El Amparo de Idania contra la arbitrariedad

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Alrededor de las 6 de la tarde del 25 de noviembre del año en curso, recibo una llamada telefónica. La joven Idania García Martínez ha sido detenida en la Habana Vieja. ¿Motivo de la detención? Veamos.

Las cosas ocurrieron así. Idania, ¿en compañía de otras personas? repartía la Demanda por otra Cuba en esa zona de la capital. Llevaba un buen rato en esa tarea cuando le entrega una de esas hojas a una mujer que comienza a seguirla buscando al mismo tiempo un vehículo con uniformados o policías a pie.

Aparecen por fin los policías que detienen a Idania ocupándole las pocas hojas que le restaban por repartir, e inmediatamente es conducida…a algún lugar del territorio nacional.

Y decimos esto porque cuando llamamos al número telefónico 106 o a la Estación de policía de Dragones (la más cercana al lugar de la detención), el 106 nos responde que hasta después de las 24 horas posteriores a la detención, ellos no saben dónde está el detenido.

La Estación de Dragones, por su parte, nos informa que, con toda seguridad, ella no está detenida en esa unidad .Al final, supimos que la habían llevado para la Estación de Policía de Cojimar.

Pero el problema esencial no es a donde la lleven, sino por qué la detienen.

Que una persona, a todas luces, incapaz de interpretar correctamente el documento que le acaban de entregar, crea que está ante una “acción enemiga” y llame a la policía, no me extraña.

Que la propia policía, sin siquiera examinar el papel que se repartía, persiga a Idania a la manera aparatosa y propia de una película del sábado, tampoco me extraña.

Pero que un oficial de seguridad, interrogando a Idania en la madrugada le diga que ella está repartiendo propaganda enemiga, eso es ya el colmo de la ignorancia… ¿inconsciente?

Y digo esto porque, al parecer, ese oficial no vio que ese documento tiene el cuño de recibido por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Porque ese oficial demuestra que desconoce lo qué son el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU al catalogar esos documentos internacionales como “propaganda enemiga”.

Porque ese oficial no ha leído u oído que el gobierno cubano firmó esos Pactos hace ya cinco años.

Porque a ese oficial hay que explicarle que para que haya delito es menester tipificar la figura delictiva a través de su verbo rector.

Porque a este oficial nadie parece haberle dicho que para detener a un ciudadano deben cumplirse las formalidades que señalan las leyes de la nación.

Porque, en resumen, ese oficial no sabe (o no quiere saber) que la detención de Idania y el interrogatorio a que la somete, chocan contra el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba: el más seguro amparo de Idania contra su arbitrariedad.

 

 

Inviolabilidad del Domicilio

foto: Marcelo López Bañobre

Lic. Yaremis Flores.

Son las seis de la tarde. Paula toma su merienda frente al televisor mientras disfruta sus animados favoritos. De pronto tocan a la puerta tan fuerte que derramó el refresco y corrió a abrazar a su mami.

Orisel, su papá, abrió molesto la puerta y se sorprendió al ver a su Jefe de Sector con un documento que lo autorizaba a registrar su domicilio. Sin apenas tener oportunidad de verificar el escrito, entraron otros dos agentes.

- -¿Pero qué buscan?, preguntó Orisel.

–“Algo de procedencia ilícita”, respondió el agente actuante.

Con una superficialidad espantosa Orisel ha sido encasillado por su Jefe de Sector, en las categorías “delincuente, sospechoso y peligroso”. Aunque parezca una escena de una novela, secuencias como ésta ocurren, constituyendo una franca vulneración de la inviolabilidad de domicilio protegida por la Constitución.

Los policías se llevaron hasta la alcancía de Paulita, además de una computadora por no tener el certificado de propiedad.

Según lo regulado en la Ley de Procedimiento Penal el objeto del registro debe ser específico, y no “ocupar bienes de procedencia ilícita”. Además, el hecho de poseer un objeto sin su título de propiedad, no constituye delito alguno.

Es la autoridad que ostenta la carga de la prueba la encargada de probar si el bien es de procedencia lícita o no, ya sea por ser fruto de otro delito como Robo, para citar un ejemplo. De lo contrario se presume la titularidad legítima de su poseedor.