La jerarquía piramidal de las leyes en Cuba

Ernesto Caballero Pérez

piramide

Anelis Marichal González, directora provincial de Planificación Física de la provincia de Camagüey apuesta por hacer tierra este principio básico del derecho que me enseñaron en la universidad en los tiempos de estudiante.

El grupo provincial de inmuebles de la provincia agramontina adoptó como acuerdo en el 2013, que no serán válidos los títulos de propiedad otorgados después del 2003 en la playa Santa Lucía, provincia de Camagüey, lo que se contradice con lo regulado en la ley general de la vivienda y cuantas disposiciones del instituto nacional de la vivienda que autorizaban la legalización de inmuebles sin distinción de una localidad en específico.

Contradictorio también con la Constitución de la república que define los derechos ciudadanos. Asimismo, no son válidas según este acuerdo, las licencias de construcción otorgadas por la unidad municipal inversionista de la vivienda. Hoy navegan en el mar de desolación un gran número de viviendas que no poseen status legal o peor todavía que sus propietarios no albergan esperanza de legalizar y actualizar su residencia como cualquier persona en el territorio nacional.

 

 

Hablo en nombre propio

1 Eliocer CutiñoEliocer Cutiño Rodríguezmicro

Es feo en ocasiones hablar por sí mismo, pero cuando la ignorancia y la injusticia te obligan a ponerte de ejemplo para demostrar que tu caso es una arbitrariedad de las instituciones del Estado, no desluce a quien las esgrime sino a quienes callan por no tener valor. Hace nueve años aproximadamente me fue entregado un apartamento en el Municipio de Nuevitas, provincia de Camagüey, el mismo tenía una terraza construida de manera ilegal por sus antiguos propietarios, los cuales habían pagado la multa correspondiente. Desde que comenzó la demolición de este tipo de construcción no me había visitado ningún Inspector del sistema de la vivienda, hasta hace unos días que dos de ellos perteneciente a la Dirección Municipal de Planificación Física, me indicaron una orden de demolición y me apercibieron de un delito de desobediencia en caso de no hacerlo. Comencé un proceso de reclamación ante esta dirección, por las reiteradas violaciones que en el orden de legalidad han infringido. Les expliqué que el artículo 11 inciso c) del Decreto Ley 272 que me aplican, habla por sí solo, al decir que cometen estas contravenciones los que EJECUTEN CONSTRUCCIONES, y yo, pasé a residir a este inmueble con estas características. Ahora me encuentro en una segunda cruzada de reclamaciones donde les he explicado detalladamente este articulado y poniendo a la Fiscalía de por medio para que ejerza las facultades que la Constitución y demás leyes le permiten ante la multa de 500 CUP que me han impuesto, más que un salario medio en este país, además del empecinamiento de iniciar un proceso penal en mi contra por el delito de desobediencia.

En dos ocasiones apelé la decisión de la dirección de la vivienda y esta ratificaba la multa, que era a las claras, improcedente e ilegal.

Ingenuamente esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía. La decepción no tardó en llegar, presente mi reclamación a tenor de la propia ley de la fiscalía que establece el término de treinta días hábiles para darme respuesta, que se cumplieron el 20 de diciembre, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían darme respuesta, como si el decreto ley 272 o cualquier otra norma le diera consentimiento para dilatar el curso de proceso.

Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otras de las razones que me lleva a pensar que el proceso de institucionalización debe comenzar por el apego a la ley.

Tenemos la razón

Wilfredo Vallín Almeida

La detención está regulada en las leyes del país. La Ley de Procedimiento Penal aclara en qué casos, bajo qué condiciones y mediando cuáles procedimientos procede la detención de un ciudadano
En esos procedimientos se establecen varias cosas, a saber:
1.Las condiciones para que una persona sea detenida.
2.El Acta de detención obligatoria que debe llenarse DE INMEDIATO por el carpetero de la Unidad actuante en el caso.
3.Que el detenido tiene derecho a una llamada telefónica a sus familiares que él, o la policía, deberá realizar.
4.Que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) puede mantener al detenido bajo su control por solamente 24 horas. Una vez cumplidas éstas, deberá ponerlo en libertad a pasarlo a un instructor policial.
En el caso cubano existe un número telefónico (106) al que todos podemos llamar y pedir información sobre cualquier detenido, recibiendo en respuesta, entre otras cosas, la unidad policial a donde fue conducido.
Cuando se cumple todo lo anterior, se está actuando conforme a la ley y los abogados del pueblo no tendrán requerimientos que hacer a los agentes de la autoridad.
El problema aparece cuando nada de lo anterior se cumple y, habiendo sido detenida una persona, por lo regular delante de familiares o amigos, pasan varios días sin que nadie sepa dónde se encuentra el afectado y entonces ya no se trata de una detención como lo establece la formalidad legal que destaca la Constitución de la República.
Por supuesto, sabemos a qué obedece esto. En la medida en que pasa el tiempo y la sociedad civil cubana se da cada vez más cuenta de que sólo ella podrá hacer cambiar el estado de cosas, han surgido nuevas muestras de cohesión y solidaridad, una de las cuales es que la gente acuda a la estación de policía, cuando se conoce cuál es, para manifestarse allí.
Otra manifestación de solidaridad es la comparecencia de abogados para velar por los derechos de los detenidos.
La nueva táctica de la policía es detener sin decir para donde llevan al arrestado y así, deshacerse de la “desagradable” presencia de los manifestantes y los letrados en la unidad.
Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con la “detención” de la abogada independiente Yaremis Flores, tratada,además, como una vulgar delincuente cuando prácticamente hasta el otro día fue jueza de un tribunal municipal de esta capital.
Pero ¡cuidado!. El Diccionario Enciclopédico Océano define secuestrar del modo siguiente:
Aprehender indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines.
La aprehensión indebida se da cuando no se cumplen los procedimientos establecidos por la ley; y “los otros fines” están muy claros: presionarlos, amenazarlos y coaccionarles para que desistan de su actividad opositora.
Por eso no se molesten con nosotros señores de la represión cuando llamamos a lo que ustedes hacen, no arresto, sino secuestro.
Y todos los que se llaman “abogados” dentro de sus filas, no podrán evitar,si de verdad han estudiado derecho y son honestos, pensar que los letrados de AJC tenemos la razón.

El Acoso del Cotorro

Lic. Esperanza Rodríguez Bernal

En más de una ocasión el ciudadano William Alexis Cacer Díaz  ha solicitado ayuda a la AJC por haber sido víctima de ilegalidades cometidas por agentes de la policía.
Primero, fue despojado de una cámara fotográfica, un teléfono móvil y una mini grabadora que utilizaba  como medios de trabajo como cuentapropista (fotógrafo).
En esa oportunidad se le orientó lo que debía hacer de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 inciso 1) en relación al artículo 401 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico para interponer Demanda en Proceso de Amparo en la Posesión contra Actos Provenientes de Autoridades ante el tribunal correspondiente.
Ahora William recaba otra vez nuestra asesoría por sufrir continuados arrestos.
En ninguna de las oportunidades en que ha sido detenido, le han mostrado orden de detención: lo han conducido en un patrullero hasta la Estación de la PNR  del Cotorro y  lo ha mantenido en un calabozo por varias horas.
Cuando ha preguntado el por qué de esa actuación la respuesta  ha sido: “es un asunto de la C.I. (contrainteligencia)”.
Ahora William refiere también ser amenazado por ir a Estado de SATS, le aseguraron que será arrestado cada vez que se anuncie un evento en casa de Antonio Rodiles.
Es lícito lo que la ley no prohíbe y por tanto si los agentes arrestaran nuevamente a William por asistir a Estado de SATS confirmarían su proceder ilegal y podrían ser acusados ante la Fiscalía Militar por el afectado ya que esa actuación  contraviene el artículo 58 de la Constitución de la República:
La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes…
Lo que está ocurriendo con William me recuerda aquella famosa obra de Víctor Hugo,  en la que un policía manifestaba una satisfacción  visceral en la persecución de por vida, de un ex convicto que, al final, terminó salvando la vida a su perseguidor.
¿Quién puede refutar que la vida, con sus avatares vuelva a repetir algún día un episodio semejante al de Los Miserables?… solo que con nuevos personajes y locación y al que me ha parecido bien denominar El Acoso del Cotorro.