La Película del Sábado

11 peli6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

“ … cuando le dije que yo tenía derechos y que él tenía que decírmelos, se me rió en mi cara y me preguntó que si yo veía muchas películas americanas…”

Lo anterior fue el final de la detallada explicación de un ciudadano sobre los sucesos que rodearon su detención, entre ellos la forma de actuar de los agentes policiales para con su persona.

Conversamos un poco más sobre la actuación policial  que se refleja en programas norteamericanos sobre investigación criminal que se ponen en canales nacionales y en películas de ese mismo corte en el programa La Película del Sábado.

No es que pensemos que la policía estadounidense sea perfecta ni mucho menos, pero es evidente un nivel de profesionalismo en el desempeño de sus funciones y en el trato con los detenidos, pues la consabida información:

Ud. está detenido por………y todo cuanto diga a partir de ahora puede ser usado en su contra, es un párrafo que no falta en ese proceder.

Hasta donde recuerdo, nunca un ciudadano cubano me ha dicho que la policía nacional se ha dirigido a él en la forma procesal antes señalada.

Pudiera pensarse que esos clichés son propios del procedimiento policial norteamericano con el cual el nuestro no tiene nada que ver. Al menos, eso es lo que parece pensar nuestra policía pues jamás hacen nada parecido.

Sin embargo, aunque esto pueda asombrar a muchos, la Ley de Procedimiento Penal Cubana dice textualmente:

Artículo 161:

Ningún acusado tiene la obligación de declarar en su contra. El instructor…estará en el deber de hacerle saber de qué se le acusa, por quién y los cargos que se le dirigen, e instruirlo del derecho que le asiste para prestar declaración, si quisiera hacerlo, lo cual podrá realizar en cualquier momento y cuantas veces lo solicite.

Lo que, con otras palabras, viene a resultar lo mismo (o muy parecido) a lo que dicen los agentes norteamericanos cuando arrestan a una persona sospechosa de delito.

Por qué los agentes del Ministerio del Interior  no cumplen con esa formalidad procesal a la que debieran estar obligados por la Ley, es algo que no sé, aunque tengo mis sospechas que están entre:

  1. Ellos mismos no conocen lo que la Ley de Procedimiento Penal establece.
  2. Es mejor no darle muchos recursos al detenido y mantenerlo en el mayor estado de indefensión posible.

Se me ocurre pues una recomendación para los que, por su trabajo, se ven envueltos en estas detenciones: debieran ver más la Película del Sábado.

 

Prisión para los Pactos de la ONU

Wilfredo Vallín Almeida

Hemos hablando en múltiples ocasiones, del sistema jurídico cubano donde la policía responde al Estado, donde la Fiscalía responde al Estado, donde los Tribunales responden al Estado y donde los abogados de los Bufetes Colectivos temen enfrentarse al Estado.

A contrario sensu de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo, aquí los abogados no pueden comparecer, hasta tanto no se haya dictado una medida cautelar por la fiscalía, varios días después de la detención del acusado.

Cuando el letrado logra entrevistarse con su defendido, ya todo está hecho: no participó en las actuaciones desde el comienzo y tendrá que aceptar las cosas como se las presenten.

Esta es, a grosso modo, la situación que deberá enfrentar Antonio González Rodiles en el juicio a que será sometido por “resistencia al arresto” cuando compareció ante la Sección 21 de la Seguridad del Estado para averiguar sobre el paradero de la abogada Yaremis Flores detenida previamente.

La primera realidad que deberá aclararse en este asunto es ¿Realmente ofreció resistencia a su detención?

Los testigos presenciales, (¿serán admitidos como testigos en el juicio oral?) dicen cosas muy distintas tales como que:

  1. En ningún momento la turba vestida de civil que se abalanzó contra los allí presentes, se identificó como agentes de la autoridad.
  2. Ellos fueron los primeros en agredir a los presentes en una proporción de cuatro a uno.
  3. Rodiles recibió varios golpes en la cara y en el cuerpo que el instructor policial de su caso, los padres del detenido y su compañera vieron claramente.

La segunda y aun más importante realidad es esta otra: ¿Antonio va a ser juzgado por ese “delito” o hay más detrás de todo esto?

El asunto es que Antonio Rodiles es el coordinador nacional de la Campaña Ciudadana por Otra Cuba en la que se insta al gobierno cubano a RATIFICAR el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales derivados ambos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hace ya casi cinco años que el gobierno firmó esos Pactos en Nueva York sin que los haya publicado, ni informado a la ciudadanía sobre sus contenidos y alcance. Esa campaña crece cada día más y comienza a preocupar a los que no quieren ratificar semejantes documentos internacionales.

Y es lo que conllevaría esa ratificación lo que conduce a los preocupados a considerar,- en mi opinión, de forma absolutamente equivocada-, que con el encarcelamiento de Rodiles se resuelve el asunto porque con él entrarían también en la prisión los Pactos de la ONU.

 

La Obra de la Vida

Wilfredo Vallín Almeida

Camino a la farmacia, tres individuos de civil nos detienen a mi esposa y a mí a la salida del edificio donde vivimos. Nos muestran un carné: DSE.

Pensé que se trataba de impedir nuestra presencia en un juicio que tenía lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, muy próximo a nuestra casa.

Hay un patrullero de la policía a un centenar de metros. A una señal de los agentes, acude con chirriar de gomas.

Son alrededor de las 11 y 30 de la mañana. Estamos en la calle y hay muchas personas observando.

En cuanto el patrullero llega, uno de los agentes de civil saca unas esposas:

–Está detenido– me dice colocándome las manos a la espalda y ajustándome las esposas todo lo apretadas que puede.

Mi esposa pretende una explicación de un joven agente con un pullover amarillo. Le pido calma y entro en el patrullero que arranca ante mis asombrados vecinos. Me llevan a la estación de la policía de Aguilera en Luyanó

Me quitan las esposas y me ordenan sentarme cerca de la carpeta. Tengo las muñecas adoloridas y enrojecidas. Me pregunto qué puede estar sucediendo para semejante acción. Más tarde me parecerá entender.  Luego de más de media hora, aparece al fin el joven del pullover amarillo.  Se identifica como agente Brian y me indica entrar en una habitación cercana. Se sienta y me muestra una silla frente a él, mesa por medio.

Comienza a hablar de nuestro trabajo en la Asociación Jurídica Cubana, que él considera “dentro de la ley y correcto”. Parece conocer bastante lo que hacemos. (Luego me enteraré que sólo repite lo que mi esposa le dijera frente a la casa pues, en realidad, no sabía nada sobre nosotros).

Pasa luego a “aconsejarme” que no me relacione con “contrarrevolucionarios activos”. Menciona algunos nombres. Le respondo que AJC pretende ayudar a todo cubano que acuda a ella pues ni Bufetes Colectivos ni los Tribunales nacionales son confiables para muchísimas personas en el país. Varios minutos de conversación me bastan para darme cuenta de que este joven (dice tener 28 años), que casi pudiera ser mi nieto, carece de conocimientos y argumentación sólida para un intercambio de criterios.

Cuarenta minutos más tarde, me devuelve mi carné de identidad y me dice a modo de despedida si pudiera ir a mi casa a visitarme y ver nuestro trabajo. Le respondo afirmativamente, aunque estoy convencido de que sus superiores jamás le permitirán una relación más cercana con nosotros.

Ya en la calle, busco una razón para lo sucedido…y creo encontrarla.

1.- Durante mucho tiempo, cuando el control de la información era férreo, las letras DSE producían en cualquier ciudadano un efecto paralizante.  Eso y el aparatoso operativo apuntan a una acción profiláctica, no tanto para mí como para los curiosos y para los que se enterarán por boca de terceros.

2.- Fue una forma subliminal de llamarme la atención por mi participación en varios programas de Estado de SATS.

Si mis especulaciones fueran ciertas, vendrán mayores problemas, pues actúo bajo la más profunda convicción.

Estoy consciente del peligro que entraña exigir derechos en un gobierno totalitario, por ello si las consecuencias de mis actos tienen un desenlace fatal, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los que me coloquen en tan honrosa posición que jamás pensé merecer: El panteón de los inolvidables.

Hago mías las palabras de José Martí, que lo experimentara en carne propia:

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.”

 

 

 

 

LA LEY DICE

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Licenciada Laritza Diversent

DEL REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (II)

El registro de lugares se dispone para tratar de localizar en ellos al acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación, estando facultados para disponerlo -ya sea de dia o de noche- tanto el Instructor como el Fiscal, en cualquier edificio o lugar público del territorio nacional. (Artículo 215 de la Ley de Procedimiento Penal)

Lugares públicos para la Ley de Procedimiento Penal

La propia Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 216, define cuales son los lugares que se consideran específicamente edificios o lugares públicos, a los efectos de esta diligencia. El artículo 217 aclara que para la entrada o registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, basta pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

Domicilio para la Ley de Procedimiento Penal

A los efectos de las disposiciones de este capítulo, se reputan domicilio, de conformidad con el artículo 222:

  1. Los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;
  2. El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

La ley, en su artículo 223, aclara que los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicios no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente, pero lo son de las personas que se hallen a su frente y residan con sus familiares en la parte del edificio destinado a vivienda.

¿Cómo se procede al registro en un domicilio privado?

Luego de cumplir los trámites establecidos por la Ley de Procedimiento Penal, la autoridad puede proceder a la entrada y el registro en el domicilio, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro domiciliario se hace siempre en presencia del morador principal y si no es localizado, o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad.

En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos. Como puede apreciarse, se exige por la Ley que, salvo imposibilidad justificada, presencien el registro dos vecinos, que servirán como testigos de la forma en que se practica la diligencia y de sus resultados.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente y en presencia de las personas antes mencionadas. Del mismo se levanta acta que firman todos los participantes y si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

Excepciones

En el artículo 221 se regula, no obstante lo anterior, que los agentes de la policía pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio:

  • cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevarlo a efecto ésta se refugia en él;
  • cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito o cuando un presunto delincuente, inmediatamente perseguido, se refugie en una casa.

Para estos casos urgentes y excepcionales no son de aplicación las formalidades expuestas y la ley no exige que se confeccione acta sobre sus resultados.