Cuando se va…

CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez
Mis padres recuerdan cuando existían los Tribunales de Garantías Constitucionales. Dicen ahora mismo mis padres, que entonces sí era respetada la Constitución de la República y cuánto reclaman la del año 1940. Por ende, todas las Leyes y todos los derechos, específicamente los Derechos Humanos, porque se cumplía aquello de “Patria es Humanidad”, como expresó el Maestro, muy atinado para estos sufridos momentos de nuestro pueblo, tan necesitados de asesoría, así como del conocimiento acerca de las más elementales Leyes y que éstas sean respetadas.
Hay una hermosa canción del cantante y compositor Alberto Cortés, que dice, “Cuando un amigo se va”, Cuando por decisión y capricho de algunos, eres privado de los pocos derechos que crees tener, y es imposible apelar a una importante instancia de la verdadera Justicia y contar con la anhelada independencia de nuestros Tribunales Populares.
En el orden personal, yo quiero que estas instituciones regresen para siempre, y para ser optimista, que mis nietos y los descendientes de ellos puedan disfrutarlas. La mayoría de nuestro pueblo está expectante y deseoso de conocer sus verdaderos derechos y que se les respeten. Queremos contribuir con esa hermosa misión, consagrados a la única y absoluta verdad: el respeto al Derecho.

Impunidad con exclusión

1 EdilioLic.  Edilio  Hernández  Herrera

La reciente atención al caso de los familiares de los prisioneros del Combinado del Este que cumplen privación perpetua de libertad desde 2003, (asesorando escritos de denuncia a Fiscalía militar y Dirección de Prisiones), nos reafirma nuestra decepción con  la mayoría de los funcionarios del Estado en cuanto a  cumplir con sus deberes y obligaciones, así como con el famoso código de ética que de una forma u otra abarca a todos los dirigentes y “cuadros” de los Organismos de la Administración Central del Estado.

El calvario por el que están pasando esos jóvenes y familiares (con varias denuncias anteriores), podemos resumirlo en:

1.     Violación de las condiciones mínimas para los detenidos.

2.      Negación de los derechos de atención médica.

3.      Incumplimiento en la  progresión de los regímenes de los prisioneros.

La Jefatura del Establecimiento Penitenciario Combinado del Este, ha violado del Reglamento Interno de Prisiones del MININT:

Artículo 6, Queda terminantemente prohibido someter a las personas privada de libertad a cualquier clase de vejámenes, castigos corporales, tratos crueles e inhumanos o degradantes……,

Artículo 7, A los funcionarios y autoridades que, en el ejercicio de sus funciones, quebranten las garantías y límites establecidos en este Reglamento, se les exigirá la responsabilidad penal y administrativa correspondiente y el restablecimiento de la legalidad quebrantada….,

Artículo 29.1, El sistema educativo comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a propiciar el desarrollo del proceso educativo y estimular la buena conducta observada por los internos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario…..,

Artículo 45, Para la progresión en régimen o fase se deben observar los mínimos de tiempo de permanencia siguientes:

1. Los clasificados en el régimen de Mayor Severidad:

a) 1 año como mínimo de permanencia en la primera fase.

b) 1 año como mínimo de permanencia en la Segunda Fase para progresar al régimen severo.

2. Los sancionados a privación perpetua de libertad en su tránsito por el Régimen Progresivo podrán progresar a la Segunda Fase del régimen de Mayor Severidad a los cinco años, posteriormente al término de otros cinco años al régimen Severo, y en igual término al régimen de Media Severidad. De continuar con buena conducta podrán progresar al término de 10 años al régimen de Mínima Severidad….

Una de las conclusiones de este caso es que, los daños  derivados del delito cometido por aquellos  jóvenes en el 2003, en su desespero e inmadurez por abandonar el país son sumamente inferiores a los originados por estos oficiales, funcionarios experimentados, conocedores y conscientes de las leyes y del papel social que el pueblo y la máxima dirección del país depositaron en ellos.

Estas conductas se repiten en todos los Organismos, sobre todo los más sensibles a la población, la PNR, la Fiscalía, los Tribunales, la Vivienda, los monopólicos, llámese Comunicaciones, Casas de Cambio,  Turismo, Comercio, entre otros. El denominador común, la impunidad, como forma cubana de Exclusión a sus ciudadanos que, además de vetados a conocer y garantizarle los derechos humanos básicos que le asisten, tampoco le reconocen los  judiciales y sociales (administrativos), cuyo marco legal existe en nuestras Instituciones.

Básicamente la legislación complementaria vigente por la cual los funcionarios, “cuadros” y hasta los  Ministros, están obligados a responder y resolver en la vía social-administrativa, previamente a la judicial cualquier asunto de derecho agraviado es el Decreto- Ley No. 67 de 19 de abril de 1983, “De la Organización de la Administración Central del Estado”, tal y como quedó modificado por el Decreto-Ley No. 147 de 21 de abril de 1994, el cual plantea:

Artículo 52, Los organismos de la Administración Central del Estado tienen los deberes, atribuciones y funciones comunes siguientes:

a)       Cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del  Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y la disciplina estatal en las empresas y dependencias del organismo….

…r) prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta dias, a las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias señaladas.

No responder, no aplicar justicia, dilatar para no ceder, en fin violar la legalidad, y sobre todo la ausencia de una reconocida Sociedad civil y prensa independiente, nos acerca más al caos que a un Estado de Derecho.

Sin tribunal constitucional, imposible perfección del modelo social cubano

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.26 combo 1

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer  y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a  la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo  sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, ante y en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese, para mí, tan importante órgano, perfectamente podría insertarse al Sistema de Tribunales Populares, concretamente al Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182: El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

-          a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

-          b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

-          c)  Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

-          d)  La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

-          e)  Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

-          f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimara afectada por un acto o disposición que considerara inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima  instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución Socialista de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad Hermanos Saiz  de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, dejando en manos de la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor eficiente que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible que, solo en instituciones de esa naturaleza, pueda radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir  la inobservancia de la legalidad, advertido ya por el Presidente de la República, en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer que se torna incurable,  al no ser posible su erradicación con operativos policiales circunstanciales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, y sí con el establecimiento de un sistema mixto, múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, llamados estos últimos a constituirse en ejemplo y paradigma en tan crucial tarea, para el respeto a la Ley, a la Constitución.

El control constitucional en Cuba (II)

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Mucho se ha escrito y dicho sobre el tema de cómo hacer efectivo el carácter erga omnes de las disposiciones constitucionales en Cuba. Unos abogan por un control difuso de constitucionalidad, implicando a órganos como la Fiscalía, el legislativo, (entiéndase la Asamblea Nacional), los propios tribunales, pues de la lectura del artículo 5 de la Ley 82 de los Tribunales Populares se dispone que Los tribunales están en la obligación de cumplir la Constitución, por lo que estarían obligados a fallar de conformidad con ésta. Otros apuestan por un sistema concentrado de defensa de la Constitución, mediante la habilitación de un órgano judicial independiente e imparcial que garantice la eficacia de las disposiciones del magno texto.

Sea cual fuere el modelo de control de constitucionalidad a adoptar, lo que sí debe quedar claramente definido para los constitucionalistas cubanos, es que el modelo de control que se decida, para que sea REALMENTE efectivo, deberá establecerse en el marco de un auténtico Estado de Derecho, donde todos los cubanos seamos REALMENTE iguales ante la ley (artículo 41 CR) y donde ésta prime por encima de todos, donde REALMENTE los jueces sean independientes y no deban obediencia más que a la ley (artículo 122 CR), donde los fallos judiciales REALMENTE sean de ineludible cumplimiento por todos (artículo 123 CR), donde el cumplimiento de la Constitución y las leyes REALMENTEsea un deber inexcusable de todos (artículo 66 CR), donde la ley primera de nuestra República REALMENTEsea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre (preámbulo CR).

La ausencia en Cuba de un Estado de derecho conlleva a que los mecanismos establecidos para el control constitucional no funcionen y que ésta se constituya en letra muerta. Más que el necesario Tribunal de Garantías Constitucionales por el que aboga, no sin razón, el colega Lic. Julio A. Ferrer, sería imprescindible en Cuba una real, efectiva y verdadera independencia del Poder Judicial.

La supremacía de la Constitución y el control constitucional

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliagabalanza

Si bien es cierto que la Constitución define los órganos del Estado, sus funciones y el marco legal dentro del cual estos pueden actuar, también es cierto que estos órganos y poderes pueden actuar de forma anticonstitucional.

Ante esta realidad se erige la institución del control constitucional, que surge de las garantías legales que la propia Constitución instituye, por un lado, para afianzar su supremacía sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, y por otro lado, para juzgar el actuar inconstitucional de los órganos y poderes que crea.

Se ha dicho que el control constitucional califica como inconstitucionales las leyes generales y ordinarias, según sea, que en el proceso de su elaboración omitan elementos necesarios para que esta nazca a la vida jurídica, o bien, que una vez vigente la ley ordinaria, esta modifique o derogue la norma de rango constitucional. En el primero de los supuestos el control debe recaer en el órgano legislativo, encargado de aprobar solo aquellas leyes que se avengan a los preceptos constitucionales, en el segundo caso el control puede iniciarse por algún órgano del estado, por el tribunal que conoce del asunto o por los ciudadanos con el objetivo de reclamar la defensa de un derecho fundamental violado.

El control constitucional supone la imagen de un guardián que vela porque la sociedad se ordene y funcione en el marco del más estricto apego a las disposiciones constitucionales, lo que cobrará validez en el seno de un verdadero Estado de Derecho, en el que se someten por igual gobernantes y gobernados y en el que ningún individuo, ya sea el presidente o un ciudadano cualquiera puede estar por encima de la ley.

El Estado de Derecho de erige como garantía de un efectivo control constitucional, al fragmentar el poder omnímodo del estado, y así debilitarlo, de manera que tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y el judicial interactúen en función de que cada uno respete las reglas constitucionales. Además de la consagración de la seguridad jurídica entre gobernantes y gobernados, eliminar los rastros de arbitrariedad en el funcionamiento del estado, asegurar el sometimiento de éste a la ley, y velar por la afirmación de los derechos de las personas. Solo así cobrará sentido el espíritu y la letra de la llamada Ley de leyes.

La supremacía de la Constitución

tomado de bbc mundo

tomado de bbc mundo

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Pasando por las corrientes clásicas del constitucionalismo hasta las tendencias más contemporáneas, desde siempre se ha entendido por los estudiosos del derecho público que la norma reguladora del funcionamiento de un determinado estado, creadora a su vez de los principales órganos encargados de darle vida al mismo, se constituye en la base y fundamento del orden social, así como en el marco en que ha de desenvolverse el orden jurídico.

En lenguaje jurídico, de variadas maneras se ha distinguido la mencionada norma, ya sea como Ley de fundamental, lo que la desmarca del resto de las leyes, elevándola a rango superior desde el punto de vista material y sustantivo. Al decir del profesor Hans Kelsen “el grado superior del derecho positivo es la Constitución”

Tal superioridad le viene dada porque manda y ordena al orden social, económico, político y jurídico que es capaz de crear, y por encima de ella nada se le impone. Solo la sustenta la voluntad de un poder superior constituyente del resto de los poderes que crea, este es, la voluntad del soberano, del pueblo que manda y decide, quien al suscribir el Pacto social cede parte de su libertad al poder que constituye, este es el Estado, para que gobierne conforme a los intereses del poder constituyente. Este principio de soberanía popular constituye la piedra angular para el establecimiento de toda Constitución.

La Constitución como símbolo político integrador, reflejo de toda sociedad heterogénea no puede adscribirse a una sola ideología, sino que debe permitir la existencia de varias como garantía de libertad social y política. La Constitución como cuerpo normativo contiene una declaración de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, de garantías y deberes que vinculan tanto a los ciudadanos como al estado. Asimismo debe consagrar mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales se reavive continuamente el pacto entre la sociedad política y la sociedad civil.

Ante la preeminencia jerárquica que debe ocupar la Constitución en el orden jurídico, cabría preguntarse: ¿Cómo garantizar la supremacía de la Constitución? Intentaremos responder próximamente.

METEORO 2013

7 Balanza 1Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

A fines de mayo de 2013, tuvo lugar  el Ejercicio “Meteoro”, el cual, se realiza anualmente en toda Cuba, teniendo como objetivo fundamental medir la eficiencia de los planes para proteger la integridad física de todos los residentes en el país y disminuir riesgos ante eventuales fenómenos climatológicos y desastres  naturales, propósito al que Gobierno y Estado por intermedio de la Defensa Civil, dedican especial atención, medios y recursos, actividad en la que se ha acumulado un vasta experiencia.

La realización de tal Ejercicio, me hizo pensar en la necesidad de crear un mecanismo jurídico, que tenga como función cardinal la protección de los ciudadanos ante las arbitrariedades, ilegalidades, injusticias y desmanes de autoridades, funcionarios, empleados y agentes estatales  a todos los niveles , que cuente con poder y fuerza legal  para, de manera efectiva, restablecer la legalidad soclialista cuando sea quebrantada, sin reparar en el nivel o jerarquía del infractor de la legalidad,  protegiendo así, sin distinción alguna, las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

Ese Órgano, sin dudas es el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.  Dicho Tribunal estaría legitimado para hacer pronunciamientos similares al que a continuación cito, emitido  por la  extinta Sala de Garantías Constitucionales  y  Sociales del Tribunal Supremo, Sentencia Número Uno de 14 de enero de 1972, Juez Ponente el Magistrado Luis M. Buch Rodríguez: CONSIDERANDO: que los funcionarios  judiciales que dictaron independiente del testimonio del cónyuge  de la acusada, para el caso de dictar sentencia, lo cual ha originado que ésta se apoye exclusivamente en la confesión de la procesada y el testimonio de su cónyuge, con evidente infracción del artículo veintiséis de la Ley Fundamental, la Sala considera que debe imponer a los citados funcionarios una corrección disciplinaria de represión que se les notificarán a los efectos procedentes. FALLAMOS: que debemos declarar y declaramos inconstitucional y nula la sentencia impugnada y ordenamos a la Sala Tercera de lo Criminal de la Audiencia de La Habana que dicte nueva sentencia teniendo siempre en consideración lo resuelto por esta Sala.

La no existencia, de tan importante órgano jurídico, su incomprensible desaparición del sistema jurídico cubano a partir de la Constitución de 1976, posibilita como acontece en la actualidad, que un número elevadísimo de ciudadanos cubanos, hayan resultado  sancionados, con infracción de la garantía fundamental prevista en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal; Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos; pues la declaración de culpabilidad, respecto a ellos, ha sido hecha, por los juzgadores, con apoyo exclusivo en sus propios testimonios o confesiones, única prueba practicada en el juicio oral. Lo peor, ante tamaño irrespeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y procesales, los sancionados no tienen a que autoridad u órgano acudir en reclamó de respeto a esos derechos, quedando de ese modo en TOTAL DESPROTECCIÓN y DESAMPARO, sin acceso a una JUSTICIA efectivamente garantista, fenómeno o desastre no natural, contra el cual también deben ser protegidos todos los cubanos.

 

La prisión provisional, ¿un mal necesario?

6 Imagen4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

Soy testigo de casos lamentables de personas detenidas o presas con total quebranto de la forma y las garantías que prescribe la ley, especialmente los artículos 252 y 253 de la Ley de Procedimiento Penal, referidos a la forma y supuestos en que es posible imponer la prisión provisional, como medida cautelar a un acusado, respecto a los cuales el Consejo de Estado a través del Acuerdo de 8 de marzo de 1985, estableció un imperativo legal …cuando se trate de acusados que posean buenos antecedentes y observen buena conducta sólo podrá disponerse o confirmarse la medida cautelar de prisión provisional si se entiende que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia por haberse ocultado de las autoridades o destruido pruebas de su acción o en los casos en que se trate de un hecho delictivo que haya concitado alarma en la esfera social más inmediata, que se entienda imprescindible esta medida.

Este Acuerdo del Consejo de Estado fue llevado a la práctica por los Tribunales Populares a través de la Instrucción 118 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, prescripción legal constantemente vulnerada, pues un número considerable de acusados se halla en los establecimientos penitenciarios sujeto a prisión provisional, a pesar de poseer buenos antecedentes y sin tratar de evadir la acción de la justicia, confinamiento que por lo regular se dilata más allá del plazo legal establecido.  En esa situación permanecen miles de reclusos, por hechos y situaciones que en modo alguno revisten la peligrosidad social que se requiere para privarlos de libertad, y por otro lado sus antecedentes de conducta son normales, en una gran mayoría primarios en la comisión de hechos delictivos.

La PRISION PROVISIONAL, es otro tipo de RESOLUCION EXTRAJUDICIAL, que históricamente en Cuba era ratificada por los jueces, sin embargo tal decisión fue modificada, pasando tal responsabilidad a la Fiscalía, que representa la parte acusadora y por demás dirige las investigación de los procesos penales.

Cuando existe un quebranto de la legalidad, como ocurre de forma reiterada, resulta imposible otra vía para restablecerla.

El Tribunal de Garantías Constituciones y Sociales, según el artículo 182 de la Constitución de 1940, era el órgano jurisdiccional competente para conocer: los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en la Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado y los recursos de HÁBEAS CORPUS por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales, entre otros.

Se desconocen las causas de la desaparición de tan importante y necesario órgano jurisdiccional.

La no existencia del Tribunal de Garantías Constitucionales en nuestro contexto jurídico actual, hace carente a la Constitución de la República de la necesaria y debida protección jurídica y que no contemos con un mecanismo jurídico  que permita y garantice con la agilidad, viabilidad y efectividad requerida, el restablecimiento de la legalidad, cuando son vulnerados,  garantías y derechos constitucionales tan importantes como los establecidos en los artículos 58 y 59 de la Carta Magna:

La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes;

Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Todo acusado tiene derecho a la defensa.

No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

Creeré

4 puño6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

No están aún lejos los tiempos en los que hablar de Derechos Humanos en Cuba era algo así como blasfemar groseramente en un templo religioso.

Ahora resulta interesante, aunque sólo sea en forma muy breve, repasar la cronología de este fenómeno en la historia del evento socio-político conocido como la “revolución socialista cubana”.

En un momento las personas etiquetadas como “de los derechos humanos” eran algo así como lo más execrable de la sociedad, y merecían todas las ofensas, las persecuciones y los castigos.

Pero ello no era nuevo en el decursar de la humanidad. Lo habíamos visto ya en la historia antigua y reciente del mundo: para lograr el triunfo de una idea, aun siendo valiosa, muchas veces se precisa de grandes sacrificios cuando los que se oponen a ella detentan el poder suficiente para intentar (y a veces lograr) aplastarla.

Ejemplos sobran: los seguidores de Cristo en la Antigua Roma, la lucha de Lutero con su Reforma, la resistencia a las ideas de Hitler y Mussolini en Europa, los negros norteamericanos por la igualdad racial y muchísimas otras luchas llevadas a cabo en pro de derechos inalienables.

Precisamente, y gracias a las enseñanzas de la Historia, es que no nos resulta raro escuchar ahora como en un lugar como nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular se empieza a hablar de garantizar “todos los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

Pero, para llegar a escuchar esto medió también en nuestro país una lucha, no siempre pacífica, que significó incluso la expulsión del centro de estudios, del trabajo y, muchas veces, incluso la cárcel para los que se atrevieron a enarbolar y defender públicamente esos derechos.

Con el tiempo, sin embargo, se comenzó a hablar de “los derechos humanos que defendemos”. Comenzaba a admitirse, aunque tangencialmente, la existencia derechos humanos, pero solo aquellos que la dirección gobernante escogía.

Lo cierto es que, cuando es sostenida y justa, ese tipo de lucha llega a ser reconocida hasta por sus más vehementes detractores.

Constantino legitimó la religión cristiana en 313 después de Cristo: ¡Quién lo diría entonces!

No obstante, esta lucha no ha terminado todavía. Aun quedan capítulos por escribirse.

En Cuba hoy las opiniones están divididas. Hay quienes creen que los cambios implementados por el gobierno son los correctos y al ritmo necesario. Otros piensan diferente.

Personalmente creo que todo cambio que beneficie al pueblo es bueno, por pequeño que sea. No obstante, una lentitud exagerada después de aguardar más de medio siglo por mejoras, me parece una excusa pueril.

Por otra parte, soy de los que piensan, como Santo Tomas de Aquino, que vista hace fe.

Así, cuando:

  • se cree en la Asamblea Nacional del Poder Popular una Comisión de Derechos Humanos que realmente se ocupe del asunto como corresponde,

 

  • cuando se restablezca el Tribunal de Garantías Constitucionales que proteja realmente esos derechos ciudadanos y

 

  • cuando se separe total y absolutamente al Poder Judicial del resto de los Poderes del Estado y en realidad se someta sólo a la ley, sin ninguna interferencia de esos otros poderes,

entonces y solo entonces… Creeré.

 

Constitución, la más vulnerada

14 constitucionOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

La Constitución, conocida también como Ley de Leyes, Ley Suprema, Ley Fundamental, Carta Magna, entre otras denominaciones, constituye el documento político-jurídico más trascendente de cualquier sociedad, pues regula la base económica del Estado, las formas de propiedad y el sistema de economía, las formas de gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Determina las relaciones entre los órganos de poder, así como los del Estado en su conjunto, estableciendo además, los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.

La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Auto Número Seis de 11 de febrero de 2010, dictado en el Proceso Ordinario No. 1 del propio año, la define, como la fuente esencial de todo el sistema jurídico, en la que se establecen los principios más importantes y puntos de partida para todas las ramas del Derecho.

Uno de esos principios y punto de partida, lo es, el previsto en el artículo 54 de la Ley Fundamental; ´´ Los derechos de reunión, manifestación, y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, ´´. Principio cardinal, inobservado por la Ministra de Justicia, para con los fundadores e iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, al pronunciar con fecha 12 de abril de 2012, la Resolución Número 44, Denegando la Solicitud de Constitución de dicha Asociación, sin sustento legal alguno.

El actuar de la Ministra de Justicia, quebranta y vulnera una garantía constitucional, pero infructuosamente, para nosotros, iniciadores de la pretendida Asociación, el Sistema Jurídico Cubano, no cuenta con un Tribunal de Garantías Constitucionales, que seria el órgano jurisdiccional, con competencia para conocer y resolver, el recurso de inconstitucionalidad a interponer contra ese Acto o Resolución de ese organismo de la administración central del Estado, que niega y restringe tal derecho, consagrado en la Constitución a todos los ciudadanos, en total concordancia con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La no existencia del referido Tribunal, limita en extremo, a los ciudadanos, el acceso a una justicia efectiva y garantista, pues no existe en el actual sistema de tribunales populares, procedimiento legal , mediante el cual sea posible obtener la declaración de inconstitucionalidad, respecto a una disposición de una autoridad estatal, o funcionario público, que se estime inconstitucional, como lo es la mencionada Resolución 44 de la Ministra de Justicia, quedando tan sólo una vía legal, la jurisdicción en materia administrativa, ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, no competente para hacer tal declaración, por lo que a mi juicio, la Carta Magna, carece de la debida protección jurídica y con ello los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

Personalmente, estimo, como paso hacia el perfeccionamiento de nuestro modelo social, que debería insertarse en el cumulo de las transformaciones jurídicas a realizar, que demanda nuestra sociedad actual, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, como una Sala del Tribunal Supremo Popular. ¿Por qué no?, ¿qué lo impide?