo cubano.

Es del conocimiento internacional la situación que ha sufrido este pueblo durante cincuenta y cuatro años, donde nos han mantenido sin derecho alguno a decidir nuestro destino , por ello ya existe comunicación oficial de Estados que se han pronunciado en cuanto a no dar visas a los ciudadanos cubanos.

Hemos tratado de ser lo más prácticos posibles en lo que se refiere al análisis de la norma. Del cuerpo de la misma se deriva la intención del estado cubano de hacer creer a la opinión pública que ya no depende de él que los ciudadanos no podamos salir de Cuba,  ni tener acceso a un intercambio con otras naciones.

Además de las restricciones a los profesionales (que son bastantes en cuanto a la autorización de salida), se hace hincapié en el Reglamento de la norma (Decreto 306), las categorías específicas que requieren un tratamiento especial.

En su artículo 1 inciso b) estipula que los graduados de educación superior están sujetos a un tratamiento especial para recibir la autorización de salida del país, ya sea como turista o por interés personal;  asimismo plasma además, la regulación hecha  por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para el otorgamiento de tal derecho que como ciudadanos deberíamos tener, independientemente de la profesión que ejerzamos.

El Estado cubano continúa con su afán de retenernos injustamente en el país.

En la Resolución 343 de Finanzas y Precios se regula el nuevo impuesto sobre los documentos del trámite de solicitud del pasaporte, el que será de 100 cuc según proceda el caso.

La realidad en Cuba es que una vez que te superas y tratas de ser culto, el gobierno te asigna  un salario insuficiente  y un sinnúmero de restricciones, impidiendo que podamos desarrollar nuestro conocimiento a plenitud y que podamos tener intercambio con profesionales de otros países, sin acceso a Internet para conocer la realidad del mundo fuera del país.

Somos los únicos abogados del mundo tan mal remunerados y sin el derecho del ejercicio libre de la abogacía, la que debe ser puesta solo en función de servir a la ciudadanía  en aras de una verdadera justicia.

 

Dictamen a regulaciones migratorias

Lic. Edilio J. Hernández H.

Las recientes modificaciones a la legislación relacionada con la entrada y salida del país de los ciudadanos cubanos, (tomadas por muchos como una apertura y por otros como una generosidad de la cúpula dirigente), después de tantos años esperando por esa reacción, son fundamentalmente  derivadas del empuje de cubanos internos y externos, cansados de tanto dolor, manipulación y mutilación   de  uno de los derechos más elementales y primarios de la humanidad. El derecho de emigrar, explorar, prosperar, entrar y salir al y del país de origen,  como estipula el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

Esperé una larga pausa para este comentario, porque como abogado es inherente el deber de moderar, consultar y estudiar la norma jurídica previa a una pronunciación, teniendo en cuenta el antecedente de ambigüedades de conocidos legisladores y las posteriores declaraciones de los representantes implicados, en la prensa y televisión nacionales.

Pocos conocen, y entre los abogados la mayoría no la explotamos, la existencia de  una norma jurídica relacionada con los análisis y dictámenes sobre temas jurídicos, a tenor de lo establecido en la Resolución 43/2002 del Ministerio de Justicia,   “Metodología para la elaboración de dictámenes de proyectos de disposiciones jurídicas”. Tomando como referencia esta norma y adaptándola para su comprensión,  realizaré este Dictamen.

OBSERVACIONES:

PRIMERA,   que estamos en presencia de una disposición jurídica con carácter de Ley, pero incoherente con la Constitución cubana en el caso de la ciudadanía.

SEGUNDA,  que no todas las autoridades proponentes de las regulaciones están facultadas ni legitimadas para ese actuar.

TERCERA,  que los objetivos que se proponen cumplir con la entrada en vigor de la disposición no están bien definidos, ni lo regulado garantiza dichos propósitos.

CUARTA,  que en la parte expositiva de dicha disposición no son definidos conceptos ni autoridades decisorias relacionados con el objeto principal de esta regulación (La Migración).

CONSIDERACIONES:

PRIMERA,   teniendo en cuenta la relevancia e importancia de la migración a lo largo de 50 años,    afectando a tres generaciones de cubanos en su relación familiar,  económica, política y social, esta facultad debió someterse a la consideración de la Asamblea Nacional, en alguna de las oportunidades que tiene en el año para ello (ordinariamente, dos veces al año).

SEGUNDA, que existe una gran contradicción por ambigüedad en esta disposición con el artículo 32 de la Constitución (se pierde la ciudadanía cubana al acogerse a una nueva), cuando obliga a todos los cubanos entrar y salir del país con pasaporte cubano, violando el derecho de elegir por su nueva ciudadanía.

TERCERA, los objetivos planteados para la supuesta flexibilización y perfección, no se expresan claramente en la parte expositiva,  por lo que consideramos lo siguiente:

1-     Pudiera ser que la entrada de los cubanos en los años 60 y 70, tuviera relevancia, sobre todo, los relacionados con la esfera militar, por el  lógico desequilibrio “ofensiva-defensiva, inteligencia-contrainteligencia” del  Gobierno creado entonces , pero no se debió aplicar nunca a otros compatriotas por su forma de pensar, ni de escoger su forma de vida.

2-     La prohibición de salir del país siempre la ha establecido el Gobierno cubano.  Los convenios ilegales, inconsultos y secretos con otros gobiernos, sobre cartas de invitación, cero turismo cubano, nulos contratos económicos, deportivos, culturales, entre otros. La prueba está en que dicha violación-prohibición nunca existió legalmente, se norma ahora en los artículos 23, 24 y 25 agregados a la Ley Migratoria, y en los artículos 21 y 23 del Reglamento de la Ley.

3-     Se aprecia también incoherencia al focalizar  la migración cubana solamente hacia Estados Unidos, desconociendo el derecho de miles de cubanos desde muchos países del mundo a entrar y salir a su país de origen como estipulan acuerdos de la ONU de la que Cuba es parte.

4-     No se puede “perfeccionar” una disposición que no existía, como tampoco se puede aplicar a regulaciones con violaciones, ambigüedades y contradicciones, pues se está reconociendo de hecho la reconversión de nuevas figuras restrictivas disfrazadas con términos burocráticos, como:

-Carta de invitación por  Confección  de pasaporte corriente.

-Visa por Expedición del pasaporte corriente.

-Permiso de salida por Sello de Seguridad que actualiza pasaporte.

Estas novedades están solapadas en el Resuelvo Quinto y Sexto de la Resolución 43/2012 del Ministerio del Interior.

CUARTA, que no puede existir en una norma jurídica indefinición conceptual para términos fundamentales y determinantes de su propia razón de ser, es decir, aclarar palabras claves que promuevan libre interpretación y justifiquen otra vez abuso e injusticias según el prisma de quien lo analice. Sobre todo, dejando otra vez en estado de indefensión a los ciudadanos, tales como:

1-     ..Razones de Defensa y Seguridad Nacional, así lo aconsejen (art. 23-d).

¿Cuáles razones?

¿Quién lo aconseja?

2-     ..Otras razones de interés público, determinadas por autoridades facultadas (art. 23-h).

¿Cuáles razones de interés público?

¿Quién es la autoridad facultada en estos casos?

3-     ..No se puede entrar al territorio nacional cuando, (art. 24.1)….

c)  Organizar, estimular, realizar o participar en acciones  hostiles  contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.

¿Qué y cuáles acciones hostiles?

¿Qué son y cuales fundamentos….?

Será que cantar en teatro es un acto hostil, o participar como gastronómico o DJs siendo parte de un contrato laboral a través del Estado, también lo es.

4-     Los casos que obtengan pasaporte sin problemas en enero-2012, pero puedan o quieran viajar en agosto-2012 y les apliquen entonces el art. 25-d ó 25-h, cuando esté en el Aeropuerto.

¿Cuáles razones de interés público serían?

¿Quién es la autoridad facultada en esos casos?

¿A quién se le reclama?

¿Quién indemniza?

¿Se perdería el visado,  pasaje, reservación, contrato de trabajo?

CONCLUSIONES:

UNICA – Esta Disposición presenta tantas incoherencias, desaciertos y ambigüedades, que no se debería    dar curso legal a la misma, hasta un nuevo análisis en la Asamblea Nacional, por estar su contenido  no   conforme a las normas jurídicas, doctrinas y espíritu de la Constitución cubana, la Declaración Universal de los DD.HH., los Pactos Internacionales Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y los anhelos y bienestar individual (art. 1 Constitución) del pueblo cubano,   sugiriendo algunos cambios   en algunos de sus articulados, los cual no afecta el contenido, como son,

RECOMENDACIONES:

PRIMERA,   se debería definir en los por cuanto expositivos de esta norma, cuales son la razones  y cuales ciudadanos no pueden viajar por razones de Defensa y Seguridad Nacional de todos los artículos mencionados.

SEGUNDA, se debería suprimir el inciso h de los artículos 23 y  25 de la Ley Migratoria.

TERCERA, se debería definir por la propia Asamblea Nacional, quiénes son las autoridades facultadas para permitir o no la libre acción migratoria por los ciudadanos cubanos, y no delegar esa decisión tan importante en otra estructura gubernamental.

CUARTA, deberían debatirse también en la Asamblea Nacional, las principales causas que están condicionando tanto flujo migratorio, como son:

1-     Libertad de circulación y residencia.

2-     Libertad de expresión y asociación.

3-     Salario (moneda única) que solvente las necesidades básicas.

4-     Libre empresa. Libre contratación.

5-     Libertad de Inversión, de patentar y financiar.

6-     Libertad de opinión y decisión para que los jóvenes de hoy no dependan de los de ayer ni los de mañana.

QUINTA, valorar la necesidad de reducir al mínimo las prohibiciones, limitaciones, e impo$iciones al derecho de entrar y salir de los cubanos.

SEXTO, realizar estudios que ayuden a cumplir el párrafo anterior teniendo en cuenta que países como Estados Unidos, (en el cual se basaron para limitarnos durante 50 años) por ejemplo, emplean en los Servicios de Inmigración, Aduanales y Fronteras el 0.00021% de su población,

-No llegan a 100 mil trabajadores de sus más de 300 millones de ciudadanos.

-Solamente en sus 10 aeropuertos principales atienden y despachan a más de 500 millones de pasajeros.

-Los casos de espionaje, terrorismo, robo y fuga de talento son mínimos por casos tramitados.

-En New York se atienden 50 millones de pasajeros anuales, de ellos, 15 millones son internacionales con un promedio de 50 mil diarios.

ÚLTIMA, recordamos finalmente, que aun existimos cubanos con deseos de hacer mucho por nuestra Patria.

 

 

Desacatar, ¿qué?

Lic. Tamara Lorenzo Calderón

Cuando pronunciamos el término DESACATO, de hecho pensamos en el insulto, amenaza, ultraje u ofensa de los cuales ha sido objeto una autoridad, funcionario o agente en el ejercicio de sus funciones.  En este breve análisis, nos referiremos al policía en su actuar como agente de la autoridad y cuya figura se tipifica en el artículo 144 inciso 1 de nuestro Código Penal vigente.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y acorde al significado de la palabra ACATAR, le debemos obediencia a la orden impuesta por el agente de la autoridad en su función de velar por el respeto a las normas de convivencia social y en la acción que ha de ejecutar en tal sentido entre las que podemos citar: la detención de los ciudadanos, el cacheo, la solicitud del carné de identidad y otra que estime sea necesaria en correspondencia a las circunstancias en que se encuentra y en cumplimiento de la responsabilidad que le asiste como agente de orden público.

Si bien es cierto que esta figura delictiva precisa de la “acción despectiva” para su configuración, preguntémonos ¿quién genera la acción?   ¿El ciudadano sujeto a un requerimiento de la autoridad, o el propio agente al manifestarse de forma altiva y prepotente en su actuar, sin medir el resultado ó alcance de su proceder, inducido por su sola convicción de ORDENO y MANDO?

En la mayoría de los casos, el DESACATO es generado por el propio agente de la autoridad en el ejercicio de su función y aún y cuando se reconozca como una institución o cuerpo represivo, no lo exime de una suficiente cultura jurídica que le permita una comunicación de respeto y dominio propio tanto con el ciudadano obediente de la ley como para el infractor de una orden que se resiste a su cumplimiento y por lo cual ha de recaer el peso de la justicia según proceda.

La sabiduría sobrepasa la necedad, de ahí que el responder al requerimiento u orden policial como debida obediencia a la ley, no sea visto o interpretado como una sumisión a quienes, en su equívoco actuar, menoscaban nuestra condición  humana, por el sólo hecho de imponer el respeto a la ley.

El respaldo judicial, no solo debe imperar para el agente del orden público o autoridad en el ejercicio de su función, sino también y ha de revestirse en tal sentido, para los ciudadanos que resultan ofendidos en su decoro y dignidad por el agente ante cualquier requerimiento y por lo cual quedan indefensos y sin derecho de reclamo de justicia en las instituciones que respaldan  a aquellos que detienen con injusticia la verdad.

Entonces preguntemos: desacato por desacatar, ¿qué?

 

 

Sanción superior a la solicitada.

Lic. Miguel Iturria Medina

Uno de los presupuestos de Derecho a la defensa, debe ser la correlación entre la acusación formulada por el fiscal, y la sentencia. No deben existir sorpresas en la solución de un proceso penal que no fueran objeto de debate durante la deposición de las partes.

En límite fundamental de este principio está dado, fundamentalmente, en la prohibición al órgano juzgador de hacer variaciones sustanciales del hecho originariamente imputado por el Ministerio Público. Además, en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento Penal se prohíbe al Tribunal sancionar por un delito más grave que el calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, agravar el concepto de participación, grado de consumación del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada.

De los presupuestos relacionados en el artículo 357 de la LPP, solo uno de ellos será objeto de debate en este breve texto. Es el referente al significado de sanción más grave que la solicitada. Este concepto se ofrece en el Dictamen No. 296 que devino en Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. En él, se establece solo una prohibición de imponer penas cualitativamente superiores sobre la base de los tres tipos de penas principales: multa, prisión temporal, perpetua o muerte. Fuera  ello no existe límite.

De acuerdo a la interpretación del Dictamen, imponer sanción más grave es variar la solicitada. No puede imponerse prisión cuando la solicitud fue de multa; ni muerte si se pretendía la privación de ; última no puede ser perpetua si se interesó temporal. Esta definición permite que el tribunal imponga penas superiores  en cuantía que las solicitadas e incluso deje de aplicar sanciones subsidiarias de penas principales.

Para ilustra lo expuesto voy a exponer  tres ejemplos:

  • El fiscal solicitó una sanción de tres años de privación de libertad, en un marco penal de tres a ocho años de esta sanción, y el tribunal impuso seis.
  • Fueron solicitados tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento, sanción subsidiaria de la Privación de Libertad que no implica el confinamiento del individuo, y se impuso esa misma cuantía, pero de prisión.
  • Se solicitan los tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento y finalmente se impusieron seis de privación de libertad.

Los defensores de este criterio exponen que mediante esta interpretación se evitan sanciones extremadamente benignas solicitadas por el fiscal y así se coadyuva a administrar justicia adecuadamente. Estimo que aunque puede que no le falte razón a este criterio, no hay que olvidar que aumentar el rol de la acusación produce sorpresa en quien se defiende  e inseguridad jurídica al articular su defensa. En otros ordenamientos jurídicos se admite la mediación entre defensor y fiscal donde se negocia incluso el límite máximo que se solicitará en juicio. Para evitar solicitudes inmerecidas deben colegiarse las decisiones de la fiscalía en lo referente a la pena a interesar. Lo contrario constituye una confusión institucional.