De la normalización

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CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

Hace pocos días escuché en el noticiero de la televisión, una novedosa información que será otro día muy específico en este PLANETA CUBA, cuando los medios de incomunicación y desinformación, dan a conocer que en nuestra isla ya transitamos por el Camino de ser NORMALES.

Si hablamos de Economía, de Planificación, de Arquitectos de la Comunidad, de Especialistas y Técnicos de la Dirección o el Departamento de Recursos Humanos o Asuntos Laborales de un Ministerio o Entidad, donde casi siempre el Órgano de justicia laboral de Base es el canal donde se recurren las primeras inconformidades y desacuerdos por malas decisiones de la Administración, para continuar en los Tribunales.

Inclusive en los Cuadros y Dirigentes ( Que para mí es lo mismo) en su posibilidad de no estar en Acuerdo, pueden acudir hasta Tribunal Supremo Popular, para pretender una sentencia favorable al litigio en cuestión. Nada se comporta normal, ajustado a nuestras normas legales y derechos y por supuesto, no está Normalizado.

Las evidentes y mal manipuladas verificaciones con los “factores”, para que algo funcione conforme a Derecho y a lo que está legislado y normalmente nadie respeta, al parecer por “Desconociendo” (lo cual no es eximente de ninguna responsabilidad).

Cuando te instruyas, conozcas y apliques cada vez más tus DERECHOS; comenzarás a ser NORMAL, entonces tendrás el gran orgullo y motivación de creerte una persona alejada de lo que algunos pocos han querido hacer de ti.

El Día de la Normalización, para mí será cualquiera, por lo menos en este PLANETA CUBA, cuando quizá nos dejen pensar y ver las cosas Normales como en el otro Mundo, ¿No se cual? , estoy hablando de otro que la gran mayoría estima y defiende como Normal.

En el domicilio de colegas, conversando con ellos, algunos estuvimos en acuerdo y otros discrepamos de este asunto; como otros temas polémicos y casi sin respuesta o solución, algunos en lo inmediato determinamos dejarlo para otra ocasión. Es precisamente así, como más nunca vuelves a retomar un tema para tratar de resolverlo, y si lo intentas, ya no es probable y definitoria su única y absoluta respuesta conforme a los derechos, y me pregunto ¿Esto también entra en las Regulaciones y Disposiciones de la Normalización?

¿Será normal que tengamos que acudir al Registro Civil, subordinado a la Dirección Provincial de Justicia, dependientes a su vez del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, para cualquier solicitud, como una Certificación de Nacimiento, y se deba presentar hasta la Certificación de Defunción sin haber fallecido, así como para muchas y más engorrosas e infructíferas diligencias?

¿Para qué tantas reuniones kilométricas?, donde casi siempre se habla de problemas y se toman Acuerdos que en la gran mayoría no se cumplirán, y como también se sabe y nos tienen acostumbrados, a los Incumplidores y Responsables no les pasa nada, y si pasara algo, es lo inesperado y lo inconcebible para los que pensamos normalmente. Mal trabajo, e inclusive comisores de delitos, y rápidamente son trasladados a otras responsabilidades o nuevas funciones, ¿Esto es Normal?, ¿Es Normal que esto suceda y no llegue a las vías recurrentes de la Justicia y el Derecho?

 

La AJC llena un vacío

7 bandera2OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

En el Informe rendido, con fecha 29 de octubre de 2011, por la Directora de Relaciones con Asociaciones del Ministerio de Justicia, Licenciada Vania Rivero Morejón, a la Dirección de Asociaciones del propio Ministerio, con motivo de la Solicitud de Constitución de la Asociación Jurídica Cubana, se afirma; No existe la debida correspondencia entre la Asociación y el interés social que determinan su constitución, no reportando beneficio social, teniendo en cuenta los objetivos y propósitos que se propone cumplir. Los objetivos y propósitos se cumplen en distintos órganos y organismos, mencionando como tales al Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República, Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Al leer el mencionado informe, constaté lo alejada que está la Directora de Relaciones con Asociaciones de la realidad jurídica del país y de las vicisitudes que en temas legales enfrentan a diario los ciudadanos, y que las entidades por ella relacionadas, no satisfacen las expectativas ni exigencias destinadas a la materialización y concreción de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

¡Gracias a la Asociación Jurídica Cubana!; exclamó, desbordada de alegría, la Sra. Evia Muñoz Páez, cuando conoció de la Sentencia número 185 de 30 de mayo de 2011, pronunciada por la Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en el Proceso Administrativo número 10 de ese año, declarando Con Lugar la demanda por ella interpuesta contra elDesamparo Habitacional, de que eran víctimas, ella y su hija Elizabeth Valdés Muñoz, de 8 años de edad, sujeto de especial protección jurídica en nuestra sociedad, uno de los objetivos cardinales de la Fiscalía.

Evia, Licenciada en Atención Estomatológica, cuando acudió a la Asociación Jurídica Cubana por sugerencia de otra persona, había perdido toda la fe y confianza en las instituciones de la Vivienda, del Poder Popular, la Fiscalía, la UNICEF enclavada en la Dirección Provincial de Justicia de La Habana y en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, pues a pesar de sus diligencias y reclamos ante esas instituciones, incluido el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, no le era posible, obtener la justicia que a gritos reclamaba, y que con toda razón le asistía, para la situación en que se hallaban ella y su menor hija, pues como se dice popularmente, vivían en la calle; una noche pernoctaban en casa de una compañera de trabajo, otra en la Terminal de Ómnibus Nacionales, en el jardín a la entrada de las Oficinas del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, un parque, en la Carpeta de una Unidad Policial, en fin, donde las sorprendiera la noche. Caso publicado en el periódico Tribuna de La Habana, edición del 3 de febrero de 2013, pagina 3, con el titulo ´´ Y pese a todo, indocumentadas´´.

En extrema desesperación, acude Evia, a la Asociación Jurídica Cubana, solicitando urgente ayuda, ofrecida sin pago alguno, y gestionándole representación letrada de Bufetes Colectivos pues se exige un abogado de esa Organización, a pesar de ser una entidad privada y lucrativa, pero detenta el monopolio del ejercicio de la abogacía.

No solo Evia agradece la labor que desde hace casi ya más de cuatro años viene realizando, la Asociación Jurídica Cuba, en el asesoramiento jurídico, totalmente gratuito, a los ciudadanos, que así lo soliciten; precisamente uno de los propósitos de nuestra Asociación, lo que ha puesto de manifiesto, su total pertinencia y viabilidad y que la autorización para su constitución, no sería más que el ejercicio pleno de un derecho constitucional y justo reconocimiento a esa labor realizada con una gran dosis de altruismo, consagración y desinterés personal; animados sus miembros, en lo fundamental, por el ansia de justicia para Cuba, por satisfacer la creciente demanda, que de nuestros servicios hace, la sociedad civil, llenando un vacío no cubierto, por las entidades relacionadas en el Informe de la Lic. Rivero Morejón.

¡Qué más beneficio social se nos exige!

 

Sanción superior a la solicitada.

Lic. Miguel Iturria Medina

Uno de los presupuestos de Derecho a la defensa, debe ser la correlación entre la acusación formulada por el fiscal, y la sentencia. No deben existir sorpresas en la solución de un proceso penal que no fueran objeto de debate durante la deposición de las partes.

En límite fundamental de este principio está dado, fundamentalmente, en la prohibición al órgano juzgador de hacer variaciones sustanciales del hecho originariamente imputado por el Ministerio Público. Además, en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento Penal se prohíbe al Tribunal sancionar por un delito más grave que el calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, agravar el concepto de participación, grado de consumación del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada.

De los presupuestos relacionados en el artículo 357 de la LPP, solo uno de ellos será objeto de debate en este breve texto. Es el referente al significado de sanción más grave que la solicitada. Este concepto se ofrece en el Dictamen No. 296 que devino en Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. En él, se establece solo una prohibición de imponer penas cualitativamente superiores sobre la base de los tres tipos de penas principales: multa, prisión temporal, perpetua o muerte. Fuera  ello no existe límite.

De acuerdo a la interpretación del Dictamen, imponer sanción más grave es variar la solicitada. No puede imponerse prisión cuando la solicitud fue de multa; ni muerte si se pretendía la privación de ; última no puede ser perpetua si se interesó temporal. Esta definición permite que el tribunal imponga penas superiores  en cuantía que las solicitadas e incluso deje de aplicar sanciones subsidiarias de penas principales.

Para ilustra lo expuesto voy a exponer  tres ejemplos:

  • El fiscal solicitó una sanción de tres años de privación de libertad, en un marco penal de tres a ocho años de esta sanción, y el tribunal impuso seis.
  • Fueron solicitados tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento, sanción subsidiaria de la Privación de Libertad que no implica el confinamiento del individuo, y se impuso esa misma cuantía, pero de prisión.
  • Se solicitan los tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento y finalmente se impusieron seis de privación de libertad.

Los defensores de este criterio exponen que mediante esta interpretación se evitan sanciones extremadamente benignas solicitadas por el fiscal y así se coadyuva a administrar justicia adecuadamente. Estimo que aunque puede que no le falte razón a este criterio, no hay que olvidar que aumentar el rol de la acusación produce sorpresa en quien se defiende  e inseguridad jurídica al articular su defensa. En otros ordenamientos jurídicos se admite la mediación entre defensor y fiscal donde se negocia incluso el límite máximo que se solicitará en juicio. Para evitar solicitudes inmerecidas deben colegiarse las decisiones de la fiscalía en lo referente a la pena a interesar. Lo contrario constituye una confusión institucional.  

 

La luz de la justicia

Lic. Tamara Lorenzo Calderón

Ciertamente, ¿es ciega la justicia?, ¿es la ley letra muerta? Cualquiera de estas dos interrogantes, obliga a los operadores del derecho, a desestimar la afirmación de ambas expresiones en nuestra sociedad, si tenemos en cuenta que Justicia es igualdad y se aplica a todos por igual, sin excepción de persona, sexo, color, raza o grupo social, pues nos asiste a los juristas con firme convicción de lo refrendado en la Constitución de la República en su artículo 122 y cito “ Los jueces en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley”. Impartir justicia no es más que la aplicación uniforme de la ley acorde a la interpretación que se requiere de ella para cada caso, por lo que exige de nosotros conocimiento y dominio técnico, tanto de la ley procesal y material como las diferentes normas legales establecidas en las ramas del derecho para la correcta solución de cada asunto, sin plegarnos a la voluntad equívoca de aquellos que desde su posición social creen influir y desafiar con irrespeto decisiones que solo competen a la ley en su máxima expresión y sana doctrina.

Entonces ¿para qué fue escrita la ley? Según la Biblia en Hebreos (11:1) “ Es pues, la fe la certeza de lo que se espera…”, es decir fue escrita la ley, no para que sea letra muerta, sino a causa de las transgresiones del hombre en la sociedad y al conocer su voluntad, instruidos por la propia ley, aprobamos lo mejor para establecer un orden contra toda indisciplina y manifestación social que infrinja sus ordenanzas, pues se impone una justa aplicación tanto para que el que resulte víctima de alguna injusticia como para el infractor de estas normas, sin desalentar desde nuestra posición como abogados, fiscales, jueces, etc. la aspiración de justicia en cada particular, observando respeto y profesionalidad en el ejercicio del derecho en virtud de que se cumplimente la efectividad, alcance y legitimidad de la ley.

Todo ciudadano en nuestra sociedad, sujeto a proceso judicial, sea cual sea su naturaleza, cree, confía y espera por su fe en la ley, la esperanza de que se exhiba como su pronto auxilio, la luz de la justicia.

 

 

Sobre nuestra justicia

Wilfredo Vallín Almeida

Uno de los elementos fundamentales para la credibilidad del Juicio Oral, es el de la PUBLICIDAD.

Si bien no es sinónimo de total transparencia, la publicidad nos acerca a ella, toda vez que somete los hechos acontecidos ante nuestros ojos y las acciones del tribunal al severo escrutinio de quienes lo contemplan. Sobre todo cuando se trata de procesos judiciales que, sin lugar a dudas, van a quedar en la historia de la nación y en la historia personal de sus actuantes.

Cuando un juicio es público y se permite la asistencia de cualquier interesado, es difícil que puedan suceder cosas que la perspicacia no capte, y pueda  por tanto,  quedar  en entredicho la justicia.

De ahí su importancia para los participantes de uno u otro lado.

Así, tuvo lugar al fin, el juicio oral por el evento en que perdiera la vida el Premio Sajárov de Derechos Humanos Oswaldo Payá Sardiñas, promotor y ejecutor del ya histórico Proyecto Varela y celebrado contra el español Ángel Francisco Carromero Barrios chófer que conducía el vehículo  en el que viajaba Payá junto a  su colaborador Harold Cepero y un ciudadano sueco.

Este evento despertó, desde un inicio, una serie de criterios controversiales pues las autoridades cubanas lo consideraron siempre  un accidente, en tanto muchos opositores al gobierno no comparten ese criterio

Quedaba entonces, actuar de forma que no permitiera duda alguna acerca de este engorroso asunto, donde quedara claro que estábamos en presencia de un lamentable accidente.  Ese proceder solo podía lograrse mediante el más estricto apego a lo establecido en estos casos.

Así, en la Ley de Procedimiento Penal (LPP), en su artículo 305, leemos:

  El juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o sus familiares aconsejen celebrarlo a puertas cerradas.

El juicio fue a puertas cerradas y con un gran despliegue policial alrededor del Tribunal. Si en realidad las autoridades no consideraban lo sucedido como un mero accidente de tránsito, ¿por qué no declararon su privacidad por razones de seguridad estatal que está mucho más cerca de los hechos reales y publicaron que se realizaría vista oral y pública?

Más adelante, en el propio artículo 305 antes mencionado, leemos:

Sólo asistirán a las sesiones de los juicios a puertas cerradas las partes, sus representantes, Defensores, el personal auxiliar y las personas que el Presidente o el Tribunal autoricen.

Pero, inconcebiblemente,  no se permitió a los hijos del finado Payá Sardiñas su acceso a la sala de justicia del Tribunal  en franca contraposición a lo que acabamos de leer en el art.305 de la LPP. Estos dos jóvenes, ¿hubieran podido provocar un desorden público en la sala? Lo dudo mucho.

Por último, el artículo que nos ocupa finaliza:

   El Tribunal puede adoptar esta decisión antes de comenzar el juicio, o en cualquier estado del mismo, de oficio o a instancia de parte, haciendo constar en el acta las razones en que apoye esa decisión.

Ya tenemos experiencia, cómo  simples juicios por procesos administrativos, se celebran a puerta cerrada y con despliegue policíaco,  sin mediar explicación por ello.

De todas maneras,  me gustaría leer en el acta del Tribunal las razones para actuar de la forma en que lo hizo en este caso. Pero también dudo mucho que eso sea posible con todo lo que estamos viendo…y  a pesar de lo que se declara  en los eventos internacionales sobre nuestra justicia.

 

Conceptos: Código Penal

Wilfredo Vallín Almeida

Como es sabido por nuestros lectores, la instrucción jurídica de la población nacional constituye uno de los propósitos de la Asociación Jurídica Cubana.

Dada la importancia del tema y su necesidad, intentaremos continuar trabajando también en esa dirección desde este espacio, para coadyuvar con esa preparación tan necesaria a todos.

Así, comenzaremos con una pregunta y una respuesta: ¿Qué es un Código Penal?

Por lo regular un Código Penal es una compilación de aquellas conductas humanas consideradas como perjudiciales para la convivencia social y que, por tanto, resultan punibles (castigables) por su daño al orden establecido y a las relaciones pacíficas y organizadas que deben existir en cualquier comunidad humana.

Cuando el daño de un actuar (o también de un no actuar) humano (conducta) con relación al resto de las personas en la sociedad se entiende por parte del Estado como nocivo, el mismo se considera y define como “delito” y viene a ocupar un lugar en esa reunión de conductas a que nos referíamos en el párrafo anterior.

Todos y cada uno de esos procederes humanos concebidos ya como delitos, son enunciados, reprobados y reflejados entonces por escrito en los artículos del Código Penal en cuestión, de tal manera que el comportamiento individual pueda ser cotejado con lo descrito en el artículo prohibitivo y de coincidir con él, se entenderá entonces que la conducta del sujeto dado es delictiva.

Si el comportamiento del sujeto X no coincide ajustadamente con lo establecido por la letra del artículo cotejado, no existirá, al menos, ese delito..

Así, y en resumen, un código penal no es otra cosa que la compilación de los comportamientos prohibidos estatalmente (aunque también contempla otros aspectos relativos a la adecuación e impartición de la justicia penal).

La no observancia de sus preceptos irá aparejada al castigo en forma de pena, impuesta por el aparato estatal establecido (sistema judicial).

El Código penal cubano, comienza su exposición con unas Disposiciones Preliminares donde aparecen los objetivos del código vigente en nuestro país que, analizaré detalladamente en próximos trabajos.

 

 

 

Doble inmunidad

Lic. E. Javier Hernández H.

Validando el principio de “Base económica mal, Superestructura mal”. paralelamente a la ineficiente gestión económica, también el funcionamiento de los Organismos de la Administración del Estado en todos sus niveles está agrietado, viciado e inoperante.

Hace años está creado un circulo vicioso en la ocupación de los principales cargos para la gestión de la economía y otros sectores de la sociedad, por sujetos con dotes de “confiabilidad”, y no de talento, que cuando no cumplen con sus deberes, van trasladados para otro organismo, trasladando también la mediocridad, el inmovilismo y la incapacidad.

Pero hay algo peor en funcionarios, que dañan y crean perjuicios; y es la impunidad de su culpa, pues no hay voluntad legal y moral para que esos funcionarios de mediano y alto nivel paguen por las malas decisiones, pésimas soluciones, peores omisiones. Siendo lo más denigrante en un Estado que pregona derechos e igualdad, ver personas esquivando y evitando el peso de la ley y la justicia, las cuales están bien definidas y reglamentada en procedimientos para todo operador del derecho, incluido los Tribunales, que al parecer, se quitan la venda, cuando de altos cuadros y dirigentes del Estado, o sus familiares se trata.

 

Existen en Cuba los Decretos-Ley 196 y 197 desde el año 1999,(concretándolos, es la norma jurídica cubana relacionada con el cómo, cuándo, y por qué se aprueba o no a los jefes), modificado en pocos artículos por el Decreto-Ley No. 251 de 1 de agosto del 2007, fundamentalmente agregándole violaciones de la disciplina administrativa que tenían que ver con las supuestas ambigüedades del Decreto, cuando no incluían la responsabilidad de los dirigentes y funcionarios por negligencia, pasividad, prevención; la llamada responsabilidad “colateral” en los hechos de sus subordinados.

 

También existe el artículo 26 de la Constitución de la República de Cuba, “…Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley…

En la mayoría de los casos estos personajes tienen doble responsabilidad, y doble inmunidad, transitando casi todos por doble pasividad, doble inmovilismo, doble servilismo, para garantizar su correspondiente doble privilegio, aunque el artículo 82 de la Constitución expresa…. La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos.

Ahora bien, qué sucede en la práctica?, pues las famosas medidas colaterales siempre funcionan hasta el nivel de los directores de empresas, o dirigentes y funcionarios de Establecimientos o Unidades Organizativas de Base, cuando más, llegan a dirigentes municipales.

En los últimos casos de corrupción, tanto politicos como económicos del país, los más renombrados, desde el General Acevedo, firmas extranjeras, Ministros, Viceministros, pasando por los reconocidos incumplimientos de Congresos comunistas, podríamos preguntarnos… cuándo tendrán culpa los colaterales de arriba, quiénes son los jefes de aquellos jefes para demoverlos o sancionarlos. Pero desafortunadamente recuerdo también en la misma Constitución cubana una innovación de 1976….. artículo 83.-Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquélla, salvo en caso de delito flagrante… ”.

 

Sería esperanzador para la justicia en Cuba que todos sean realmente iguales ante la ley; que nuestros Tribunales Populares sean inmanipulables, imparciales y justos como esperan los ciudadanos, para que los trabajadores, los subordinados, los indefensos encuentren amparo a sus derechos, sus anhelos y esperanzas.

 

 

 

Delitos contra la autoridad.

Lic. Veizant Boloy.

En nuestro sistema jurídico el juez debe regirse por indicaciones del Tribunal Supremo Popular, fuente de la llamada política penal; una forma de represión legal a determinadas tipicidades delictivas.

La Instrucción 137 de 1990, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, recomienda, con carácter general, sancionar con la consecuente severidad la comisión de un grupo de delitos contra la autoridad entre los que se encuentran el Atentado, la Resistencia, y la Desobediencia.

Es válido precisar que en esos casos, por lo general, la prueba fundamental para formar la convicción del juez, es la prueba testifical vertida por las presuntas víctimas: en este caso, los policías.

El ciudadano se encuentra en desventaja, cuando tiene en su contra la declaración de un policía; pues desafortunadamente se le da más credibilidad y valor al uniforme, que a los valores de la persona que lo ostenta.

En este sentido el ciudadano vive una gran incertidumbre jurídica. Puede suceder que varios policías acuerden declarar algo incierto, y el Tribunal sancione con la severidad requerida a una persona inocente. Al poner en una balanza la declaración del acusado y la de los policías, ya sabemos para qué lado se inclinará eventualmente…la justicia.

Sería justo que también se exija severidad a los Tribunales con los funcionarios públicos o agentes de la autoridad comisores de delitos tales como:

Abuso de Autoridad, Prevaricación, Privación de libertad o Registro Ilegal.


Sin ética y sin responsabilidad

Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

El viernes 20 de junio del 2008, el periódico Granma en su página seis, publicó un artículo del periodista Roberto Pérez Betancourt, titulado “Justicia con ética y responsabilidad en Cuba”, una síntesis de la intervención el día anterior, en el programa televisivo Mesa Redonda del Dr. Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad encargada de impartir la justicia, dimanada del pueblo y ejercida a nombre de éste, por dicho Tribunal y los demás Tribunales que la ley instituye, según lo previsto en la Constitución de la República de Cuba. Según Pérez Betancourt, Remigio Ferro expresó lo siguiente:

Impartir justicia en Cuba, implica una alta responsabilidad para cumplir las expectativas y confianza otorgadas por el Estado y la población, de ahí la necesidad de desempeñarse con profesionalidad y ética adecuadas.

En el transcurso de la Mesa Redonda Informativa de la radio y la televisión cubanas, Ferro subrayó este jueves la importancia de cumplir las garantías del debido proceso con alto compromiso de severidad y trasparencia.

Lamentablemente para los cubanos, no ocurre así. Lo más doloroso es el irrespeto por el cumplimiento de las garantías del debido proceso, tan importantes; criterio en el que coincido con Remigio Ferro, un mal que corroe todo nuestro sistema de enjuiciar, principalmente en materia penal.

El debido proceso, según la definición que ofrece, el Dr. Jorge Bodes Torres, en su libro “Sistema de Justicia y Procedimiento Penal en Cuba”, específicamente, en el Tema 8 “El juez, la norma y el debido proceso”, cito: es algo así como un principio del derecho procesal, un principio global de aquellos principios específicos que corporifican el ritual concreto de un sistema.

Pero, además de trazar las grandes líneas a que debe someterse el trámite especifico en cualquier sistema, el ´´ debido proceso´´ procura la equidad entre las partes, evita que una de ellas atropelle a la otra, lo que hasta ahora, en su devenir histórico, se ha manifestado como muro de contención del Poder del Estado, para impedir que este, en desigual contienda, afecte los legítimos intereses individuales de los ciudadanos; de ahí que éste concepto aparezca íntimamente relacionado con los derechos humanos..

Con preocupante regularidad, se ven afectados los legítimos intereses del ciudadano, ante la inexistencia de ese muro de contención del Poder del Estado, pues en modo alguno es procurada esa equidad que entraña el debido proceso. Esto es posible constatarlo en incontables procesos penales, pero me referiré a uno sólo, muestra elocuente del irrespeto a las garantías del debido proceso. Causa número 131 del año 2011, de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, por los delitos de falsificación de edocumento privado y malversación, en la que figura como presunta entidad afectada, la Corporación CIMEX S.A, razón por la que las autoridades de Instrucción Penal, Fiscalía y Tribunales, no podían bajo ningún concepto proceder de oficio ante tales hechos, lo que solo es posible en los casos que haya formulado Denuncia el representante legal de dicha entidad, o sea de CIMEX S.A, como lo exige el apartado 5to. del artículo 336 del Código Penal, precepto legal ratificado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Dictamen número 419 de 29 de octubre del 2002, esclareciendo a la vez, que el legislador en el apartado 5to. del artículo 336, referido a malversación, fijó un requisito de procedibilidad, para aquellos hechos cometidos por funcionarios o empleados de una entidad privada que teniendo el cuidado, la administración o la disponibilidad de los bienes de esta se apropien o consientan que otros se apropien de ellos en perjuicio de la entidad, en cuyo supuesto se procedería siempre que mediara denuncia del representante legal de la entidad, requerimiento, exigencia legal, requisito de procedibilidad o perseguibilidad, no cumplimentado en el referido proceso, puesto que no medió denuncia por el representante legal de la Corporación CIMEX S.A, entidad privada, presuntamente afectada en su patrimonio, en la que laboraba la encartada principal, la que resultó sancionada como autora de tales delitos a la doce años de privación de libertad, con quebranto evidente en la fase preparatoria de la formalidad que acabo de explicar, motivo más que suficiente, por el que, el letrado que asumió la impugnación de la sentencia, solicitara del Tribunal Supremo Popular, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, casación de oficio para dicha sentencia, al apreciar la infracción de las formas y garantías esenciales del proceso, defecto legal, muy trascendente al momento de dictar el fallo.

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, declaró Sin Lugar el recurso en cuestión, legitimando la ilegalidad del proceso; nunca antes había visto, un pronunciamiento, de la más alta instancia de la administración de justicia del país, tan incongruente con la profesionalidad y la ética, a que se refiriera el Dr. Ferro en el mencionado programa informativo de la televisión cubana, pues la sentencia en cuestión, fundó su fallo, en el Segundo y último de sus CONSIDERANDOS, el más exiguo y discordante con el derecho, las garantías procesales y la realidad de nuestro sistema jurídico, de los que he leído:…Que el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal autoriza al Tribunal que conoce la Casación, casar de oficio una sentencia, cuando el Tribunal de la instancia inferior no ha hecho uso oportuno de las facultades que al mismo le otorgan los artículos 263 y 351 de la propia Ley o cuando se han infringido las normas o garantías esenciales del proceso, de manera que puedan resultar trascendente al fallo, lo que no ha ocurrido en el proceso bajo control, por lo que es procedente rechazar la excitación que se hace por la recurrente HERRERA ZULUETA para el empleo de dicha facultad, ya que lejos de lo alegado, la entidad constituye un ente estatal

Esto, que puede considerarse la antítesis del desempeño del Máximo Órgano de la Judicatura Cubana, sienta un nefasto precedente, pues el pueblo, su legitimo soberano y titular, le ha encargado la impartición de justicia; sin embargo, se puso a un lado ese deber que le impone, el citado precepto, artículo 79 de la Ley de Procedimiento Penal, de declarar de oficio el quebrantamiento de forma, pues no cabe dudas del no uso oportuno de las facultades que le atribuyen los artículos 263 y 351 del propio texto legal, previsto en el artículo 59 de la Constitución de la República: … Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen…

Herrera Zulueta fue encausada y condenada, sin la observancia de las formalidades y garantías establecidas legalmente, ya que es del dominio público, que la Corporación CIMEX S.A, es una entidad no estatal, su propia denominación la identifica como una Sociedad Anónima, por ende mercantil y según el artículo 2 inciso f de la Ley número 77 De la Inversión Extranjera, una Empresa Mixta y por tanto no estatal. clasificación prevista en el mencionado Dictamen 419, el cual estableció que en el concepto genérico de entidades privadas, previsto en el Código Penal, a los fines del Decreto-Ley 175 de 17 de junio de 1997, se entenderán todas aquellas entidades que no son estatales o que no aparecen expresamente recogidas en los respectivos preceptos penales, entre ellas las sociedades anónimas o empresas mixtas, como es el caso de la Corporación CIMEX S.A; Empresa no estatal o privada, siendo su actividad fundamental comercializadora, con sede en el Edificio Sierra Maestra, calle 1ra. esquina a 0, municipio Playa, La Habana, inscripta como tal, en el Registro Mercantil Central, del Ministerio de Justicia, Tomo 1192, Folio 30, hoja 16768.

Me resisto a pensar, que la Sala de Casación, desconozca las prescripciones legales y los datos y las disposiciones legales emanadas del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a los que me he referido , pero en verdad, desconocimiento, es lo que pone de manifiesto la Sentencia en cuestión, resolución del Tribunal Ad Quem, Tribunal de derecho, no ajustada a las regulaciones legales previstas en el artículo 80 inciso 4 de la Ley de Procedimiento Penal. Tal Sentencia no expresa, como es su deber, los fundamentos de derecho sobre los que sustenta la conclusión de que no fueron quebrantadas las garantías esenciales del proceso y mucho menos, en qué prescripciones legales se apoya para afirmar categóricamente, que la Corporación CIMEX S.A, constituye un ente estatal.

Justicia con Ética y Responsabilidad, continua siendo un objetivo por alcanzar; no estuvo incluido en el orden del día del recién concluido VII Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, a pesar que de acuerdo con las palabras de la Ministra de Justicia es vital para el reordenamiento económico que vive el país…, Debe ser, igualmente vital para el reordenamiento jurídico, de la nación cubana.


Estado de peligrosidad

Lic. Laritza Diversent Cámbara

La embriaguez habitual, la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial son índices, que la legislación penal utiliza para decidir el estado de peligrosidad de una persona, es decir, su inclinación a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista.

Son frecuentes, en la ley cubana, las referencias a la ideología comunista. En la protección de las normas de convivencia y de la moral socialista existen términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan para castigar cualquier forma de disenso social.

No estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Lo veo como un medio eficaz para proteger la sociedad, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió, molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche. Hubo que aguantarla, estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos casos, se emplea para “reeducar” a la disidencia, a la prostitución, o para obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, deciden que su conducta debe ser reformada, criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

En esto influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho por convicción moral. Frente al abuso de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

La peligrosidad socialista permite a las autoridades controlar el disenso social. Incluso, va más allá: surte un efecto directo en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para el establecimiento de la Cuba democrática.