Declaración de coimputado

 

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Lic. Miguel Iturria Medina

La Presunción de Inocencia constituye un presupuesto legal instituido en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos por medio del cual, se considera inocente a toda persona acusada por delito mientras no recaiga en su contra una sentencia condenatoria.

El individuo goza del llamado Estado de Inocencia que deberá ser destruido por quien lleva la carga de la prueba, el fiscal, en un proceso donde se respeten las garantías procesales. El reo debe ser vencido en juicio. Este principio cuenta con una segunda accesión que constituye la obligatoriedad de probar los hechos con independencia del dicho del inculpado, su cónyuge y familiares allegados.

Con este principio, la confesión del acusado deja de ser la Regina Probatio (Reina de las Pruebas) como en el sistema de enjuiciamiento inquisitivo, donde se acudía, para lograr esta, a métodos coercitivos que incluían la tortura, para pasar a ser un medio de prueba aprovechable sujeto a posteriores confirmaciones.

Actualmente, al menos en teoría, no es suficiente la incriminación del procesado para formar convicción en su contra o la de otro implicado en la misma causa.

En el contenido de nuestra Ley de Procedimiento Penal se garantizan estos presupuestos. En el artículo 1 se establece el aludido principio tal como lo expusimos, en el 161 se dispone la voluntariedad del procesado de prestar -o no- declaración y en el 163 se impone a los funcionarios actuantes la obligación de practicar diligencias conducentes a comprobar las manifestaciones del acusado.

En estos presupuestos entran no solo las declaraciones del implicado auto incriminándose, sino afirmaciones de un acusado que impliquen a otras personas. Los denominados coimputados.

La declaración de un coimputado, por su naturaleza, no tiene el rigor y la calidad de otras pruebas personales y requiere de posterior confirmación en otros medios de prueba; pues el enjuiciado, a diferencia del testigo, no está obligado por ley a decir verdad y no responde penalmente si faltare a ella; además, por su condición de parte en el proceso siempre tendrá interés particular en el resultado final.

Es vista como un medio de defensa o prueba incompleta. La Ley impone la existencia de otros elementos para formar convicción.

En resumen, nadie puede sancionársele solo por su dicho o el de otra persona implicada como acusado en el mismo proceso penal.

Hasta aquí la teoría y el contenido estricto de la legalidad. Lamentablemente, la práctica judicial no siempre coincide con estos argumentos. Con relativa frecuencia ocurren fallos condenatorios en sentido contrario a lo manifestado.

Su fundamento se basa, mayoritariamente, en la presunta ausencia de motivos de un acusado para querer perjudicar injustamente a otro. Por ejemplo: si las relaciones eran buenas o no existía una situación polémica anterior entre ambos, entonces se estima mayoritariamente que el incriminador está siendo veraz y se asume como medio de prueba. ¿Es eso acaso lo regulado en la ley?