La democracia también se ejercita

democracia

1Alexis Piloto CabreroAlexis Piloto Cabrero

Hace pocos días un viejo amigo me preguntó de manera sarcástica, qué pensaba sobre la democracia y si esta se podía ejercitar constantemente. Le conteste que identificar constantemente las diferencias es un ejercicio necesario e imprescindible en la democracia; que aunque haya polémica sobre un tema, no da el derecho a nadie de encontrarnos diferentes y mucho menos de separarnos de la sociedad, por el solo hecho de considerar que la crítica es útil para la acción conjunta, sin temer que otras consideraciones develen una notable diferencia ideológica. Con este preámbulo, le pregunté si era capaz de decirme dónde se recogía este derecho de cada ciudadano a expresar sus criterios, respondió fruñendo el ceño, entonces le expliqué que aunque pareciera contradictorio, el artículo 55 de la Constitución, define bien claro la libertad de conciencia, que no se asombrara de algo que hasta el momento no conocía y que lamentablemente muchas personas tampoco conocen. Al ver que nada le quedaba por decir, entre otras tantas cosas, concluí diciéndole que solo se construye un verdadero dialogo cuando se practica una democracia al límite exacto de lo que la ley dispone.

Canales de la información

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Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.

Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.

La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.

Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.

Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.

Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos  en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales  y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.

Cumplir y hacer cumplir las leyes

Foto: Gabor Karpati4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

El  hombre ha estado en una evolución constante desde su origen.  La experiencia, el instinto, y el aprender de sus errores lo ayudaron a sobrevivir. Así también en este transcurrir utilizó su capacidad creadora para resolver los diversos conflictos producidos por la convivencia social. De esa manera el Derecho hizo su aparición y con él, la ley.

La ley como creación humana, adquiere características propias del hombre, en consecuencia la aplica a su favor.

En la intervención realizada por el Presidente Raúl Castro,  en la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 7 de Julio, retomada por un Vicepresidente en la clausura del congreso de los CDR, dice:

“Es hora ya de que los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maestros y profesores, nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada nivel, en resumen, todas las cubanas y cubanos dignos que constituyen indudablemente la mayoría, hagan suyo el deber de cumplir lo que está establecido, tanto en las normas cívicas como en las leyes, disposiciones y reglamentos”

Con frecuencia se dan situaciones discordantes con este deber.  El propio estado y sus instituciones son  los primeros que incumplen lo legalmente establecido.

En un tema de actualidad, las recién creadas Cooperativas no agropecuarias  que responden al Decreto Ley 205  contravienen la Carta Magna o Ley de Leyes (Constitución de la República de Cuba) que dice en su artículo 20 “…se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece.”

Las no agropecuarias no tienen sustento en este cuerpo legal, para crearlas debería modificarse.

 Las Cooperativas en su conformación tradicional (Ejemplo La Cooperativa de Ómnibus Asociados) son autónomas e independientes y tienen patrimonio propio, lo que no acontece con las creadas conforme al Decreto Ley 205.

El control constitucional en Cuba (II)

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Mucho se ha escrito y dicho sobre el tema de cómo hacer efectivo el carácter erga omnes de las disposiciones constitucionales en Cuba. Unos abogan por un control difuso de constitucionalidad, implicando a órganos como la Fiscalía, el legislativo, (entiéndase la Asamblea Nacional), los propios tribunales, pues de la lectura del artículo 5 de la Ley 82 de los Tribunales Populares se dispone que Los tribunales están en la obligación de cumplir la Constitución, por lo que estarían obligados a fallar de conformidad con ésta. Otros apuestan por un sistema concentrado de defensa de la Constitución, mediante la habilitación de un órgano judicial independiente e imparcial que garantice la eficacia de las disposiciones del magno texto.

Sea cual fuere el modelo de control de constitucionalidad a adoptar, lo que sí debe quedar claramente definido para los constitucionalistas cubanos, es que el modelo de control que se decida, para que sea REALMENTE efectivo, deberá establecerse en el marco de un auténtico Estado de Derecho, donde todos los cubanos seamos REALMENTE iguales ante la ley (artículo 41 CR) y donde ésta prime por encima de todos, donde REALMENTE los jueces sean independientes y no deban obediencia más que a la ley (artículo 122 CR), donde los fallos judiciales REALMENTE sean de ineludible cumplimiento por todos (artículo 123 CR), donde el cumplimiento de la Constitución y las leyes REALMENTEsea un deber inexcusable de todos (artículo 66 CR), donde la ley primera de nuestra República REALMENTEsea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre (preámbulo CR).

La ausencia en Cuba de un Estado de derecho conlleva a que los mecanismos establecidos para el control constitucional no funcionen y que ésta se constituya en letra muerta. Más que el necesario Tribunal de Garantías Constitucionales por el que aboga, no sin razón, el colega Lic. Julio A. Ferrer, sería imprescindible en Cuba una real, efectiva y verdadera independencia del Poder Judicial.

El control constitucional en Cuba (I)

constitucion-cubanaargelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

El artículo 127 de la Constitución de la República dispone que  La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos…
En consonancia con tal imperativo, la Ley 83 de la Fiscalía General de la República recoge en su artículo 7 que entre sus objetivos se encuentra  Procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias a la Constitución y las leyes o por aplicación indebida o incumplimiento de éstas…

Está claro el mandato constitucional conferido al ministerio público de velar por la legalidad y ser el garante de que todos los órganos del estado y la sociedad en general cumplan las disposiciones emanadas del magno texto; para ello en su estructura funcional cuenta con el departamento de protección de derechos ciudadanos, encargado de restablecer los derechos y las garantías fundamentales de las personas cuando aprecie que han sido violados.
De tal lectura llegaríamos a concluir que la Fiscalía es el órgano encargado de hacer efectivo el necesario control constitucional al que debe someterse toda la sociedad, para lograr la estabilidad de las propias regulaciones constitucionales.

El artículo 75 de la propia Constitución cubana recoge en el inciso c) como atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales

De la lectura de estas disposiciones se concluye que los mecanismos de control de la Constitución, si bien son difusos, no son de hecho inexistentes;  y si bien es cierto que pudieran perfeccionarse, creo que lo más importante sería preguntarnos ¿Por qué los que existen no funcionan?, ¿Cuáles son las causas de que la Constitución cubana se constituya en letra muerta?
Sobre el tema volveremos en otra oportunidad.

Sin tribunal constitucional, imposible prefeccionamiento del modelo jurídico

.Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese importante órgano podría insertarse dentro del Sistema de Tribunales Populares, concretamente el Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182.´´ El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  • a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

  • b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

  • c) Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

  • d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

  • e) Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

  • f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimará afectada por un acto o disposición que considerará inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe hoy en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano, no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad “Hermanos Saiz” de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargando a la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible concebir y creer que, solo en instituciones de esa naturaleza, puede radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, a los ciudadanos, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir la inobservancia de la legalidad socialista, advertido y denunciado por el Presidente de la República, en su intervención en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer incurable, del que son responsables funcionarios estatales y ciudadanos; que no es posible su erradicación con tan solo realizar operativos policiales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, los llamados bandazos y si con el establecimiento de un sistema mixto , múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, los llamados a constituirse en ejemplo y paradigma a seguir en tan crucial tarea, para la supervivencia del modelo social cubano, el respeto a la Ley, a la Constitución.

 

La supremacía de la Constitución

tomado de bbc mundo

tomado de bbc mundo

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Pasando por las corrientes clásicas del constitucionalismo hasta las tendencias más contemporáneas, desde siempre se ha entendido por los estudiosos del derecho público que la norma reguladora del funcionamiento de un determinado estado, creadora a su vez de los principales órganos encargados de darle vida al mismo, se constituye en la base y fundamento del orden social, así como en el marco en que ha de desenvolverse el orden jurídico.

En lenguaje jurídico, de variadas maneras se ha distinguido la mencionada norma, ya sea como Ley de fundamental, lo que la desmarca del resto de las leyes, elevándola a rango superior desde el punto de vista material y sustantivo. Al decir del profesor Hans Kelsen “el grado superior del derecho positivo es la Constitución”

Tal superioridad le viene dada porque manda y ordena al orden social, económico, político y jurídico que es capaz de crear, y por encima de ella nada se le impone. Solo la sustenta la voluntad de un poder superior constituyente del resto de los poderes que crea, este es, la voluntad del soberano, del pueblo que manda y decide, quien al suscribir el Pacto social cede parte de su libertad al poder que constituye, este es el Estado, para que gobierne conforme a los intereses del poder constituyente. Este principio de soberanía popular constituye la piedra angular para el establecimiento de toda Constitución.

La Constitución como símbolo político integrador, reflejo de toda sociedad heterogénea no puede adscribirse a una sola ideología, sino que debe permitir la existencia de varias como garantía de libertad social y política. La Constitución como cuerpo normativo contiene una declaración de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, de garantías y deberes que vinculan tanto a los ciudadanos como al estado. Asimismo debe consagrar mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales se reavive continuamente el pacto entre la sociedad política y la sociedad civil.

Ante la preeminencia jerárquica que debe ocupar la Constitución en el orden jurídico, cabría preguntarse: ¿Cómo garantizar la supremacía de la Constitución? Intentaremos responder próximamente.

Procedimiento de Habeas Corpus

 

habeas corpus

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo

La locución latina HABEAS CORPUS, significa: “TRAEDME EL CUERPO”, (de la persona detenida): pongan al detenido en mi presencia para que yo, el juez natural examine la causa de su detención y disponga su arresto o su libertad, según el caso.

Se denomina procedimiento de Hábeas Corpus a la Acción Judicial de amparo de la libertad individual, derecho fundamental consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba: La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El artículo 29 de la Constitución de 1940, establecía: Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de habeas corpus ante los Tribunales ordinarios de Justicia.

El Tribunal Supremo no podrá declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente a cualquier otro asunto.

Es absolutamente obligatoria la presentación ante el Tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.

Lamentablemente, tales garantías no aparecen reguladas de modo expreso en la Carta Magna de 1976, siendo relegadas a partir de dicho texto constitucional a una legislación de menor jerarquía, no de rango constitucional; la Ley de Procedimiento Penal, en su capítulo IX, denominado “Del procedimiento de habeas corpus”, artículos del 467 al 478, tratándose entonces de un procedimiento judicial destinado a “tutelar” el derecho de libertad personal contra detenciones arbitrarias, no constituyendo un medio o instrumento jurídico apropiado para garantizar de manera efectiva y cierta, ese inalienable derecho humano: la libertad personal, individual, tal y como lo consagra la Ley primera en su artículo 58, por lo que vale expresar que el ámbito de protección de esa garantía y derecho fundamental es en extremo especifico y muy limitado.

Limitado, para mí, de manera totalmente inconstitucional, por lo previsto en el párrafo segundo del artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal: No procede el habeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto deprisión provisional dictado en expediente o causa por delito.

Tal prescripción, de una Ley secundaria o subordinada, con relación a la Constitución, restringe y limita el ejercicio pleno de la garantía prevista en el citado artículo 58, dejando de ese modo sin protección y tutela jurídica los casos, desafortunadamente no son pocos, en que, a pesar de obedecer la privación de libertad a una sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito, tales resoluciones o instrumentos jurídicos resultan ilegítimos, inconstitucionales, nulos e inexistentes, toda vez que han sido pronunciados con infracción evidente e inobjetable de las formalidades establecidas como requisitos de rígida observancia a ese efecto y de ese modo no se garantiza a todos los que residen en el territorio nacional la libertad e inviolabilidad de su persona, pues los tribuales ordinarios amparados en esa limitación o restricción, reitero inconstitucional, rechazan de plano cualquier promoción o petición de habeas corpus.

 

El derecho de nacer

 

15 familiaOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara.

La Constitución de la República de Cuba plantea.

Artículo 35. El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio. El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación de las nuevas generaciones.

Kirenia Alganza Torres, ciudadana cubana, de 30 años de edad, casada, vecina de Comunidad Alquitex Alquízar, Provincia de Artemisa, tiene tres hijos, menores de edad, de ellos uno posee un impedimento físico, además está embarazada con siete meses y su embarazo ha sido pésimo, certificado esto último por la consulta de Hemopatía en el Hospital Nacional Enrique Cabrera.

Vive con su familia en un pequeño cuarto de la casa de su mamá. Los bajos recursos no le permiten construir un inmueble para vivir sin el hacinamiento en que se encuentran en estos momentos.

Kirenia declara haber pedido ayuda al Órgano Local del Poder Popular de Alquízar, la Seguridad Social ha prometido ayudarla, siendo la realidad este cuadro que hoy posee, pues cuando su hijo nazca no tendrá condiciones en una habitación que no da para más.

 

Disyuntivas en la tutela judicial de la Constitución cubana

5 manual 4OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Desde los mismos inicios de la lectura de la Carta Magna nos encontramos con algo que llama la atención de cualquier lector desprejuiciado, cuando el artículo 3 expresa que: En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Más adelante el mismo artículo refiere que: El socialismo y el sistema político…es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Si se entiende la soberanía como el poder supremo o autoridad no superada ni sometida a las leyes, y cuyo titular (el pueblo) ostenta el poder de legislar, entonces nada puede plantearse en términos de perpetuidad irrevocable por ir contra la misma naturaleza de la condición de soberano. A contrario sensu, si existe algo sobre lo que le está vedado o prohibido legislar al pueblo, entonces, sin lugar a dudas, el pueblo será titular de cualquier cosa, menos de la soberanía.

Igualmente la Constitución cubana a partir del artículo 53 le reconoce sucesivamente a los cubanos el derecho de libertad de palabra y prensa, los derechos de reunión y manifestación, la libertad de conciencia y religión, la inviolabilidad de la persona, etc. Hasta aquí, los anteriores derechos parecen tener primacía jurídica hasta que el artículo 62 de la Ley Fundamental se encarga de demostrar lo contrario cuando irónicamente expresa textualmente: Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

Las frecuentes contradicciones entre los artículos de la Constitución cubana se resuelven y quedan subsanadas sobre la base de la prioridad y la supremacía de la existencia y fines del Estado socialista por sobre los derechos y libertades individuales.

Mención aparte merece la última frase del artículo 62 que dispone: La infracción de este principio es punible, lo que supone que hasta la propia Constitución impone un tipo penal, por demás excesivamente abierto.

Planteada en estos términos, la redacción de la actual Carta Magna propone serias disyuntivas sobre el tratamiento judicial de la misma.