Continúa la violación de domicilios.

DAYALic. Dayami Pestano Lazo
La Constitución de la República establece en su artículo 56 que el domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la ley.
Continúa la Policía y el DTI, utilizando el registro en vivienda habitada sin los procedimientos establecidos en la ley, se personan en el lugar con el modelo en blanco sin estar firmado por la autoridad competente que es el fiscal y lo llenan allí.
Lo segundo es que no violan un domicilio sino tres. Porque penetran en las viviendas aledañas de la que tienen como objetivo.
¿Y qué pueden hacer los ciudadanos? nada, todo queda en casa, nadie actúa, no solamente por desconocimiento, ni por saber que lo que hacen es improcedente, sino porque estarían actuando en contra de la autoridad, y podían tener entonces más problemas por desacato a la autoridad.
¿Quién puede parar este tipo de problemas?, nadie, todo el mundo se encuentra de brazos cruzados, al contrario de esto, dieron más potestad para que todo lo que se decomisa sea utilizado para bien social, y esta es una forma más de robar. ¿No se dice en el derecho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario?, ¿Dónde está, entonces, la justicia?

Algo que va más allá del derecho

3Josue Rojas MarínLic. Josué Rojas Marín

Algunos arrendadores de playa Santa Lucía en la provincia10 de Camagüey, se encuentran confundidos ante una medida impuesta por los oficiales de Inmigración y Extranjería. Desde el año pasado les hicieron firmar un documento para obligarlos a hacerse responsables de los autos rentados por los turistas hospedados en sus casas, a pesar de que estos firman un contrato de arrendamiento con la agencia. Como es lógico, no existe nada en materia de derecho que imponga responder por un bien que no forma parte del hospedaje.

Deben además tener la puerta de su casa abierta de par en par, como se dice en el buen cubano, para no obstaculizar una inspección sorpresiva, abrogándose dichos inspectores el derecho de escribir o tachar el libro de registro de arrendamiento, pese a que no son ellos los responsables de controlar este documento, sino los inspectores de la Dirección Municipal de la Vivienda, así como se exige siempre una persona responsable para no dejar sola la vivienda, aun cuando no haya huéspedes.

Los arrendatarios sufren a menudo, inesperadas visitas de los agentes de la policía, quienes también escriben en el libros de registro, efectúan registros ilegales, ocupando sin estar inmersos en proceso alguno el mentado libro y devolviéndolo cuando ellos entienden.

Todo ello afecta la actividad de renta y por consiguiente sus ingresos económicos.

 

Canales de la información

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Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.

Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.

La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.

Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.

Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.

Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos  en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales  y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.

El engaño a los consumidores

2-juan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Rio

En el Capítulo VIII “Infracción de las Normas de Protección de los Consumidores”, del Título V, “Delitos contra la Economía Nacional” preceptuados en la Ley No 62 del Código Penal en su artículo 227-C se establece que: El que cobre mercancías o servicios por encima del precio o tarifa aprobados por la autoridad u organismo competente, o del precio pactado por las partes es sancionado…. Este delito es cometido a diario en múltiples centros estatales.

Por todos es conocido que al adquirir y pagar el que vende diga: “No tengo cambio”. Y cuando el consumidor le reclama la respuesta es ya también conocida: “el menudo ya se nos acabó”. Y por la necesidad del producto las personas dejan el vuelto.  Entonces, el precio del producto más lo que deja, el consumidor paga un precio superior al establecido.

Esto sucede casi siempre en centros comerciales y de servicios donde se venden productos de alta demanda no solo en moneda nacional sino también en divisa.

De igual forma con los precios, ya las libras no tienen dieciséis (16) onzas y por ende el precio que paga el comprador es superior al precio establecido.

Si esto sucede cotidianamente, por qué no toman medidas las administraciones si conocen la causa y el efecto que producen en la población.

¿Es que las administraciones están involucradas en actos de corrupción?

¿Es que los trabajadores no devengan un salario que les garantice cubrir sus gastos?

¿Cuál es la causa de ese por qué?

¿De quién es la culpa?

31Alexis Piloto CabreroLic Alexis Piloto Cabrero

Juan Miguel Hernández Basulto, camagüeyano, esperaba un paquete que su esposa le envió desde Italia a través de la agencia Globestar, operada en La Habana por funcionarios cubanos de extrema confianza para el Estado en negocios de este tipo. Hernández Basulto sufrió el descontento de recibir su paquete, en su mayoría destinado a la celebración de los quince de su hija, ultrajado, averiado y robado.  Duele más cuando no aparecen responsables. Me comentó que deseaba hacer una reclamación formal por los daños ocasionados, pero que desconocía cuál era el paso a seguir.

Al comunicarse con la representante  de Globestar en Cuba, la señora Martha,  ella le comentó que se encargaría del asunto. Realmente se encargó de no darle respuesta. ¿Tendrá Juan Miguel que exigirle entonces a Saverio Cicaroni, dueño del negocio en Roma, para ver si este le explica dónde se quedaron las prendas de oro, calzado, y otros artículos,  cuyo valor asciende a  más de 520.00 €?

La carta

14-calixtoLic. Calixto Gammalame.

El Decreto No.320 de 18 de diciembre de 2013, que según su DISPOSICIÓN SÉPTIMA entró en vigor a partir del 3 de enero de 2014, le limitó la vida al recién promulgado Decreto 292 de 20 de septiembre de 2011 que establecía las “Regulaciones para la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor”.

Este decreto 320 en su Artículo 6. 1 titulado, DE LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS DE MOTOR EN ENTIDADES COMERCIALIZADORAS, expresa textualmente:

Las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional, extranjeras residentes permanentes, temporales y de inmobiliaria, las personas jurídicas cubanas y extranjeras, las misiones diplomáticas, oficinas consulares y los organismos internacionales acreditados en Cuba, así como su personal, pueden adquirir en las entidades comercializadoras, ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos rurales, paneles, camionetas y microbuses.

De hecho dejó sin efecto la autorización que daba una carta a un selecto grupo de ciudadanos para la compra de automóviles.  Dentro de ese grupo se encuentran médicos y otros trabajadores de la salud, marinos, trabajadores de la cultura y de la ciencia, del servicio diplomático y deportistas, entre otros.

¿Cuál es la afectación en concreto? Los precios para los vehículos de uso puestos a la venta,  no tienen nada que ver con la cantidad depositada en el banco; son en extremo elevados, y en el caso de los vehículos nuevos, son precios inalcanzables.

Se espera  un análisis y reacción por parte de los funcionarios estatales que tienen que ver con el asunto.

Modificaciones necesarias

3 derecho corporativo

1 EdilioLic. Edilio Hernández H.

Entre las modificaciones necesarias a nuestro ordenamiento judicial está la inclusión de una vía más expedita para garantizar y proteger a los ciudadanos contra el abuso de autoridad y la prevaricación o el mal trabajo de los jueces. Aunque teóricamente la Fiscalía es la responsable de proteger la legalidad, no conocemos ningún caso en que ésta haya encausado a algún funcionario público (fiscal o juez), ni que abogado alguno haya iniciado a petición de cualquier ciudadano una acusación penal o demanda civil.

En varias sentencias revisadas en nuestra sede, tanto de los Tribunales Provinciales como del Supremo, hemos observado un pobre análisis de los puntos litigiosos expuestos, sobre todo las infortunadas soluciones alejadas de la verdad y de la legalidad. Los casos de vivienda continúan siendo los más dados a este tipo de corrupción y violación. Constituyendo un tipo de propiedad normal en cualquier legislación del mundo, en nuestro país se han distorsionado desde 1961, sus requisitos básicos como la posesión, el uso, el disfrute y la disposición.

Esta forma de propiedad posee varios sujetos actores que tienen que ver con su disposición, como son:

Administrativas- Direcciones Municipales y Provinciales de Vivienda. Gobiernos Municipales y el Instituto Nacional de la Vivienda.

Notariales- Notarios y voluntad de los propietarios.

Judiciales- Tribunales Municipales, Provinciales y Supremo.

No obstante las modificaciones positivas en el Decreto-Ley 288/2011, la Ley General de la Vivienda, contiene aún limitaciones a su disposición en su art. 75, (pues debe predominar la Ley Civil en todo lo regulado a la propiedad) y en el art. 80, cuando no contempla la transmisión a los herederos fuera del país. En la posesión también influyen y deciden actores como:

Organismos- en viviendas vinculadas y medios básicos.

Ministerio de la Agricultura- en las viviendas dentro de tierras arrendadas y cooperativas.

Fiscalía- cuando se confisca alguna vivienda según el delito tipificado, y por supuesto, el valor y la ubicación de ésta.

No podemos entender que cuando se acuda a la vía judicial con la esperanza de encontrar equidad, justicia y legalidad, el ciudadano reciba todo lo contrario y como casi siempre sucede se agoten las vías civiles y administrativas para obtener sus derechos y pretensiones.

Tenemos dos ejemplos, donde el absurdo y lo injusto, ilustran cuanto hay que rescatar en civilidad, valores y compromiso solo con la Ley.

1- Una madre de dos menores, sin abandonar su dirección original fue a vivir a casa de una tía, en la cual nacieron sus hijas (sobrinas-nietas de la propietaria original). Después de permutas y adjudicaciones dudosas de ambas viviendas, los nuevos “propietarios” le ejecutan a la madre y sus hijas una ocupación ilegal, pues no aparecían como convivientes en ninguna de las dos casas; transcurrido todo el proceso hasta el Supremo, en la Sentencia No. 325, de 30 de marzo 2012, éste tampoco le reconoce los derechos y no aplica la excepción del artículo 65 de la Ley General de la Vivienda, que expresa:

Artículo  64.  Los propietarios de las viviendas determinarán libremente qué personas convivirán con ellos y estarán facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requerirán declaración administrativa ni judicial.

Artículo  65.  La facultad que concede al propietario el artículo precedente, no podrá ejercerse contra:
-ascendientes y descendientes del propietario;
-madre con uno o más hijos habidos en el matrimonio, formalizado o no, con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia;
– madre con uno o más hijos menores que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
-ancianos que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
-cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.
Además si se hubieran ajustado a derecho, no incumplían lo preceptuado en la Instrucción No. 81/79 del TSP, en su apartado XI expresa que …será obligación inexcusable del ponente en todo expediente judicial en que intervenga, dar conocimiento al respectivo tribunal de toda infracción de la ley que adviertan durante la tramitación y examen de los procesos cualquiera que sea su clase…, De haberse revisado el expediente de permuta se hubiera advertido dolo e ilegalidad por lo siguiente:

Res 12/06, del Instituto Nacional de la Vivienda, Reglamento para las permutas.

Artículo 21: No se autorizan las permutas cuando:

  1. pueden estar basadas en ánimo de lucro o enriquecimiento;
  2. de su evaluación resulte presumible la existencia de subterfugios;
  3. que originen perjuicios a los convivientes a que se refiere el artículo 65 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley General de la Vivienda …

2- El otro caso es una esposa, conviviente, testada, viuda y heredera, que por obra y gracia de la Dirección de Vivienda del municipio Plaza, y los Tribunales Provinciales (sentencia 56, ago-2010) y Supremo (Casación con sentencias 304, oct-2010, y 1551 dic-2012) la convirtieron en desheredada, inconviviente e ilegal en la vivienda de su difunto esposo, en la cual entró casada, y sin más convivientes.

El medio de prueba fundamental valorado por el Tribunal Provincial fueron los testigos propuestos por la contraparte (el hijo del difunto), para declarar que la esposa no vivía en la casa, pero el sí lo hacía. Esta instancia no valoró las escrituras públicas exigidas para estos casos como el Registro de Identificación del Ministerio del Interior de ambos contendientes, así como el carné de identidad, además de los propios testigos de la viuda y heredera.

Debemos recordar de la Ley de Procedimiento (LPCALE), el artículo 348.-Los Tribunales apreciarán el valor probatorio de las declaraciones de los testigos conforme a los principios y reglas de la lógica, teniendo en consideración la razón de conocimiento que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran.
Para la valoración expresada cuidarán de evitar que por simples testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos asuntos en que de ordinario suelen intervenir escrituras públicas, documentos privados o algún principio de prueba por escrito.
Asimismo se abstendrán de dar por acreditados por ese medio, hechos para cuya existencia legal se exija que consten por escrito, o el cumplimiento de determinada formalidad que no se hubiere observado.

Otra práctica desleal y antijurídica manida en estos tiempos, es no aclarar todos los puntos litigiosos, ni definir la situación legal de los sujetos, (también se da en lo penal), cuando los ciudadanos quedan en un limbo legal, como en este caso. No se pudo adjudicar la vivienda porque “faltaba” un requisito, pero cómo queda ella, al ser viuda y ocupante con dirección ininterrumpida de más de siete años, copropietaria o conviviente? Tampoco hubo pronunciamiento en los Considerandos mencionados de los Tribunales, sobre la acción de la contraparte de abonar el precio de la propiedad que le corresponde y plasma la Ley General de la Vivienda en sus artículos 77,79 y 82.

La supramencionada Ley de Procedimiento (LPCALE), expresa: Artículo 44.-El Tribunal decidirá sobre la totalidad de las cuestiones oportunamente propuestas por las partes. Artículo 146.-Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso, y en su caso, con los nuevos aspectos apreciados por el Tribunal, con arreglo a las condiciones y formalidades establecidas en el artículo 45, haciendo las declaraciones que éstas requieran, estimándolas o desestimándolas, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos…

Además de todo lo expresado, estos funcionarios irrespetan o se burlan del sentido común y el raciocinio de los ciudadanos, por lo que es absurdo en derecho, lógica y realidad cubana suponer, que una mujer saludable de 29 años va a abandonar un apartamento en el Vedado, siendo única conviviente, esposa y heredera. La calidad humana y el poder adqui$itivo del otro heredero, desataron esta estela corruptiva.

Casos como estos se evitarían, no solo con el rescate del Tribunal de Garantía Constitucionales y Sociales, sino con la independencia del Poder Judicial de los demás poderes del Estado, y por supuesto conuna Sociedad Civil (ciudadanos, abogados, prensa independiente), fiscalizadora y denunciante de entidades o sujetos violadores del Estado de Derecho al que todos aspiramos.

 

Sobre el derecho de propiedad (X)

5 MéridaLic. Mérida de la C. Pastor Masson

Terminaremos este tema con los artículos 174 al 177 del cuerpo legal que estamos analizando y vemos como se explica detalladamente en el artículo 174 algo que a veces realizamos imprudentemente y es que siendo propietarios de un inmueble colindante con otra propiedad con árboles ya sea frutales o maderables u otros y éstos estorbarnos, sin el consentimiento de su dueño lo cortamos, podamos, “masacramos” en el mejor sentido de la palabra, cuando en dicho artículo se expresa que como propietario del inmueble afectado, pasados siete días de la notificación al propietario de los árboles de la molestia que éstos están causando y no haya actuado, pueden ser eliminados, pero siguiendo lo que establece este artículo. Si el propietario del inmueble ejercita las facultades a que se refiere dicho artículo es decir, la notificación al propietario del árbol o los frutos de éste, puede hacer suyos los frutos, ramas o raíces que haya cortado, así como también puede adueñarse de los frutos ajenos que caigan en su inmueble, cosa que no tiene discusión, pero casi siempre la provoca.

En el caso del art. 175, se explica claramente que cuando se levanta una edificación y es invadida la propiedad vecina, siempre que no se actúe de mala fe, el propietario no puede reclamar que sea demolida dicha construcción, a no ser que se haya opuesto con anterioridad a la extralimitación o se produzca con este hecho un daño considerable.

En este caso el perjudicado tiene todo el derecho a demandar la compra de la parte que ha sido ocupada o su compensación con la consiguiente indemnización de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la construcción.

Somos multitud, pero vivimos con La dosis exacta(*)

kubafotosCHAVEZLic. Rodrigo Chávez  Rodríguez

Obvio, somos mortales desesperados, con necesidades, motivaciones y anhelos cada día mayores conocer por qué nos han confundido y sometido a sobrevivir con la dosis exacta.

Esta multitud cada vez más creciente, la que está ávida y sedienta,  de ser instruida, orientada y asesorada de sus derechos.  Siempre lo menciono en mis trabajos, primero, porque es la entera verdad y después cuándo llegara el pretendido día u oportunidad.

Hablo del PLANETA CUBA, claro, no en su totalidad, toda vez que aquí los primeros conocedores, de los irrespetos, violaciones e ilegalidades, son los mismos solapados atentos, enmascarados oportunistas y acólitos del sistema inconstitucional que reina en el Caimán. Hablo, del pueblo, desconocedor y marginado de la  absoluta e integra verdad, reclamando urgente un cambio por la vía pacífica en nuestra sociedad cívica.

Cambios latentes, como que el Sistema de Justicia (tribunales), a cualquier instancia sea totalmente independiente, en su quehacer, sin esperar recomendaciones, instrucciones u órdenes por órganos, esferas e instituciones tales como el Ministerio del Interior, o por los celosos veladores de la legalidad socialista, nuestra Fiscalía de la República de Cuba a cualquier instancia y con  intereses inclusive, del Estado y el Gobierno a sus más altas esferas, según el caso y las implicaciones reales que puedan acarrear funestas opiniones nacionales en internacionales y consecuencias en su contra.

Para con la Asociación Jurídica Cubana (AJC), en nuestra pretendida legalización, de la insistencia sencilla de hacer reconocer nuestros derecho acerca del reconocimiento como Asociación, en su carácter de Organización no Gubernamental  (O.N.G),  ya somos muchos los que pensamos, trabajamos y actuamos en tal sentido, pero lógicamente, si contamos con el conocimiento necesario desde todos los puntos de vista para los que quieran avasallarnos y ser sometidos, es por ello que estamos sufriendo la dosis exacta.

(*) Nombre de dos conocidos programas de la Tv cubana

La fuerza del ejemplo

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

Se plantea que el Socialismo es la ciencia del ejemplo, sustentando ese concepto en el liderazgo que están llamados a asumir funcionarios estatales y dirigentes, a todos los niveles y en todas las esferas de la vida social, en la construcción de una sociedad cualitativamente superior, en la que primen actitudes y valores como el humanismo, la solidaridad, la justicia, el respeto al derecho ajeno, la debida obediencia a la ley, el estricto cumplimiento de lo legalmente establecido.

Muchos dirigentes y funcionarios, no son ejemplo para el resto de la sociedad cubana, en la materialización de tan fundamental objetivo: el debido respeto y obediencia a la ley, pues quebrantan la legalidad socialista ya como práctica habitual.

El Periódico Tribuna, publicó en su sección de Opinión el artículo: Inadmisible violación de la legalidad, del periodista Enrique Valdés. María Caridad Pozo Ajete, según explica el periodista, vive en un limbo legal, toda vez, que le fue impuesta en el mes de septiembre de 2012, la separación definitiva de la entidad donde laboraba, la cual fue modificada por el Órgano de Justicia Laboral de Base, tras la celebración de la vista pública, fuera del término legal, el 14 de enero de 2013, a treinta días de suspensión del vínculo laboral y cumplida esta, su reincorporación a su puesto laboral y el pago con carácter retroactivo del salario dejado de percibir, decisión que alcanzó firmeza, pues la Administración no la impugnó como tenía derecho a hacer, ante la Sección de lo Laboral del Tribunal Municipal Popular, correspondiente, reincorporación que al trascurso de un año no logra, pues el Director de la fábrica, dice que allí no la quiere, a pesar de que acudió a la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja para la protección de sus derechos laborales, lo que tampoco obtuvo.

El periodista concluye: La Legalidad Socialista refrenda nuestra Constitución, es de obligatorio cumplimiento para ciudadanos e instituciones ¿Qué pasaría si cada vez que alguien esté en desacuerdo con un fallo, en vez de recurrirlo por los canales correspondiente, decida, por su libre albedrio violarlo? ¿Acaso podemos permitirlo?

Para con los iniciadores y fundadores de la Asociación Jurídica Cubana, acontece casi exactamente lo mismo, con total quebranto, por el Ministerio de Justicia, de la garantía fundamental prevista en el artículo 54 de la Constitución de la República y lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Asociaciones, se nos prohíbe sin sustento legal alguno, la inscripción de la pretendida Asociación en el Registro de Asociaciones de ese Ministerio. ¿Acaso debemos permitir que por su libre y arbitraria decisión la Ministra de Justicia irrespete ese derecho de asociación consagrado en la Constitución?