Santiesteban: los Fundamentos de Derecho y la Duda Razonable

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

El caso del laureado escritor Ángel Santiesteban Prats ha sido apelado ante el Tribunal Supremo Popular utilizando el recurso de casación que franquea la ley a su abogado defensor.

En un post anterior analizaba los elementos de hecho que estaban presentes en su caso y ahora lo haré con los de derecho que, a mi juicio, también intervienen en este controvertido asunto.

Ante todo, quisiera empezar por lo que se ha denominado el Principio de Inmediatez. Este principio se refiere al tiempo que debe mediar entre los hechos y su juzgamiento y propone esencialmente que ese tiempo debe ser lo más breve posible.

Cuando media mucho tiempo entre los hechos que serán analizados en el juicio y la celebración de éste (como es el caso que nos ocupa pues entre los hechos y el acto del juicio oral median más de tres años), el paso del tiempo puede:

  1. distorsionar recuerdos, borrar detalles, cambiar impresiones,
  2. introducir la ausencia por una razón u otra de testigos importantes
  3. otros elementos indeseables y perturbadores de la objetividad, veracidad y exactitud que un acto de esa naturaleza debe evitar.

Por otra parte, el artículo 70 inciso 4 de la Ley de Procedimiento Penal reza textualmente:

Cuando no se expresa clara y terminantemente en la sentencia, cuáles son los hechos que se consideran probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos”

Y esto sucede en el caso Santiesteban: hay contradicción en hechos que se dan por probados por el tribunal y otros elementos presentados en el juicio oral y en las declaraciones de algunos testigos. También hay oscuridad “por la omisión de elementos esenciales con trascendencia jurídica”.

Para agregar otro elemento legal más (pudiera señalar otros) me referiré al artículo 350 de la propia Ley de Procedimiento Penal cuando dice:

Se (haya) omitido algún elemento o circunstancia que sin alterar sustancialmente los hechos, puede afectar la calificación del delito, o se ha incurrido en error en cuanto a ésta o en el grado de participación del acusado o en la concurrencia de circunstancias agravantes de la responsabilidad penal…”

La sentencia dictada requiere del cumplimiento de este artículo, pero sus formalidades no han sido observadas.

Un detalle último (por razones de espacio).

La propia Sala del Tribunal Provincial reconoce en su sentencia los méritos personales y los premios obtenidos por Santiesteban. Por otra parte la Instrucción 175 de 21 de julio de 2004 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular orienta, cuando la sanción de privación de libertad no exceda los cinco años, sustituir tal pena por alguna subsidiaria que no implique internamiento.

Sin embargo, para Ángel Santiesteban la sanción no se refiere a estas subsidiarias manteniéndose la cárcel como única opción.

¿Algún problema especial con Santiesteban se habrá omitido en este juicio?

 

¿No Pudo Esperar el periodista?

2-osvaldoOsvaldo Rodríguez Díaz

En el mes de noviembre del 2011,  la preocupación y el estado emocional de los familiares y conocidos de un acusado superaron los límites de la cordura. Vieron sorprendidos como en la prensa se aludía de manera despectiva y directa al referido encartado.

Ocurrió el martes 8 de noviembre del 2011 cuando el periódico Granma publicó en un trabajo titulado Hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor (II), lo siguiente:

   Uno de los acusados, exdirector del CENCOP en un municipio capitalino, alude con total desfachatez, a las  vulnerabilidades de los instrumentos de control establecidos, de los cuales se aprovechó para obrar ilícitamente y se jacta de haber burlado las disposiciones contenidas en Leyes y Resoluciones, por las grietas que dejan abiertas a los infractores.

Desconocemos de qué manera el periodista accedió a las actuaciones durante la fase de instrucción del expediente, pues ni el fiscal ni el abogado, como partes en el proceso penal, fueron notificados al respecto.

La inquietud lógica de los parientes del reo, apuntó a la posibilidad de que tal publicación en un órgano de prensa nacional, pudiera desde ese momento, influir negativamente en la percepción de los jueces designados para el caso, lo que no es saludable para el debido proceso, además de que en nuestro país hemos criticado cuando en otras partes el poder mediático se emplea con esos fines.

Afortunadamente, ya el juicio se celebró, y es posible que los miembros del tribunal no conozcan el artículo de marras.

Desconoce el periodista que la información prestada por el acusado es de mucha utilidad, y en ella hay una enorme carga de arrepentimiento que los tribunales tienen en cuenta, actuar regulado en el artículo 52.ch del Código penal, como una atenuante.

Pero, insólito, el propio periodista dice que teniendo en cuenta criterios similares (a los del acusado, supongo),  el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) prevé ahora flexibilizar los trámites para que queden dirimidas las fisuras…

Cuidado: todo acusado se presume inocente hasta que se le pruebe el delito en juicio oral y público, ¿no pudo  el periodista esperar a eso?

¡Ah!, y no quedó probado en el juicio que el acusado obtuviera beneficio personal, sólo ayudar a los propietarios de ganado a vencer la burocracia a costa de su falta.

 

Sobre nuestra justicia

Wilfredo Vallín Almeida

Uno de los elementos fundamentales para la credibilidad del Juicio Oral, es el de la PUBLICIDAD.

Si bien no es sinónimo de total transparencia, la publicidad nos acerca a ella, toda vez que somete los hechos acontecidos ante nuestros ojos y las acciones del tribunal al severo escrutinio de quienes lo contemplan. Sobre todo cuando se trata de procesos judiciales que, sin lugar a dudas, van a quedar en la historia de la nación y en la historia personal de sus actuantes.

Cuando un juicio es público y se permite la asistencia de cualquier interesado, es difícil que puedan suceder cosas que la perspicacia no capte, y pueda  por tanto,  quedar  en entredicho la justicia.

De ahí su importancia para los participantes de uno u otro lado.

Así, tuvo lugar al fin, el juicio oral por el evento en que perdiera la vida el Premio Sajárov de Derechos Humanos Oswaldo Payá Sardiñas, promotor y ejecutor del ya histórico Proyecto Varela y celebrado contra el español Ángel Francisco Carromero Barrios chófer que conducía el vehículo  en el que viajaba Payá junto a  su colaborador Harold Cepero y un ciudadano sueco.

Este evento despertó, desde un inicio, una serie de criterios controversiales pues las autoridades cubanas lo consideraron siempre  un accidente, en tanto muchos opositores al gobierno no comparten ese criterio

Quedaba entonces, actuar de forma que no permitiera duda alguna acerca de este engorroso asunto, donde quedara claro que estábamos en presencia de un lamentable accidente.  Ese proceder solo podía lograrse mediante el más estricto apego a lo establecido en estos casos.

Así, en la Ley de Procedimiento Penal (LPP), en su artículo 305, leemos:

  El juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o sus familiares aconsejen celebrarlo a puertas cerradas.

El juicio fue a puertas cerradas y con un gran despliegue policial alrededor del Tribunal. Si en realidad las autoridades no consideraban lo sucedido como un mero accidente de tránsito, ¿por qué no declararon su privacidad por razones de seguridad estatal que está mucho más cerca de los hechos reales y publicaron que se realizaría vista oral y pública?

Más adelante, en el propio artículo 305 antes mencionado, leemos:

Sólo asistirán a las sesiones de los juicios a puertas cerradas las partes, sus representantes, Defensores, el personal auxiliar y las personas que el Presidente o el Tribunal autoricen.

Pero, inconcebiblemente,  no se permitió a los hijos del finado Payá Sardiñas su acceso a la sala de justicia del Tribunal  en franca contraposición a lo que acabamos de leer en el art.305 de la LPP. Estos dos jóvenes, ¿hubieran podido provocar un desorden público en la sala? Lo dudo mucho.

Por último, el artículo que nos ocupa finaliza:

   El Tribunal puede adoptar esta decisión antes de comenzar el juicio, o en cualquier estado del mismo, de oficio o a instancia de parte, haciendo constar en el acta las razones en que apoye esa decisión.

Ya tenemos experiencia, cómo  simples juicios por procesos administrativos, se celebran a puerta cerrada y con despliegue policíaco,  sin mediar explicación por ello.

De todas maneras,  me gustaría leer en el acta del Tribunal las razones para actuar de la forma en que lo hizo en este caso. Pero también dudo mucho que eso sea posible con todo lo que estamos viendo…y  a pesar de lo que se declara  en los eventos internacionales sobre nuestra justicia.

 

Juicio contra rastafari Héctor Riscart

imagen de internet

Yaremis Flores

El pasado viernes 13 de abril, en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, se celebró el juicio contra Héctor Riscart Mustelier, apresado desde el 16 de noviembre de 2011 por un presunto delito de tráfico de drogas y resistencia a la autoridad.

Al menos desde las siete de la mañana, las patrullas 054, 296 y 478 recorrían las calles Juan Delgado y Carmen. Más de 10 oficiales vestidos de civil vigilaban la zona. Una persona desde el interior del tribunal explicó a un vecino “Hoy hay un juicio grande de droga y vienen elementos provocadores”. Más tarde llegaron familiares, amigos y hermanos de fe de Héctor.

A las 9 de la mañana, un vehículo verde, condujo a Riscart Mustelier por la entrada trasera. Caridad, su madre, corrió tras el vehículo y vio bajar a su hijo. Los guardias impidieron el saludo: –“Lo rodearon 5 militares como si fuera un asesino”, dijo con lágrimas en los ojos.

Comenzó la audiencia 1 hora después. Sólo entraron a la sala de juicio 5 familiares y esta reportera. Las conclusiones del Fiscal, fueron dirigidas a la Sala 4ta de la instancia provincial. Sin embargo, los juzgadores eran de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado. Cinco jueces subieron al estrado. La ponente no explicó el motivo del carácter secreto del juicio.

Héctor, también conocido por Ñaño, miró a su familia, ya en el banquillo de los acusados, sin las esposas y escoltado con 2 guardias a cada lado. Realizó un gesto con el puño cerrado como símbolo de fuerza. Luego, accedió a declarar. A preguntas de la Fiscal Alina, narró su versión y aseguró no llevar droga.

La parte acusadora cuestionó al acusado si existía alguna norma que prohibiera a los artistas ser cacheados por la policía. Pareciera que la fiscal desconoce lo ilegal del registro corporal en la vía pública si la persona no lo autoriza.

Ñaño reconoció que consume marihuana, “en actos sacramentales por su creencia”. El consumo en Cuba solo es objeto de medidas terapéuticas. La jueza, quien debió alertar al acusado de su derecho a no comprometerse con sus declaraciones, aprovechó para indagar dónde había adquirido la droga en esas ocasiones anteriores y si luego la trasladaba hacia algún lugar.

¡Objeción, Su Señoría! Hubiera sido la reacción de un defensor de esos que se ven en las películas. Pero el silencio reinó en la Sala. Llegó el momento de las pruebas documentales. Ni la Fiscalía ni la Defensa mostraron interés en debatirlas. La jueza avanzó sin mencionarlas. La madre de Ñaño, a mi lado, preguntó en voz baja: –¿Y las pruebas, también son secretas?

El primer testigo en declarar fue el uniformado Wilber Durruthy. Le siguió su colega David Rousseax. El primero afirmó que el acusado se quitó el turbante y cayó la droga. “Se le zafó…” dijo el segundo. ¿Se le zafó o se lo quitó? sugirió la Fiscal. David rectificó que Ñaño se había quitado el turbante. Así se consignó en acta.

El tercer testigo, oficial de la Dirección Nacional Antidroga del Cerro no dijo claro su nombre. Reconoció no conocer a Héctor. Sin embargo, aseveró: –Desde julio del 2011 tenemos controlado al acusado. Él vende marihuana en su casa, en discotecas y en la vía pública–. La jueza preguntó por qué no habían operado antes. “No se dieron las circunstancias” contestó.

Zenén Abreu y otro, integrante del grupo musical antes del grupo musical liderado por Ñaño, conocido por “El Pecas”, presenciaron lo sucedido el día de la detención y contaron al plenario que el turbante cayó por el forcejeo y no vieron droga alguna.

Para la fiscal era imprescindible la declaración de uno de los testigos ausentes, Ernesto Martínez, agente encubierto que presuntamente vio al acusado comercializando la marihuana dentro del cabaret. La abogada de la defensa instó a declarar a la presidenta del CDR, con el objeto de ilustrar el nivel de vida y conducta de Héctor.

No obstante, la Juez Ponente alegó: –Ya tenemos varios elementos para arribar a un fallo justo.– Acto seguido la parte acusadora mantuvo su petición de 10 años de prisión. La defensa insistió en la absolución. Hora y media bastó a los jueces para determinar el destino del Ñaño. El juicio quedó concluso para sentencia.

“El Ñaño” en prisión.

Yaremis Flores.

Los miembros de la cultura rastafari en nuestra isla, son discriminados por la sociedad y por las autoridades. Son vinculados con frecuencia, a la delincuencia y marginalidad. El rasta Héctor Riscart Mustelier, fue apresado en la madrugada del 16 de noviembre de 2011, a su salida del Cabaret Nacional, frente al Parque Central, tras una actuación del grupo musical “Herencia” que él dirige. El motivo: un presunto delito de tráfico de drogas y resistencia a la autoridad. Posible sanción: 10 años de prisión.

“Los guardias querían revisarme frente a todos. Les pedí que me esposaran y me llevaran a la Estación. Soy artista y eso es una violación a mi honor” contó Héctor, más conocido por ‘El Ñaño’. “Un policía se alteró, me golpeó y tendido en el suelo me esposó. Mi turbante ya había caído al piso” agregó.

Agentes del orden público de la Habana Vieja, participantes en la detención, reconocieron que el sospechoso entregó su carné de identidad y luego “con el propósito de impedir la operación, se zafó dando tirones con su cuerpo. Se quitó el turbante que cubría sus ‘dreadlocks’ (forma de llevar el pelo los rastas), develando dos envoltorios con 65 gramos de marihuana”, según consta en las conclusiones provisionales de la Fiscalía, con fecha 30 de enero de 2012.

La acusación se basó en las declaraciones de los uniformados; según ellos había un policía encubierto dentro del cabaret. No obstante, Riscart señaló otros intereses en su detención: “Un oficial de la Dirección Nacional Antidroga que identifica como Yoandris, me propuso trabajar con él, me negué y me advirtió que me iba arrepentir”.

Otra “evidencia” de la acusación, es la muestra de orina del detenido, El resultado confirma el consumo –no sancionable según la ley cubana– pero nada demuestra sobre el hecho que le imputan.

‘El Ñaño’ aseguró que su declaración puede ser corroborada por las cámaras de seguridad del lugar. “Exijo la presentación de las filmaciones, que deberían estar al servicio de los ciudadanos” dijo. Pero se rumora que –casualmente– las cámaras de seguridad no funcionaron esa noche. El Ñaño también denunció el miedo de su abogada a enfrentarse a las autoridades.

La Fiscalía asegura que el acusado “estaba comercializando la sustancia adictiva en el interior del cabaret” pero no consta ocupación de dinero, como fruto del aparente negocio. Tampoco se ocupó droga en el registro efectuado en su vivienda. El Fiscal también aseveró que el encartado se reúne con muchos traficantes de droga, sin embargo omitió sus nombres y el por qué esos supuestos “capos” no están encarcelados.

El juicio, celebrado a puertas cerradas a pesar de tratarse de un delito común que no clasificaba para impedir público, quedó concluso para sentencia el viernes 13 de abril en el Tribunal Municipal de Diez de octubre y no en el Tribunal Provincial de La Habana, aunque este delito es de su competencia. Queda esperar que no se cometa una nueva arbitrariedad en la aplicación de la ley.


El Derecho de Seguridad

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Aún antes de la creación de la Asociación Jurídica Cubana , quedaba en evidencia el mal funcionamiento de la legalidad en nuestro país. Una vez creada, múltiples casos de violaciones e irregularidades comenzaron a llegarnos desde todos los rincones del país.

“Estuve preso alrededor de un año. Un buen día me dijeron que recogiera mis cosas y que estaba en libertad. Nunca me hicieron juicio”- nos dice un ciudadano.

“Me han citado varias veces para decirme que tengo que trabajar o seré juzgado por peligrosidad. Le he dicho muchas veces al jefe de sector que estudio en la Facultad, pero él me responde que tengo que trabajar de todas maneras” – nos refiere un adolescente.

“Mi esposo había intentado fugarse de la prisión y lo capturaron en el intento. No sólo lo metieron en celda de castigo sino que lo golpearon brutalmente. Luego no me dejaban verlo, esperando que se le pasaran los hematomas” – con lágrimas en los ojos cuenta una esposa habanera con su esposo preso en Camagüey…

“Entré en Marina Hemingway porque los plegables propagandísticos de ese lugar refieren que los extranjeros pueden recalar ahí sin problemas, solamente con presentar su pasaporte, y yo, aunque nací en Cuba, soy ciudadano norteamericano y tenía ese documento.

Y así…

Tengo ante mí el folleto Garantías Procesales en el Derecho Penal Cubano, editado por el Tribunal Supremo Popular en 1990 y cito textualmente:

“La Constitución de la República de Cuba…consagra un grupo importante de garantías de carácter jurisdiccional que vienen a constituir los principios básicos de la justicia penal. La libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Estos principios básicos han sido identificados con el nombre genérico de derecho de seguridad , o sea, la convicción que tiene el individuo de que su persona y sus bienes serán respetados por quienes con él conviven y también por quienes rigen los destinos de la nación y sus agentes…”

Hay una clara dicotomía entre estos postulados y lo que nos refirieron los ciudadanos al inicio de este trabajo. Alguien no está siendo veraz.