Prospera demanda contra Ministra de Justicia

tpp.jpg

Licenciada Laritza Diversent

El Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana (TPP) respondió, el pasado 7 de julio, a la Asociación Jurídica Cubana (AJC), un gremio de abogados independientes, que interpuso una demanda contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González. En la respuesta, emitida con retraso por exceso de trabajo en la Sala, el juez, Lic. Alfaro Guillén, y los jueces legos, Núñez Valdés y Figueredo Ramos, exigen al demandante, modificar los términos de redacción de la petición judicial.

El tribunal consideró “improcedente”, que el Lic. Wilfredo Vallín Almeida, Presidente de la organización, actuara a nombre y en representación de una persona jurídica, que no se encuentra en la actualidad reconocida. El escrito exige al letrado, que promueva nuevamente la acción, a título personal.

El abogado interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial de la capital, la que fue radicada, bajo el número de expediente 338 del 2010, el 29 de junio. La misma intenta impugnar la decisión adoptada por el Departamento de Asociaciones -silencio administrativo- del Ministerio de Justicia (MINJUS) que impide la constitución legal del gremio.

El máximo órgano jurisdiccional en la capital, igualmente requirió al Licenciado Wilfredo Vallín Almeida para que reformulara los hechos expuestos en la demanda no aceptando el término “denegación de autorización para Constitución de Asociación”, por considerarlo incoherente. El TPP alegó que el MINJUS no contestó a una solicitud de certificaciones.

En abril de 2009 y marzo de 2010, la AJC solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS que certificara la no existencia en el país de ninguna Organización No Gubernamental (ONG) con el mismo nombre y propósitos de la asociación de letrados. El documento es imprescindible para continuar los trámites de constitución legal del gremio. La institución estatal no emitió la certificación. Los abogados, en Recurso de Alzada ante la Ministra, Reus González, elevaron queja por quebrantamiento de la formalidad legal exigida, que igualmente fue ignorada.

La AJC, se fundó el 1ro de octubre de 2008. Brinda gratuitamente, asesoría jurídica a los ciudadanos. La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización del Ministerio de Justicia. El acto administrativo (autorización), es discrecional y depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

Asociación Jurídica Cubana demanda a representante del gobierno.

1-ministra2.jpg

Lic: Laritza Diverzent

La Asociación Jurídica Cubana, una organización de abogados independientes, interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por denegar la autorización para la constitución legal del gremio.

El acontecimiento, calificado de excepcional por los juristas, no tiene precedentes en los 51 años de ‘Revolución’. Es la primera vez, que una organización disidente interpone una acción legal ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

La Asociación Jurídica Cubana, fundada el 1ro de octubre de 2008, brinda asesoría jurídica a ciudadanos que requieran sus servicios. Tiene además entre sus objetivos elevar el nivel de conciencia jurídica de la sociedad civil cubana. Todo ello sin ánimo de lucro.

El Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), presidido por Reus González, guardó silencio en tres momentos distintos, respecto a la solicitud de una certificación, que debía acreditar, si existía en la isla otra ONG, con el mismo nombre o fines de la Asociación Jurídica Cubana.

Las dos primera solicitudes se dirigieron al Jefe del Departamento del Registro de Asociaciones en abril de 2009 y marzo de 2010.La tercera solicitud se planteó , por medio de Recurso de Alzada, ante Reus González, por quebrantamiento de las formalidades legales.

El gremio de abogados se dio por notificado al transcurrir el término, que prevé la Constitución Estatal y la Ley de Procedimiento Civil, para dar respuesta a una petición ciudadana. El documento constituye el primer trámite en el proceso en la legalización de una organización no gubernamental (ONG), según dispone, el Reglamento de la Ley No.54, “De Asociaciones”.

La demanda fue radicada por el órgano de justicia, el 29 de junio, e intenta impugnar la decisión adoptada (silencio administrativo) por el Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS). A partir de ese momento, el tribunal tiene términos legales precisos para actuar. El juez ponente del caso, será Jolene Pereira Basanta