Dilema contractual

 

contratos económicosCHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

Si en realidad se quiere cambiar todo lo que debe ser cambiado, si ciertamente se quieren destrabar nudos que entorpecen la fluidez de ideas, proyectos y todo lo que implique desarrollo; entonces y solo entonces, lo primero que hay que hacer es despojarse de todo el ropaje que nos cubre.

¿Estará la capacidad en las dimensiones o las dimensiones en la capacidad? Esto no es un trabalenguas, en una aseveración, pongamos simplemente un ejemplo. Vayamos a las recientes disposiciones jurídicas, que rigen la Contratación Económica, nos referimos al Decreto-Ley No 304, de fecha 1ro de Diciembre de 2012 y el Decreto No 310, de fecha 17 de Diciembre de 2012, que establece los tipos de Contratos Económicos.

Por mucho que le demos vuelta, lo igual en el Acto Contractual entre las partes, resulta casi imposible de materializarse, por la sencilla razón de que en nuestro Estado, sin que se le llame monopolio, existen entidades que tienen monopolizadas determinadas esferas o actividades, dígase ETECSA S.A, Aguas de La Habana, Empresa Eléctrica, etc.

A quién se le ocurriría imponer su criterio sustentado en su necesidad o prioridad real, a fin de mantener parsimonia y estabilidad en su quehacer, si no puede contratar con otros proveedores su sistema de comunicación, la instalación de redes hidráulicas o el suministro de energía eléctrica.

Y es aquí donde comienza el dilema, lo tomas o lo dejas y este no es el espíritu del Art 4.2 del Decreto No 310/2012.

 

La contratación económica en Cuba

contrataYanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

En el contexto de la actualización del modelo económico cubano, los problemas del contrato y la contratación ocupan un importante lugar. Tomar conciencia del tratamiento que se le ha otorgado a partir de una visión multilateral y sintética, es una necesidad improrrogable para la economía nacional.

Según nuestra Constitución de la República:

Artículo 9: El Estado dirige planificadamente la economía nacional.

Artículo 16: El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país.

O sea, si sostenemos que el contrato económico es una de las formas de materialización del Plan, resultaría obvio que estos preceptos constitucionales llevaran implícito el respaldo de ese nivel jurídico superior sin que haya que presuponerlo.

Actualmente existen cuestiones de importancia que atentan contra el buen funcionamiento de nuestro sistema de contratación como pueden ser el exceso de proformas y modelos de contratos con condiciones generales de carácter adhesivo, reforzado por una situación de monopolio; la ausencia de un marco regulatorio que ampare al cliente (consumidor) al cual se le exige un pago anticipado en la forma y oportunidad determinada por el proveedor del producto o servicio.

Más que pactarse, se imponen condiciones contrarias a derecho, o que limitan o excluyen la responsabilidad de la entidad proveedora del producto o servicio, se exigen documentos que tienen que reproducirse y entregarse por exigencia de la entidad que hace la prestación y sin lo cual se niega a contratar, conduciendo a una excesiva formalización y entorpecimiento de la contratación.

A lo anterior se suma el desconocimiento generalizado por órganos y organismos del Estado y sus dependencias, comprendidos los bancos, de las normas que rigen la personalidad jurídica y su representación, obligando a todos los sujetos a dictar resoluciones cuando no es ese el instrumento jurídico regulado para ciertas personas jurídicas o a la acreditación de su existencia o de su objeto social sin tomar en cuenta la naturaleza de los mismos.

Fuera de la obligación de pago no se presta mayor atención a otras cláusulas contenidas en el contrato, referidas a plazos de entrega, calidad, garantías, asistencia técnica, condiciones de entrega y recepción.

Nos queda un largo camino que recorrer jurídicamente hablando. Es vital crear los mecanismos legales específicos para poner en marcha la maquinaria de contratación económica de forma viable y rentable para el país, que no sólo termine con dificultades como éstas sino que dé seguridad a nuestro intercambio sin caer en ambigüedad y dispersiones legislativas innecesarias.

 

Agricultores cubanos afectados por incumplimiento de contratos,

 

Lic. Veizant Boloy.

En Cuba el incumplimiento contractual con los campesinos queda sin respuesta. Estos entregan periódicamente su producción a las Cooperativas de Producción Agropecuaria designadas, las que se llevan la mercancía. Se anota y registra cada producto minuciosamente.

Pasados varios meses sin que los campesinos hayan recibido su pago, estos acuden a las cooperativas a cobrar su dinero pues deben pagarle a sus trabajadores, comprar semillas e implementos de trabajo para animar la nueva cosecha. Aún así, no reciben su pago.

La Dirección de Finanzas y Economía responde que la cooperativa no ha depositado el dinero en el Banco para poder cobrar y luego pagarles. En sucesivos segmentos, el periódico Granma publicó las quejas de agraviados con la misma situación

En ocasiones, los presidentes de cooperativas junto a  los económicos se apropian de la suma adeudada. Se toman medidas y llega a las manos de la Fiscalía, pero lo más importante radica en pagar sin dilaciones al campesino. No burocratizar las gestiones para cobrar el dinero del sudor del agricultor.

La alta dirección de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) señaló en una nota de prensa, que en febrero de 2012 se realizó una verificación fiscal en la que se detectaron varios problemas por mala contratación.

Aunque el caso está en fase investigativa según la nota “Es imposible hacer el pago de inmediato. La única solución es que se apruebe en la Asamblea de la CCSF, mediante acuerdo, que en dependencia de sus ingresos vayan pagando poco a poco”, explicó.

El Código Civil Cubano establece las obligaciones y derechos de las partes cuando se suscriben contratos. La sentencia 91 de 2005 de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo consigna que ningún caso franquea la posibilidad legal de apartarse de los términos del contrato, que es ley entre las partes.

El incumplimiento contractual es hoy una tarea pendiente por los organismos estatales cubanos; aqueja a gran número de campesinos en la isla, que luego de trabajar de sol a sol, no tienen la seguridad de ser oportunamente remunerados. Ocurre todo lo contrario del titular de la nota publicada “Con el sudor del campesino no se juega”.